Algunos de los economistas que durante la campaña electoral firmaron una solicitada en contra del programa expuesto por el entonces candidato Javier Milei, ahora —sin decir Agua, va— ponderan los esfuerzos del flamante presidente de la Nación para ordenar las cuentas, devolvernos la seguridad jurídica, privatizar las empresas públicas improductivas y ponerle fin al capitalismo prebendario.
Distintos técnicos de los equipos que en aquellos tiempos orbitaron en derredor de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, de buenas a primeras se han acercado al espacio libertario con el propósito de ‘colaborar’.
Casi todos los analistas, politólogos y periodistas de opinión que antes del 19 de noviembre proclamaban, a los cuatro vientos, que el jefe de La Libertad Avanza no podría gobernar por efecto de su desequilibrio emocional o por el escaso número de diputados y senadores que tendría en el Congreso, han rebobinado su discurso y pontifican como si nunca hubiesen dudado de la capacidad del Loco para administrar la cosa pública.
Los grandes empresarios, que no querían ni siquiera pensar en el escenario que finalmente se transformaría en realidad, han dejado de lado sus objeciones y cortejan a los recién llegados al gobierno como si los hubiesen apoyado desde 2021.
Y ni hablar de los consultores y encuestadores que dudaban de las posibilidades del hoy jefe de Estado de sentarse en el sillón de Rivadavia. A la luz de los resultados se desentendieron rápidamente de sus pronósticos y —como si tal cosa— en estos momentos dan sesudas explicaciones de por qué Milei triunfó en el ballotage de una forma tan contundente.
Unos de los principales cambios que obró el triunfo libertario se produjeron en una parte significativa de lo que cabría calificar —a falta de mejor definición— como los sectores pensantes de la sociedad.
Las discusiones que se han entablado respecto de si lo que se ha puesto a rodar es un plan de estabilización o simplemente una serie de medidas fiscalistas, resulta materia que corresponde debatir en los senos académicos. Tienen el mismo sentido que la célebre polémica entablada por los teólogos bizantinos en punto al sexo de los ángeles, mientras el ejército otomano estaba a punto de tomar la célebre ciudad por asalto y clausurar la cultura cristiana en esa parte del mundo.
En términos teóricos es verdad que le faltan algunos de los componentes esenciales para que se justifique utilizar la palabra estabilización. Pero en términos fácticos —que es cuanto interesa— no es posible estabilizar sin previamente poner un ancla fiscal al desbarajuste en el cual nos hallamos. En el orden de la ejecución, esto es lo primero y aquello lo segundo.
Lo que se ha anunciado y entrado en vigencia es la condición necesaria de algo que vendrá después —o, si se prefiere, es el paso inicial que lleva de forma indefectible al libreto estabilizador. La prioridad es apagar el incendio. Sería un contrasentido que el oficialismo careciese de plan. Significaría que Milei y su equipo consideran que la improvisación sobre la marcha vale más que un programa de gobierno, cosa que es ridícula.
A partir de las decisiones que se han adoptado en apenas nueve días, desde el momento en que Javier Milei asumió el cargo, no han faltado voces críticas que protestan por el hecho de que el ajuste no parece que vaya a recaer sobre la casta sino que deberá pagarlo la gente del común. Imaginar que una rebaja de 5 % del déficit fiscal pueda ser ejecutada tomando en consideración sólo a la clase política —por responsable que ésta sea— supone no entender la dimensión del desastre argentino. Es hora de desentenderse de los slogans de campaña y de las promesas efectuadas en esas lides, para prestarle atención a la realidad pura y dura con la que lidia el oficialismo. Javier Milei no ha faltado a la verdad si se repasan los compromisos de índole general que incluyó en sus discursos.
Es claro, sin embargo, que hay cosas que no podrá cumplir y otras que ha sido menester postergar. Al respecto, nada nuevo bajo el sol. No existe político alguno en la tierra que haya honrado, con pelos y señales, todas y cada una de las consignas enarboladas en el transcurso de la campaña electoral.
El contraste —si se quiere, paradigmático— entre los dichos y las decisiones lo ofrece el tema de la quita del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, que el jefe libertario había avalado como diputado y que ahora intenta reponer en calidad de presidente. La contradicción resulta —sin duda— manifiesta, aunque conviene no olvidar que la necesidad tiene cara de hereje. Sobre todo cuando se abandona el llano y se entra a la Casa Rosada.
Milei no ha quemado sus principios en el altar del pragmatismo. Sencillamente no encuentra salida, y entonces echa mano a algo que le disgusta como incondicional de la escuela austriaca de economía, al mismo tiempo que satisface sus requerimientos de fondos en una instancia crítica. Salvando distancias, Federico Pinedo hizo cosa parecida a principios de la década del ’30 del siglo pasado, no porque fuese un convencido acerca de las virtudes del dirigismo estatal sino porque la crisis de 1929 no le dejó otra alternativa.
Por supuesto que los pasos que ha dado —muchas veces, a tientas— no le aseguran a Milei el éxito de su gestión. Su mandato recién comienza y el resultado es —de suyo— incierto. Pero que había que hacer cirugía mayor —en ciertos casos, sin anestesia— cuyas consecuencias nadie está en condiciones de anticipar hasta dónde llegarán, lo demuestran las declaraciones de quien fue el funcionario más capaz con el que contó Sergio Massa en la cartera de Hacienda, Gabriel Rubinstein. Dijo sin medias tintas la pasada semana que, si acaso ellos hubiesen sido los ganadores en la doble vuelta de noviembre, habrían hecho algo parecido a lo que estamos viendo con Milei.
Es fundamental tomar conciencia de que Javier Milei, a diferencia de cualquiera de sus predecesores, considera que su misión se justifica si es capaz de obrar un cambio revolucionario. La transformación que piensa acometer es —en rigor— la única experiencia de ese carácter que hayamos conocido en el último medio siglo de nuestra historia. Si no se entiende, se pierde de vista el dato esencial de su derrotero. Esto parece haberlo captado la administración demócrata estadounidense que, sin perder un minuto, ha enviado a Buenos Aires al número dos del Tesoro norteamericano. Jay Shambaugh —que de él se trata— tendrá junto a su jefa inmediata, Janet Yellen, y el primer mandatario de la nación más poderosa del mundo, la última palabra respecto de si diligenciar el envío pendiente de U$ 3.000MM de dólares que el FMI tiene retenido por los incumplimientos flagrantes en los que incurrió Sergio Massa. No sería de extrañar que luego de tomar contacto con Luis Caputo y Javier Milei, ese importe —vital para las exhaustas arcas argentinas, sea liberado en poco tiempo más. Si así fuese, significaría un espaldarazo mayúsculo para el gobierno criollo.
El apuro que lleva Milei en el anuncio de su plan y la velocidad a la que marcha el gobierno son una prueba cabal de cuán consciente es el jefe de Estado de la corta luna de miel que tendrá. Por eso ha preparado una suerte de súper DNU desregulatorio —de unas trescientas páginas, nada menos— y enviará en esta semana al Congreso los proyectos de ley sin los cuales su administración quedaría manca a poco de haber comenzado a marchar. En la situación en que nos encontramos y con las dificultades que debe sortear, el timing es un dato clave en la estrategia gubernamental.
La base jurídico-institucional que los libertarios construyen a ritmo de vértigo es la condición necesaria para dotar de andadura a la tarea de desmontar un sistema obsoleto y sobre sus escombros erigir otro radicalmente distinto. Si por cualquier razón se trabase en las cámaras parlamentarias o en la Justicia, el experimento que llevan adelante se convertiría en un castillo de arena.
De todas maneras y más allá de ciertas concesiones que será menester aceptar, el flamante paquete de decretos y leyes —pacientemente revisado por el secretario legal y técnico, Javier Herrera Bravo, y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra— difícilmente resulte rechazado.
Es cierto que la musculatura legislativa del oficialismo luce escasa. No obstante, tiene aliados de peso en otras bancadas y, además, cuenta con el respaldo de una robusta mayoría popular que lo puso en Balcarce 50. Aquella desventaja se compensa con esta ventaja. Hasta gobernadores que se hallan en las antípodas de su pensamiento —como los de Tucumán y Santiago del Estero— han decidido sintonizar con los vientos de ajuste que impulsa la Casa Rosada. Lo contrario parece insinuar el comentario del gobernador Axel Kicillof de imprimir una cuasimoneda, que se denominaría Bonaerense. Claro que el gobernador camporista no se asemeja en nada a Carlos Ruckauf, quien, cuando lanzó el patacón, tuvo el visto bueno de Domingo Cavallo para que se pudiera con ese billete pagar impuestos nacionales. La llave maestra para que una moneda alternativa levante vuelo depende de la AFIP. Si esta repartición le bajase el pulgar, aquella nacería muerta. No se necesita ser un adivino para conocer por anticipado cuál sería el parecer del presidente de la República.
Mañana miércoles, a la tarde, habrá una pulseada a todo o nada entre los grupos piqueteros asociados al trotskismo nativo y las fuerzas del orden. Se pondrá a prueba la efectividad del protocolo ideado por la ministro de Seguridad y la voluntad del gobierno si —llegado el caso— debiese darle, al dispositivo formado por efectivos de la policía federal y la de la capital, la orden de reprimir.
Al margen de cuál sea la responsabilidad de las autoridades nacionales y cuál la del gobierno de Jorge Macri, al final del día los ojos estarán puestos más en Milei y en Patricia Bullrich que en cualquier otro funcionario. Es lógico que así sea, en atención al cambio de política que se ha producido con el triunfo del partido libertario. La idea de que la impunidad no será permitida —que va a contramano de las nociones garantistas instaladas entre nosotros por obra y gracia del kirchnerismo— tendrá su bautismo de fuego. Hasta el momento, ningún gobernante de los que se sucedieron desde el año 2003 a la fecha estuvo dispuesto a reprimir los cortes de rutas, avenidas y calles. Temerosos de que sobre ellos cayese la acusación de que criminalizaban la legítima protesta social, nada hicieron al respecto.
Milei no está dispuesto a tolerar semejantes actos. Pero es evidente que el gobierno arriesga más que el Polo Obrero y sus acólitos. Luego de lo que han afirmado respecto del tema la Bullrich y su par en el gabinete, Sandra Pettovello, el gobierno debe imponerse en toda la línea. No está en condiciones de sufrir un revés en el round inicial. Para los provocadores de izquierda, en cambio, no cumplir sus objetivos representará una derrota táctica. Nada más
Cuando el presidente, por la cadena nacional de radio y televisión, hizo el anuncio del decreto de necesidad y urgencia Nº70/2023, la pregunta que se formularon todos los interesados en el tema —políticos y abogados constitucionalistas, periodistas y consultores, por igual— fue la siguiente: ¿impericia o cálculo táctico? Si se analiza el paso dado por Javier Milei con arreglo a un criterio lineal, es fácil pensar que se tiró a la pileta sin saber a ciencia cierta si en ella había o no agua. La cuenta es sencilla de hacer con base en las voces que se levantaron a favor y en contra de la citada iniciativa en las dos cámaras del Congreso.
Respaldaron el DNU de la discordia los representantes del oficialismo y del Pro que han cerrado filas detrás de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. En contra —cierto que enarbolando distintos argumentos— se encolumnaron el peronismo kirchnerista, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Cambio Federal e Innovación Federal. A primera vista, los números no mienten. Puesto a votación, el decreto del gobierno sería rechazado. Conclusión: parecería que el jefe del Estado, por caprichoso e inexperto, marcha a una derrota segura, con las consecuencias gravísimas que un revés así, apenas comenzada su gestión, pudiese acarrearle.
Claro que hay otra explicación que no hace tanto hincapié en las sumas y restas concernientes a los defensores y opugnadores del DNU de marras, como a la estrategia general de los libertarios. Conforme a esta visión de las cosas, el presidente decidió jugar esa carta —la de una reforma revolucionaria y sin precedentes de la economía a través de un decreto ómnibus— en razón del factor tiempo.
Por un lado, sabe que el fenomenal espaldarazo que recibió de la mayoría de los argentinos en el ballotage, goza todavía de buena salud. Pero sus efectos, más temprano que tarde, comenzarán a erosionarse. La aceleración inflacionaria y la indexación de los contratos pueden hacer estragos en los próximos tres meses. Razón de más para actuar a toda velocidad. Por otro lado, Milei también es consciente de que, si hubiera enviado al Congreso un proyecto de ley con tantas modificaciones de normas y decretos, o varios proyectos a la vez, la discusión en el espacio que ocupa el Poder Legislativo hubiese sido interminable.
No actuó a tontas y a locas. No es un kamikaze dispuesto a inmolarse en defensa de sus ideas. Midió los pros y los contras y creyó conveniente tomar un camino colmado de riesgos —sin duda— pero de todas maneras susceptible de ser recorrido hasta el final con probabilidades de éxito. Por de pronto, el ya famoso decreto no se pondrá a discusión en las sesiones extraordinarias, de modo tal que habrá que esperar a marzo —en el mejor de los casos— para que sea tratado. Mientras tanto, cobrará vigencia.
El decreto en cuestión tendrá —al margen de cuál sea el camino que recorra en el Congreso— otra espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Los recursos de amparo que se han planteado en su contra hacen hincapié —como era de esperar— en su presunta inconstitucionalidad. La polémica al respecto ha comenzado y no han faltado reconocidos juristas —a quienes no se podría calificar de opositores al gobierno— que cuestionan duramente el mencionado DNU. Al fin y al cabo, en materia jurídica, con arreglo a la mitad de la biblioteca es dable formular un argumento sólido, y en consonancia con la otra mitad es posible demolerlo. Cuando el caso aterrice en la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo contendrá la respiración, cruzará los dedos y le prendera una vela a la Virgen.
La apuesta de Balcarce 50 parte de la base de que en los próximos tres meses regirá una economia de guerra. A partir de abril —imaginan en la Casa Rosada— que comenzará a despejarse el terreno. Si bien las consecuencias más duras del ajuste se prolongarán hasta después del invierno, a partir del segundo trimestre del año lo que debería apreciarse es una baja sostenida de la inflación.