Cristina no recibió bien la noticia: de 31 intendentes, solo se reportaron siete que, a ojos vista, no mostraron mucho compromiso. La imagen final fue mucho peor. Después de cientos de llamados y de levantar todos los actos para concentrar a todo el mundo en Juncal y Uruguay, el resultado eran unas cuatro mil personas que, vistas desde un dron, no llenaban la cuadra y media. Una semana después, en un vuelco inesperado, un modesto acto en Merlo sería reemplazado por un feriado y una Plaza de Mayo casi llena, que sería olvidada a los pocos días.
Lo más importante del asunto es el contraste entre el consenso que se intentó montar sobre qué es lo que había que discutir y la radicalización en el cómo.
Los datos duros que arrojaba la investigación sobre la corrupción bajo el kirchnerismo y las implicaciones en todo el arco político burgués fueron opacados por “los discursos de odios”, el “lawfare”, el campamento, las vallas, el atentado, la marcha…
El trotskismo entero participó de esta cortina de humo denunciando “persecución”, “proscripción” y negando cualquier investigación hasta que un gobierno revolucionario designase “jurados populares”.
Con ese último argumento, habría que haber pedido la anulación del juicio a la Junta Militar y a los asesinos de Kosteki y Santillán. Lo mismo para la oposición a la figura de “asociación ilícita”. Fue nada menos que el juez ultraconservador Belluscio quien sentó doctrina contra ella para liberar no solo a Menem y su gente, sino a Macri en la causa de espionaje. No se escuchó al progresismo pedir la anulación de las causas ni denunciar “lawfare” para estos casos.
A Cristina no se la juzga por haber liderado una huelga o por profesar ideas revolucionarias. Se la juzga porque hay demasiada evidencia de que, solo en Santa Cruz, habría robado al Estado entre 3.200 y 5.000 millones de dólares.
Para tener idea de lo que estamos hablando, se trata del monto que está tratando de conseguir Massa para llegar a fin de año. Otra vez, eso solo en Santa Cruz.
Más aún, no se la juzga por pagar ni por recibir coimas, sino por montar una empresa fantasma (Austral Construcciones) para hacer una y otra cosa. De las 51 obras adjudicadas, solo una se realizó en tiempo y forma y la mitad ni siquiera se terminó, sin que reciba sanciones de ningún tipo. El solo video de estos testaferros pesando los dólares, whisky y risas mediante, en medio de una pobreza que abarca el 40% de la población debería bastar para retirar a Cristina de la política.
Como en la causa de los cuadernos, no ya la investigación, sino la pura evidencia podrían haber bastado para provocar una masiva manifestación de repudio generalizado contra todo el arco político. Se descubrieron mensajes de José López, sobre arreglos varios, a los secretarios privados de la ex presidente (Mariano Cabral y Diego Bermúdez) y a su propia nuera, para que consultara con Máximo sobre cómo disolver la sociedad, ante el cambio de gobierno en 2015 (una forma muy miserable y muy poco feminista de desprender al primogénito de los negociados). Pero eso no es todo. La mano derecha de De Vido mantuvo conversaciones con Caputo, Gutiérrez, Chediak, Calcaterra y Franco Macri para las inversiones de Odebrecht, así como con varios sindicalistas y hasta lobistas ligados a capitales norteamericanos.
Conversaciones que, mientras todo quede confinado a Santa Cruz, no entrarán en la causa, pero que se han hecho públicas. Esto mismo esgrimió Cristina, sin notar que estaba confesando su culpabilidad. Pero mientras casi todo el mundo hacía eje en eso, hubo dos menciones que pasaron casi desapercibidas.
Primero, cargó, por primera vez en toda su vida, contra su ex marido, contra Néstor. Segundo, de todos los empresarios con que López negoció, nombró específicamente a Caputo. Justamente, en momentos en que este empresario celebraba la disposición 625 del flamante ministro de Economía, por la cual se autorizaba a su empresa a invertir en el sector petrolero en Tierra del Fuego, sin pagar IVA, Ganancias, ni aranceles de exportación y a convertirse en el socio local obligado de SPEC Group, con sede en Houston.
Claramente, estamos ante una millonaria desesperada, que amenaza con levantar la apuesta de la única forma que tiene: destapando la olla.
En este juicio no está en juego la cárcel a Cristina ni su posibilidad de ser candidata. Con tiempos acelerados, que la Justicia no tiene, habría sentencia firme dentro de al menos siete años. Tiempo suficiente para que Cristina se presente a dos elecciones más y gane sus fueros.
Si en 2030 la Corte Suprema la encuentra culpable, Cristina tendrá 77 años. Si aún está con vida y ejerce un cargo legislativo, habría que conseguir los dos tercios de ambas cámaras para quitarle sus fueros. Y, en caso de lograrlo, solo tendría prisión domiciliaria. Eso lo saben todos.
A nadie le importa la cuestión judicial. Lo que se dirime es el uso de su figura para instalar candidaturas y zanjar internas en el peronismo y en Juntos.
El sector “halcón” y los libertarios la necesitan, lo mismo que el kirchnerismo en retirada.
En Massa y Larreta el efecto es ambiguo: dentro de cierto marco, estas discusiones evitan y postergan la transformación del descontento en explosión.
Más allá, lo fogonean. Todo el mundo puso su cuota de chispa pensando en sacar algún rédito sin agravar el cuadro. El resultado fue una radicalización peligrosa que nadie quiso, pero nadie pudo evitar. De la obscena impunidad de una millonaria a la “pena de muerte” a Cristina. De allí, a la amenaza presidencial al fiscal.
Luego, el campamento escuálido que tiene necesariamente que provocar. Acto seguido, las vallas, la convocatoria, los enfrentamientos, el atentado, la plaza… En el medio, internas de todo tipo: Cristina contra Massa, Alberto contra Cristina, La Cámpora echando al Evita, Dalbón acusando a Aníbal, Bullrich contra Larreta, Larreta contra su gabinete, Manes contra el Pro, Carrió contra todos…
Estamos ante un cuadro de progresiva descomposición política.
Esto es, enfrentamientos que desbordan las instituciones y los partidos políticos del régimen. No hay direcciones que vertebren y den disciplina a los cuadros burgueses, ni hay una dirección clara al frente del Estado. Para dar un solo dato, hoy la Argentina no tiene presidente en sentido estricto.
Todo el mundo quiere restablecer esa dirección, pero los propios movimientos en ese sentido destruyen la dinámica institucional. Estamos ante una crisis que amenaza llegar hasta el mismo régimen político.
¿Cuál es la causa de esa crisis política? En principio, hay un fondo: la crisis económica.
Estamos ante una economía quebrada que requiere un ajuste y una “nueva normalidad”. Es decir, varios sectores deben quedar afuera y el conjunto de la clase obrera debe aceptar un nuevo piso de explotación y, sobre todo, de nivel de vida.
Eso no determina directamente una crisis política. Hay países con umbrales mucho más bajos que la Argentina que no se debaten en semejantes convulsiones.
El problema del país es que para resolver ese ajuste se conforman dos alianzas burguesas. Una ligada a empresas más chicas y a todo lo que tiene que ver con la economía estatal.
La otra, de empresas más grandes y ligadas a la actividad privada. Esas alianzas resisten porque se juega su existencia. No solo resisten, en la medida en la que no hay acuerdos, convocan a fracciones de la clase obrera, levantando cada vez más la apuesta y generando un empate.
Hay otras variables que empantanan la disputa.
Primero, la reconstrucción, luego del 2001, creó una serie de estructuras institucionales y políticas para ambos bandos que no son fáciles de desmontar.
Segundo, ambas alianzas tienen vasos comunicantes y variables transversales (presupuestos provinciales, intendencias, empresas privadas proveedoras del Estado y la disputa entre la asistencia directa y la tercerizada), que redunda en enfrentamientos y alianzas en los que no siempre queda claro en qué lugar está cada personaje.
Tercero, la acción de la clase obrera no los obliga a juntarse; por ahora, el descontento es más bien pasivo y se expresa como “ciudadano”. Por lo tanto, un ajuste-relanzamiento y un nuevo consenso requieren de una muy complicada ingeniería política, de un cambio en las reglas políticas (algo parecido al proceso venezolano) o de una verdadera guerra civil.
La imagen que mejor expresa el estado de situación es la pintura que aparece ilustrando esta editorial y que fuera utilizada por el periodista Carlos Pagni para graficar la situación: “Duelo a garrotazos”, de Goya. Dos contendientes que se están hundiendo y no tienen mejor idea que pegarse. Como están hundidos, ninguno puede huir ni cambiar de lugar. Como pelean con garrotes, la lucha puede ser larga y muy cruenta, salvo que aparezca un tercero. Es decir, esta situación solo se resuelve si la clase obrera se organiza por fuera de cualquier dirección burguesa y estructura una dirección y un plan de acción por sus propios intereses.
Enfrentamos el peligro de una descomposición general, un Bolsonaro o un Maduro. Pero, también, una oportunidad frente al hartazgo y el descontento. Una gran oportunidad para quien tenga la osadía de dar el primer grito independiente y la seriedad de plantear hacia dónde tenemos que ir.
Para eso viene Vía Socialista Para eso traza un programa real.