A un mes de inaugurado el gobierno del progresismo en Colombia (agosto de 2022), se empiezan a desplegar algunas contradicciones que pueden caracterizar las tendencias a la crisis de este proyecto gubernamental. Aunque no existe determinismo en los procesos sociales, consideramos posible prever ciertos núcleos de alta tensión que anticipan situaciones futuras.
Profesor Titular Doctorado en Bioética Universidad El Bosque, Presidente Fundación Walter Benjamin para la Investigación Social
El presente escrito pretende develar y situar aquellos ámbitos donde son notorias las contradicciones de la actual política gubernamental del progresismo, como también subrayar la prontitud de su manifestación.
Las denominamos “contradicciones emergentes no contingentes” por dos motivos. El primero, para destacar la premura temporal que ha caracterizado su emergencia. El segundo, para señalar que hacen parte de la continuidad de la tradición teórica y práctica del progresismo internacional.
No pretendemos desentrañar la complejidad, temporalidad y matices de cada contradicción; tampoco sugerir análisis sobre sus posibilidades de profundización o mitigación en la situación colombiana. Tampoco proponemos agotar la enumeración de estas contradicciones emergentes. Se trata, tan solo, de un esfuerzo descriptivo para ubicar los campos donde su manifestación es patente y de meros enunciados en construcción.
Consideramos que en cinco campos son notables las tensiones y contradicciones del progresismo en el gobierno. Por ello, dividimos este artículo en los siguientes acápites: (a) Pactismo versus identidad política; (b) Tiempo gubernamental versus expectativas de cambio; (c) Seguridad policiva versus convivencia territorial; (d) Desarrollo capitalista versus alterdesarrollos, o más allá del desarrollo; (e) Paz total versus Paz posible.
En la práctica política existen muy diversos tipos de acuerdos, que reciben nominaciones diversas: acuerdos de principios, acuerdos sobre lo fundamental, pactos temporales, formas de cogobierno, acuerdos frente a la crisis, entre muchos otros.
Las dificultades se inician cuando en esos acuerdos se debilita los principios éticos y se desvanecen las distinciones clásicas entre derecha, centro e izquierda. En un contexto de predominio de subjetivación neoliberal, la suspensión del juicio ético y la desideologización de lo político van deteriorando cualquier acuerdo político. Las limitaciones de los gobiernos del denominado “primer ciclo progresista” en América Latina tienen una clara relación con este debilitamiento. Estos procesos “progresistas” no se caracterizaron por contenidos políticos ideológicos consolidados, programas unitarios y criterios éticos fundamentados (E. Lander); por ese sendero fueron culminando en simples administradores del orden neoliberal.
El actual gobierno colombiano está fomentado un “acuerdo o pacto nacional” como estrategia política. Más allá de las discusiones pertinentes sobre su naturaleza, orígenes, prioridades, metodología y tipo de alianzas, se ha venido configurando una especie de “pactismo” que expresa síntomas de desideologización y debilitamiento ético. Algunas de sus manifestaciones son: (a) Acentuar a cualquier costo la consecución de resultados en la reformas priorizadas deslizándose hacia el “posibilismo” y el “pragmatismo”; (b) Priorizar la “concertación” ideológica sobre la discusión, las diferencias y la contraposición; (c) Consolidar un escenario político ideológico de indiferenciación entre perspectivas de izquierda, centro y derecha; (d) Sobredimensionar las alianzas por las “alturas” y con los poderes económicos y sociales dominantes.
Este “pactismo” está teniendo consecuencias endógenas y exógenas en la política gubernamental del progresismo nativo. A nivel interno el “pacto histórico” experimenta el desdibujamiento de su iniciativa e identidad política, como también la penumbra ideológica en su unidad de propósitos. Se constatan constantes fisuras, alta dispersión y debilidades teóricas en su accionar político. A nivel externo las gentes del común perciben un tipo de transacciones y alianzas políticas que producen desconfianza en dos órdenes: el primero, se están reciclando la formas tradicionales y elitistas de “hacer política”; el segundo, los criterios y principios éticos se están desdibujando en las acciones políticas concretas. El “pactismo” se está convirtiendo en un dispositivo de desideologización, suspensión del juicio ético y pérdida de identidad política del progresismo en el gobierno.
La deuda social e histórica en Colombia es inaplazable; los efectos de varias décadas de contrarreformas neoliberales han devastado la vida cotidiana de las clases subalternas en nuestro país. La protesta social y la insubordinación latente de la última década conforman ese horizonte de resistencia y rebelión de los oprimidos.
La llegada al gobierno del progresismo cabalga sobre dos pilares: en primer lugar, el horizonte de expectativas de transformaciones condensado en estas luchas sociales; en segundo lugar, el profundo desgaste del gobierno anterior por su mediocridad e indolencia frente a las demandas sociales. Se constata una tensión emergente entre expectativa e impaciencia (C. Santibáñez); existe un nítido acumulado de luchas que puede enfrentar a cualquier gobierno si frustra las expectativas de cambio.
Mientras el poder constituido y el orden social dominante imponen una temporalidad institucional definida por la democracia liberal burguesa, la potencia plebeya propugna por un poder popular destituyentes, formas de democracia directa y transformaciones estructurales. El progresismo ha empezado a hacer concesiones a la derecha, a los poderes fácticos y se encapsula en la institucionalidad existente. La contradicción entre el tiempo gubernamental y las expectativas de cambio será determinante en el despliegue de los procesos políticos y sociales en la etapa actual.
La actitud frente a la “liberación de la Madre Tierra” en el norte del Cauca y la rueda de prensa sobre esta problemática, constituyen el ejemplo patente de esta contradicción emergente. El pueblo Nasa emitió una “Carta al mundo” que en una frase sintetiza la incoherencia del gobierno actual: “Ni Uribe, ni Santos, ni Duque nunca nos dijeron tienen 48 horas”. La problemática de la tenencia de la tierra, causa sistémica del conflicto interno según las diversas investigaciones sobre la violencia en Colombia, es denostada por el tiempo del poder constituido y por la burocracia gubernamental. Se instala una patética paradoja: El ministro del Interior pretende instrumentalizar las organizaciones sociales llamando a una “movilización popular” para apoyar la reforma tributaria y su plan de desarrollo y, al mismo tiempo, frente a las demandas represadas por tierra, se amenaza con la violencia policial. El horizonte de expectativas de cambio es indetenible y no podrá ser cercenado por las limitaciones del poder constituido, las burocracias estatales y los dispositivos de representación liberal.
La persistencia del conflicto armado interno y el ascenso de la lucha social en Colombia adjudican a las distintas concepciones de la “seguridad” un lugar importante en el debate político, social y cultural. En este aspecto, la tendencia analizada por M. Archila (2019, p. 65) para el periodo entre 1975 y 2015 constata “una trayectoria gruesa en forma de U que comienza con altos indicadores de protestas a mediados de los años setenta, luego disminuye con altibajos en los ochenta y noventa, para repuntar nuevamente hacia el final del periodo estudiado”, un repunte que se presenta también en el contexto de América Latina y el Caribe.
Como lo subraya críticamente Marx en La Cuestión Judía (1844): “La seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de la policía, según el cual la sociedad existe sola y únicamente para garantizar a todos y cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad” (Marx, 1982, p. 479). En este contexto es válido evocar también las negociaciones en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP, en las cuales uno de los puntos de alta tensión giró en torno a la utilización de la palabra “seguridad” o “soberanía alimentaria”
Desde 1994, en el Informe sobre Desarrollo Humano, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) viene intentando reactualizar la noción de “seguridad” a través de dos estrategias. La primera, ampliando las amenazas que se ciernen sobre los individuos (económicas, alimentarias, de salud, medioambientales, políticas y comunitarias), para evocar supuestos valores “progresistas”. La segunda, refinando la adjetivación hacia “lo humano”, como “seguridad humana”. Está utilizando un dispositivo cercano que también implementó para reciclar el término desarrollo “sostenible”
Las críticas a este enfoque de “seguridad humana” son importantes:
(a) Su acento en las amenazas al individuo lo convierten en la prolongación del individualismo liberal-burgués; (b) Su perspectiva es plenamente antropocéntrica al señalar exclusivamente las amenazas al denominado “bienestar humano”; (c) Se puede convertir en un pretexto militar para las llamadas “intervenciones humanitarias”; (d) Termina identificando “desarrollo” con “seguridad humana”, con todas su funestas consecuencias para las diversas culturas, la ecología y la vida; (e) Conforma un posible escenario para la manifestación de “odios reprimidos” (E. Bloch), que pueden culminar en discursos sobre el odio racial y el odio al extranjero.
Persistir en esta visión de la “seguridad humana”, como lo hace el “progresismo”, constituye una concesión a la derecha y al orden social dominante
Hay que reiterar que la bandera política de la “seguridad” ha sido un eslogan característico de las posiciones de derecha y toda concesión en este ámbito desdibuja el horizonte estratégico. Un ejemplo, con cierta aura patética, es la petición del desmonte definitivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la cual ha sido respondida con una propuesta que manifiesta la complicidad con el horror y la simulación: cambio de nombre; transformación de imagen (de tonalidad negra a blanca); armas “menos letales”; un grupo de acompañamiento y otro “especializado en intervención”.
En las regiones colombianas donde se intensifica el conflicto social-armado los llamados a la “seguridad” se asocian a la lógica implacable del uso de la fuerza por parte de las instituciones estatales. El cercamiento gubernamental siempre despliega violencias. Los territorios de manera autónoma deben inventar y recrear sus propias formas de convivencia. La gestión “en común” y desde los territorios es el sendero para mitigar las violencias. El abuso de la “seguridad” siempre se convierte en violencia contra los territorios.
El gobierno progresista ha postulado dos premisas bastante problemáticas que generan una contradicción insalvable. La primera es sostener que la formación social colombiana es “feudal”. La segunda postula que es necesario des-feudalizar esta formación a través del “desarrollo” del capitalismo.
El debate se remonta a la década del sesenta del siglo XX, con la obra anticipatoria de Mario Arrubla, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano (1963), que, en el contexto del debate sobre las teorías de la dependencia, muestra los rasgos capitalistas dominantes de las relaciones sociales en la formación colombiana y la existencia de un desarrollo desigual y asincrónico que coexiste con formas no capitalistas. La persistencia de sectores terratenientes, relaciones señoriales de producción (Fals Borda), economías campesinas, esclavización, etc., no puede llevar a inferir que el sistema es “feudal”.
Los elementos definitorios del capitalismo se cumplen a cabalidad en la formación social colombiana:
(a) La propiedad privada de los medios de producción y la división de clase entre propietarios y productores; (b) La institución de un mercado laboral “libre” dependiente del trabajo asalariado; (c) La dinámica de la acumulación ampliada de capital orientada hacia la obtención de plusvalía y beneficios en oposición a la satisfacción de las verdaderas necesidades humanas; (d) La expansión crucial y determinante del mercado interno e internacional. Reiterando que el capitalismo se desarrolla como sistema mundial y no solo como fenómeno interno, como lo sostienen Marx, Engels y Rosa Luxemburgo.
Las críticas a la idea eurocéntrica de “desarrollo” tienen una larga tradición en Latinoamérica. Las teorías de la dependencia sostienen que el denominado “subdesarrollo” no es una fase previa al desarrollo, sino que es su producto como resultado del colonialismo y el imperialismo; las asimetrías en el comercio internacional producen desigualdad, híper explotación y dependencia.
La popularización del “desarrollo a escala humana” del economista chileno Manfred Max-Neef, en la década de los noventa del siglo XX, expande críticas importantes al desarrollismo: el desarrollo debe enfocarse en las personas y no en los objetos; hay que distinguir los satisfactores de las necesidades, y convertir la pobreza en un concepto plural mediado por la definición de las necesidades. Pero estas perspectivas aún mantienen el núcleo central del progreso económico y de “desarrollos alternativos”; se trata de buscar rectificaciones, reparaciones o modificaciones al desarrollo contemporáneo.
A partir de inicios del siglo XXI, en nuestra región, emergen a parir de los movimientos sociales y la academia latinoamericana críticas radicales al desarrollo en lo que podemos denominar “alternativas al desarrollo”, “post-desarrollo” o “muerte del desarrollo”, las cuales apuntan a generar otras cosmovisiones distantes del “desarrollo” eurocéntrico y explorar otros ordenamientos económicos, sociales y culturales a eso que veníamos llamando “desarrollo”.
Algunas de sus tesis centrales son:
(a) Hay que tomar distancia de la noción de “progreso” que se ha convertido en una forma de ”falsa conciencia” o “ideología”; (b) No estamos obligados a proponer o postular “otro desarrollo”, porque esto hace parte de su dispositivo como ideología; (c) Existe una complicidad entre la ideología del progreso y la barbarie, porque frivoliza el sufrimiento humano al declararlo un simple efecto colateral del progreso; (d) El cuestionamiento del progreso siempre deber ir paralelo a la crítica de la modernidad eurocéntrica; (e) Perduran cosmovisiones de los pueblos originarios de Nuestra América para las que no existen y no son necesarias las nociones de progreso y desarrollo.
Las polémicas y ambivalencias del actual progresismo colombiano se nutren de la imposibilidad de conciliar una especie de “desarrollo capitalista benévolo” y la catástrofe ecológica de la humanidad. No es coherente llamar al mismo tiempo a “desarrollar el capitalismo” y al “decrecimiento” de la economía mundo. Suponen que es posible armonizar la industrialización con su “destrucción creativa” con la sostenibilidad ambiental. Pero, en realidad, la acumulación capitalista vive de la expoliación de la naturaleza y de la explotación del ser humano; la escoria productivista y consumista hace parte de su naturaleza. La evasión progresista de una crítica a la idea de desarrollo y a la ideología del progreso va creando las condiciones para un desplazamiento a la “economía verde” y al “neoextractivismo progresista” (E. Gudynas).
No existe un documento teórico que exponga la fundamentación de la llamada “paz total” del actual gobierno progresista. Tampoco una guía detallada sobre los denominados “diálogos regionales vinculantes”. Tenemos algunas notas periodísticas y la reciente presentación del proyecto de reforma a la Ley 418 de 1997. Parece que el “fetichismo legal”, tan característico de nuestra cultura política, se impone sobre la conceptualización filosófica.
Por tratarse de una reforma a una ley existente, el texto conocido no contiene una exposición detallada de motivos, como tampoco unas categorías centrales sustentadas. Lo anterior dificulta una aproximación conceptual y reflexiva. Contiene cuatro capítulos: I. Seguridad humana y paz total; II. Servicio social para la paz; III. Fondo para la paz; IV. Vigencia y derogatorias. De forma bastante desorganizada aparecen un conjunto de iniciativas, tales como considerar la política de paz una política de Estado, la relación con la seguridad humana, la creación de un gabinete de paz, la promulgación de “regiones de paz”, la unificación de los fondos públicos para la paz, un nuevo servicio social para la paz, vigencia de cuatro años para los artículos 2 a 6, entre otras.
En medio de tanta dispersión y con escasas fuentes primarias, el debate hasta ahora se inicia. Ha girado alrededor de tres núcleos principalmente. En primer lugar, en torno al concepto de “paz total”. Segundo, la indiferenciación de los “grupos armados” postulada en el parágrafo 1 del artículo 8. En tercer lugar, la existencia de dudas sobre su procedimiento y aplicabilidad concreta.
La adjetivación totalizante y absoluta de la “paz” como “total” contiene problemas filosóficos y sociológicos bastante complejos.
El primero remite a su mixtificación y maximalismo, ya que no puede existir ninguna situación, experiencia o institución que sea absolutamente perfecta; los planteamientos totalizantes contienen la eliminación de la diversidad, lo relacional y lo contingente Decía el filósofo Séneca que nos diferenciamos de los dioses en el hecho de que se nos da un tiempo finito.
El segundo es la suposición de que lo “total” sugiere la eliminación de la conflictividad constitutiva de toda sociedad real; sería el culto a la “paz negativa” como “no guerra” o “no conflicto”. Tercero, elimina la condición procesual inherente a la construcción de paz y lo convierte en un hecho estático. El filósofo colombiano Guillermo Hoyos señalaba que el opúsculo de Kant, La Paz perpetúa, debería llamarse “la paz perpetuamente”, para destacar la condición de la paz como una idea regulativa que está siempre en construcción y no existe un último peldaño.
La definición de los “grupos armados organizados”GAO, que se inspira en el D.I.H.( DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN COLOMBIA), según el parágrafo mencionado está colmada de dificultades políticas y jurídicas. Algunas de las más notorias son:
(a) El abuso del término “GAO” y la omisión deliberada de “actores armados no estatales” que disputan el poder del Estado por sus motivaciones políticas; esta definición de “GAO” es copiada al pie de la letra de la Ley 1908/18 del gobierno Santos, aunque esta última hace una clara distinción entre “GAO” y “grupos delictivos organizados”; (b) La indiferenciación entre insurgencias políticas, paramilitarismo y narcotráfico, la cual es determinante para las peculiaridades del conflicto colombiano; (c) La visión difusa del delito político al abrirse la nominación de “acuerdos de paz” a cualquier negociación con los denominados “GAO”; (d) La instauración de una justicia transicional permanente y omniabarcante.
Las objeciones a lo procedimental y las posibilidades de aplicación concreta son muy diversas. A medida que se despliegue el proceso serán aún mayores. Empiezan con la posibilidad de cumplimiento inmediato de lo acordado, siguen con la temporalidad y forma de los diálogos regionales y culminan con las condiciones de apertura de procesos constituyentes territoriales. Ello solo por mencionar algunas, pero el listado será cada vez más abultado. Las tensiones entre paz total y paz posible son y serán relevantes, porque un fracaso prematuro en este ámbito podría agudizar la violencia y la crisis humanitaria en los territorios.
Hemos esbozado cinco contradicciones emergentes, pero el devenir del movimiento real puede atenuar algunas y potenciar otras nuevas. Además, pretendemos reiterar la prontitud de su emergencia y sus íntimas relaciones con la historia del progresismo internacional. Tendremos que seguir realizando un esfuerzo teórico para profundizar en sus determinaciones y temporalidades.
Referencias bibliográficas
Archila, M. (2019). Cuando la copa se rebosa. Bogotá: CINEP-PPP.
Arrubla, M. (1979). Estudios sobre el subdesarrollo colombiano. Bogotá: La Carreta.
Hasler, A. (1973). El odio en el mundo actual. Madrid: Alianza Editorial.
Lander, E. (2019). Crisis Civilizatoria. Guadalajara: Ediciones Calas.
Marx, C. (1982). Escritos de Juventud. México: Fondo de Cultura Económica
Santibáñez, C. (2022). “Chile frente al 4 y 5 de septiembre”. Revista Izquierda (106). Bogotá.
Esta nota fue enviada por LACM