*Para poder jubilarse con 60 años (no es obligatorio).
*Tener una jubilación mínima igual al salario mín. nacional $21.107
*Eliminar las AFAP por ineficientes, costosas e inseguras.
Benjamín Nahoum -Brecha 12 julio, 2024
-ESCENARIOS
Aunque una buena parte del sistema político no quiere discutir las cuestiones de fondo de la seguridad social y otra no quiere ni acordarse de que el tema existe, la elección nacional de octubre, según lo que suceda en el plebiscito, marcará un mojón fundamental para la política social y económica en los años futuros. En muchos de los años futuros.
No es arriesgado, por lo tanto, afirmar que su resultado puede ser tanto o más importante que el de la misma elección nacional. En efecto, los escenarios serán muy distintos si el plebiscito se aprueba o no, como también lo serán si gana el Frente Amplio (FA) o, en segunda vuelta, la coalición «multicolor».
De cualquier modo, los problemas de la seguridad social (que no son solo de déficits, supuestos o reales, sino, asimismo, y sobre todo, de la calidad de sus respuestas) seguirán planteados en el próximo período y el que gobierne deberá encararlos cuanto antes. Si el plebiscito es aprobado, ello significaría que el punto de partida será más favorable para los trabajadores y los pasivos, porque los efectos más regresivos de la reforma de 2023 habrán sido desactivados: el impuesto al trabajo que significa tener que aportar cinco años más para poder jubilarse ya no existirá, las rebajas a los montos de jubilaciones y pensiones aprobados el año pasado verán sus efectos contrarrestados por el aumento de los mínimos, y la dotación de jubilaciones y pensiones dejará de ser un negocio cuyo costo hoy pagan los trabajadores, una parte de cuyos aportes se destina a cubrir las comisiones de las «administradoras». Entre comillas porque, en realidad, no son eso, sino una suerte de corredor de bolsa que recibe del Banco de Previsión Social (BPS) los aportes que los trabajadores hacen a las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) y coloca ese dinero, bajo ciertas reglas, en el mercado financiero, cobrando por ello. Un buen negocio por donde se lo mire… si se lo mira del lado de las AFAP.
Si el plebiscito no se aprueba, en cambio, el punto de partida será el actual, aprobado por este gobierno luego de una serie de discusiones y consultas en las que solo sus representantes y el de los empresarios mostraron su acuerdo con las «soluciones» propuestas. Es bueno recordar que incluso el director del BPS en representación de los empresarios, José Pereyra, enrostró a los legisladores oficialistas cuando concurrió al Parlamento durante la discusión de lo que hoy es la ley 20.130: «Ustedes tienen la responsabilidad de votar una reforma que no es del agrado de los uruguayos, que no ha sido de su agrado, que no lo será» (El Observador, 10-II-23). Pero estaban los votos y se votó, más allá de todas las objeciones y disgustos.
EL FA EN SU LABERINTO
¿A cuál de los dos grandes bloques políticos que hoy actúan en el país le corresponderá enfrentar el problema a partir de marzo del año próximo? Más allá de los pronósticos y los deseos, está claro… que no está claro por ahora. Si la ciudadanía reelige a la coalición con su conducción herrerista, es claro que estarán firmes los 65 años (o más, si el gobierno lo entiende necesario y la medicina continúa sus avances), los mínimos seguirán siendo mínimos y las AFAP gozarán de buena salud y buenos dividendos. Y el dinero que el plebiscito impone destinar a un sistema jubilatorio decoroso (lo que impide, según el exministro de Defensa Nacional Javier García y otros connotados dirigentes del gobierno, destinarlo a eliminar la pobreza infantil) podría seguirse destinando a comprar lanchas de vigilancia y aviones de combate, concretando lo que el doctor García califica como «el mayor proceso de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas que se tenga conocimiento en el Uruguay» (Medios Públicos, 9-VII-24).
Si, por lo contrario, gana el FA, también está claro que hay un unánime rechazo a la reforma de 2023, no tan claro que lo haya a la de 1996, que creó las AFAP, y tampoco muy claro todavía cuáles serían las soluciones a proponer después del previsto diálogo social, cuya realización, en cambio, no suscita ningún rechazo.
En la orgánica del FA esas preguntas deberían responderse leyendo las bases programáticas (BP) aprobadas por el Congreso de noviembre de 2023 o, su resumen más conciso, las «33 prioridades programáticas para un plan de gobierno 2025-2030», aprobadas por la Mesa Política en abril pasado. Y ese sería el mandato para cualquier gobernante, incluido el ministro de Economía y Finanzas, sea Gabriel Oddone o Daniel Olesker, los candidatos que el doctor Andrés Ojeda propone para ese cargo, quizá como parte de su cruzada para derrotar al FA.
Y bien, en la página 35 de las BP, en el marco del diálogo a impulsar, se propone: « […] generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad […]. Impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo), y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1 de marzo de 2025. Mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social. Revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, en particular las inequidades en los aportes, siempre bajo la premisa de que aporten más quienes tienen más».
Puede que este texto, formulado y aprobado cuando ya se conocía el contenido de la papeleta del plebiscito, origine varias lecturas, pero la mía, por lo menos, es que propugna mantener la edad mínima para jubilarse en los 60 años, aumentar las prestaciones mínimas para llevarlas a niveles decorosos y eliminar el lucro de los pilares de la seguridad social, lo que aunque no suprima el ahorro individual, como hace la papeleta, sí suprime la participación de las AFAP, lucrativa si las hay. Y, en todo caso, la mención «al marco constitucional vigente al 1 de marzo de 2025» se atiene, como no podría ser de otra manera, a lo que se disponga en el plebiscito.
DIÁLOGO SOCIAL: CÓMO Y PARA QUÉ
El convidado de piedra en todo este asunto es el diálogo social que el FA propone como paso previo a cualquier otro en el tema de la seguridad social, diálogo al que concurriría con las propuestas recién vistas, de las que, sin embargo, no se habla mucho.
Y aquí empiezan las interrogantes: ¿qué diálogo social es el que se propone? ¿Quiénes participarán? ¿Cómo se desarrollará? ¿Qué resultados se esperan?, ¿propuestas concretas, ideas generales, un mapa de acuerdos y discrepancias? ¿Cómo se definirán esos resultados?, ¿con consensos, mayorías, mayoría con algún tipo de calificación? ¿Cuál será el escenario?, ¿el Parlamento, un ámbito específico? ¿Será sometido el resultado posteriormente a la consideración de la ciudadanía, mediante un plebiscito, para que tenga la máxima legitimidad posible?
Las BP del FA no dan respuesta a estas preguntas: solo se plantea que se propone «convocar a un amplio, democrático y genuino diálogo social entre todas las organizaciones políticas y sociales, representativas del conjunto de la sociedad, a fin de procurar el mayor de los acuerdos posibles para llevar adelante los cambios y las mejoras que deben introducirse en nuestro sistema de seguridad social, atendiendo a las necesidades y características de la sociedad actual».
Y las BP menos dan respuesta a algunas preguntas clave: ¿por qué se espera que este diálogo dé un resultado distinto del que ya se dio en el ámbito de la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por la Ley de Urgente Consideración, primero, en el Parlamento, después, y también en la discusión pública generada cuando se conoció la propuesta del gobierno multicolor? ¿Qué sucederá si el «mayor de los acuerdos posibles» no es suficiente, como puede presumirse, y solo conduce a un empate pírrico? ¿La búsqueda en un ambiente tan variopinto del «mayor de los acuerdos posibles» no conduciría solo al statu quo, con lo cual los ganadores seguirán ganando y los perdedores seguirán perdiendo?
Y ¿cómo se hará para zanjar la gran diferencia que existe en todo este asunto: de dónde deben salir los recursos que sustenten el sistema de seguridad social? ¿De los trabajadores, a través de mayores aportes, y de los pasivos, a través de menores prestaciones, que es la solución de la reforma multicolor? ¿O de sectores con capacidad contributiva que hoy no son afectados suficientemente porque seguimos esperando que los «malla oro» compartan un poco o porque, aunque el viento cambie, consiguen ser exonerados o directamente eludir el pago de sus contribuciones?
Todo asegura que si no se produjo antes otro cortocircuito del diálogo social, cuando se llegue a este punto saltarán todos los fusibles. ¿Qué pasará entonces? ¿Aceptaremos que, siendo los diálogos previos siempre buena cosa, y tanto mejor cuanto más amplios, profundos y francos, los grandes cambios no se hacen por consenso, sino construyendo hegemonías? Y que no hay mejor forma de legitimarlas que permitiendo que la decisión final la tengan todas y todos, lo que en este país se llama ejercicio directo de la soberanía por el cuerpo electoral: referendos y plebiscitos.
"El plebiscito de la seguridad social le cuesta la elección al Frente", sentencian algunas fuentes de la propia izquierda.
"Un candidato que no habla por miedo al error y que, en las pocas veces que lo hace, no dice nada coherente, generando confusión e incertidumbre en la población", agregan.
"Los comunistas asociados con Constanza Moreira y Michelini van a tener su peor elección desde que se fundó el Frente Amplio", vaticinan.
"Fue un grave error de Mujica entregarle la conducción del Frente a los sindicalistas", agregan.
"Si perdemos la elección nacional, se nos va a complicar la unidad interna y con ello también las elecciones municipales en Montevideo y Canelones", explican los frenteamplistas más críticos.
La discusión se da a escasos días de la elección del 27, con los ánimos de dirigentes y militantes frentistas en baja, así como un gran desconcierto que se trasmite a las bases, con una campaña errática y desordenada.
Con Orsi, un candidato que ha dejado de hablar porque cada vez que lo hace demuestra su profunda ignorancia en temas nacionales e internacionales.
El candidato "menos capacitado para el cargo", de todos los que ha tenido el Frente Amplio en su historia, según reconocen muchos de sus propios votantes.
Con Cosse, una candidata muy resistida en la interna frentista, a la que el mismo partido comunista que es su principal apoyo, responsabiliza por la magra votación obtenida en la interna del 30 de junio.
Una candidata que tampoco conoce los temas nacionales y no ha logrado "meterse" en la campaña. Navega por las reuniones y actos partidarios, ausente y distante de los hechos que marcan la agenda política en las últimas semanas.
Crecen las malas noticias para Alejandro "Pacha" Sánchez, el verdadero poder detrás de Orsi, así como aumenta el desasosiego del equipo de campaña y el aparato de militancia del Frente Amplio, ante la información que reciben de los sondeos de opinión pública, que los dan atrás de la Coalición Republicana en todo el país.
Los nervios por la sensación de derrota, una vez más, multiplican las graves discrepancias internas que afloran entre los equipos de Orsi, Cosse y dirigentes emepepistas y comunistas.
A la vez, se suman las fuertes desavenencias entre las distintas corrientes de opinión dentro del PIT CNT, a causa del plebiscito para derogar las AFAPS y la reforma de la seguridad social.
La campaña sucia denunciada por el candidato presidencial colorado Andrés Ojeda en conferencia de prensa, sobre las "fake news" publicadas por un asesor argentino de Orsi en YouTube, parece demostrar la desesperación que ha ganado a las huestes emepepistas en los últimos días.
Todos los sondeos serios están dando una mayoría importante para los partidos de la Coalición Republicana, con el Partido Nacional en la primera posición y el pase de la fórmula Delgado-Ripoll al balotaje de noviembre. También indican un significativo crecimiento del Partido Colorado, razón por la cual se ha convertido en el objetivo de los "desvelos" de Orsi, el "Pacha" Sánchez y sus asesores kirchneristas.
Hasta hace un par de meses los delirios de Fernando Pereira, el propio Orsi y el grupo de periodistas contratados para elaborar el relato falso, pretendían ilusionar a sus adherentes con la posibilidad de un triunfo en primera vuelta.
Esa descabellada narrativa que, nadie con un mínimo de información sobre la política nacional podía considerar seriamente, demostró hasta dónde son capaces de llegar algunos dirigentes frenteamplistas en su afán de elaborar relatos falsos.
El Frente ya ha demostrado que es capaz de repetir hasta el infinito cualquier mentira descarada, como les recomendó el ex político español Pablo Iglesias, cuando vino a adoctrinar a los militantes hace un par de años y dejó su "célebre" frase: “La mentira es ideológicamente más eficaz que la verdad, y es más rentable".
El Frente Amplio se durmió en los laureles del resultado de la interna del 30 de junio, creyendo que le aseguraba una victoria en octubre, sin considerar que en esa elección apenas votó un 36 por ciento de los habilitados para hacerlo. Fue la menor participación de la ciudadanía en la historia de las elecciones internas.
La prensa, en su enorme mayoría adicta al Frente Amplio y protagonista principal de la campaña electoral, ante la ausencia de Orsi en el debate y en los medios, tampoco reparó en ese "pequeño" detalle y se lanzó a publicitar un exitismo exagerado, sin realizar un mínimo análisis de lo sucedido.
En los últimos días, las encuestadoras comienzan a afinar el trabajo, hay menos indecisos y asoma una realidad que desconcierta a los frenteamplistas.
El relato se desvanece. 16/10/24
ALFREDO LARA
Hoenir Sarthou voces 16/1024
Si hay un efecto positivo causado por el plebiscito de reforma constitucional de la seguridad social es que, en este período electoral, es el único asunto que genera debates conceptuales, de fondo. El único que no se reduce a videos de gimnasio, bailes tropicales, jingles pegadizos, imágenes fotoshopeadas, signos astrológicos y discursos huecos.
Eso, aunque es un avance, no significa que los debates estén exentos de falacias y manipulaciones. De hecho, algunos de los argumentos esgrimidos contra la reforma podrían competir por el “Oscar” a la argumentación falaz.
Voy a analizar argumentos manejados en los últimos días por el diputado Eduardo Lust y por el Dr. Rodolfo Saldain. Personas por las que, al igual que por el diputado Ope Pasquet, al que me referí la semana pasada, tengo respeto intelectual y buena relación personal desde hace muchos años. Pero, obviamente, la estima personal no excluye la posibilidad, y a veces la necesidad, de discrepar leal y frontalmente.
Lust se ha dedicado a cuestionar, ya no la conveniencia de la reforma, sino la legitimidad de plantearla. Primero sostuvo que la Corte Electoral debió rechazarla. Y luego argumentó que esta reforma, y la de “deuda justa”, que se plebiscitará en las elecciones departamentales, son ilegítimas debido a que contienen disposiciones retroactivas.
Lamento tener que señalar que son dos falacias sin respaldo constitucional ni normativo. Y, lo que lo hace más grave, se fundan en una lógica completamente reñida con la democracia.
En primer lugar, la Corte Electoral no tiene ninguna facultad para aprobar o rechazar una iniciativa popular por su contenido.
Basta leer el literal A) del artículo 331 de la Constitución para observar que la única exigencia para promover una iniciativa popular de reforma es presentar el proyecto, con la firma del 10% de los integrantes del Cuerpo Electoral, al Presidente de la Asamblea General. Es decir, no a la Corte Electoral, sino al Parlamento. Que tampoco tiene facultades para aprobar o rechazar el proyecto, sino apenas para formular proyectos alternativos que también deberán ser sometidos a plebiscito en el mismo acto electoral.
La razón de este mecanismo es sencilla. Como el cuerpo electoral es quien ejerce la soberanía nacional, es la máxima autoridad de la República, por lo que su voluntad no puede estar sometida a ninguna autoridad inferior, ni la del Parlamento, ni la del Presidente, ni la de la Corte Electoral. Por una simple razón: “donde manda capitán no manda marinero”. ¿Se entiende?
El hecho de presentar las papeletas a la Corte Electoral antes de reunir las firmas, para prevenir objeciones y disputas sobre aspectos prácticos o formales, no significa en absoluto que la Corte pueda opinar ni mucho menos juzgar el contenido del proyecto. Hay proyectos que prescinden de esa consulta previa, como el de la reforma “Uruguay Soberano”, por entender que basta con atenerse al texto constitucional y presentar el texto con las firmas ante el Presidente de la Asamblea General.
El otro argumento de Lust, de que la iniciativa sobre la seguridad social, y la de “deuda justa”, son ilícitas porque contienen disposiciones retroactivas, es también inaceptable.
La Constitución es el instrumento normativo por el que un cuerpo soberano, la ciudadanía actuando como cuerpo electoral, define su organización política y las pautas básicas bajo las que debe desarrollarse su vida social. La Constitución es, de alguna manera, la vía por la que se convierten en derecho los grandes cambios de paradigma político y social. Por lo tanto, su contenido no está regulado ni limitado por ninguna norma previa, porque toda norma jurídica es inferior en jerarquía y puede ser dejada sin efecto por la ciudadanía actuando en función constituyente. Este concepto es esencial para afirmar que vivimos en un régimen democrático. Porque, si alguna autoridad pudiese limitar los contenidos de la Constitución, la ciudadanía no sería soberana y no viviríamos en un régimen de fundamento democrático.
Esa falta de límites a la voluntad popular, esencial para que los cambios históricos puedan producirse dentro del sistema institucional, comprende desde siempre la posibilidad de dictar disposiciones que eliminan derechos y modifican situaciones jurídicas previas. Ejemplos sobran: si no se pudiesen eliminar derechos y cambiar situaciones jurídicas preexistentes, seguiríamos siendo hoy y eternamente súbditos del Rey de España o del Emperador del Brasil, y seguiríamos teniendo esclavos. Si esas situaciones cambiaron fue porque disposiciones constituyentes del pueblo uruguayo las dejaron sin efecto, anulando sin pudores los derechos del Rey de España y del Emperador del Brasil y los títulos de propiedad de los dueños de esclavos. ¿Alguna duda?
Si pudimos dejar sin efecto los derechos de los reyes y los títulos de los propietarios de esclavos, ¿cómo no vamos a poder dejar sin efecto el derecho de las AFAPs a embolsarse el 20% de los ahorros de los trabajadores uruguayos y a especular con el 80% restante?
SALDAIN: PENSAR FUERA DE LA CAJA
En un debate público de esta semana, en el que participaron el diputado Ope Pasquet, el Dr. Rodolfo Saldain, la Presidente de ATSS, Karina Sosa, y el Prof. Sergio Somaruga, el Dr. Saldain formuló uno de los argumentos más efectivas contra el proyecto de reforma.
Quiero destacar ese argumento porque pone en evidencia la profundidad y los verdaderos alcances de lo que está en juego en esta reforma constitucional.
La tesis de Saldain es que la reforma causará daños calamitosos a breve plazo, porque impedirá que quienes administran los organismos del Estado puedan seguir usando los fondos previsionales, que obtienen a bajo interés, y los obligará a salir a pedir dinero prestado a los bancos y organismos de crédito internacionales, con intereses mucho más altos, lo que llevaría a aumentar impuestos y a otras serie de desastres, confirmando que los bancos y organismos de crédito tienen el corazón y los bolsillos más duros que los trabajadores uruguayos, a los que se les puede pagar menos interés, e incluso usar su dinero para prestárselo a los bancos y organismos de crédito, como lo hacen las AFAPs.
El argumento impacta si uno no sabe en qué gastan la plata los administradores del Estado, incluida la que obtienen de las AFAPs por compra de títulos de deuda pública, que es aproximadamente el 40% de los ahorros previsionales del sistema privado.
Para empezar, aproximadamente 300 millones de dólares anuales se los embolsan las AFAP directamente, por comisiones y pago de seguros.
Unos 600 millones de dólares anuales se destinan innecesariamente a pagar a los generadores privados de energía eléctrica que, por contrato, debemos pagar la usemos o no. Otros casi 200 millones de dólares por año se usan para pagar el tren de UPM2. A ello debemos sumar cantidades millonarias pero secretas comprometidas para el pago de vacunas de contenido desconocido. Y lo que pagamos por el monstruoso endeudamiento que ya tenemos. Y los nuevos préstamos contraídos con el FMI durante la pandemia. Más los que nos encajaron el BID y el Banco Mundial para implementar la transformación educativa, y, paradójicamente, el FMI para implementar la ley de reforma previsional que redactó el propio Saldaín.
Ni hablemos de lo que nos costarán el proyecto Neptuno, y los de hidrógeno verde. Ni del agua que regalaremos, ni de los impuestos que resignaremos, ni del puerto de Montevideo y sus tarifas entregados a una empresa privada.
La pregunta que sale del alma es: ¿por qué preocuparnos por unos cientos de millones que irán a manos de los jubilados, si regalamos miles de millones y recursos a manos llenas a inversores y especuladores financieros que no nos dan nada a cambio, salvo más deudas?
Esa es la pregunta que deberían responder el gobierno y el principal partido de oposición cada vez que se oponen al “sí” a la reforma y nos anuncian desastres si gana.
Ope Pasquet voces 16/10/24
En su edición del pasado jueves 10 de octubre, Voces publica una nota del Dr. Hoenir Sarthou en la que este critica una nota mía publicada en El Observador el sábado 5 de octubre, bajo el título “La experiencia de los cincuentones”. Mi nota comentaba un estudio técnico del BPS acerca de los resultados de la aplicación de la Ley 19.590, “ley de cincuentones”. Dicho estudio, firmado por la Esc. Nadya Camerosano y el Ec. Roberto Ayuto, expone y analiza abundante información acerca del modo en que los cincuentones hicieron o no hicieron uso del derecho que les dio la ley citada, de desafiliarse del régimen jubilatorio mixto (BPS+AFAP) establecido por la ley 16.713 y acogerse al régimen exclusivamente de reparto (solo BPS), en los términos del Título VI de esa ley (“Régimen de Transición”). Por mandato legal, antes de optar por desafiliarse del régimen mixto los cincuentones debían necesariamente recibir el asesoramiento del BPS.
Resulta que de los 140.882 cincuentones, solo 84.286 -es decir, el 60% del total- fueron al BPS a asesorarse para hacer uso, eventualmente, de la opción legal; el otro 40% ni siquiera se molestó en ir a hacer la consulta. Y de los 84.286 asesorados, sólo 36.729 -o sea, el 44%- optaron por desafiliarse del régimen mixto.
La conclusión que yo saqué de los datos reseñados fue que “lo que la reforma del PIT-CNT propone es imponer con carácter general y obligatorio una solución que la mayoría de las personas rechaza cuando considera, contando con la información y el asesoramiento pertinentes -esto es fundamental- cómo la afectaría concretamente en su caso particular”.
Sarthou critica mi planteo y lo califica de “falacia” porque dice que omite considerar dos datos relevantes: la deuda con el BPS que la ley de cincuentones obligaba a pagar a quienes quisieran cobrar la jubilación del BPS, y la quita del 10% que esa ley imponía a tal jubilación. De no haber sido por esos “obstáculos monumentales”, dice Sarthou, se hubiera producido “el éxodo de los cincuentones hacia el sistema público”.
¿De qué deuda se trata? De la generada como consecuencia de que, en el régimen mixto de la ley 16.713, por los ingresos superiores a lo que hoy son, en números redondos, $260.000, no se debía aporte alguno ni al BPS ni a la AFAP, mientras que en el “régimen de transición” establecido por esa misma ley se debe aportar por el 100% del sueldo. De ahí que los que pasen de un régimen a otro deban pagar lo que corresponde en el régimen al que optaron libremente por acogerse. “Donde está el beneficio está la carga”, decían los juristas de la antigua Roma. Quien quiera obtener los beneficios de un régimen determinado, debe hacerse cargo de las obligaciones correspondientes.
Lo que omite decir Sarthou es que la reforma que propone el PIT-CNT sigue el mismo criterio. La Disposición Transitoria y Especial V’’’’ establece: “La ley reglamentará los aportes personales correspondientes a las asignaciones computables del tercer nivel previsto por el literal C del Art. 7 de la Ley 16.713, del 3 de setiembre de 1995”. O sea: deberá dictarse una ley para reglamentar el pago de esa deuda (palabra que la papeleta prudentemente omite para no espantar al votante), tal como lo hizo la ley de cincuentones (artículo 14). Quienes no optaron por la desafiliación para no asumir ese pasivo tampoco deberían votar a favor de la reforma, por la misma razón.
El otro punto es el descuento del 10%, establecido a instancias del Ministerio de Economía y Finanzas porque al Cr. Astori le preocupaba, efectivamente, la sostenibilidad del sistema (minucia que no quita el sueño al PIT-CNT).
A juicio de Sarthou, la quita del 10% fue determinante para que solo el 37% de los cincuentones abandonara el régimen mixto. Es una conjetura de imposible verificación. Cuando la propaganda del SI muestra recibos de jubilaciones AFAP (en rigor: rentas vitalicias del Banco de Seguros) de $300, como si fueran una muestra representativa del conjunto, cuesta creer que un 10% menos en las jubilaciones BPS haya sido un “obstáculo monumental” para cambiar de régimen.
Coincido sí, obviamente, en la necesidad de que el debate acerca de la propuesta del PIT-CNT contraponga datos ciertos y argumentos racionales para ilustrar todos los aspectos de la cuestión. En este sentido, los partidarios del SI están en deuda con la ciudadanía. Apelan a la emoción más que a la razón. Nos conmueven diciéndonos qué bueno sería pagar mejores jubilaciones y pensiones pero no explican cómo van a financiarlas después que se acaben los 23.000 millones de dólares que quieren confiscar (con evidente y grave menoscabo de la seguridad jurídica, que tampoco desvela al PIT-CNT).
Los estudios técnicos estiman que ese dinero podría durar entre 13 y 15 años, si se destinara exclusivamente a pagar jubilaciones y pensiones (lo que no resulta del texto de la papeleta, agrego yo, que deja a la ley reglamentaria la definición de los fines y los beneficiarios del fideicomiso a crear). ¿Y después, qué? “Hay tiempo para pensar”, “mañana se verá…”; de esta calidad son las respuestas.
A contramano de la demografía, prescindiendo de estudios actuariales e ignorando la opinión de los economistas de todos los partidos políticos, a puro voluntarismo y demagogia, se le propone a la ciudadanía incrustar en la Constitución una reforma impagable que aumentará el déficit, los impuestos, la emisión monetaria y la inflación y reducirá la inversión pública y privada, el crecimiento y el empleo; pero todo, eso sí, en nombre de la solidaridad y la justicia social.
Esta es la colosal falacia que hay que combatir.