Por Carlos M. Estefanía
Suecia está gobernada por una coalición conformada por los partidos, Moderados (conservador), los Liberales y el Partido Demócrata Cristiano (KD). Conocida como el "bloque azul", esta coalición ganó las elecciones el 11 de septiembre de 2022. Desde el 18 de octubre de 2022, el primer ministro de Suecia es Ulf Kristersson, líder del Partido Moderado
El 26 de enero de 2023, el grupo gobernante publicaba el informe titulado “Los primeros 100 días - Nueva ofensiva contra la criminalidad". De acuerdo con el documento el Gobierno sueco habría iniciado una nueva estrategia para combatir la creciente preocupación por la criminalidad en el país escandinavo. En la primera fase de implementación del plan, se habrían puesto en marcha siete proyectos cada uno enfocado en áreas críticas como la salud y los servicios médicos, la energía, la migración, la integración, la educación escolar, el crecimiento económico y la gestión del hogar. Estos proyectos buscan abordar las deficiencias, prevenir la expansión de la criminalidad y asegurar una respuesta justa y eficaz ante los delitos.
El informe resalta la preocupación por el aumento de la violencia en Estocolmo, con 16 tiroteos y 11 explosiones registradas desde la temporada navideña. Este panorama ha ejercido una presión inusualmente intensa sobre las fuerzas policiales y ha llevado a una movilización de recursos adicionales de otras partes del país. Se destaca especialmente la brutalidad de estos actos, muchos de los cuales involucran a individuos extremadamente jóvenes.
Las estadísticas revelan que el uso de armas de fuego en delitos ha alcanzado niveles récord, mientras que una parte considerable de la población se siente insegura al salir tarde en la noche en sus áreas residenciales. Este incremento en la inseguridad y los delitos violentos es motivo de alarma y demanda acciones inmediatas.
Los objetivos fundamentales del proyecto contra la criminalidad incluyen el aumento de la seguridad ciudadana, la prevención de la participación de jóvenes en actividades criminales, la mejora en la resolución de delitos, el combate contra la delincuencia organizada, la protección y compensación de las víctimas, así como la búsqueda de penas más justas.
Como parte de esta ofensiva, ya se han implementado acciones como la propuesta de una regla de confidencialidad para combatir el crimen, un endurecimiento de las penas para delitos dentro de redes criminales, mejores medidas para casos donde los menores están involucrados en delitos, y ampliación de las herramientas preventivas disponibles.
Además, se han revisado y actualizado diversas políticas y se están preparando reformas adicionales. Entre las medidas planeadas, se encuentra la revisión de los procedimientos de compensación a las víctimas, ajustes en las escalas y tipos de penas, así como modificaciones en la ley de vigilancia por cámaras para permitir su uso en más lugares y con mayor frecuencia.
Uno de los próximos pasos cruciales según el documento publicado por el gobierno será la implementación de una nueva regla de confidencialidad, destinada a facilitar el intercambio de información entre agencias gubernamentales y fuerzas policiales para combatir y prevenir el crimen de manera más efectiva. Esta medida será acompañada por un enfoque más amplio en la mejora de la recopilación y el intercambio de información, siendo un paso más cerca de lo que se denomina como "Lex Luna". El nombre proviene de una niña de 9 años llamada Luna que fue víctima de un ataque violento en Skellefteå, Suecia, en 2022. La chica había sido atacada mientras regresaba en bicicleta a casa después de la escuela. Fue encontrada gravemente herida por un policía en una arboleda Resultó que un joven de 15 años la había atacado, violado e intentado estrangular con una cuerda. La niña terminó en coma y tuvo que pasar mucho tiempo en el hospital para ser rehabilitada. El joven de 15 años fue condenado a atención psiquiátrica forense, por los delitos de violación agravada de un niño e intento de asesinato. El incidente ha llevado a un debate sobre la necesidad de una ley que permita compartir información entre las autoridades para proteger a los niños de futuros abusos. El ministro de Justicia, por el partido Moderado, Gunnar Strömmer, fue quien sugirió que se introduzca la ley llamada “Lex Luna” para abordar este problema.
La importancia de estas medidas radica en la urgencia de abordar la inseguridad creciente y la amenaza a la estabilidad social que representan los actos criminales. El informe destaca que es necesario tomar medidas preventivas y correctivas de manera rápida y eficaz para restablecer la confianza pública en la seguridad y la justicia del país.
Los 100 días iniciales de esta nueva estrategia contra la criminalidad han marcado un comienzo crucial en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, el camino por delante implica una tarea ardua que requiere la implementación efectiva de políticas y reformas, así como la colaboración continua entre los sectores público y privado para lograr un entorno más seguro y justo para todos los ciudadanos.
Este plan integral refleja un enfoque proactivo y enérgico del Gobierno sueco para abordar los desafíos actuales, reforzando la creencia de que una acción decidida y coordinada puede marcar la diferencia en la lucha contra la criminalidad.
Algo que no quedaba claro, de acuerdo con el informe referido, es que si como parte de las medidas para combatir la delincuencia, se van a ver afectadas las libertades sociales alcanzadas por la ciudadanía, gracias a lo que aquí se denomina "Modelo de libertad de elección", un concepto destacable en países considerados de libre mercado, pero que como es el caso de Suecia presentan algunas similitudes con sistemas centralizados propios de regímenes socialistas. Este sistema de "libre elección", impulsado durante las últimas décadas por los mismos partidos que hoy gobiernan el país, se ha afianzado estrechamente a través de la Ley del Sistema de Libertad de Elección (LOV). Esta legislación asegura a las personas el derecho de optar entre diversos proveedores de servicios financiados con fondos públicos, siendo una parte integral del modelo de libertad de elección.
En la práctica, este enfoque brinda a los individuos la capacidad de elegir entre múltiples proveedores para un servicio específico, ya sean entidades públicas o privadas, pero el servicio es financiado por el sector público.
Un ejemplo claro de la implementación de este modelo se evidencia en el cuidado de personas mayores. Una persona anciana que necesita atención domiciliaria puede escoger entre distintos proveedores para este servicio, ya sea empresas municipales o privadas. Posteriormente, recibe la atención domiciliaria financiada por el municipio, independientemente del proveedor que haya seleccionado.
Que el individuo pueda elegir proveedores en el cuidado de la salud, en la atención social y en la educación se ha vuelto más común en Suecia desde los años 90 en adelante. Los sistemas para esto han ido cambiando a lo largo del tiempo y los sistemas de libertad de elección se han establecido como un modelo para ofrecer bienestar tanto en las regiones como en los municipios. Todas las regiones han implementado sistemas de libertad de elección; hay 107 sistemas anunciados por las regiones. La elección de escuelas se ofrece en todos los municipios, pero no hay guarderías o escuelas independientes en todos los municipios. En octubre de 2022, 158 municipios tenían uno o más sistemas de libertad de elección establecidos según la Ley de Sistemas de Libertad de Elección, LOV, en el ámbito de la atención social.
Este enfoque se basa en tres pilares esenciales: la libertad de elección para los individuos, la competencia entre actores públicos y privados para ofrecer servicios y la financiación proveniente del sector público, sin importar el proveedor elegido.
Sin embargo, se plantea una cuestión crucial: ¿Podría este modelo conllevar implicaciones y riesgos, incluyendo la posibilidad de ser explotado por actividades delictivas? El tema se aborda en el reportaje elaborado por Lina Wennersten-Gradert y publicado bajo el título de: "El modelo de libre elección está siendo aprovechado por criminales". El trabajo fue publicado el 16 de noviembre de 2023 en la revista de popularización de las ciencias Forskning & Framsteg (Investigación y Progreso), aquí se entrevista a la investigadora Carina Gunnarson, científica social, quien advierte sobre la infiltración de redes criminales en las instituciones de la sociedad sueca. En el reportaje se alude al informe realizado por la propia Gunnarson bajo el título de: "El estado vulnerable - una visión general de la investigación sobre cómo la delincuencia organizada afecta al estado y al municipio”, Un estudio realizado por encargo de SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle), la Asociación de Estudios de Negocios y Sociedad. En trabajo pretende revelar que la influencia de la delincuencia va más allá de la violencia y las amenazas, manifestándose a través de la infiltración, corrupción y presiones sutiles en diversos sectores, como el de bienestar y la construcción. Gunnarson señala la gestión de residuos como un área de interés para los criminales, con impactos medioambientales y financieros significativos. La investigación resalta el desafío para Suecia como sociedad y la importancia de actuar preventivamente en lugar de permitir que estos problemas se agraven. Sin embargo, Gunnarson lamenta la falta de investigación en curso sobre la influencia criminal en la administración pública, esperando un cambio en esta situación.
Si consultamos directamente el informe aludido en el artículo veremos que el objetivo principal del texto es brindar una visión general sobre cómo la delincuencia organizada afecta al Estado sueco, destacando el papel fundamental de las municipalidades debido a los recursos significativos que manejan y la amplitud de sus actividades.
El informe resalta que las vulnerabilidades de las municipalidades a la corrupción han sido explotadas en el pasado, y enfatiza que las autoridades deben fortalecer la colaboración y compartir conocimientos para contrarrestar la delincuencia organizada.
Además, se subraya la importancia de la cooperación entre agencias gubernamentales para combatir la delincuencia organizada y se señala que estas estructuras de colaboración también pueden ser vulnerables a la infiltración. El texto aborda el papel que puede desempeñar la sociedad en general para combatir la delincuencia, incluyendo la participación de los medios de comunicación locales, el respaldo del sector privado a empresas amenazadas y la elección de consumir productos y servicios legales en lugar de ilegales.
El informe destaca experiencias en Italia para ilustrar cómo la sociedad puede involucrarse en la lucha contra la delincuencia organizada. También enfatiza la necesidad de respuestas institucionales por parte del Estado, como legislación, cambios en las prácticas laborales y mayores controles, para combatir la delincuencia organizada. Se subraya la importancia de un trabajo preventivo a largo plazo para fortalecer la resistencia de la sociedad contra la delincuencia organizada, cambiando valores y hábitos que puedan beneficiar a la criminalidad. La investigadora aborda las reformas en la Administración realizada desde la década de 1990 y señala que la corrupción suele verse afectada por cambios en el sector público, como la privatización, la descentralización y la delegación de poder. Se estima que los riesgos de corrupción en los municipios suecos han aumentado como resultado de esos importantes cambios institucionales a nivel local.
Las reformas inspiradas en el nuevo modelo de gestión pública (NPM) introducidas durante la década de 1990 han permitido a actores privados ofrecer servicios de bienestar realizados en el ámbito privado pero financiados públicamente. El problema identificado es que estas reformas organizan la actividad pública de manera semiprivada, difuminando la línea entre lo público y lo privado. A pesar de aumentar la libertad de elección para los usuarios, han creado incentivos para la corrupción cuando los municipios forman y poseen empresas independientes. Otra transformación es la corporativización de las operaciones municipales, donde estas empresas tienen casi un monopolio en su mercado con una débil competencia. Al mismo tiempo, la transparencia en las operaciones ha disminuido, lo que se considera que ha aumentado los incentivos para la corrupción, asegura Gunnarson.
Según la estudiosa sueca, investigadores italianos han demostrado que la privatización de las funciones del estado del bienestar en Italia ha creado un nuevo mercado para empresas criminales. La corrupción se ha extendido a administradores, representantes políticos, funcionarios y otras categorías profesionales, lo que dificulta trazar una línea clara entre la actividad legal e ilegal. Un mercado desregulado habría, según los estudios, facilitado a actores criminales ganar licitaciones públicas en varias industrias a través de empresas mafiosas. La infiltración en los centros de recepción de migrantes ha demostrado ser una industria lucrativa en Italia, revelada en juicios contra la delincuencia organizada en Roma. Los costos de los centros de migrantes ascienden a alrededor de mil millones de euros al año, lo que ha atraído a numerosos actores como cooperativas y asociaciones. Con pocos controles y poca transparencia en la identificación de las estructuras de recepción, la distribución de refugiados y las licitaciones públicas, la investigación legal mostró cómo se distribuyeron los migrantes a ciertas cooperativas dirigidas por personas con conexiones con la delincuencia organizada y otros delitos.
Para el caso sueco, según la estudiosa, otro factor que favorecería la corrupción sería el grado de libertad que un funcionario o político individual tiene para tomar decisiones o actuar por sí solo. Puede tratarse de potestad en diferentes áreas, como decisiones de subvenciones en servicios sociales o asistencia de la seguridad social. También puede tratarse de calificaciones en la escuela donde pueden existir presiones para obtener calificaciones más altas. La cuestión de la inflación de calificaciones ya se ha investigado en el país, pero con un enfoque centrado en las diferencias entre escuelas municipales y escuelas independientes. En relación con la delincuencia organizada, varios tipos de presiones pueden ser difíciles de manejar para maestros y escuelas si en el entorno social de los estudiantes hay personas con capital de violencia con vínculos a la delincuencia organizada.
El intercambio entre posiciones políticas y actividades empresariales privadas sería otro factor de riesgo, relevante en el caso del municipio Södertälje, al sur de Estocolmo. La investigación y las sentencias condenatorias en el llamado escándalo de la atención domiciliaria demostraron que el propietario de la empresa de atención domiciliaria Jome había sido anteriormente un político de alto rango en el municipio. Este político, como representante electo en el consejo municipal de Södertälje, había participado en discusiones sobre la introducción de la Ley de Elección (LOV) y, según los informantes, tenía un amplio conocimiento de los sistemas de control y su estructura. Posteriormente, el político inició la empresa de atención domiciliaria Jome. Los fraudes descubiertos llevaron a la condena de 22 personas por delitos de fraude, y el expolítico había tenido un papel central como director ejecutivo de la empresa. El tribunal de apelación determinó que el político había llevado a cabo graves fraudes en un total de 280 ocasiones y, como director ejecutivo, había desempeñado un papel clave en la configuración criminal.
Otro ejemplo citado es lo ocurrido a comienzo del año 2023 se marcó un punto álgido para el municipio de Botkyrka en el Condado de Estocolmo, generando una amplia atención nacional tras la destitución de la concejala Ebba Östlin (S) durante una reunión de miembros en la que, según informes, participaron actores criminales en la votación. Sin embargo, la investigación interna del partido niega cualquier tipo de infiltración.
La influencia política también puede manifestarse a través del apoyo financiero a un partido específico. Los estudios indican que los escándalos de corrupción en varios países europeos han estado ligados al financiamiento político. Desde el 2018, una ley en Suecia exige que los partidos informen sobre los fondos recibidos y su procedencia, prohibiendo donaciones anónimas por encima de cierta cantidad.
Una investigación de periodistas en TV4's Kalla fakta reveló que varios partidos a nivel nacional estaban dispuestos a eludir la ley sobre aceptación de donaciones, proponiendo métodos como el uso de testaferros, la distribución de donaciones entre múltiples donantes o incluso la adquisición de loterías para apoyar al partido. Este hallazgo resalta la flexibilidad de los partidos de alto nivel en Suecia.
Algunas reformas a nivel municipal han aumentado el riesgo de corrupción al llevar servicios financiados públicamente al ámbito privado, lo que incrementa las conexiones entre empresas y funcionarios en el sector público, generando un mayor riesgo de influencia.
Además del caso en Botkyrka, existen señales de posibles conexiones entre el nivel político y la delincuencia organizada. Tras las elecciones del 2022 y un esperado cambio de poder en el municipio de Södertälje, los medios informaron sobre "interrogantes preocupantes" en varios partidos de la nueva cooperación de derecha. Se mencionaba en los bastidores "una persona estrechamente vinculada a redes criminales en Södertälje" según un informe policial secreto. En febrero del 2022, se encontró a un hombre asesinado con vínculos criminales en el automóvil de un político local del partido SD en el distrito de Ronna en Södertälje. La cuestión sobre la relación entre actores criminales y el ámbito político aún no ha sido profundizada en el contexto sueco, asegura la estudiosa.
Es importante que se hagan informes de este tipo donde se cuestiona la afamada incorruptibilidad de Suecia, a partir de la influencia de las nuevas mafias en sus estructuras, Sin embargo el enfoque y oportunidad de esta discusión plantea la interrogante sobre si, a través de afirmaciones desde el ámbito científico, se busca un retroceso en dirección al refortalecimiento del poder del estado y los aparatos políticos municipales y lo que es peor, a la limitación de las opciones de los ciudadanos bajo el pretexto de brindar mayor seguridad, Todo ello realizado bajo un gobierno presuntamente de derechas, es decir de esos que presumen priorizar la libertad.
En lugar de lo anterior faltan los llamados desde las ciencias sociales a mejorar la efectividad de las fuerzas policiales en su lucha contra la delincuencia, destituyendo los funcionarios caracterizados por su incapacidad o mal trabajo frente al delito. Revisar las políticas de integración de los emigrantes cuyos hijos, parece ser la cantera principal de la que se nutre la criminalidad y por supuesto revisar esa ingeniería social, basadas en dudosas teorías psicológicas y pedagógicas, que ha dejado prácticamente si autoridad a padres y maestros frente a los niños quienes campean por su respeto tanto en casa como la escuela. Cuando se resuelva todo eso, entonces podría discutirse si es necesario o no la eliminación de derechos o libertades como las que garantiza en Suecia el llamado Modelo de libertad de elección.