Lunes y Jueves 19.30 hs. https://www.youtube.com/@elpulsometrotv
Horacio Lampariello, Héctor Amodio Pérez y Álvaro Alfonso
Programa El Cernidor 205, 23.06.2025
Amodio nos acompaña por teléfono y la huelga de los bancarios. Los diferentes criterios de los dirigentes frentistas sobre los fríos cuando eran oposición y cuando son gobiernos. Caso Perciballe Díaz en Diputados. Informe del Dr. Eduardo Lust. Las actas de diputados sobre Díaz Perciballe. Las obras de OSE que se empezaron en el anterior gobierno y el actual las da como suyas. Autocríticas dentro del Partido Nacional. La Masonería como nexo entre el gobierno y la oposición. Ocupación de Rincón de Artigas por empresa brasileña. Palabras de Oddone sobre planes de Milei. La pesca en Uruguay. El FA propone cambiar la expresión "Buen Padre de Familia". El tren de la costa que lo quiere hacer los ómnibus de la costa entro a correr Salgado. Adjudicación de parador por la intendencia sin permiso de la junta. Sorteo de los libros. Adjudicación de basurero en Canelones.
https://www.youtube.com/live/3K7O-eoXSY4?si=J5QzmvJSSFMa3K74
Cernidor 205, correspondiente al día 23 de junio de 2025
Palabras de Amodio: El 23 de junio de 1969 se dio inicio a la huelga de la banca privada, que tuvo una duración de 73 días. Al declararse la huelga, el gobierno de Jorge Pacheco Areco "militarizó" a los bancarios, en el marco de las medidas prontas de seguridad, por lo que los funcionarios quedaron sometidos al estatus militar.
La huelga fue levantada el 11 de setiembre, dos días después que el MLN secuestrara al banquero Gaetano Pellegrini Giampietro.
El secuestro de un banquero había sido sugerido por bancarios vinculados al MLN a través de la llamada Tendencia Combativa, un sector minoritario dentro de la CNT, que buscaba la radicalización de los conflictos, siguiendo las directivas del MLN.
Inicialmente, el elegido había sido Jorge Peirano Facio, pero las dificultades para su secuestro obligaron a buscar un sustituto, siendo Gaetano Giampietro finalmente seleccionado.
Pese al levantamiento del conflicto, el MLN decidió mantener secuestrado a Pellegrini Giampietro, por considerar que formaba parte del sector duro de la patronal bancaria y que el levantamiento de la huelga por parte del sector mayoritario de AEBU, controlado por el P. Comunista, era un retroceso, porque no se alcanzaron los objetivos de la huelga.
El pasado 18 de junio, el Fiscal Especializado en Crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, compareció ante la Comisión de Constitución y Códigos.
Como una apreciación general, me extraña que la mayoría de los intervinientes le agradecieran al Sr. Perciballe su presencia ante la Comisión, como si su denuncia realizada en el programa Al Weso, el pasado 4 de junio, careciera de la importancia que realmente tiene.
Yo creo que dada la gravedad de la denuncia y el cargo del que el Sr. Perciballe es titular, constituyen por sí mismos motivos suficientes que obligaban a su presencia ante la comisión, más aún cuando el FA había impedido su comparecencia en el Senado.
Otra consideración general es que el Sr. Perciballe no respondió a las preguntas que se le formularon más que con evasivas, escudándose en que las suyas son reflexiones, consideraciones de tipo personal, subjetivas, y que carecen de fundamentación jurídica.
Esas mismas reflexiones son las que, si el Sr. Perciballe las valora de esa forma, deberían haberse tenido en cuenta y no volcarlas públicamente como lo hizo. Dada su formación profesional, el Sr. Perciballe no podía ignorar que sus palabras iban a ser tomadas como lo que fueron en la realidad: una denuncia contra la actuación de su superior jerárquico, Jorge Díaz, que lo habría trasladado para impedirle continuar con sus investigaciones en las que había personas involucradas, había posibilidades de pedir procesamientos, y que fue sacado del caso, de los casos, porque eran varios casos, tomando sus palabras textuales en la entrevista.
Otra consideración general, es que el Sr. Perciballe pidió repetidas veces a sus interrogadores, que no le exigieran demasiada precisión acerca de hechos sucedidos hace tanto tiempo, 13 años, cuando en su actuación profesional confiere validez a recuerdos de hechos sucedidos hace 50 y más años.
Por último, pretende escudarse en que lo suyo son apreciaciones subjetivas, que carece de las pruebas que avalen esas apreciaciones, cuando en su actuación como Fiscal ha reconocido que ante la falta de pruebas concretas ha fundamentado pedidos de procesamientos en base a su convicción personal, como en el caso del Dr. Susacq, que siendo practicante en una unidad militar se pide su procesamiento como coautor de varios delitos porque su presencia en el lugar así lo amerita, pese a la negativa del acusado y la inconsistencia de la descripción física.
Pide que no se extrapolen los hechos sucedidos en 2012 con la realidad del 2025. ¿Son extrapolables los hechos que sucedieron hace 50 años y más?
Y si lo subjetivo carece de importancia, ¿cómo puede opinar que como fiscal les cree a las supuestas víctimas, porque estas carecen de todo interés personal acerca de quiénes son acusados por ellas? Don Francisco de Quevedo, escribió un poema, Poderoso caballero es Don Dinero, del que transcribo el primer párrafo:
Madre, yo al oro me humillo/él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado/de continuo anda amarillo.
Qué pues doblón o sencillo/hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero/es don Dinero.
Pues de eso se trata, del cobro de las indemnizaciones, aunque para eso haya que pisotear el estado de Derecho.
Amodio nos cuenta uno de los casos que Perciballe estaba estudiando cuando Jorge Díaz lo traslado. Álvaro nos cuenta la persecución de los periodistas en el primer gobierno dl FA. Álvaro nos lee el informe de la Cruz Roja en el Penal de Libertad durante la Dictadura. Albérico nos informa sobre el MIDES (sirve o no sirve). Las contradicciones de Civila en el 2020 y el 2025. ¿ASSE saturada? El país se sigue endeudando adónde vamos? El presidente Orsi gobierna o es un títere, el caso de Saavedra presidente del INISA.
https://www.youtube.com/live/pjUSLnzBafg?si=DevJbks6lu8yrqaK
Cernidor 206, correspondiente al día 26 de junio de 2025
Amodio : A raíz de la denuncia pública realizada por el Fiscal de lesa humanidad Ricardo Perciballe en el programa Al Weso, el pasado 4 de junio, ante la oposición del FA para que concurriera ante la cámara de Senadores, desde la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados se le cursó invitación a concurrir.
El Sr. Perciballe se negó a dar detalles acerca de las investigaciones que según sus palabras fueron la causa de su traslado y que fueron de tal gravedad que lo afectaron en su salud. Por razones que ignoramos, lejos de ampliar su denuncia, se limitó a decir, entre otras cosas, que los interesados podíamos acceder a esas investigaciones a través de la prensa.
Nosotros lo hemos hecho y como no estamos dispuestos a no hablar más de esa denuncia, tal como ha dicho quien en su momento fuera el responsable del traslado del Fiscal Perciballe, vamos hoy a referirnos a una de esas investigaciones, la de Cerro Free Port.
El 23 de enero de 2002 se aprobó la autorización a ANP a habilitar servicios portuarios en Punta de Sayago.
Apruébese el anteproyecto de las obras e instalaciones ubicadas en el área del Recinto Portuario presentado originalmente por la empresa ATENIL S.A. hoy cedido a CERRO FREE PORT S.A., para la construcción de una Terminal Portuaria.
Más adelante se dijo que Tres consorcios internacionales aspiran a construir Cerro Free Port y que el estudio de las ofertas demandará aproximadamente 45 días y estará a cargo de la consultora Alatec Ingenieros y Arquitectos, con sede en Madrid.
Los consorcios interesados en realizar obras por más de 150 millones de dólares están conformados por Belfi SA (Chile), Teyma SA (Uruguay) OHL (España), Dredging Internacional (Holanda), Pilotes Trevi (Argentina), Ciemsa (Uruguay) Dragados y Obras Portuarias SA (Argentina).
Se hablaba de la construcción de una plataforma logística con una superficie de 40 hectáreas que se ganarán al mar, tres muelles, un canal de acceso de 6 km, a conectarse con el canal del puerto de Montevideo a una profundidad de 11m, así como el reciclaje de edificios existentes, la construcción de caminos y vías de acceso.
Las obras nunca comenzaron. Según la prensa de la época, el enfrentamiento que se venía insinuando desde hace meses entre el gobierno y la empresa Cerro Free Port —integrante del grupo Moon— que se proponía construir un puerto en Puntas de Sayago llegó a un punto culminante cuando el Ministerio de Transporte, Víctor Rossi, anunció que comenzará a andar el camino para dejar sin efecto la autorización que tenía la firma para construir y explotar una terminal portuaria en la zona, un proyecto que se suponía que iba a demandar U$S 150 millones.
Víctor Rossi, explicó que la empresa venía acumulando incumplimientos pero que el detonante de la decisión de su cartera fue la demanda que Cerro Free Port interpuso contra el ministerio por U$S 133 millones, de los cuales U$S 109 millones corresponden al "lucro cesante" que el consorcio entiende que se configuró.
Rossi historió la serie de desencuentros que comenzó a tener un desenlace cuando el Ministerio de Transporte no hizo lugar a un pedido que la empresa había realizado para que se le permitiese una nueva prórroga en el comienzo de las obras. El grupo acusaba al ministerio de demorar la cesión de unos predios necesarios para terminar los accesos a la terminal marítima, pero Rossi señaló que en realidad Cerro Free Port no había terminado estudios topográficos necesarios para disponer las correspondientes expropiaciones. Por lo tanto, "No existe la voluntad de hacer realmente el emprendimiento. Esta historia se termina acá y a partir de acá vamos a contestar la demanda con todos nuestros fundamentos", dijo Rossi. Su cartera no descarta, más adelante, presentar a su vez una contrademanda.
Rossi, que estaba acompañado por varios dirigentes del Movimiento de Participación Popular, como los diputados Juan Domínguez, Pablo Álvarez y Luis Rosadilla y de la representante de Alianza Progresista, Lilián Kechichián, mencionó que Cerro Free Port tampoco había tramitado un conjunto de autorizaciones ambientales requeridas.
Rossi, dijo que a esta altura "no importa" si el grupo no pudo comenzar las obras por falta de dinero porque "lo que importa son los hechos" y no aventuró que ocurrirá con el predio de Punta de Sayago, que es propiedad del grupo Moon.
Tampoco quiso adelantar si el gobierno impulsará otro puerto montevideano alternativo al actual. Señaló que para él resulta claro que Cerro Free Port fue concebido "en competencia con el puerto de Montevideo y los actuales operadores" y que una terminal alternativa "no necesariamente" pasa por un proyecto como el que impulsaba Cerro Free Port. El proyecto de este grupo "no solo no avanza sino que se va complicando", consideró el ministro y "no tenemos interés en discutir en forma interminable".
Cerro Free Port había anunciado que planeaba invertir U$S 150 millones en obras y otros U$S 50 millones en maquinaria en 36 meses. Sin embargo, en febrero de 2005 dejó sin efecto una licitación a la que había convocado para seleccionar la empresa que haría las obras, aduciendo que atravesaba una situación de incertidumbre a raíz de distintos diferendos que mantenía con la intendencia montevideana.
El grupo tenía la concesión por 30 años, que habían comenzado a contarse en 2003, del predio que ocupa en el que pretendía que funcionara una terminal marítima en régimen de puerto libre. El emprendimiento se presentó en 2004 en presencia del entonces presidente Jorge Batlle mientras que un grupo de manifestantes de sectores radicales de izquierda manifestaban su oposición al emprendimiento.
El grupo llegó a invertir U$S 20 millones y a emplear a 200 personas pero en los últimos meses su plantilla se había reducido fuertemente, ya que en los últimos años el grupo Moon ha venido perdiendo poderío económico en el país cuyo momento de esplendor fue cuando controlaba un banco, el único hotel cinco estrellas que había en Uruguay, un diario y otras compañías. Con la decisión del gobierno el conglomerado quedó solo con el Hotel Radisson y su correspondiente casino y tres empresas lideradas por el diario Ultimas Noticias, las que se presentaron a concordato hace pocos días.
Pero el 2 de febrero de 2007, se publicó que Terminó litigio con Cerro Free Port y que se acordaron los términos del final de la concesión
El Ejecutivo aprobó el pago de U$S 28,5 millones a Cerro Free Port además de la devolución de las garantías que constituyó a cambio de las instalaciones y predios que ocupaba el emprendimiento en Punta de Sayago.
Así se pone fin a los juicios iniciados por la empresa y se desechan los reclamos judiciales y administrativos del Estado por inejecución de obras. Los U$S 28,5 millones serán pagos en distintas etapas según el acuerdo. Simultáneamente con la firma de la escritura de venta del predio y las construcciones con sus mejoras, Cerro Free Port recibirá U$S 6 millones. El saldo será pago en 10 cuotas anuales consecutivas de U$S 2.250.000. Se aplicará un 7% de interés anual sobre saldos deudores.
Originalmente, Cerro Free Port reclamó U$S 133.059.843 como indemnización. La inversión -que fue promovida por el gobierno- implicaba la construcción y explotación de un puerto comercial privado de ultramar en Punta de Sayago y suponía U$S 162:654.306.
Aún no está definido a quién se le adjudicará el inmueble, si a la Intendencia o al Ministerio de Transporte. En primera instancia pasaría al ministerio. El acuerdo estipula que "el Estado (representado Rossi) convendrá con la Intendencia Municipal de Montevideo el nuevo destino del inmueble que adquirirá". El predio, según el acuerdo, debe estar libre de deudas y sin ocupantes.
El acuerdo abrió la puerta para posibles reinversiones de las sumas que recibirá Cerro Free Port. El Estado se comprometió a "analizar y resolver en un plazo no mayor a los 90 días cualquier solicitud de proyectos de inversión" que pretenda ampararse en los beneficios de exoneración y promoción que presente tanto la empresa como Atenil S.A. o sus socios mayoritarios.
El 23 de abril de 2007, Gustavo Salle dijo que la indemnización a Cerro Free Port es "inédita y patética" y que presentará mañana ante la Justicia una solicitud para que se amplíe la investigación judicial en torno a la actuación del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y la posibilidad de que haya incurrido en el delito de conjunción del interés público con el privado.
Salle agregará las implicancias que, a su juicio, tendría el resarcimiento que el Estado resolvió hacer a la empresa Cerro Free Port, propiedad del grupo Moon, a raíz de la revocación de un permiso para instalar un puerto en Puntas de Sayago, ya que ahora hay nuevos elementos que ponen a Fernández en una situación muy comprometida. "El doctor Gonzalo Fernández es un alto funcionario de la superestructura estatal, secretario de la Presidencia, y al mismo tiempo abogado de la Secta Moon por lo menos en el área penal. Esos elementos sumados al hecho absolutamente paradójico de que el Estado, que releva el incumplimiento de la Secta Moon termina siendo la parte que indemniza, lo que es una situación desde el punto de vista de la doctrina del Derecho Civil absolutamente inédita, patética y paradójica.
Esta es una de las causas en las que el fiscal Perciballe venía actuando cuando fue trasladado por el entonces fiscal General Jorge Díaz. Dada la gravedad de la denuncia pública efectuada por el fiscal Perciballe consideramos de nuestra obligación mantener abierta la investigación acerca de los hechos denunciados.