Empresarios e integrantes del gobierno uruguayo viajaron a Chile para destacar las bondades del proyecto de HIF Global en aquel país y alertar sobre la oportunidad que se perdería Uruguay si no acepta la propuesta realizada por la empresa trasnacional en el departamento de Paysandú
Víctor L. Bacchetta EL ZUMBIDO 14 marzo 2026
La Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUDER) organizó la visita de una amplia delegación uruguaya a la planta industrial Haru Oni en Chile, donde HIF Global ha iniciado la producción de combustibles sintéticos a partir del hidrógeno. El objetivo era mostrar los logros supuestamente extraordinarios de la empresa en el país trasandino, para justificar su instalación en nuestro país, pero el intento los ha llevado a sostener una serie de falsedades.
Según lo informado por AUDER, la comitiva uruguaya estuvo integrada por representantes de los ministerios de Ambiente, Industria, Energía y Minería y Economía y Finanzas, así como legisladores y ediles de distintos sectores políticos. El vicepresidente de AUDER. Marcelo Mula, explicó que fueron convocados “los principales actores involucrados en la toma de decisiones” (sic).
Sería una noticia más, si no fuera un ejercicio desembozado de presión política en favor del proyecto de producción de combustibles sintéticos de HIF en el departamento de Paysandú, pendiente aún del procedimiento de evaluación por el Ministerio de Ambiente, y que es el centro de un conflicto con las poblaciones argentinas vecinas del lugar propuesto. HIF acaba de presentar el Estudio de Impacto Ambiental requerido y faltan dos instancias públicas antes de llegar a la decisión final.
“Gobierno y privados viajaron a Chile para conocer de primera mano la posible mayor inversión de la historia de Uruguay”, tituló el matutino El País, el pasado viernes 13 de marzo. Y agregó: “Autoridades uruguayas visitaron la planta de HIF Global en Chile y está previsto que la que se ubicaría en Paysandú sea de similares características” (sic).
El vicepresidente de AUDER no deja de alertar sobre “la ventana de oportunidad” que perdería el Uruguay si no aprueba el proyecto de HIF en el departamento de Paysandú. Mula, explicó que la iniciativa buscó “que referentes técnicos y políticos del Uruguay pudieran visitar una planta similar a la que se está proyectando en Uruguay y poder ver en campo cómo funciona y sacarse las dudas”. Y subrayó que “básicamente fue una misión para aprender”.
En primer lugar, la afirmación induce a error. La planta Haru Oni de HIF Global visitada por la delegación uruguaya en Punta Arenas, en la región de Magallanes, al sur de Chile, es solo una planta piloto muy pequeña. El proyecto de HIF a escala industrial en Chile, denominado Cabo Negro, se encuentra en suspenso por falta de financiamiento, entre otros motivos, y es mucho menor en escala que el proyecto presentado por la multinacional en Uruguay.
Lo único similar que tiene Haru Oni con cualquier otro proyecto de producción de metanol, es la fórmula química que combina el hidrógeno con dióxido de carbono. Esta planta utiliza dióxido de carbono extraído de la atmósfera con una tecnología desarrollada para una planta que produce unos litros de metanol. Esa tecnología no está probada a escala industrial, cuando la producción debe ser de miles de toneladas de metanol, ni sería rentable por su alto costo.
Los proyectos de gran escala en Chile, no solo el de HIF, enfrentan serias dificultades. De los 77 proyectos anunciados con bombos y platillos, solo 14 proyectos piloto están activos. Para reactivar los 63 restantes, que representan una inversión estancada de 150.000 millones de dólares, el gobierno chileno anunció un crédito tributario de 2.800 millones de dólares y la devolución de hasta el 25% de la inversión en activos, si entran en operación antes de 2030.
Vendiendo humo
HIF Global había denominado al proyecto “Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro”, pero la autoridad ambiental chilena concluyó que el proyecto no es neutral en carbono y obligó a la empresa a cambiarle el nombre por “Planta de combustibles sintéticos Cabo Negro”, La norma de evaluación ambiental en Chile establece que “se deberá evitar denominaciones que subestimen o no reflejen lo que realmente el proyecto pretende ejecutar” (sic).
El proyecto Cabo Negro de HIF Global, para producir 173.600 toneladas anuales de metanol necesita un financiamiento de 500 millones de dólares que aún no dispone. Mientras tanto, en el proyecto de HIF en Uruguay, que prevé producir 876.000 toneladas anuales de metanol, están hablando de 5.385 millones de dólares y celebrándolo como “la inversión más importante en la historia del país”, diez veces mayor que la inversión que HIF no ha conseguido para Chile.
AUDER ejerce el rol previsible de hacer “lobby” o presión a favor de las empresas del sector que la integran, pero lo que llamó poderosamente la atención fueron las declaraciones de algunas de las autoridades y representantes políticos de la delegación uruguaya que visitó la planta de Haru Oni, por el grado de desinformación y falta de conocimiento que evidenciaron.
Una de esas autoridades, el viceministro de Ambiente, Oscar Caputi, indicó a El País que el proyecto de HIF generaría “independencia energética” en Uruguay. La propuesta de HIF no solo no prevé generar energía para el país, sino que pretende que UTE le venda a bajo costo la que necesita y todo lo que produzca será exportado. Caputi agregó el consabido argumento de las fuentes de trabajo y que el agua a extraer del río Uruguay “no es significativa” (sic).
De vuelta en Uruguay, el edil sanducero Alejandro Colacce, del Partido Nacional, se declaró “impactado” por la visita y expresó a un medio local: “aquello de que el agua se podía transformar en etanol y el etanol en combustible es realidad, porque yo me subí a un auto con ese combustible y lo manejé” (sic). Evidentemente, Colacce no entendió cómo se produce el metanol, no es etanol, creyendo que surge mágicamente del agua y olvidándose del dióxido de carbono.
“Visita a planta de HIF Global “despejó dudas” y fortaleció el impulso al proyecto sanducero”, tituló por su parte el periódico El Telégrafo, de Paysandú. Sin embargo, en todas las informaciones trasmitidas al público solo hablan del hidrógeno generado del agua con energías renovables, el llamado Hidrógeno Verde, que se define como combustible “limpio” porque no emite dióxido de carbono, pero ignoran y esconden que ese no es el producto final de este proyecto.
El hidrógeno es un gas muy difícil, peligroso y costoso de almacenar y transportar a grandes distancias. Por esa razón, para exportarlo se lo combina con dióxido de carbono para generar metanol, un fluido más fácil de manejar que el hidrógeno, a partir del cual se pueden producir combustibles sintéticos capaces de sustituir a los refinados derivados del petróleo. Este es el producto final de los proyectos de HIF Global en Paysandú y Enertrag en Tacuarembó.
Para que el metanol y sus derivados sean certificados como “verdes” y puedan ingresar sin pagar impuestos en Europa, condición para que sean rentables, el proyecto debe lograr una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de, como mínimo, el 70% en comparación con el combustible fósil equivalente. Esto es lo que no logró demostrar el proyecto industrial de HIF en Chile y que no ha demostrado hasta ahora el proyecto de HIF en Uruguay.
El pasado jueves 5 de marzo, el Directorio de OSE firmó un contrato para la construcción de una nueva planta potabilizadora y obras complementarias con el objetivo de incrementar en 200,000 metros cúbicos diarios la capacidad del sistema Metropolitano.
Según el comunicado oficial del Gobierno, (1) esta obra "asegurará el suministro de agua potable para Montevideo, Canelones y la Costa de Oro" y representa una inversión declarada de 200 millones de dólares
Desde MOVUS manifestamos la inconsistencia de esas afirmaciones. Consideramos que estas obras no sólo no garantizarán el suministro de agua, sino que su costo real superará ampliamente los montos anunciados, sin fundamentos económicos ni financieros claros. No se trata de una inversión, sino más bien de un gasto desproporcionado e injustificado.
Simplemente no se puede asegurar el suministro cuando se pretende obtener el agua de la misma fuente y llevarla a la misma red que pierde el 65% de agua potabilizada.
Desde nuestra perspectiva, el sistema no necesita más agua sino menos pérdidas de agua. En Montevideo se pierden dos de cada tres litros de agua que se potabilizan.
Más que una inversión un gasto injustificado
De los 200 millones proyectados terminaremos pagando por las obras más de 700 millones de dólares. Los pagos previstos de cuarenta millones de dólares anuales por diecisiete años y medio comprometen las finanzas de la OSE e incrementan los costos operativos sin que se haya anunciado por estas obras ninguna mejora en los ingresos.
El dato del costo trascendió, a pesar de que el contrato no ha sido publicado. Desde MOVUS ya hemos solicitado acceso al mismo por pedido de información pública.
Innecesario incremento en el volumen de potabilización
La OSE potabiliza diariamente en la zona metropolitana, para abastecer a 1.700.000 personas, más de 600.000 metros cúbicos de agua. Un volumen similar al que se potabiliza en la comuna de Madrid para abastecer 3.400.000 personas.
Si el sistema metropolitano tuviera los estándares de manejo de agua, no ya de los países desarrollados, sino de los que se dan en las redes de OSE en el interior del país, se ahorrarían diariamente más de 200.000 metros cúbicos de agua.
Paralelamente se incorporarían a la facturación de OSE más de 100.000 metros cúbicos diarios, incrementando los ingresos de OSE en casi 40 millones de dólares anuales.
Desde el MOVUS hemos expresado en reiteradas oportunidades la necesidad de reparar y controlar las redes de agua del sistema Metropolitano. Sobre esto OSE no hace NADA, no se asignó presupuesto al programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) en Montevideo, no se ocupa de encarar las obras necesarias para reducir la excesiva demanda del sistema por pérdidas técnicas y hurtos.
Con este nuevo contrato se endeuda a OSE para hacer obras innecesarias que no solucionan el problema.
(1) https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/ose-neptuno-aguas-corrientes-contrato
Jueves 12 de marzo de 2026
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
Presentaron un recurso de revocación y jerárquico contra el convenio entre la Facultad de Ciencias, en nombre de la Universidad de la República (Udelar), y ANCAP que declaró confidencial información sobre la situación del mar uruguayo en la zona de operación de empresas petroleras
Víctor L. Bacchetta EL ZUMBIDO 10 marzo 2026
El recurso presentado ayer en la Facultad de Ciencias por la abogada Valentina Piquinela, en representación de la asociación civil Derechos con Voz, solicitó la suspensión y anulación del convenio que colocó bajo la autoridad de ANCAP el acceso a la información disponible en la academia sobre las actuales condiciones del ecosistema marino en la zona donde la empresa extranjera APA se propone la construcción de un pozo exploratorio de petróleo.
Regulado por los Artículos 317 y 318 de la Constitución de la República, el recurso de revocación y jerárquico es un instrumento de la ciudadanía para impugnar un acto administrativo, la decisión de un organismo del Estado que considera ilegal o lesiva para sus derechos. Se presenta ante la misma autoridad que dictó el acto impugnado, que cuenta con 120 días para decidir y, en caso de ratificarlo, la demanda pasa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Que “en suma, se acoja la solicitud de suspensión del acto impugnado de forma cautelar en aplicación del artículo 47 de la constitución nacional, el principio de precaución, y los derechos reconocidos en el acuerdo de Escazú ratificado por nuestro país y, por tanto, parte del ordenamiento jurídico que debe incorporarse y ponderarse en las resoluciones judiciales”, expresa el petitorio de la doctora Piquinela.
La suspensión del referido convenio se sustenta en considerar “absolutamente ilegal todo tipo de confidencialidad con respecto a la información ambiental”, señaló la profesional a El Zumbido. El Acuerdo de Escazú establece que cualquier persona puede solicitar información ambiental a las autoridades competentes sin necesidad de justificar por qué y que los organismos públicos deben generar y difundir de manera sistemática información sobre el estado del ambiente.
Este recurso se suma a otro presentado, en el mes de diciembre último, por la misma profesional, en representación del colectivo Amigos del Océano, ante el Ministerio de Ambiente solicitando la medida cautelar de ‘no innovar’, es decir, la suspensión del efecto de las autorizaciones otorgadas a cuatro empresas petroleras extranjeras, en el marco de contratos firmados con ANCAP, para realizar prospecciones sísmicas en busca de petróleo en el subsuelo marino.
“La ciencia no es neutra”
Paralelamente, la Red Unión de la Costa (RUC), que reúne a más de 100 colectivos de vecinos de los departamentos costeros, desde Colonia Hasta Rocha, expresó ayer en un comunicado “su profunda preocupación por el Convenio firmado entre la Facultad de Ciencias y ANCAP con el objeto de generar conocimiento previo a la construcción de un pozo exploratorio petrolero en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay (Bloque OFF-6)”.
Como fundamento de esa preocupación, la RUC manifiesta que la información generada en el marco de ese convenio sea de difícil acceso para la población y resulte sesgada al pasar por el filtro de ANCAP antes de ser publicada, que la precariedad de las contrataciones en el marco del Convenio tiende a silenciar las voces de especialistas en esos temas y la falta de transparencia en el manejo del dinero que ANCAP transfiere a la Universidad.
“La RUC reconoce la importancia de la cooperación entre organismos públicos, empresas estatales y la academia. Sin embargo, entiende que los convenios de investigación no deberían imponer restricciones incompatibles con la naturaleza de la investigación científica ni con el carácter público de la universidad. El conocimiento científico sobre el ambiente marino, especialmente cuando se genera en instituciones públicas, debe estar al servicio de la sociedad”, concluyó la organización social.