En el marco de la COP 4 del Acuerdo de Escazú, cuya presidencia fue otorgada a Uruguay, desde Mar Libre de Petroleras Uruguay denunciamos la falta de transparencia y el acceso real a la justicia por parte del Estado uruguayo frente a la llegada de las petroleras
Desde diversas organizaciones sociales, sindicatos y ámbitos académicos se han impulsado hasta 5 procesos judiciales, y todos tuvieron el mismo resultado: justificaciones ambiguas y vacíos administrativos. El acceso a la justicia ambiental en Uruguay demostró no ser efectivo
A pesar de esto, el Estado uruguayo se enorgullece de presidir el Acuerdo Regional de Escazú, que justamente apunta a garantizar al pueblo los derechos necesarios para la defensa del ambiente
Con esta carta , exponemos las realidades que se están desarrollando en nuestro territorio, las vulneraciones a nuestros derechos e invitamos a todas las organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudiantes, colectivos territoriales y agrupaciones afines a adherirse a esta denuncia pública, que será llevada a la Cumbre de Escazú en Bahamas
Para adherirse a esta proclama, pueden responder este formulario haciendo llegar la aprobación de su organización para ser incluida en la lista de colectivos que apoyan esta denuncia LINK: https://forms.gle/TAwHzaX6GEQZ1eR66
¡Por un mar libre de petroleras!
¡Nuestro mar no es territorio de saqueo!
Comunicado de la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay en el marco de la 4a reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4 de Escazú) entre el 21 y 24 de abril de 2026
Somos la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay, una red de territorios, colectivos, personas y familias que se organizan a lo largo de Uruguay por una idea concreta de futuro, explicitada en nuestro nombre: un mar uruguayo libre de petroleras. A través de esta carta, leída por nuestras portavoces en la COP4 de Escazú, queremos denunciar al Estado uruguayo y su grave incumplimiento de los principios del acuerdo que hoy les convoca: acceso a la información ambiental, participación pública, acceso a la justicia ambiental y protección de las personas defensoras del ambiente.
En Uruguay, la presencia del Poder Judicial en los conflictos ambientales está cuestionada. Los procesos judiciales formales que deberían garantizar nuestro acceso a derechos, han quedado sometidos a los intereses privados extranjeros. Además, el propio Ministerio de Ambiente, en lugar de cumplir con su rol en la preservación de la calidad del ambiente y la formulación de acciones de prevención, protección, control de impactos y eventual restauración de los ecosistemas parece haberse convertido en la principal defensoría de las empresas petroleras en nuestro país. Se avanza en la explotación y el sacrificio de zonas marítimas de alta diversidad biológica, zona que fuera declarada como Santuario de Ballenas y Delfines y que ha autorizado a bombardear acústicamente.
¡Exigimos respeto y coherencia!
Al día de hoy, se han iniciado cinco procesos judiciales: una medida cautelar con demanda ampliada presentada por nuestra Asamblea; una medida provisional en lo contencioso anulatorioiniciada por una ONG animalista; dos recursos de amparo impulsados por organizaciones ambientales,el sector pesquero, la comunidad científica y sindicatos; y una acción de amparo presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para cesar toda actividad sísmica.
Imploramos al gobierno uruguayo que detenga esta marcha: no todo está definido. Todos estos recursos han tenido un mismo destino: burocracias judiciales, vacíos administrativos y respuestas ambiguas que negaron las demandas presentadas.
Lo que está ocurriendo es un atropello a nuestros derechos,al acceso a la justicia y a la información pública. Las semanas pasan: las marchas se organizan, las calles se llenan, la incertidumbre crece, las organizaciones se desgastan y el Estado no responde.
Además, Uruguay se prepara ahora para avanzar con un pozo exploratorio. Existen conflictos de interés evidentes: técnicos que trabajaban para petroleras, hoy tienen contratos en el Ministerio de Ambiente, institución que deberá evaluar estudios elaborados por esos mismosactores en el ámbito privado. Por otra parte, la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República ha firmado acuerdos con la empresa estatal Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland (ANCAP) con cláusulas de confidencialidad sobre los resultados de los relevamientos e investigaciones a realizar por un pago de U$S 100.000.
Mar Libre de Petroleras Uruguay denuncia la falta de transparencia en la toma de decisiones vinculadas a la gobernanza ambiental del territorio nacional, la ausencia de acceso a la información sobre las intervenciones en su mar y, el violento atropello a los derechos de las personas defensoras del ambiente y su derecho de acceso a la justicia. Así mismo, denuncia la actuación del Estado uruguayo como cómplice de las empresas privadas petroleras en lugar de garante de los derechos ambientales consagrados en su Constitución.
Instamos a las delegaciones aquí presentes, comprometidas con el espíritu y la normativa dispuesta en el Acuerdo de Escazú, a tejer puentes de apoyo con el pueblo uruguayo y ejercer presión para que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y con las que surgen de este acuerdo.
Uruguay ostenta la presidencia del Acuerdo de Escazú, ¡sepan cumplir!
Desde MOVUS respondemos aquí a las declaraciones del presidente del Directorio de OSE, realizadas este martes en distintos medios como La Diaria Radio, VTV y otros.
En primer lugar, el contador Ferreri admite que OSE pierde más del 50% del agua que potabiliza. Detalla que el 35% se debe al mal estado de las cañerías y el 15% corresponde a pérdidas comerciales, incluyendo subregistros, fraudes y, según agregamos nosotros, robos de agua.
El presidente justifica la falta de acción frente a las pérdidas por problemas en la red, señalando que estas reparaciones implicarían levantar veredas, asumir altos costos y enfrentar complicaciones técnicas. Además, destaca que el ahorro por dichas reparaciones alcanzaría "sólo" unos 90.000 metros cúbicos diarios.
Sin embargo, los datos reflejan otra realidad. A nivel nacional, ese 35% de pérdidas equivale a más de 300.000 metros cúbicos diarios de agua desaprovechada. Incluso si el ahorro se limitara únicamente a 90.000 metros cúbicos diarios, esto representaría más de 30 millones de dólares anuales en términos de costos evitados de potabilización y distribución.
Llama la atención que no se mencione la implementación de controles eficaces para reducir el 15% restante de pérdidas, que suma más de 120.000 metros cúbicos diarios. Combatir el robo de agua permitiría incrementar la facturación en aproximadamente 20 millones de dólares al año sin necesidad de aumentar las tarifas actuales.
El ahorro generado por la reducción de pérdidas y el cobro del agua actualmente hurtada sería suficiente para autofinanciar, desde el cuarto o quinto año, el costo del programa de reducción de pérdidas estimado en 40 millones de dólares anuales durante una década. A pesar de ello, esta medida tan rentable no parece formar parte de los planes del contador Ferreri, quien ha descartado la posibilidad de mantener y controlar la red. En efecto, el Programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) para Montevideo tiene asignado un presupuesto de cero pesos para el período 2026-2030.
Reducir las pérdidas de agua no sólo optimizaría las reservas actuales, sino que disminuiría la necesidad de nuevas obras para aumentar dichas reservas. Actualmente, Paso Severino y Canelón Grande, las principales fuentes del sistema metropolitano, pueden almacenar agua suficiente para abastecer a la población durante 110 a 120 días. Si se lograra reducir significativamente las pérdidas, esa capacidad podría extenderse hasta cubrir casi 200 días.
Desde MOVUS coincidimos en que OSE enfrenta "enormes problemas financieros". Sin embargo, resulta difícil comprender cómo un directorio con restricciones económicas decide proceder con la construcción de una nueva potabilizadora cuyo costo inicial es de 213 millones de dólares, pero por la cual terminarán pagándose más de 700 millones debido a pagos anuales de 40 millones (ajustables) durante 17 años y medio.
La nueva planta está justificada bajo un supuesto incremento poblacional proyectado para el año 2045 que claramente no se concretará en esos términos. Además, cuando entre en funcionamiento, aportará agua a un sistema que ya pierde más de la mitad. Su operación implicará mayores costos operativos para OSE sin generar ingresos adicionales significativos, lo cual no puede ser considerado una inversión sino un gasto innecesario.
En cuanto a la crisis hídrica vivida este verano en la zona metropolitana y específicamente en Minas, Ferreri mencionó repetidamente un protocolo de manejo frente a sequías. Suponemos que este deriva de la Resolución 858/25 del Directorio de OSE; sin embargo, dicho protocolo no ha sido publicado ni sometido a evaluación pública, y los "cuatro niveles" mencionados continúan siendo incomprensibles debido a la falta de explicaciones claras.
A nuestro juicio, las decisiones sobre el agua potable y su abastecimiento deben basarse en criterios inteligentes y responsables dados los recursos disponibles, tanto económicos como naturales. Estas cualidades no se reflejan en las decisiones que provienen actualmente del Directorio de OSE, que son contrarias a las buenas prácticas que deben guiar la administración pública.
Miércoles 22 de Abril de 2026
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)