Una investigación explosiva sobre los acuerdos entre Venezuela y Uruguay que terminaron en un escándalo de Viviendas prefabricadas, sobreprecios millonarios y silencios políticos. Lo que se presentó como cooperación solidaria escondía negocios turbios, presiones internas y responsabilidades que aún nadie quiso asumir.
Primera parte
https://youtu.be/q8bNhS5DLJY?si=EKAxcrJrEB7Mzk5Z
Entrevista extensa y sin concesiones a Eduardo “Tato” López Mercado, donde se desmontan mitos centrales de la izquierda uruguaya. A lo largo del diálogo se denuncian contradicciones del Frente Amplio y del MPP, su convivencia con el gran capital y la pérdida de códigos políticos e intelectuales. La figura de José Mujica aparece como eje crítico: astuto, construido mediáticamente, traicionero como método y responsable de una degradación cultural profunda. El testimonio avanza sobre acuerdos Uruguay–Venezuela, denuncias silenciadas, estafas, omisiones deliberadas y complicidades diplomáticas, para cerrar con una reflexión amarga sobre la amoralidad actual, la ruptura generacional y la crisis de valores que atraviesa a la sociedad uruguaya.
Segunda parte
https://youtu.be/mfjyuU2cIQQ?si=m3eEJd4MvkUMcwdI
En esta tercera parte de la entrevista, El Cernidor expone con crudeza el entramado político, financiero y empresarial que unió a Uruguay y Venezuela durante los gobiernos del Frente Amplio y el chavismo. A partir de testimonios, documentos y denuncias públicas, se reconstruyen los negocios fallidos y fraudulentos de viviendas, alimentos, libros y sistemas de importación financiados con dólares subsidiados. Se detallan los mecanismos de corrupción ligados al Fondo Artigas–Bolívar, el uso del dólar preferencial venezolano, el rol de BANDES, las importaciones fantasmas, los contenedores vacíos y la complicidad de ministerios, embajadas y jerarquías políticas. Aparecen nombres propios, sanciones internacionales, vínculos familiares y una red de intermediarios que lucró mientras el pueblo venezolano caía en el hambre y la miseria. Un programa incómodo, documentado y sin concesiones, que muestra cómo la retórica revolucionaria y la “integración regional” encubrieron uno de los esquemas de saqueo más graves de la historia reciente. Otros ya te contaron la noticia. Acá se cuenta la verdad.
Tercera parte
https://youtu.be/SXTEzilVtfE?si=59tQeqozbHcZ_uRH
Federico Leicht - @malaespinauy
Durante los tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio, Venezuela fue una billetera generosa, un aliado político y un socio incómodo al que convenía no mirar de frente. PDVSA, esa petrolera que pasó de ser orgullo nacional a caja negra del poder, y BANDES, el banco del chavismo, funcionaron como arterias por donde circularon millones bajo la coartada de la “cooperación bilateral”. La palabra cooperación, como tantas otras, sirvió para anestesiar conciencias y justificar lo injustificable.
Los acuerdos entre PDVSA y ANCAP, los fideicomisos opacos, las deudas perdonadas y las que nunca se cobraron forman parte de una misma partitura: dinero público moviéndose en la penumbra, con intermediarios bien relacionados y controles deliberadamente ausentes. Cuando algo salía mal —y casi siempre salía mal— la culpa era del imperio, del mercado, o de algún enemigo abstracto. Nunca de los propios.
BANDES Uruguay fue la sucursal perfecta de ese modelo: un banco rescatado con fondos venezolanos, utilizado para operaciones que huelen a manual básico de lavado. Transferencias que desaparecen, sanciones internacionales, multas tardías y una larga lista de advertencias que nadie quiso escuchar mientras el viento político soplaba a favor. Hubo embajadores que estuvieron vinculados a triangulaciones con Irán; transferencias de municiones desde Venezuela y vínculos con redes de armas, acusaciones que nunca derivaron en procesos judiciales. Negocios de software turbios de hijos de presidentes. Narcotráfico para financiar campañas, sindicatos, empresas 'autogestionadas'.
En el Parlamento no se pudo investigar nada, mientras que la Justicia actuó como barrera de contención y archivo. Investigar en serio era, según decían, “hacerle el juego a la derecha”. A los periodistas que preguntábamos más de la cuenta, el hermano del presidente nos hacía llamar por teléfono a ver 'qué sabíamos'.
En paralelo, el relato necesitaba coro. Y lo tuvo. Medios de comunicación y periodistas de los grandes medios -no sólo los ideológicamente alineados- repitieron durante años la versión edulcorada del chavismo: la revolución asediada, el pueblo heroico, la dictadura que no era dictadura. Pauta oficial, convenios culturales, viajes, eventos solidarios. Nada explícito, nada burdo. Todo lo suficientemente difuso como para que, llegado el caso, se pudiera decir que no había pruebas concluyentes.
Los nombres se repiten: diplomáticos entusiastas, legisladores viajeros frecuentes a Caracas, empresarios amigos, sindicalistas solidarios y familiares bien ubicados. Contratos inflados, comisiones, empresas fantasmas, cooperativas fundidas y causas judiciales que misteriosamente se archivaron. Cada intento de investigación chocó contra un muro político construido a base de mayorías parlamentarias y fiscales serviles, que no por casualidad hoy son figuras clave en el gobierno de Orsi.
Por eso el verdadero terror no es ideológico, sino judicial. No temen que Venezuela cambie de signo político; temen que alguien empiece a hablar. Que se abran cuentas, que se crucen transferencias, que los testigos ya no dependan del silencio. Temen que lo que durante años se llamó integración regional quede reducido a lo que siempre fue: una red de narco complicidades.
Si el régimen cae, caen también las coartadas. Y entonces habrá que explicar por qué se bloquearon investigaciones, por qué se defendió lo indefendible y por qué tantos prefirieron mirar al costado mientras los petrodólares circulaban y la democracia se vaciaba por dentro. Ese es el miedo. Todo lo demás es retórica.
Aire Fresco, empresa de extupamaros investigada por negocios con Venezuela
Subrayado 26 oct 2016
Denuncia de los blancos insiste en investigar al exportador de pollos e intermediario, un vector clave en el comercio durante la Administración Mujica
Una empresa conformada por extupamaros llamada Aire Fresco, que intervino en negocios con Venezuela propiciados por el gobierno uruguayo, es denunciada por el aporte de 20.000 dólares a la campaña del Movimiento de Participación Popular (MPP).
La denuncia fue presentada por el diputado blanco Jaime Trobo y el plenario de la Cámara de Representantes se reunirá el lunes 31 para decidir si abre una investigación formal, informa El País.
Trobo integra la pre investigadora que analiza los negocios desarrollado con el chavismo por empresarios privados con el auspicio de los gobiernos de Tabaré Vázquez y Mujica.
El diputado Trobo quiere que se investigue si el dinero aportado por Aire Fresco a la campaña del MPP es parte de un proceso determinado por el "amiguismo".
Quiere saber además los antecedentes comerciales de Aire Fresco y si hubo alguna otra compañía del mismo rubro invitada a hacer negocios con Venezuela.
La documentación presentada muestra que el 3 de setiembre de 2014, la empresa entregó al sector del expresidente 480.000 pesos, el equivalente a 19.400 dólares al tipo de cambio de ese momento.
El informe, de unas 35 páginas, fue entregado a los otros miembros de la preinvestigadora, Oscar Groba (Frente Amplio), José Quejereta (Frente Amplio) y Rodrigo Goñi (Partido Nacional).
Allí se incluye la rendición de cuentas del MPP, de acuerdo a las nuevas exigencias de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
CRIMEN ORGANIZADO
Aire Fresco está siendo investigada también por la justicia de crimen organizado. La jueza María Elena Mainard también sigue de cerca las intermediaciones de la empresa entre 2011 y 2015 En este caso la denuncia fue presentada por el abogado Gustavo Salle. El abogado penalista Salle dijo que con Aire Fresco hubo una "privatización del comercio exterior"
Aire Fresco se benefició de los acuerdos firmados en 2011 durante una visita de Mujica a Caracas.
No sólo comerció pollos a ese país, sino que facilitó negocios a otras empresas.
Sus titulares Carlos Decia y Omar "Murmullo" Alaniz fueron integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
Decia es, además, titular del Fondo Raúl Sendic, un factor determinante en los negocios a investigar.
Según El País, también está vinculado a la empresa el diputado MPP Daniel Placeres, un hombre muy cercano a Mujica, quien ha reconocido que en los últimos años viajó 85 veces a Caracas.
Placeres fue principalmente el intermediario de muchos de los negocios cerrados en esos años. En su momento, Mujica le quitó trascendencia a las denuncias y defendió la actividad señalando que cobrar comisiones es "ganarse la vida como empresario".
Mujica y Chávez firmaron varios acuerdos trascendentes.
A fines de enero de 2011, se firmaron 13 acuerdos (cuatro de agricultura, dos de ciencia y tecnología, tres de comercio, dos sociales, uno de electricidad y uno de alimentación), informó Búsqueda.
El “Acta compromiso para la comercialización de alimentos” fue firmado “con el objeto de estudiar la factibilidad para desarrollar mecanismos de cooperación” en “rubros de alimentación” por el entonces ministro del Poder Popular para la Alimentación y por el presidente de la empresa Aire Fresco SA, Omar Alaniz.
El nombre de Alaniz aparece también vinculado a la compra en Venezuela de dos gigantografías españolas y en el “Acta de Compromiso entre la Empresa Venezolana Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (Suvinca)” y Aire Fresco para “la creación de una Empresa Mixta de carácter comercial” con el venezolano Alexis Chívico Granados.
BAJO LA MARCA URUPOLLO
Entre el 27 y el 29 de julio, más de una docena de empresarios uruguayos negociaron con representantes oficiales en Caracas la venta de sus productos.
La delegación, encabezada por el ministro de Ganadería Tabaré Aguerre, cerró negocios por más de 300 millones de dólares.
Entre los empresarios estaban el presidente de Conaprole, Álvaro Ambrois y directivos de diferentes empresas arroceras, sojeras, aviares, lácteas y otras.
Se acordaron 40.000 toneladas de arroz en cáscara, 20.000 toneladas de trigo, y 3.000 toneladas de pollo congelado.
Para Aire Fresco -que era uno más en la delegación- la expectativa era seguir por mucho tiempo haciendo negocios.
De hecho, pidió el registro de la marca Urupollo hasta 2027 en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela.
También estuvo presente en el Hotel Meliá otro conocido de Mujica en su papel de empresario: Gustavo Torena, a quien los hinchas de fútbol conocen como "El pato celeste".
La concreción de los negocios en Caracas fue posible gracias a un acuerdo marco logrado por los presidentes Vázquez y Maduro, que días antes se habían encontrado en Brasilia.
Los parlamentos de ambos países aprobaron la creación de un fideicomiso para que las deudas de ANCAP con la petrolera estatal venezolana Pdvsa fueran pagadas por anticipado, traídas a valor presente, lo que dejó una deuda de unos 400 millones de dólares en 267 millones.
UN HISTORIAL DE NEGOCIOS OSCUROS
Los negocios con Venezuela comenzaron en 2004 con la inyección de dinero chavista con la empresa cooperativa Envidrio.
Posteriormente los gobiernos acordaron el primer fideicomiso conocido como Fondo Simón Bolívar.
En 2008, el empresario informático Javier Vázquez, uno de los hijos del presidente, tuvo que declarar ante la Justicia penal ante una denuncia del entonces diputado colorado Washington Abdala en relación a negocios informáticos bajo el paraguas del Fondo Artigas-Bolívar, de unos 270 millones de dólares producido por las compras de petróleo venezolano por ANCAP.
Durante la presidencia de Mujica se creó el Fondo de Desarrollo a partir de ganancias del Banco República.
En su momento, el diputado Rodrigo Goñi no consiguió que el parlamento votara una investigadora para seguir de cerca las relación del Fondes con Venezuela.
Goñi se basó en que muchas de las empresas autogestionadas apoyadas por el Fondes (especialmente Funsacoop y Urutransfor), tenían a Venezuela como mercado casi exclusivo.
El oficialismo se negó a votar la investigadora.
EL CASO DE LAS "CASAS PREFABRICADAS"
Tampoco se pudo investigar otro fracaso estrepitoso rozado por el escándalo del valijero venezolano Antonini Wilson en Argentina.
Se supo -aunque sin ulterioridades- que dirigentes de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) y del Partido Comunista (PCU) estuvieron relacionados con la poco exitosa experiencia de exportar a Venezuela casas prefabricadas por la empresa Umissa.
Dicha compañía era propiedad del empresario argentino Alejandro Lagrenade.
El 14 de marzo de 2006, la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A. (Umissa) firmó un convenio con Venezuela para la exportación de más de 12.000 viviendas prefabricadas por casi 156 millones de dólares, en el marco del Fondo Bolívar-Artigas.
El contrato original sufrió dos modificaciones: la primera de ellas el 27 de marzo de 2006 cuando se aumentó la cantidad de viviendas a 12.193 kits y la segunda, el 14 de agosto de 2009, cuando se disminuyó a 8.000 casas prefabricadas.
En octubre de 2010 la Contraloría General de la República Bolivariana detectó en su informe de gestión de 2009 que se habían instalado apenas 11 viviendas prefabricadas de las miles que fueron importadas desde Uruguay.
Ante esa situación, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat del gobierno de Venezuela resolvió en 2011 la rescisión unilateral del contrato con Umissa, alegando el incumplimiento del acuerdo por parte de la firma uruguaya.
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