por Redacción Contraviento 20 sept, 2025
Dr. en Ciencias Biológicas José A. Langone
El acceso seguro al agua potable es un derecho humano fundamental y un objetivo estratégico para cualquier nación. En Uruguay, la Constitución, tras el plebiscito de 2004, establece que el Estado tiene la responsabilidad exclusiva de este servicio, priorizando las razones sociales sobre las económicas. La principal fuente de abastecimiento para más de 1.700.000 habitantes del área metropolitana es la usina de Aguas Corrientes, en el río Santa Lucía, gestionada por OSE.
La severa sequía de 2022-2023 puso en jaque este sistema, agotando las reservas de los embalses de Canelón Grande y Paso Severino. Como respuesta, se aceleró la propuesta de una segunda usina en Arazatí, tomando agua del Río de la Plata. Sin embargo, a fines de julio del presente año, el nuevo gobierno cambió de estrategia: se optó por construir una usina adjunta a la de Aguas Corrientes y una nueva represa en el arroyo Casupá, en la cuenca alta del río Santa Lucía.
Esta decisión merece un análisis profundo, considerando que desde la década de 1970 se sabe que los embalses artificiales provocan una pérdida masiva y definitiva de ecosistemas naturales, con complejos efectos ambientales y económicos.
Problemas de Calidad del Agua
La cuenca del río Santa Lucía ya sufre de una excesiva concentración de nutrientes, como fósforo y nitrógeno, debido a malas prácticas agrícolas y vertidos sin tratar. Embalses como Paso Severino y Canelón Grande son considerados «hipereutróficos» por este exceso de nutrientes, lo que provoca la proliferación masiva de algas y cianobacterias, fenómeno conocido como floración. Estas floraciones no se limitan a grandes embalses, sino que también ocurren en tajamares y abrevaderos de ganado, cuyos desbordes durante las lluvias arrastran estos microorganismos al río, complicando la potabilización.
El embalse contemplado en el proyecto Casupá, con un área estimada de más de 3.000 hectáreas, no estaría libre de este problema. Aunque se argumente que el agua en las cabeceras de cuenca es de «mejor calidad», existen varias fuentes de contaminación:
1. Forestación: Aguas arriba de la futura represa hay más de 10.000 hectáreas de forestación con especies exóticas (principalmente Eucaliptus). La aplicación de miles de toneladas de fertilizantes (fósforo, nitrógeno, potasio) en estas plantaciones inevitablemente escurrirá hacia el embalse
2. Consumo de agua: La forestación artificial consume más agua que la vegetación nativa, lo que reduce el caudal de los arroyos en épocas de estiaje y, por ende, el agua que llegaría al embalse
3. Materia orgánica: La biomasa que quedará inundada (pastizales, monte nativo, animales) aportará nutrientes y materia orgánica disuelta, lo que aumenta el color del agua y complica los procesos de potabilización.
La remoción de algas, cianobacterias y sus compuestos (toxinas, sustancias que generan olor y sabor) exige tecnologías más avanzadas y mayores costos energéticos y operativos.
Además, algunas floraciones pueden reducir drásticamente el oxígeno del agua, causando la mortandad de peces y otros organismos.
Impactos en la Biodiversidad
La inundación para crear el embalse del proyecto Casupá significará la destrucción total de hábitats como monte nativo, humedales y praderas. Se calcula la tala rasa de más de 400 hectáreas de Monte Nativo, uno de los ecosistemas más vulnerables del país. Esto afectaría a numerosas especies animales y vegetales, algunas de ellas declaradas prioritarias para la conservación por el Ministerio de Ambiente. El volumen de leña generado por esta tala (entre 12.000 y 36.000 toneladas) es comparable a la producción anual de todo el país, que es de unas 40.000 toneladas.
La transformación de un ambiente de aguas corrientes (lótico) a uno de aguas estancadas (léntico) afectará a las especies acuáticas que dependen de altos niveles de oxígeno. Además, la fragmentación del hábitat disminuirá poblaciones de reptiles y mamíferos. Como ha ocurrido en otros embalses, este nuevo ecosistema facilitaría la introducción de especies exóticas invasoras, como el mejillón dorado, que alteran la biodiversidad y pueden dañar la propia infraestructura de la represa.
Riesgos Hidrológicos y Operativos
La vida útil de los embalses a menudo se ve reducida por la acumulación de sedimentos Las áreas de forestación en las cabeceras de Casupá, con sus caminos y zanjeos, son focos críticos de erosión que pueden acelerar este proceso. Asimismo, la confiabilidad del embalse como fuente de agua queda comprometida por el Cambio Climático, que en Uruguay se manifiesta con sequías prolongadas y lluvias intensas, alterando el régimen hidrológico estable que se necesita.
Proyecto Casupá: ¿la mejor alternativa?
Desde mi punto de vista, la represa de Casupá no es una solución urgente, sólida ni sostenible. Los riesgos hidrológicos, la degradación de la calidad del agua, los impactos ambientales y los elevados costos (se ha solicitado un préstamo de U$S 130 millones) hacen que el proyecto presente más desventajas que beneficios.
La seguridad hídrica del área metropolitana necesita diversificar sus fuentes, no aumentar la dependencia de una única cuenca ya vulnerable. Un solo punto de extracción aumenta la fragilidad del sistema.
Alternativas a Casupá
Una toma de agua y una usina en Juan Lacaze (Colonia), sobre el Río de la Plata, evitaría los problemas de salinidad de Arazatí y tendría un menor impacto económico, social y ambiental que la represa de Casupá.
Además, es crucial abordar problemas estructurales. Actualmente, OSE no factura más del 50% del agua potable que distribuye en el área metropolitana, una de las cifras más altas de América Latina. Mejorar la eficiencia, controlando pérdidas y conexiones clandestinas, reduciría la urgencia de construir nueva infraestructura con todos sus impactos negativos.
Responsabilidad Ambiental
Finalmente, OSE debe asumir su responsabilidad en la gestión ambiental. La Ley Orgánica de 1952 le asigna el «contralor higiénico de todos los cursos de agua que utilice». Sin embargo, la planta de tratamiento para los lodos de la usina de Aguas Corrientes, intimada a construir en 2013, aún no existe. Más de 60.000 metros cúbicos de lodos fluyen aguas abajo, hacia un área protegida, y son parcialmente «reciclados» como materia prima. Una segunda usina sumaría otros 20.000 metros cúbicos de lodos sin tratar. Esto es inaceptable para un organismo que se presenta con una visión de «responsabilidad social y ambiental»
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Se pretende que para asegurar el agua potable a Montevideo la solución es realizar obras gigantescas pagando cientos de millones de dólares. Tenemos que salir de la caja y pensar.
El anterior gobierno pretendió imponer el llamado "Proyecto Neptuno" en Arazatí. Una potabilizadora de 200.000 m3 de agua diarios, un "Polder" de 250 hectáreas y 90 km de caños hasta Montevideo. Una "inversión privada" de US$ 300 millones, con un costo para Uruguay de más de US$ 900 millones.
El actual gobierno retira Neptuno, y si bien reconoció la ilegalidad del contrato de Arazatí por violar el Artículo 47 de la Constitución de la República, lo que lo hace nulo; con dudosa legalidad pretende corregir la ilegalidad y adjudicar sin licitación al consorcio contratante "Infraestructura Arazatí S.A." las obras de una potabilizadora de 200.000 m3 diarios en Aguas Corrientes, trabajos en los caños de 5º línea de bombeo y un sistema potabilizador con reserva de agua en el Solís Chico. Una "inversión privada" sin cuantificar pero que igualmente se pagará por disponibilidad y mantenimiento más de tres veces su costo.
Además se plantea una reserva de agua en Casupá que financiará la CAF (Corporación Andina de Fomento) con un costo de al menos US$ 150 millones, quizá el proyecto con el costo financiero más aceptable.
Todo lo reseñado es similar a colocar agua en un colador.
Tal como se ha dicho, Montevideo toma y potabiliza diariamente 600.000 m3 de agua del río Santa Lucía. De ellos casi 400.000 m3 no se facturan, se pierden o se usan con conexiones "no medidas". Eso es más del 67% del total, mientras que en el interior del país el agua no medida es menos del 30%.
Desde MOVUS insistimos en que reparar la red de Montevideo, no ya al nivel de países desarrollados, sino llevándola al nivel de red en el interior del Uruguay, permitiría reducir la toma de agua del río a 400.000 m3, ahorrando en bombeo y potabilización, reduciendo el uso de químicos y la generación los lodos contaminados.
Eso incrementaría la facturación de OSE en al menos US$ 60 millones anuales, generando la capacidad de realizar obras por "obra pública", sistema mucho menos oneroso que la Participación Público Privada (PPP) o las redescubiertas "iniciativas privadas".
Así cabe preguntarse si es necesario, conveniente y oportuno realizar las obras anunciadas para agregar 200.000 m3 de agua en un sistema que "pierde" dos tercios del agua que por el circula.
Se ha dicho que arreglar las redes costaría US$ 400 millones, eso es mucho menos de lo que se pensaba gastar en Arazatí o lo que se terminará pagando por las obras "sustitutivas" que se anunciaron. Por otra parte una masiva reparación y control de la red de OSE se haría en varios años y se podría financiar con el incremento de la facturación.
¿Qué harías en tu casa si tienes una pérdida de agua?
¿No la repararías?
MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable)
11 de setiembre de 2025