Comisión Internacional de diputadas/os de izquierda llega a Costa Rica
Los días 6,7 y 8 de julio se llevará a cabo una caravana que iniciará en Costa Rica hacia Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, por la libertad de las y los presos políticos de Nicaragua. Con una comisión de referentes de los derechos humanos, dirigentes y diputados que integran la Comisión Internacional por la vida y la libertad de las y los presos políticos en Nicaragua. La Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) participará de este importante evento, ya que es parte de esta campaña que desde hace meses viene impulsando, por la liberación de Dora María Téllez, Yader Parajón y todas/os las y los presos políticos.
La UIT-CI integrará esta caravana, junto a otras organizaciones, con una delegación compuesta por el legislador electo, Pablo Almeida de Izquierda Socialista/FIT Unidad y Virgilio “Villo” Arauz, dirigente de Propuesta Socialista, sección panameña de la UIT-CI. Ellos forman parte de la Comisión Internacional de parlamentarios de izquierda, referentes de organizaciones de Derechos Humanos, de sindicatos y movimientos sociales que se ha conformado en forma unitaria con el propósito de poder verificar in situ las condiciones de salud y encierro de las personas presas políticas en Nicaragua.
Transcribimos a continuación la declaración de la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de las y los Presos Políticos en Nicaragua.
Declaración
No somos indiferentes. Nicaragua nos convoca
Llevamos desde siempre a Nicaragua y las luchas de su pueblo rebelde en nuestras conciencias y corazones. Porque su poderosa revolución en 1979 contra la dictadura siniestra de Anastasio Somoza fue un punto de referencia latinoamericano y mundial, y porque hoy la realidad que le toca sufrir a su pueblo no nos es indiferente. En abril de 2018 frente a las medidas aplicadas por Ortega-Murillo por indicación del FMI, y la represión ante las protestas, estalló un enorme proceso de movilización popular, con especial protagonismo de su juventud. No fue un rayo en cielo despejado: el ajuste económico-social y el autoritarismo venían desde hacía años. Más allá de los discursos falsamente antiimperialistas y de izquierda, el gobierno actual del FSLN aplica medidas de ajuste desde su retorno al poder. De allí, que Nicaragua es hoy un país capitalista en todos sus términos y con las tasas de pobreza más altas del continente. La Rebelión de Abril, fue un punto de inflexión ante ese cuadro general. El panorama actual es de más de 180 personas presas políticas, entre ellas, dirigentes históricos de la lucha anti-somocista, activistas del movimiento estudiantil, feminista y dirigentes campesinos. Esa realidad, se suma a los asesinados por la represión, los desaparecidos, los miles de exiliados y la falta de libertades democráticas elementales en ese país. Por eso, hemos resuelto la conformación de una Comisión Internacional de parlamentarios, referentes de organizaciones de Derechos Humanos, de sindicatos, movimientos sociales, intelectuales y del campo de la cultura, que con independencia de todo injerencismo imperialista, tiene el propósito de poder verificar in situ las condiciones de salud y encierro de las personas presas políticas en Nicaragua, tomando en cuenta innumerables denuncias realizadas por familiares y colectivos de ese país. Por supuesto en el camino de una exigencia que es causa y bandera básica para nosotros y nosotras: la libertad incondicional de todos y la anulación de sus condenas. Esta Comisión viajará con el fin señalado el 6 de julio a Costa Rica y desde allí hasta el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Llamamos a fortalecer esta iniciativa, sumando adhesiones de todo el mundo en respaldo a la propuesta.
Comisión Internacional por la vida y la libertad de las y los presos políticos en Nicaragua
30/05/22
Firmas Organismos y referentes sociales y de DD.HH, Organizaciones Políticas, sindicales y sociales, y Parlamentarios, dirigentes y personalidades
UIT-CI junio 30, 2022
Serán unas cuantas entregas para que la ciudadanía tome conciencia (real), sobre este tema.
1) ¿Por qué está mal el BPS?
2) La Reforma de setiembre/1995 (ley de las AFAPS, n16 713) que entró a funcionar en marzo 1996 ¿benefició o no, al BPS.?
3) Es correcto plantearse eliminar las AFAPS? Artículo 195 de la Constitución.
4) El sistema estatal, de solidaridad intergeneracional, que debería ser de Caja Única (el BPS) y que se apoya en 3 pilares es mejor, que el sistema mixto vigente. SÍ, LO ES.
5) Antecedentes de Reforma Constitucional, basados en el artículo 331 de la Constitución inciso A.
Año 1989. La ciudadanía (82 %) votó a favor para ajustar pasividades, de acuerdo al índice medio de salarios.
Año 1999. La ciudadanía no votó por derogar la ley 16 713 de las AFAPS.
El MONDESS (MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL) va a proponer una Reforma Constitucional que contendrá estos antecedentes.
Debería agregar, en esta instancia (octubre 2024) el no aumento de edad para jubilarse.
Es decir mantener la posibilidad de jubilarse a partir de 60 años. Lo que rige hoy.
Estos 5 aspectos, los iremos desarrollando en distintas entregas.
Lo primero que debemos hacer, es agradecer por este espacio al sr…..Sánchez, responsable de la NUEVA GACETA.
El BPS estaba mal. La solución buscada en 1995/96 con la creación de las AFAPsS( ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL) hizo que ésta empeorara.
Es decir, lo planteado como “remedio”, agravó la enfermedad.
Porqué una institución (en este caso, el BPS), no puede estar bien, si a la misma se le saca la mitad del aporte obrero. Es decir, la desfinancian.
El aporte obrero hasta el año de 1995 era de un 15%.
La creación de las AFAPS (ley 16713) y el engaño (mediante propaganda y la presencia de promotores/as) de hacerle creer a la población, que el dinero con las AFAPs se iba a multiplicar, logró la adhesión de la gente. Por lo tanto, al poco tiempo al BPS, LE ENTRO MENOS DINERO. SE DESFINANCIÓ.
SEGUNDO ASPECTO, que ayudó a un mayor desfinanciamiento del BPS. El aporte patronal que ya habían reducido de 15 a 12,5%, lo vuelven a reducir al 7,5% en INDUSTRIA y COMERCIO. Que equivale a las 2 terceras partes, del EMPLEO NACIONAL.
Esta segunda reducción, fue en el gobierno frenteamplista.
Hoy (en los hechos), debemos tomar conciencia, que tanto coalición FA, como coalición multicolor (hoy gobernante), están de acuerdo en estos procesos de desfinanciar al BPS.
Precisamos como SOCIEDAD, una mejor organización ciudadana y popular y fomentar la fiscalización. Para que ello sea viable, es necesario la comprensión y la justeza de lo que deberá ser obligatorio. De ello ¡estamos lejos!!
Un 15% sobre jornal o salario, no es impedimento para que todos aporten. Patronales y trabajadores. Pero, deberá ser eso, un 15%. Otras cargas abusivas, sobre pequeños capitales que hay, no es parte del tratamiento de estos artículos.
Facilitar de muchísimas formas el APORTE del “cuentapropista” (carpinteros, pintores, chapistas, sanitarios, electricistas, cortacésped, vendedores de lo que sea, etc.,).
Debe de flexibilizarse la posibilidad de APORTAR. El “CUENTAPROPISTA” DEBE DE TENER UNA LIBRETA CON SUS APORTES. La base del MONOTRIBUTO debe ser usada.
A todo cuentapropista se le debe dar certeza, que con un APORTE equivalente a una tercera parte más, que un trabajador dependiente (un 20%) tendrá derecho a igual PASIVIDAD. Es decir con un aporte casi igual, el cuentapropista tendrá derecho a una PASIVIDAD IGUAL, a los trabajadores dependientes (que suman aportes patronales y obreros). Debe de valorizarse, muchísimo más, el esfuerzo que realiza todo cuentapropista. Nada de esto existe hoy. ESO DEBERÁ ser parte de una lucha a entablar y lograr estas conquistas.
Pusimos muchas cosas, en este final. En otros artículos daremos más explicaciones.
Ahí, quedaron enumeradas algunas razones que no usan, ninguna de las 2 coaliciones políticas que vota el 97% de la población, cuando llega el “carnaval electoral”.
En esta primera entrega, pusimos muchas razones, para generarle ingresos al BPS.
INGRESOS EXTRAS (QUE HOY NO ESTÁN) PARA SANEAR LA SEGURIDAD SOCIAL.
En los hechos, no hay voluntad política de resolver nada. A lo sumo, defender la estafa que son las AFAPs.
2) LA REFORMA DE SETIEMBRE 1995 (ley de las AFAPS N· 16 713) qué entro a funcionar en marzo 1996 ¿benefició al BPS?
NO LO BENEFICIÓ PARA NADA. Todo lo contrario, ayudó a desfinanciarlo.
Lo cual es lógico. La plata (de los trabajadores) en lugar de ir (como corresponde) al BPS, VA PARA QUE PRIVADOS hagan negocios y presten, con plata ajena. Una verdadera estafa, que lleva 26 años, perjudicando la SEGURIDAD SOCIAL
La nación cubana padece una crisis riesgosa que incrementa la pobreza, la desesperanza y la polarización, producto de una parálisis política que impone el Estado. No habrá solución sin desarrollo de los Derechos Humanos, ni con ausencia de distensión y concertación cívicas.
Ello exige:
- Acciones urgentes hacia un Estado de Derecho que garantice la inclusión política, social y económica, el disfrute por todos de los mismos derechos y oportunidades, una sociedad democrática plural, la promoción del bienestar para todos los cubanos y una gobernanza efectiva de las autoridades.
- Organizar un frente de concertación comprometido con valores que permitan dirimir democráticamente los desacuerdos, colocar al país en condiciones de afrontar los peligros nacionales y devolver la República a la gestión plural de los ciudadanos.
- Negociación entre exponentes del tejido social y político ciudadano y el Gobierno establecido en Cuba. A la vez precisamos que toda negociación debe orientarse hacia el desarrollo de la libertad y los Derechos Humanos, la democracia y el imperio de la ley, el bienestar y la paz. Estos principios han de ser innegociables.
- Apoyo internacional. Los cubanos necesitamos del apoyo y cooperación de las democracias del mundo.
Una agenda de concertación, comprometida con los valores de la libertad y la democracia, sólo podrá iniciar con una gestión favorable a:
- La libertad de los presos políticos; el cese de la represión y hostigamiento contra periodistas independientes, organizaciones y personas que se oponen al Gobierno o a sus políticas; y la restitución de los derechos a los cubanos residentes en el extranjero y de cualquier persona desterrada o regulada a manera de represión política.
- La ratificación de los pactos y protocolos facultativos de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas; la firma y ratificación del resto de los tratados de Derechos Humanos; y la garantía efectiva de las libertades de acceso a la información, expresión, reunión, manifestación, creación, prensa, asociación civil y política, sindicalización y empresa.
- La aprobación de una Ley electoral provisional que ampare la nominación democrática y la elección libre para ocupar los cargos de autoridad política de la República, municipios y provincias ?en vigor para el próximo término electoral.
- La convocatoria a una reforma constitucional que resuelva las carencias, contradicciones e impedimentos de la Constitución de 2019.
- El establecimiento de un proceso de Reconciliación Nacional, basado en la necesidad de paz, justicia y transparencia.
Cuba está agotada, lo cual demanda detener la crisis a toda costa y revertir ese derroche de odio pre-político que actualmente destroza la nación e impide la existencia de una república que funcione como tal. Es la hora de establecer la paz y la libertad.
Como siempre, Marcelo, abriendo un montón de puntas. Fermentarlo.
De acuerdo con unas. Y no con otras.
Tu optimismo tecnológico, p. ej. me deja atónito.
P.D. Y no has contestado a corr-e mios. ¿y?
Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)
Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a derechos humanos, rechazamos y denunciamos los
pronunciamientos que, desde el sistema político pretenden violentar la ley y convertir a la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en un reparto de cargos, asignando cuotas políticas según afinidad con el gobierno o la oposición. Esto representa un nuevo ataque a la Institución, donde pierden los de siempre, los más vulnerables, los más vulnerados, por la acción o la omisión del Estado.
La ley es clara y no admite otra interpretación. Quienes podrán proponer postulantes son las organizaciones sociales habilitadas a participar en las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos. El
Parlamento decide, en función de esas propuestas, controlando que cumplan, entre otras cosas, con “tratarse de personas de alta autoridad moral”, “con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos”, procurando “asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación”.
El parlamento uruguayo votó por unanimidad la ley 18.446 que crea la Institución. Desde entonces ha significado un enorme enriquecimiento de la institucionalidad democrática.
La exposición de motivos de la norma le atribuye esa intención sosteniendo que “Al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo independiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.”
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo defiende y protege, controlando a todos los poderes y organismos del Estado, lo que contribuye a garantizar que las personas no se vean vulneradas en sus derechos. Promueve informando, sensibilizando, educando en derechos humanos y también colaborando con el Estado para la adopción de buenas prácticas. Funciona con autonomía y no puede recibir instrucciones ni ordenes de ninguna autoridad.
Desde este colectivo de organizaciones sociales con derecho a proponer postulaciones para el nuevo Consejo Directivo, entendemos que nos asiste la obligación de señalar otros criterios, además de los previstos por la ley, que a partir de estos diez años de experiencia deberían ser considerados para ponderar las propuestas.
* Los candidatos deben estar comprometidos con la continuidad de la institucionalidad en particular en lo que hace a la defensa de su autonomía, competencias, facultades y cometidos. Para la continuidad en la experiencia de gestión es importante la permanencia de integrantes del actual Consejo Directivo como recomienda la propia ley.
* El respeto de los derechos humanos cuya defensa, protección y promoción se le encarga en su rol de Director de la INDDHH debe manifestarse tanto en su trayectoria y actividad pública como en el ámbito privado. No es admisible que hayan participado o apoyado actos o expresiones de violencia, discriminación o exclusión de ninguna naturaleza.
* Por lo mismo, no pueden representar ideológicamente, desde sus dichos y prácticas, bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo, la defensa del terrorismo de Estado.
* Capacidad de diálogo y negociación para el relacionamiento con los representantes del Estado al que deben controlar, con la sociedad civil organizada y no organizada, y con los funcionarios de la INDDHH.
* Capacidad y disposición para el trabajo en equipo, indispensable tratándose de un órgano colectivo que proponga una gestión democrática y transparente.
* Actitud de respeto en relación con el rol que corresponde a las organizaciones sociales en las temáticas que abordan y los territorios donde intervienen, y compromiso de una mayor articulación con las mismas, superando la lógica de convocatorias puntuales.
* Como órgano colectivo, debe integrar un adecuado balance de formación, experiencia y sensibilidad en la diversidad temática que comprende esta tarea, con suficiente conocimiento de la realidad social del país, compromiso con un acceso efectivo a la Institución para todas las personas en todo el país.
Adhieren
Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones, Colectivos , Centros y Grupos