Un derrame de soda cáustica de UPM Paso de los Toros en la zona franca y un predio vecino, aniquiló toda la vida vegetal y animal del terreno y un arroyo que desemboca en el río Negro
La multinacional finlandesa informó el pasado 17 de agosto de "un incidente en un sector de la zona de descarga de insumos de la planta UPM Paso de los Toros donde se registraron elevados valores de pH y se habría identificado la presencia de hidróxido de sodio en un tramo de una cañada dentro del predio industrial y de un campo lindero al sitio"
. La empresa no agregó más y afirmó haber tomado de inmediato "todas las medidas correctivas necesarias (sic)".
Sin embargo, en un reunión posterior de la Comisión de Seguimiento, instalada por el gobierno para acompañar la etapa de instalación y funcionamiento de la planta de celulosa, se conocieron aspectos de lo que es una catástrofe ambiental sin precedentes en el país. El derrame se produjo desde una pileta no adecuada para almacenar este producto y habría alcanzado un volumen de 900 a 1.000 metros cúbicos de soda cáustica, es decir, cerca de un millón de litros.
La información de seguridad de la soda cáustica la define como un fuerte álcali que absorbe agua y dióxido de carbono del aire, reacciona violentamente con el agua, los ácidos y los compuestos orgánicos, peligrosa tanto para la salud de las personas como el medio ambiente y de toxicidad aguda para los organismos acuáticos.
Con el derrame de UPM se utilizó la palabra "extinción" porque aniquiló la vida vegetal y animal a su paso y en el arroyo donde desembocó.
Confirmando la magnitud del desastre, el nivel de pH medido en la zona afectada superó el 13 cuando el máximo de la escala de alcalinidad es 14. En la referida Comisión de Seguimiento se barajaron posibles acciones para restablecer la vida en el lugar, pero los representantes de la empresa plantearon que no van a intervenir por el momento.
La empresa UPM señaló que analizará la evolución del ecosistema a lo largo de un año y tomará medidas si no hay mejoras en ese plazo.
Pocos días atrás, el subsecretario de Medio Ambiente, Gerardo Amarilla, informó que el organismo oficial había aplicado una multa a UPM por superar los niveles permitidos de vertido de efluentes en el lago de Baygorria, pero no mencionó el derrame de soda cáustica.
Se reitera así, incluso en un hecho más grave aún, la omisión de las autoridades uruguayas en aplicar y hacer cumplir las normas ambientales, como ocurrió un año atrás con el vivero de UPM, ubicado en Guichón, en el departamento de Paysandú.
Los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) comprobaron la descarga sobre el arroyo Santana de productos químicos utilizados en el vivero que estaban prohibidos para esa actividad.
La cartera de Medio Ambiente intimó a la empresa a corregir la situación, pero cuando estudiaba la sanción a aplicarle por la violación de la normativa, el titular del MGAP, Fernando Mattos, emitió un decreto autorizando el uso de aquellos productos.
Si entonces la situación se podía calificar de crimen ambiental por la contaminación del arroyo y las mortandades ocasionadas de peces y otros animales, en este caso el delito es más evidente aún. Mientras en el Parlamento se viene discutiendo largamente, como es habitual, una ley sobre los delitos ambientales, el Código Penal (Ley N°9155) contiene disposiciones que podrían aplicarse a casos como los señalados en donde se extermina la biota de una zona.
Los artículos 218 y 225 del Código Penal, bajo el título de Delitos contra la Salud Pública, tratan sobre el envenenamiento o adulteración de aguas o productos destinados a la alimentación, como son los cursos de agua en zonas de producción agrícola y ganadera o de esparcimiento de las poblaciones cercanas.
Por ambos artículos se prevén penas de prisión y penitenciaría por el envenenamiento o adulteración, en forma peligrosa para la salud, de esas aguas.
Comunicado de MOVUS en relación al derrame químico en la empresa UPM y las acciones del Ministerio de Ambiente sobre el tema.
Puntos principales:
1. UPM mintió. Al informar de un derrame en zona de carga cuando fue en el sistema de efluentes.
2. UPM ocultó información, nunca informó de volumen del derrame químico que fueron 1000 toneladas equivalentes a 40 camiones.
3. UPM no tiene controles. Hasta que no les avisó un vecino no detectaron el derrame.
4 La acción del Ministerio de Ambiente fue tardía, demoraron 5 días en concurrir a la planta
5 La acción debida era la de clausurar la planta hasta que se investigue la causa del derrame y se tomen medidas para que no se repita.
El 17 de agosto un escueto comunicado de UPM daba cuenta de: “un incidente en un sector de la zona de descarga de insumos de la planta UPM Paso de los Toros”, identificándose Hidróxido de Sodio en una “cañada dentro de la Planta Industrial” y en un campo lindero. Al día siguiente se agregaba que se había afectado la “biota acuática de la “cañada” ahora denominada “curso de agua”.
En los comunicados la empresa se apresuró a separar este “Incidente” del proceso industrial de producción de celulosa y del vertimiento de efluentes al Río Negro.
No fue sino hasta el 26 de setiembre, 40 días más tarde, en la reunión de la Comisión de seguimiento del proyecto, que salió a la luz desde el portal Sudestada la magnitud del derrame y sus efectos. Allí los técnicos del Ministerio de Ambiente expresaron que a consecuencia del derrame se habría “EXTINGUIDO” la vida en el Arroyo Sauce, llegando los productos químicos al Río Negro. El derrame, de al menos mil toneladas de soda cáustica, volumen equivalente a cuarenta camiones, se habría originado de una pileta inadecuadamente utilizada para almacenar “efluentes del proceso industrial”. Al no contar con sensores, y agregamos nosotros, ningún tipo de control; la empresa no tuvo noticia del hecho hasta que un vecino de un campo lindero se lo advirtió “algunos días más tarde”.
Desde el MOVUS entendemos que la respuesta del Ministerio de Ambiente, concurriendo al sitio sólo cuatro días después del hecho no fue adecuada ni efectiva para constatar el daño producido, así como también la negligencia y falta de control de la empresa que en esos días trabajó en el área afectada.
Es evidente que el derrame no fue un “incidente en el sector de descarga de insumos” y se relaciona directamente con el proceso de producción de celulosa de UPM, también, que los efluentes derramados terminaron vertiéndose al Río Negro, por lo que no son de recibo, por ser falsas, las afirmaciones de la empresa UPM en sus comunicados de agosto
Con los agravantes mencionados, se entiende que el Ministerio de Ambiente actúa en este caso con injustificada liviandad, acompañando en sus declaraciones las de la empresa, que pretende esto sea considerado como un “incidente” que se “soluciona” con una multa.
Esto es en realidad el resultado de un procedimiento inadecuado, erróneo y negligente en el manejo de efluentes altamente contaminantes, agravado por la falta de control interno que llevó a desconocer el derrame durante varios días.
Atendiendo a esas razones y que la empresa no ha podido determinar la causa del derrame, corresponde, aplicando el principio de precaución, suspender la operativa de la planta hasta determinar fehacientemente el origen del desastre y se hayan tomado las medidas para evitar su repetición.
El Ministerio de Ambiente tiene la palabra. Montevideo 6 de octubre de 2023
Ana Filippini 098 407572 - Raúl Viñas 099 648685
Dos noticias conocidas en las últimas 48 horas parecen sintetizar el camino por el que va nuestro país.
La primera es el derrame de millones de litros de soda cáustica en el cauce del arroyo Sauce, en las proximidades de Pueblo Centenario, como consecuencia de la operativa imprudencial de la empresa UPM.
El suceso, que ha extinguido la vida en aguas del arroyo y en un campo lindero y sobre el cual se anuncia intervención parlamentaria a instancias del Diputado Rafael Menéndez, fue hecho público por el Ing. Agr. Esteban Calone, integrante de la Comisión de Seguimiento de UPM2 y referente del Movimiento Uruguay Soberano en Paso de los Toros.
El Ministerio de Ambiente anuncia que le aplicará a UPM una multa de 1.000 unidades reajustables por el desastre ambiental. Son poco más de 40.000 dólares, o sea, nada para una empresa que gana cientos de millones de dólares por año por su actividad en Uruguay.
El Estado debería demandar a UPM por los perjuicios y quizá hacer valer alguna clase de responsabilidad penal. Pero algo me susurra que no lo hará.
La pregunta es por qué se permite a la empresa el manejo irregular y negligente de sustancias tóxicas y corrosivas a escasos metros de corrientes de agua.
¿Por qué no hay controles ni inspecciones? ¿Por qué no se demanda por los daños? Sobre todo, siendo la tercera vez que la empresa es multada por infracciones a normas de seguridad ambiental.
La respuesta es obvia: porque la instalación de UPM y de las demás pasteras no es una decisión de los gobiernos uruguayos, que no tienen ni siquiera la libertad de aplicarles los controles estrictos ni las sanciones que la índole de su tarea, y el riesgo ambiental que implica, harían aconsejables.
UPM 1 y UPM 2 son hijas del Banco Mundial, que hace ya décadas comenzó a promover y a subvencionar la plantación forestal en nuestro territorio. La forestación y la producción de celulosa son una “política de Estado” que no dispuso nuestro Estado. Se nos impuso en el marco de una confusa dinámica de endeudamiento, refinanciaciones y nuevos préstamos, de la que ningún gobierno, desde 1987 hasta la fecha, ha querido hablar con claridad.
Por eso no hay controles, por eso las multas son cariñosas palmaditas en la cola, por eso no se demanda, por eso se hace, se tolera y se paga todo lo que UPM exige.
Construidas las dos plantas, se empiezan a ver los verdaderos efectos del modelo celulósico y de los contratos secretos con que se lo impuso.
Muy pocos puestos de trabajo, cero utilidades para Uruguay, y un crecimiento del PBI ilusorio, porque -exoneraciones tributarias y zonas francas mediante- no va acompañado por la recaudación de impuestos que correspondería.
A eso hay que sumarle el daño ambiental, tanto el inevitable, que producen los eucaliptus, la fabricación de celulosa y ahora el hidrógeno verde, como el evitable, que resulta de la negligencia y actitud de impunidad y con que se maneja UPM, segura de que ninguna medida grave tomarán los gobiernos uruguayos contra ella.
Lo cierto es que, a todos los costos que la empresa nos causa y a toda el agua superficial y subterránea que se lleva gratis, hay que sumarle la destrucción -posiblemente irreparable- de un arroyo que es afluente del Río Negro.
La otra noticia es de distinta índole. Pero no menos grave.
El juez Alejandro Recarey, que dispuso la suspensión de la vacunación por COVID para los niños e intimó al gobierno informar sobre la composición de las vacunas, fue sancionado por la Suprema Corte de Justicia con tres meses de suspensión sin goce de sueldo, en lugar de la mera amonestación que había sugerido la juez sumariante.
Un mensaje claro, sobre todo para el resto de los jueces, que ahora saben sin ninguna duda que ciertos fallos, los que pegan muy alto, no son admisibles.
Quien se quede en lo formal, en lo que dice el expediente, creerá que Recarey cometió alguna falta grave. Pero, como me señalaba alguien ayer, el tiempo hará justicia, y se sabrá que muchos padres abrieron los ojos cuando Recarey dictó su sentencia. Que muchos niños, por libre decisión de sus padres, no fueron vacunados gracias a esa advertencia.
En un país y en un mundo en que las cifras de mortalidad han explotado desde el año 2021, el año en que se empezó a vacunar contra el COVID, ese dato no es menor. ¿Cuántos niños uruguayos se libraron de sufrir graves afecciones, o directamente de morir, gracias al fallo de Recarey? No podemos cuantificarlo, pero todos sabemos que son muchos.
Cuando pase y decante toda la locura que se nos impuso con la pandemia, que se quiere prolongar con otros miedos fabricados y publicitados, se podrá juzgar con propiedad la labor de Recarey y la de sus juzgadores.
Si un juez tiene por función principal garantizar los derechos de los ciudadanos y poner límites al autoritarismo del poder, el único verdadero juez en todo este asunto ha sido Recarey. Los otros, los que lo denunciaron y sancionan, son burócratas presupuestados en el Poder Judicial, que no es lo mismo que ser jueces.
Esta última frase puede sonar descabellada y rimbombante. Pero dejen actuar al tiempo. No tengo dudas de cómo se juzgará a cada quien cuando decanten las cosas y el interés y el miedo dejen de torcer la balanza.
En resumen: dos contratos secretos, el de UPM y el Pfizer, causan daños evidentes a nuestro territorio y a nuestra soberanía, en este caso, a la de nuestro sistema de justicia.
Nada que no fuera previsible. Nada sobre lo que no se haya alertado ya desde hace tiempo.
Es el momento de poner fin a los contratos secretos con empresas multinacionales, si no queremos que los cauces de agua destruidos, los jueces perseguidos, el agua salada y otros daños territoriales y morales se multipliquen.
El que tenga ojos para ver, que vea. Y que actúe en consecuencia.