” … Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos (…) Los príncipes actúan como los ministros de Dios y sus lugartenientes en la tierra. Por medio de ellos Dios ejercita su imperio. Por ello el trono real no es el trono de un hombre sino el de Dios mismo. Se desprende de todo ello que la persona del rey es sagrada y que atentar contra ella es un sacrilegio…” escribía Jacques-Bénigne Bossuet en el libro tercero de su obra (póstuma) la política según las Sagradas Escrituras, con la certeza que los designios del rey eran automáticamente los “designios de Dios”.
Domesticada la Iglesia nacional bajo el dominio absoluto del poder temporal del monarca -tesis que tuvo en Bossuet a un entusiasta promotor en la Asamblea del Clero Francés de 1682- la idea de la sacralidad del poder del rey -por ende, del poder del estado- vivió un constante proceso de consolidación de allí en más.
Que el poder del rey y su estado sea sagrado a la idea que el poder del estado es sagrado hay menos de un siglo de proceso histórico, donde el rey será sustituido por la nación.
La necesidad de legitimidad del poder político está presente en toda historia de cualquier sociedad.
Establecer un sistema de creencias mayormente aceptado y entendido como natural que sostenga un orden político especifico es quizás una de las tareas más importantes y complejas que tiene por delante cualquier candidato a gobernar sobre los demás individuos, y la tradición que proyectó Bossuet ha tenido una larga y fructífera continuidad y éxito, ya sin rey, ya sin Iglesia nacional, ya sin Dios, pero con la sacralidad intacta.
No es difícil imaginar como la esencia divina y sus atributos regulares -omnipresencia, omnipotencia, omnisapiencia- fue impregnando primero al monarca, luego a su manifestación tangible -el poder del estado- para que se deposite como atributos indisolubles del Estado Moderno cuya génesis se encuentra en los mismos reyes absolutistas que eran legitimados por gente como Bossuet.
Detrás de esta tradición afrancesada de la naturaleza “omnipresente” del Estado seguramente este incubada la idea de que el Estado “somos todos”.
Facilitada esta proyección por la idea que el estado es “la nación” o el cuerpo social organizado políticamente, la línea de continuidad con respecto a la idea sacralizada y omnipresente del Estado en todo -a tal punto que el estado está en todos nosotros y nosotros somos el mismo estado- es de los conceptos más poderosos que ostenta la estatolatría moderna para consolidarse y expandirse.
Cuando, en un nuevo artículo el escritor Hoenir Sarthou AQUÍ sostiene que “el Estado somos todos (…) no es culpa del Estado si usamos mal o no sabemos usar los instrumentos que nos permiten gobernarlo. Es lo mismo que con un auto”, parece olvidar que las Constituciones -las mismas que cita como elemento probatorio de su tesis- nacieron exactamente para frenar y limitar el poder expansivo del estado frente a los ciudadanos, y no al revés; porque el poder del Estado -más allá de la teoría de legitimidad que sea invocada- es externo a la sociedad, a tal nivel que debe ser formulada con claridad sus potestades y atribuciones para no avasallar las libertades de los ciudadanos y comunidades frente al ejercicio del poder.
Suena verdaderamente imposible conciliar la condición cuas-metafísica del Estado, conformado por un “todos” abstracto, con el origen histórico de las constituciones como freno al poder de tendencia del Estado. Y suena porque efectivamente no son conciliables.
Este punto es central para comprender la diferencia entre lo que representa el orden político vigente que los ciudadanos aceptamos como legítimo, y el Estado como agencia junto al peligro que encierra su mayor potestad: el monopolio jurisdiccional de la violencia.
Por ello es dramáticamente diferente creer que es el orden político legal celosamente especificado el que garantiza los derechos de los ciudadanos frente al poder -casi siempre para defendernos del propio Estado- que creer que es el Estado como agencia el que está aquí para defendernos de nosotros mismos y hacer de “padre bueno”.
La referencia al “auto” como vehículo, evoca a la idea que el problema siempre radica no en su esencia, que es entendida como intrínsecamente salvífera -pseudo sacra diría yo- sino que el drama es que no está en las benévolas y virtuosas “manos correctas” que si lo conducirían al “bien común”.
Esa tesis es un viejo conocido de las diferentes expresiones políticas de occidente de inspiración intervencionista: el problema no es el Estado, el problema es que no está en mis mesiánicas manos…
El “empresismo estatal” como práctica económica del mercantilismo en la época de Bossuet, y de la socialdemocracia en el mundo actual, necesitan de esta condición abstracta y metafísica del estado para consolidarse como discurso hegemónico: así, los “recursos”, las “actividades”, las “empresas” no son de los propietarios, ni de los ciudadanos que las crearon, sino que son “del estado” como expresión de un difuso e incorpóreo “nosotros”.
Esta retórica donde se introduce un propietario colectivo funciona como seductor canto de sirena en el oído de los ciudadanos, a partir de la idea que cualquier acción económica de las personas en el ámbito privado -en el “mercado”, bestia negra, terrenal y malvada, frente a la naturaleza bondadosa y celestial del “estado”- es un robo de la “riqueza nacional” que debe estar siempre en la órbita de las decisiones “de estado” -entendido como “nuestras decisiones”-, proyectando la idea que las acciones de los burócratas y políticos sobre estas actividades son una manifestación de la defensa de la riqueza de todos, colectivizada ya en la mente de los ciudadanos.
Esta concepción necesita además de instaurar como “sentido común popular” en la gente la absurda idea conocida como la falacia de Montaigne: “no se puede obtener un beneficio sino a costa de otros”.
Esta concepción mercantilista de la riqueza, basada en el concepto de “suma cero” de la misma, era funcional a las necesidades de los reyes absolutistas de acumular dinero para sostener sus enormes burocracias y ejércitos, y vive aún como criterio político e ideológico en los relatos que sostienen que los que tienen, lo tienen a expensas de los demás, o que “vienen por lo nuestro”.
Así, la idea que toda actividad privada es un robo “de lo nuestro” -basada en la absurda idea que, si alguien crea riqueza, es porque alguien dejó de tenerla- es una coartada perfecta para que salve nuestra “parte”, el Estado.
Otra de las expresiones más increíbles en el artículo referido es la siguiente: “Nunca fueron menos poderosos los Estados”
Nunca en la Historia de la humanidad, el poder de los Estados fue más grande, más abarcativo, más colosal; nunca involucró mayor cantidad de aspectos de la vida de los ciudadanos, nunca manejo los niveles exorbitantes de riqueza, nunca cobro tantos impuestos, nunca tuvo el monopolio indiscutido de la violencia, la emisión de dinero, la ley, la formulación de programas educativos, de salubridad, de vivienda, de definir cuestiones morales y culturales, de premiar y castigar, de obligar y cancelar, como en los últimos siglos.
Este es un tema que hemos abordado en la revista eXtramuros en numerosas ocasiones, pero el proceso de centralización del poder del estado en occidente tuvo varias etapas, donde la emergencia de un nuevo modelo político -el estado-nación- convivió durante el siglo XIX con formas más tradicionales de organización política.
Pero si existe un antes y un después en la historia del rol protagónico del estado en la sociedad occidental, es a partir de la Primera Guerra Mundial, que significó un impactante aumento de las potestades y atribuciones del Estado en la esfera económica, social, política y cultural de occidente y del mundo, atribuyéndose en forma temporal o definitiva actividades de carácter, monetario, comercial, industrial, educativo, agropecuario, cultural, social, logística, comunicacional, y un larguísimo etcétera.
El siglo XX fue quizás la consolidación de la “era del Estado”, que jamás volvió atrás en sus pasos de control y empuje centralizador, lidiando en esa lucha constante con las fuerzas descentralizadoras.
Lo paradójico del asunto es que, para muchos, como el señor Sarthou, los estados son “débiles” y nunca fueron “menos poderosos”.
Un camino seductor podría ser entablar un debate dialectico a base de contundente evidencia histórica que demuestre que esta idea de la “debilidad del estado” no solo es absolutamente errónea, sino que es exactamente al revés.
Pero otro camino, quizás más productivo, es señalar que esa idea se explica con dos factores: esa sensación es resultado de la frustración de haber creído -como señalamos antes- de forma equivocada que los estados, son la gente, “somos todos”, y advertirse huérfano.
Algo así como un impacto emocional frente al desalojo.
El estado es una agencia externa a la sociedad, una más de tantas, de la que forman parte de esta una cantidad de personas que se mueven a partir de sus intereses particulares.
Una vez que se comprenda esto, es claro que lo que hay en esa afirmación es más resultado de la decepción por esperar del estado lo que no es, que de un análisis de su realidad histórica.
La segunda es, creo, no advertir que el problema no es la agencia circunstancial que opera en cierto momento histórico -sea esta el Estado, o las Naciones Unidas, o la OCDE- sino el papel que juegan las mismas en la larga lucha entre descentralización o centralización del poder político, verdadero fondo de la cuestión.
La idea del “control ciudadano” tiene un fuerte componente seductor para cualquier sociedad, especialmente cuando la misma siente la zozobra del miedo a un futuro incierto e inseguro. El miedo es un arma muy poderosa, que suele empujar a las sociedades a instalar el anhelo de un “amo bueno” que dé certezas existenciales y seguridad personal, no midiendo los niveles de pérdidas de libertad y autonomía.
Ese amo bueno puede ser cualquier agencia, y opera a favor del centralismo político, ya que se mueve sobre la idea que cuanto más amplia y centralizada es esa agencia y más igualada es su solución, más seguridad garantiza a las personas. Eso funciona para la OMS, la OCDE, los Estados Nacionales, para cualquier poder con pretensión centralizadora.
En este contexto, fue verdaderamente importante una dimensión no advertida por casi ningún medio sobre la controversial decisión de la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU.: en ella, establece un proceso de descentralización de las decisiones “soberanas” en el contexto del estado federal norteamericano
Esta cuestión parece quedar absolutamente aplastada por el debate más actual y popular al que refiere (el aborto y su legalidad) pero ha sido fundamental en la Historia de los EE. UU.
La lista de artículos que he dedicado al tema de la descentralización en la revista es extensa, por lo que referirme a la base teórica de este punto seria redundante.
El origen mismo de los Estados Unidos está relacionado con el proceso de construcción de “gobierno legítimo” desde las “comunidades” hacia lo “nacional”, y no al revés. La descentralización se consolida desde el inicio, como un poder que va desde lo local a lo nacional.
Como señala la historiadora Aurora Bosch, “en la primavera de 1776, los ciudadanos eran sobre todo leales a sus comunidades y no se sentían miembros de una entidad superior”.
Así, el debate sobre la jurisdicción de las decisiones -presente en temas tan diversos y polémicos como el de la esclavitud, la pena de muerte, los impuestos o las decisiones sobre secesión política- presente de forma constante en la historia de aquel país, tuvo un nuevo capítulo este año.
La cuestión sobre la descentralización de las decisiones debería estar más que presente en la consideración de los “soberanistas”, si es que se mueven por el camino de las intenciones de libertad y autonomía que dicen encarnar.
El proceso de legitimación del poder desde lo local a lo nacional -y no al revés- está en la base de la definición de lo que representa el “control ciudadano”, ya que se diferencia drásticamente de la concepción estatalista a la que parece adscribirse el autor del artículo, que siempre ha sido la manifestación del poder centralizado urbanita frente a territorios que no aceptan su control y predominio, y pueden representar una competencia en poder de decisión, en prosperidad económica, en desarrollo social, etc.
Su coartada está asentada en la fuerza de la “democracia urbana”, donde una mayoría circunstancial de mega urbe -en ocasiones condicionada su vida y decisión por la ayuda de ese mismo estado- decide la vida y hacienda de habitantes lejanísimos, con el pretexto de defender los “intereses nacionales” y que no “se lleven nuestros recursos” o “salvar nuestras empresas”.
Por ello los estados confederales y federales se cuidan de delegar las decisiones en un poder central, advirtiendo el peligro que la centralización encarna sobre la población -se legitime este por la fuerza o por el voto- y siempre buscan mecanismos legales que descentralicen las decisiones, depositen la soberanía en el poder local o incluso construyan mecanismos de secesión si se avasallan sus derechos.
Frederic Bastiat sostenía que “el estado tiene dos manos: una blanda para dar y una dura para quitar. Cuanto más blanda es la que da, más dura es la que quita”.
En un país que ha hecho de Artigas y su federalismo un culto nacional, es importante advertir la diferencia entre descentralización política y estatismo.
Al final, parece que ganó Batlle (aquel que entregaba empleos públicos hasta a los anarquistas)