Ser y parecer. Esa actitud ética no es alentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Todo lo contrario.
La Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) tiene el cometido de «brindar asesoramiento para optimizar el funcionamiento del Plan Nacional de Vacunación y desarrollar estrategias para disminuir al mínimo las enfermedades inmunoprevenibles con la máxima cobertura vacunal posible» según informa en su página web.
La CNAV es la responsable de la actualización del Certificado Esquema de Vacunación (CEV) con vacunas, fórmulas y dosis de acuerdo a criterios técnicos y científicos.
El CEV es un documento público que se exige para varios trámites, como el carné de salud. Durante la pandemia se convirtió en el pase sanitario que habilitaba a participar de actividades sociales, culturales, recreativas, lúdicas, etc.
La Diputada Dra. Nicolle Salle por el partido Identidad Soberana solicitó al MSP que informara el cumplimiento del CEV por parte de los integrantes de CNAV.
La ministra y la mayoría de los integrantes de la CNAV, por ser trabajadores de la salud, están obligados a presentar la vacunación contra la hepatitis B. Ahora bien, la ministra Dra. Cristina Lustemberg, sin tampoco dar el ejemplo, negó esa información.
Cuando los vacunólogos vacunistas se exhiben vacunándose, ¿es real o fake, como se viralizó en pandemia? Si es real, ¿por qué no habrían de exhibir también el CEV?
La solicitud de información correctamente fundada por la representante nacional pero rechazada por la ministra, revela el verdadero trasfondo de la vacunación en Uruguay: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Los integrantes de la CNAV disponen las vacunas a toda la población que es obligada a acreditarlas excepto ellos mismos.
Consecuencias prácticas de la negativa de la ministra
El fundamento legal que expone la ministra para negar la información solicitada es que se trata de «datos sensibles relacionados con la salud«. Esto significa ni más ni menos que la vacunación es un acto médico sujeto al derecho del previo consentimiento informado establecido por la ley 18335 para todo acto médico. La vacunación entonces es voluntaria de acuerdo a la opción libre y personal de cada uno para consentirla o rechazarla.
La ministra cita la ley 18331 de protección de datos personales que declara a los datos relacionados con la salud como datos sensibles. El artículo 18 de esa ley establece que nadie puede ser obligado a proporcionar datos sensibles y por eso la ministra refiere a que habría que solicitar la autorización de los integrantes de la CNAV para revelar su CEV.
Estamos en conocimiento de que los pediatras de los prestadores de salud estarían informando al MSP sin autorización de sus afiliados, los datos de las familias que no vacunan a sus hijos. Esta situación es ilegal tal lo expresado por la ministra. Se debe presentar copia de la respuesta de la ministra ante el pediatra y el prestador de salud para notificarles que no autorizan a compartir sus datos con el MSP, amparados en la misma fundamentación legal que la ministra.
La respuesta de la ministra es la que corresponde presentar ante los centros educativos, los empleadores y en general ante todo trámite que requiera la acreditación de las vacunas.
Comentario sobre esta Nota
El problema se termina de raíz, cuando la ciudadanía esté convencida que el contagio no existe. Y quienes tienen que demostrar que existe son los que impulsan todo este loquero vacunal. Deben demostrar los 4 postulados de Koch y/o los 6 postulados de Rivers. Y si el contagio no existe, absolutamente toda esta parodia se derrumba!! Eso hay que exigir!!!…
El contagio no existe!! Antoine Beschamp (profesor del delincuente de Pasteur) y Claude Bernard sostenían que «importa el terreno, no el patógeno». Esto es así por lo que el contagio no existe. Existe solamente para armar todo lo que se armó desde que se comenzó con la vacunación. Las vacunas te provocan la enfermedad que supuestamente «quieren» evitar. Así de simple.
Por un Uruguay libre, soberano y respetuoso de cada compatriota y su libre albedrío!!!! Adelante Ana (tu papá fue profesor mío de Botánica en Fac. de Agronomía. Excelente profesional y mejor persona)
Wilson Suarez 12/7/25
Lo que debería ser un comité independiente para cuidar la salud de todos, se habría convertido en un engranaje más de un negocio disfrazado de ciencia.
La Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV), órgano clave del Ministerio de Salud Pública (MSP), fue creada para asesorar sobre el uso de vacunas. Pero hoy, ocho de sus integrantes ostentan cargos de dirección en la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), institución privada que recibe financiamiento de los mismos laboratorios que fabrican las vacunas que luego recomiendan. GSK y Pfizer, entre otros, aparecen como patrocinadores de los eventos científicos de la SUP año tras año.
Pese a que la CNAV debería funcionar con transparencia, las declaraciones de conflicto de interés (DCI) de sus miembros previo a cada sesión están incompletas, no estandarizadas, y muchas veces omiten vínculos clave con la SUP. Aun cuando la SUP tiene un solo voto en la CNAV, sus autoridades votan en representación de otros organismos públicos, multiplicando su peso en las decisiones.
La SUP ha tenido participación decisiva en sesiones de la CNAV como la vacunación contra COVID en niños y contra VRS en embarazadas, así como en la reciente incorporación de las vacunas antimeningocócicas. La pentavalente ACWYX diseñada para África, no está aprobada por la FDA ni la EMA. La Bexsero contra el serotipo B es provista por el principal patrocinador de las actividades de la SUP.
Además, el Ministerio de Salud Pública parece haber delegado la política de vacunación en la SUP. En reuniones públicas, la ministra reconoce abiertamente su pertenencia a la SUP y coordina las acciones directamente con sus autoridades antes de asumir su cargo. El resultado: una campaña de vacunación masiva impulsada desde lo privado, pero pagada con fondos públicos.
Los contratos de vacunas COVID se mantienen en reserva. Las vacunas se importan y no hay pruebas de que su contenido sea auditado por el MSP, como mandata la Ley Nº9202 en su artículo 2, inciso 5. ¿Estamos vacunando con biológicos o placebos, sin saber que nuestra infancia participa en ensayos clínicos encubiertos? Aún están publicados: uno en prestador privado de Montevideo entre 2017 y 2018, otro en el interior del país entre 2011 y 2014.
En resumen:
Mientras se promueve la vacunación como un deber social, las decisiones se toman a puertas cerradas, por grupos cruzados por intereses privados y farmacéuticos, sin que la ciudadanía tenga acceso pleno a la información ni a las verdaderas motivaciones detrás de cada pinchazo.