KARINA MARIANI, AGO 20, 2023 LA GACETA DE LA IBEROSFERA
Desde el año 2019, el Vaticano está tejiendo una multinacional jurídica, cuyo objetivo sería influir sobre las decisiones políticas y judiciales de todo el continente americano. Si bien es cierto que Bergoglio viene tendiendo líneas de acción netamente ideológicas, sin relación con la cuestión religiosa en países, organismos multilaterales, organismos del tercer sector, medios, etc., este proyecto es mucho más ambicioso e influyente. La izquierda adora las organizaciones supranacionales, sus cumbres, encuentros y agendas, pero parece que al Papa no le alcanza con influir en las existentes, que son muchísimas, y ha decidido darse el gusto de tener la propia, a su imagen y semejanza. Así nace el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU)», que, según su director, el Juez Roberto Gallardo “se trata de una herramienta genuina y necesaria para las y los jueces de las tres Américas, en su carácter de organización ecuménica de magistrados, comprometida con los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana que nuclea, organiza y defiende a los jueces que velan por la dignidad humana y la integridad planetaria”.
Y si bien el COPAJU se venía conformando desde hace un tiempo, a fines de esta semana se conoció la noticia de que el Papa Francisco creó bajo la órbita del comité al Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas. A la cabeza del instituto que designó a Eugenio Raúl Zaffaroni, el más firme defensor de Cristina Kirchner, y más importante divulgador del chavismo jurídico. Si la intención era prestigiar el nuevo organismo, se podría pensar que alguna nube pasajera nubló la santa razón de Francisco. En cambio, si entendemos que Bergoglio es un hábil político y operador ideológico, la maniobra de estos nombramientos debería encender varias alarmas.
La florida trayectoria de Zaffaroni es, en sí misma, una confesión de parte. Fue nombrado juez durante la última dictadura y juró “observar y hacer observar los objetivos básicos fijados por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”. En ese período no admitió hábeas corpus en las denuncias de desaparecidos y la organización “Madres de Plaza de Mayo” lo incluyó en una lista de 437 jueces a los que se acusó de haber sido partícipes necesarios en los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, sustracción, retención y ocultamiento de personas. Pero se trata de alguien sinuoso y flexible con sus posicionamientos políticos, cuando cambiaron los tiempos supo reinventarse sin inconvenientes y en los 90 ya militaba en el peronismo de izquierda al que representó en 1994 como convencional constituyente. En 1997 fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires bajo ese signo político pero otro vuelco partidario hizo que el presidente De la Rúa lo pusiera al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
Sus volteretas políticas no conocen límites, en 2001 había denunciado que en Santa Cruz, donde gobernaba Néstor Kirchner, “soplaba el mismo viento que llevó a Hitler al poder”, pero su punto de vista cambió cuando Kirchner lo nombró juez de la Corte Suprema de Justicia en 2003, cargo que retuvo hasta 2014 época de mayor expansión del Foro de San Pablo en la región. Gracias a las conexiones obtenidas durante esa expansión, en enero de 2016 pasó a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 2022. Se hizo famoso, cuando los vientos socialistas soplaban fuerte, por defender fervientemente el «abolicionismo», teoría clave que presagiaba a la ideología woke, que considera que el delincuente es una víctima de la sociedad, que el delito es una creación política, que el proceso penal es una herramienta de los dominadores y que el Estado no está legitimado para imponer penas. Sus sentencias son famosas en este sentido, una de las cuales argumentaba que, en el caso de un individuo que obligó a una niña a hacerle sexo oral, no había habido violación porque el hecho había ocurrido con la luz apagada.
Cuando Eugenio Zaffaroni fue electo juez de la Corte Suprema declaró tener 15 departamentos. Al poco tiempo empezaron los rumores sobre el destino de esas propiedades y en 2009 un abogado denunció que en el tercer piso del edificio de la calle Luis Dellepiane 668, funcionaba un prostíbulo con dominicanas. Para contestar la demanda acudió un representante, Carlos De Vicenzi quien advirtió que el verdadero dueño del lugar «era Zaffaroni y que Ricardo Montivero era su testaferro«. De allí en más las denuncias comenzaron a acumularse, llegando a constatar que en 6 propiedades de Zaffaroni se ejercía la prostitución.
Otro de los prostíbulos, más lujoso, funcionaba sobre la avenida Santa Fe y según los dichos de la administradora, Mariana Schammas, este inmueble tenía denuncias de fundaciones contra el trabajo esclavo. Los trascendidos periodísticos de la época detallaban: «Las tarifas para la explotación de mujeres son altísimas. La cantidad de chicas varía según los pedidos de los clientes/prostituyentes. No reparten volantes. Mediante llamadas se hace el contacto con el prostíbulo«. Para el 2011 el escándalo era mayúsculo, Ricardo Montivero quedó expuesto al ser, no sólo el apoderado y administrador del juez, sino su íntimo amigo, tanto que ambos convivían en la calle Boyacá 926, cuyo teléfono estaba a su nombre. Se supo que los departamentos estaban divididos en pequeños habitáculos donde se brindaban servicios sexuales con dos o tres chicas por turno, que cobraban por hora unos 29 dólares. La causa se cerraría en el 2014 cuando el juez de instrucción Carlos Manuel Bruniard declaró extinguida la acción penal y Montivero pagó una multa irrisoria por violación a la ley de profilaxis.
Cuando en la Facultad de Derecho de la UBA se invitó al juez del Lava Jato, Sergio Moro, para una charla contra la corrupción, Zaffaroni apoyó las acciones de cancelación que se organizaron y que terminaron con la censura de la charla, ante lo cual dijo: “Por suerte lo han suspendido. De cualquier manera, fue lamentable que desde nuestra Facultad de Derecho se le ofreciera en la Tribuna de la facultad a un personaje que fue la estrella del lawfare en toda nuestra región. Creo que tendríamos que reflexionar para que no se repitan hechos de esta naturaleza”. También se manifestó públicamente cuando los argentinos acudieron a la Plaza de Mayo para exigir una flexibilización de la cuarentena diciendo que eran “gente descerebrada”
Zaffaroni reclama indultos sistemáticamente para los funcionarios kirchneristas ya condenados. Un caso patético ocurrió cuando, siendo miembro de la CIDH pidió que se indulte al ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou. Varios diputados argentinos elevaron una queja ya que el juez estaba “influyendo sobre sus compañeros de la Corte Interamericana que tiene jurisdicción en la Argentina y revisa los casos” Pero nada ocurrió, como en el resto de los casos, Zaffaroni es, en Argentina y en el mundo, incombustible y no hay escándalo que le haga mella. De hecho, reiteró sus presiones cuando condenaron a Cristina Kirchner diciendo: “Si Cristina es condenada, el Presidente debe indultarla”. En un reportaje de 2003 describió cómo ejercía su cargo: “Abrís un expediente y decís, a ver cómo lo zafo (salvo) a éste. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: a ver cómo hago para que la lleve más aliviada. Abriendo un expediente así, con esta idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo, ¿viste? Poder decir: bueno, hasta acá. En el ejercicio del poder punitivo llega un momento del proceso en el que el acusado está solo, todos contra él. Hasta que llega un tribunal que dice: vamos a ver cómo compensamos esto”.
La trayectoria de Zaffaroni opaca ligeramente a la del juez Gallardo, director de COPAJU, que se desempeña actualmente como Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque este también tiene sus resplandores. Se define de izquierda “con las mismas ideas de hace 20 años, aunque aggiornadas”. En sus oficinas abundan fotos y cuadros de Lenin, el Che Guevara, Salvador Allende o Hebe de Bonafini gracias a quién dirigió la carrera de abogacía en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Ha tenido sentencias surrealistas, como cuando prohibió en la Capital Federal «toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada», o la actividad de los delivery También promulgó subsidios tomándose atribuciones de legislador y estuvo varias veces al borde del juicio político. Gallardo es autor de «Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial«, donde destaca que el COPAJU pretende “lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial«. Completa el panorama de autoridades elegidas por el Papa, Alberto Filippi, doctor en filosofía y ex asesor de Salvador Allende en cuestiones de política exterior.
El objetivo del Papa Francisco para convocar a estos caballeros a la cabeza de un ejército de decenas de magistrados, catedráticos, políticos y exjueces es digno de análisis.
Según se lee en las plataformas oficiales, Bergoglio busca “generar una herramienta de carácter permanente que tenga por objeto central propender a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en pos de la eficacia de tales derechos en favor de las personas más vulnerables” mediante “acciones positivas destinadas a promover y proteger el ejercicio, disfrute pleno y permanente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. Parece politiques, pero no. Desde que se empezó a conformar la institución COPAJU ya “ha desarrollado una prolífica tarea en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil, México, Estados Unidos y Paraguay, y se encuentra en permanente expansión por el resto del continente americano”, destacándose acciones como las del grupo de abogados liderado por Zaffaroni que intentó liberar a Pedro Castillo tras el golpe de Estado que cometió el pasado diciembre.
En 2019, en medio del descomunal asalto organizado por la izquierda al gobierno chileno de Sebastián Piñera, COPAJU sostuvo que la violencia era originada por procesos económicos de ajuste y expoliación, y añadió que esa violencia generada por el propio poder público estaba armada para reprimir a las víctimas de la presión económica. COPAJU también sostuvo que el “Estado chileno y su Gobierno son los únicos responsables por las violaciones a los derechos humanos en las principales ciudades de ese país”. Durante el gobierno de Bolsonaro, el COPAJU elevó su “preocupación” al Santo Padre, para que actúe en el marco de sus objetivos y de sus funciones, solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que con carácter de urgente adopte medidas cautelares para salvaguardar debidamente el medio ambiente: “llegamos a la conclusión de que hay una suerte de dejar hacer por parte del Ejecutivo brasileño, como una forma de permitir que grupos vinculados con la agricultura, ganadería y la explotación forestal”
El ordenamiento democrático y republicano pareciera quedar en entredicho a la vista de la forma en la que los directores del organismo diseñado por Jorge Bergoglio, entienden la división de poderes, la soberanía de los países, la voluntad popular y las particularidades jurídicas de las naciones. Cuesta saber si el Papa entiende los alcances y objetivos del cargo que ostenta o si en realidad aspira a algo más. Para abundar en las aspiraciones de poder del Santo Padre, es conveniente leer la carta fundacional del COPAJU, la Declaración de Roma, que contiene párrafos esclarecedores: “Nos asiste una profunda preocupación por el deterioro de los sistemas normativos nacionales e internacionales y en particular por la degradación en el ejercicio universal de los derechos económico, social y culturales”, “advertimos que el actual sistema económico mundial poco y nada hace para preservar el equilibrio ambiental, coadyuvando en esta forma a una degradación integral de la existencia humana”, “que los Estados (…) modifiquen su política presupuestaria logrando ecuaciones más equitativas y justas”
Por supuesto que no podía faltar la omnipresente Agenda: “Hacemos un llamado a todos los países para que alcancen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU”, “Hacemos un llamado a todos los países para que tomen medidas decisivas para cumplir los objetivos del acuerdo climático de París, que son vitales para la supervivencia y el bienestar humano, especialmente para los pobres y las generaciones venideras”, “Entendemos que no hay posibilidad de vivir en paz y democracia en procesos políticos y sociales en los que se profundicen el descarte de las personas y la destrucción del medio ambiente” y “Resaltamos que los sistemas de comunicación concentrados actúan para presionar a los poderes públicos y hacen peligrar la institucionalidad al sustituir los poderes públicos mediante operaciones mediáticas de dudosa legitimidad.
Jorge Bergoglio no eligió a cualquiera para moldear su poderosa estructura de lobby, no sólo eligió representantes de la izquierda más radicalizada, sino que no tuvo empacho en ingresar a la plana vaticana a los personajes más cuestionados por su trayectoria política, profesional y ética. Como brazo jurídico del Socialismo del Siglo XXI, eligió voceros que le aseguren (a toda velocidad) la capacidad de influir en los procesos judiciales que los mandatarios puedan enfrentar si la voluntad democrática de los pueblos les es adversa. Asimismo, con el COPAJU se asegura la imposición de la agenda izquierdista más allá de la independencia judicial de cada país. No es casual la incorporación de Zaffaroni en su proyecto, no por nada el polémico juez describe así su filosofía: «Cada sentencia es un acto político. Mentira que podemos ser neutrales, mentira que podemos ser imparciales. No podemos ser ni apartidarios ni aideológicos, porque no hay ningún ser humano que sea así, y si lo hay, es un ser patológico, no es un juez. Asumamos nuestra responsabilidad, tengamos conciencia de lo que debemos hacer y sigamos luchando«.
Zaffaroni, el juez preferido del kirchnerismo, tiene ahora por decreto de Bergoglio, cargo propio dentro de la Iglesia Católica como cuidador de los valores del Socialismo de Siglo XXI.