El proceso para acceder al documento firmado el 28 de febrero pasado por el Poder Ejecutivo con la empresa HIF por la producción de combustibles sintéticos terminará insumiendo cinco meses.
El acceso a la información se reconoce como un Derecho Humano, siendo obligación del Estado garantizar su ejercicio. En especial el acceso a la información ambiental está determinado por la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381) y especialmente por el Artículo 5º del Acuerdo de Escazú que en nuestro país es la Ley 19.773.
En este caso se trata de conocer los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo con HIF, en lo que se dijo es el paso previo a un "contrato de inversión", el que como sucedió en el caso de UPM, y antes con Montes del Plata, el Poder Ejecutivo estaría negociando en secreto. Como los anteriores, este contrato que comprometerá por décadas al Uruguay y los uruguayos se firmaría sin conocimiento previo del Poder Legislativo, cuyos integrantes, salvo una excepción, no han movido un dedo para conocer el tenor de la negociación y menos para intervenir en ella como representantes que son de todos nosotros.
Desde el MOVUS entendemos que es contrario a los intereses del Uruguay la firma de estos contratos, con ellos se generan diferencias injustificadas entre empresas, a la vez que colocan a las empresas contratantes al mismo nivel del Estado en cuyo territorio y bajo cuyas leyes esas empresas esperan desarrollar actividades.
En el caso concreto del documento firmado el 28 de febrero en la Torre Ejecutiva por el Secretario de la Presidencia y varios Ministros, el mismo no se hizo público, por lo que el 5 de marzo se presentó por parte de Raúl Viñas, integrante del MOVUS, patrocinado por el Abogado Rodrigo Speranza, una solicitud para acceder al contenido del mismo.
El 9 de abril la Prosecretaría de la Presidencia notificó que el tiempo había sido "exiguo" para acceder a lo solicitado, seguramente no más de cuarenta fotocopias y el 7 de mayo notificó que no se daría acceso al documento por tener el mismo una "cláusula de confidencialidad" y por haber una resolución de Presidencia de la República, del 2 de mayo, declarando confidencial el documento y todo lo actuado entre el Poder Ejecutivo y la empresa HIF
Después de acciones preparatorias, se presentó una demanda de acceso en el Poder Judicial y el 18 de junio tuvo lugar la primera Audiencia. En ella los representantes del Poder Ejecutivo pidieron una prórroga para consultar con la empresa HIF sobre la entrega del Anexo al documento y la segunda Audiencia tuvo lugar el lunes 24 de junio.-
El miércoles 26 de junio el Juez dictó sentencia ordenando al Poder Ejecutivo la entrega, en un plazo de quince días, del documento firmado y su anexo, reservando como confidencial la información económico financiera de la empresa HIF que pudiera haber en el mismo.
Finalizada la feria judicial menor, el Poder Ejecutivo presentó un escrito que extraoficialmente supimos contiene la información que con tanto celo el Poder Ejecutivo se negó a entregar, a la que esperamos tener acceso finalmente el próximo lunes 22 de julio.
El proceso para poder ejercer nuestro derecho insumió, con costos para nosotros y el Estado; una Solicitud de Acceso a la Información, tres resoluciones de la Prosecretaría y una de la Presidencia de la República, una Demanda Judicial, alegatos, dos audiencias y una sentencia judicial a nuestro favor.
Habrán transcurrido desde que se inició el proceso casi cinco meses, cuando finalmente el lunes dispongamos de la información que el Poder Ejecutivo se negó a entregar, la analizaremos y difundiremos en nuestra web y en un próximo comunicado
Montevideo 19 de julio de 2024
Raúl Viñas 099 648 685
Ana Filippini 098 407 572
MOVUS - Movimiento por un Uruguay sustentable
Lunes y Jueves 19.30 hs https://www.youtube.com/@elpulsometrotv
Horacio Lampariello, Héctor Amodio Pérez y Álvaro Alfonso
Las AFAPs los bancos, pedido de informe a el ministerio de Cultura y otras cuitas más.
https://youtu.be/sliVWMTaHSw?si=YUd0yTt99lKDX3ux
Cernidor 125, correspondiente al día 18 de julio de 2024.
(transcripción intervención apertura programa de Amodio)
Hoy se cumplen 194 años de la jura de la primera constitución, elaborada por José Ellauri, Jaime Zudañez, Juan F. Giró, Cristóbal Echevarriarza, José A. Zubillaga, Luis B. Cavia y el presbítero Solano García, todas figuras de cultura humanística y con formación letrada. Dada la naturaleza del tema, la formación letrada debía ser una condición indispensable, pero yo quiero destacar la condición humanista.
En 1830 la Constitución ignoró la existencia de los partidos políticos, porque se consideraba que, entre el Estado y el individuo no debía interponerse ninguna otra agrupación humana.
Con el paso del tiempo, los partidos políticos se han aprovechado de la constitución y en algunos casos, sencillamente la han ignorado. La condición humanista ha pasado al olvido y todo se mide en función de la rentabilidad económica para los partidos de la función de gobierno. Y esos mismos partidos, para disimular los incumplimientos de la constitución crearon un estado paralelo que le da forma legal a lo que de otra forma sería un delito.
Poco a poco, los estados han ido abandonando a sus ciudadanos a sus propias fuerzas, dejando de prestarles los derechos que la misma constitución les consagra, en materia de trabajo, salud, enseñanza y en la defensa de ese mismo ciudadano ante los abusos que el mismo estado pueda cometer.
Lo hace para poder dar paso, en la prestación de esos derechos, que pasan a ser una mercancía, a los mismos capitales que luego les permiten mantenerse activos.
En el programa pasado Horacio comenzó a plantear el tema de las AFAP, un invento de los bancos para captar capital a bajo costo, con la promesa de en un futuro mejorar su sistema de vida, habida cuenta de la progresiva disminución de los ingresos del actual BPS como consecuencia de la también progresiva destrucción de la industria nacional en general. No quiero restarle tiempo a Horacio ni a Álvaro, pero antes quiero recordar dos frases: de Bertold Bretch Robar un banco es un delito, pero es más delito crearlo, y la otra de Mark Twain: El banquero es alguien que te presta su paraguas cuando hay sol y te lo retira cuando llueve.
Y para terminar una anécdota: en el 2017, la Suprema Corte me autorizó a viajar a España. Me pidió como aval una cantidad de UR que en pesos redondos eran 1.500.000. Yo no lo tenía. Me los prestaron. Tuve que depositarlo en el República, el banco país. A mi vuelta, tuve que hacer ante la Corte la reclamación y luego presentar la documentación ante el banco. Entre una cosa y otra, pasaron más de dos meses.
Cuando me presenté a cobrar, el banco país me descontó una comisión, unos 300 pesos, por haber tenido mi dinero, que yo había ingresado no por mi gusto, sino por una resolución judicial que me retenía en Uruguay pese a que el tribunal de apelaciones ya había tirado abajo el procesamiento.
Alguien se cree que el banco país tuvo mi millón y medio guardado en un cajón? Lo prestó al 30% de interés, que es lo que cobra, o sea que se hizo con más de 100.000 en los tres meses que tuvo mi dinero. Encima me sacó otros 300.