Las organizaciones firmantes repudiamos enérgicamente la apertura de la “oficina de innovación y emprendimiento” realizada el 19 de diciembre por el gobierno uruguayo –con participación de la ANII– en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sabemos cómo operan en el discurso sionista los términos innovación y cooperación para el desarrollo de tecnologías avanzadas: es una estrategia para lavar la imagen de Israel e invisibilizar sus prácticas colonialistas, de apartheid y genocidio, con el objetivo de controlar las percepciones y acciones de las élites de poder, las fuerzas políticas y la opinión pública.
El año pasado hubo un pronunciamiento contra la iniciativa y dijimos: este paso sigue alejando a Uruguay de la legalidad internacional y lo posiciona estrechando vínculos de normalización con el régimen de apartheid israelí. Al hacerlo, legitima sus constantes violaciones del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de innumerables resoluciones de la ONU y de los derechos fundamentales del pueblo palestino, en particular el de autodeterminación.
La comunidad internacional no reconoce la soberanía del Estado de Israel sobre Jerusalén, ni la anexión unilateral e ilegal (“unificación”) que ese país realizó en 1980 de la parte oriental (tras ocupar en 1948 la parte occidental y en 1967 el resto de la ciudad), en la cual según el consenso internacional el pueblo palestino debería ejercer su derecho a la autodeterminación. Por eso casi ningún país tiene su embajada en esa ciudad (la movida de EE.UU. con Trump en 2018 solo fue imitada por Guatemala, Honduras, Paraguay y Kosovo). Más aún, la Ciudad Vieja –donde están los sitios históricos y religiosos más importantes para las tres religiones monoteístas– se encuentra en Jerusalén Oriental, y por lo tanto según la ONU es territorio palestino ocupado.
Dijimos también: Uruguay no puede salirse del consenso internacional para alinearse con los intereses de la potencia ocupante y su régimen de apartheid. Uruguay, como firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (aprobado porLey Nº 17.510 de 27/06/2002 y Ley Nº 18.026 de 25/09/2006) tiene la obligación legal no solo de no colaborar con un régimen de apartheid, sino de trabajar activamente para ponerle fin. Por eso rechazamos la apertura de una oficina paraestatal en Jerusalén y cualquier medida tendiente a ignorar las resoluciones y mecanismos de la ONU.
Hoy, a 15 meses de la intensificación del genocidio continuado y brutal en Gaza (producto inevitable de 76 años de ocupación colonial ilegal e impune), esta iniciativa es todavía más inadmisible y escandalosa. Desde el punto de vista ético y humanista, pero también legal, ya que este año en particular la ONU emitió importantes dictámenes y resoluciones que Uruguay, como Estado miembro, está obligado a cumplir. La lista de dichos pronunciamientos es muy larga, pero citamos dos en especial:
- la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (19/7/24) que reiteró la ilegalidad del régimen de ocupación colonial israelí, calificándolo además de apartheid, y la obligación de los Estados miembros de la ONU de no colaborar para sostenerlo, sino por el contrario, de tomar medidas efectivas para ponerle fin en la forma de sanciones y suspensión de relaciones;
- la resolución de la Asamblea General (13/9/24) que hizo suyo ese dictamen de la CIJ con 124 votos a favor (y con la vergonzosa abstención de Uruguay, como durante casi todo este período de gobierno).
Lo decimos con claridad: la acción del gobierno uruguayo viola la legalidad internacional y convierte a nuestro país en cómplice del genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, así como de sus crímenes y su expansión colonial bélica en Cisjordania, Líbano, Siria y toda la región. Exigimos al gobierno saliente, así como al entrante, que rectifiquen el rumbo, clausuren la oficina y, en cumplimiento de los mandatos de la ONU, pongan fin a este y a cualquier otro proyecto de cooperación e intercambio con universidades, instituciones o empresas israelíes involucradas y al servicio del régimen de dominación colonial, ocupación militar, apartheid, agresión bélica y exterminio de la población árabe nativa de Palestina y de sus territorios vecinos.
Por último, reiteramos nuestra plena solidaridad con el pueblo palestino y su derecho inalienable a la autodeterminación y a vivir en libertad, justicia e igualdad en su territorio ancestral y con plenos derechosen el seno de la comunidad internacional.
Montevideo, 2 de enero de 2024.
Campaña Espacios Libres de Apartheid – Uruguay (ELAUy)
Coordinación por Palestina Uy
Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino
PIT-CNT
Secretaría de DDHH del PIT-CNT
Secretaría de DDHH, Diversidad y Género de AFFUR
SUNTMA, PIT-CNT
FUCVAM
FEUU
CRYSOL - Asociación de Ex-presos Políticos de Uruguay
SERPAJ
Cotidiano Mujer
Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA)
Colectivo Contraimpunidad
Colectivo “Sandía en Acción”
Redes – Amigos de la Tierra
Unidad Popular – Frente de los Trabajadores
Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití
Plenaria Memoria y Justicia
Frente de Lucha Ambiental "Delia Villalba"
Red de Ollas al Sur - CPS
Somos Barrios
Rebeldía Organizada
Jacarandá. Cultura de la Memoria
Comisión Derecho a la Ciudad
Publicación digital La Posta Porteña
Contacto:091 498 005 – campanaelauruguay@gmail.com
Ver información adicional y de contexto en la página siguiente.
Información adicional sobre Jerusalén
Jerusalén es la materialización visible del apartheid israelí y sus políticas de discriminación, exclusión y eliminación de la población palestina. Mediante desalojos forzados, demoliciones de viviendas, denegación de permisos de construcción, de residencia y de unificación familiar a la población palestina –mientras se construyen más y más colonias ilegales–, el Estado de Israel ejecuta políticas de desplazamiento forzado y limpieza étnica en Jerusalén oriental, en abierta violación de la 4ª Convención de Ginebra. Sus 300.000 habitantes palestinas/os carecen de derechos civiles y políticos; solo tienen un ‘permiso de residencia’ en su ciudad natal, que puede ser revocado en cualquier momento para forzarles a abandonar la ciudad, donde la Autoridad Palestina no tiene jurisdicción alguna. Jerusalén está encerrada por el Muro y una docena de puestos de control militar, por lo cual el resto de la población palestina de los territorios ocupados solo puede entrar a su capital histórica y espiritual mediante permisos muy difíciles de obtener, mientras la población israelí tiene libre acceso a ella.
Información adicional sobre la Universidad Hebrea de Jerusalén
y demás universidades israelíes
Todas las universidades israelíes son parte del establishment militar, elaboran alta tecnología bélica e inteligencia (incluyendo inteligencia artificial) para la guerra de aniquilación. Son partícipes del genocidio, no han condenado el academicidio ni la destrucción de todas las universidades de Gaza, discriminan sistemáticamente y reprimen a docentes y estudiantes palestinas/os que denuncien el genocidio o critiquen las políticas oficiales. Ejemplos:
- La Universidad Hebrea de Jerusalén se jactó de proporcionar “diversos equipos logísticos a varias unidades” para el genocidio en Gaza; alberga en su campus una base militar donde se permite a los militares circular armados y de uniforme; participa en el programa Alfa del estado mayor del Ejército para formar militares en disciplinas científicas que son aplicadas en las unidades de inteligencia, de tecnología y de guerra electrónica y cibernética en el ejército israelí y en el programa Atuda (Reserva) de formación de cuadros científicos; ofrece edificiosa las fuerzas israelíes para reprimir a comunidades palestinas vecinas; los graduados de su programa militar Talpiot, patrocinado por la Fuerza Aérea y el Ejército de Israel, cursan estudios militares superiores mientras sirven en el Ejército, utilizando así su experiencia para fomentar la investigación y el desarrollo de tecnología militar.
- Parte del campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén, así como la totalidad de la Universidad Ariel, están construidas sobre territorio palestino ocupado, en violación del derecho internacional (IV Convenio de Ginebra y Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).
- La Universidad de Tel Aviv dirige programas conjuntos con el ejército y las industrias armamentísticas de Israel. También alberga el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), que se jacta de haber desarrollado la llamada doctrina Dayhiya, o de fuerza desproporcionada, que exige «la destrucción de la infraestructura nacional y un intenso sufrimiento entre la población [civil]». Además, instituyó un curso de hasbara (propaganda) para justificar el genocidio y recaudó fondos para apoyar a los soldados que cometen el genocidio en Gaza.
- La Universidad Technion desarrolla tecnologías de drones militares teledirigidos y buldóceres militarizados a control remoto, que se utilizan para demoler viviendas palestinas. En asociación con la empresa Elbit (la mayor fabricante de armas israelíes), Technion ha desempeñado un papel fundamental en la construcción y vigilancia del Muro de apartheid, declarado ilegal por la Corte Internacional de Justiciaen 2004.
- La Universidad de Haifa imparte cursos en tres escuelas militares que componen el Complejo Académico Militar Israelí, las cuales, según la universidad, «constituyen la columna vertebral de los programas de entrenamiento de élite [del ejército]». También ha proporcionado equipamiento a los soldados que van a Gaza y ha creado un fondo de «emergencia» para proporcionar estipendios a los estudiantes soldados.