Programa El Cernidor 22. 06.2026
Lunes y Jueves 19.30 hs. https://www.youtube.com/@elpulsometrotv
Horacio Lampariello, Héctor Amodio Pérez y Álvaro Alfonso
https://www.youtube.com/live/-1vSPFuludc?si=5RKT75unAAUEuWWr
Cernidor 293, correspondiente al día 22 de junio de 2026
Magdalena Broquetas, historiadora y directora del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, dijo en la radio La Diaria, que el debate sobre el pasado reciente debe encararse con “un piso mínimo de verdad”.
Llama la atención que ese pedido o deseo venga de alguien que ha seguido y compartido, para referirse al pasado reciente, las directivas de quienes han validado la falsa historia del MLN.
Como ejemplo, en el Archivo Cámpora, depositado en la misma facultad de la que ella forma parte, se encuentran unas supuestas Memorias de Amodio Pérez cuya falsedad fue demostrada en el año 2017 por Álvaro Diez de Medina en su libro Mapa de un engaño y que recientemente hemos iniciado los trámites para su impugnación.
La Sra. Broquetas cuestionó, por parte de actores políticos de la oposición, se diera la “embestida de dichos que relativizaban, banalizaban y en algún sentido negaban” la represión. Aunque no lo dice la Sra. Broquetas ni el conductor de la diaria, supongo que se refiere a las manifestaciones referidas a la situación de los militares procesados por algunos jueces que no se atreven a contradecir al fiscal Ricardo Perciballe.
Dice también que de 1972 en adelante, el sistema de represión fue “casi un bloque” y “no varió” de “un concepto de guerra permanente”, por lo que “no diría que tuvo un salto entre 1976 y 1980, porque ya teníamos tortura masiva, secuestros, desapariciones y asesinatos”. Lo que sí ocurre en ese período es la “transnacionalización” de la represión, que “pega un salto sustancial”, sobre todo con operaciones en Argentina.
Lo que la Sra. Broquetas no dice es que en enero de 1972, Raúl Sendic metió al MLN en la guerra contra los ricos y las FF.AA., su brazo armado, mediante la proclama firmada por la columna Leandro Gómez, y que el 14 de abril fue el día señalado como el inicio del plan Hipopótamo, para la toma de Montevideo. Tampoco dice que la transnacionalización de la represión fue consecuencia de la formación de la Junta de Coordinación Revolucionaria y que las organizaciones armadas se habían trasladado a la Argentina y donde realizaron acciones de asaltos y secuestros para proseguir su accionar en Uruguay.
Dice también que las consecuencias de la represión siguen presentes en la actualidad y que publicó un artículo en la sección Posturas de la diaria el 2 de junio, en la que cuestiona lo que entiende como mentiras y relatos falsos. Yo vuelvo al tema de las Memorias de Amodio Pérez, ejemplo claro de falsedad, que en su momento se dijo que se había escrito para validar el golpe de Estado, mientras Wilson Ferreira y Jorge Batlle me acusaban de conspirar con los militares, sabiendo que quienes lo hacían eran otros, que estando presos entraban y salían de los cuarteles, formaban comisiones para la lucha contra los ilícitos económicos y participaban en operaciones conjuntas.
Otra preocupación radica en los “ataques” a la Justicia y a la Fiscalía, a pesar de que a partir de 2005, y con muchas dificultades, “empezó a resquebrajarse esa impunidad” y los juicios se realizaron “con todas las garantías”, por lo que “decir que la Justicia está ideologizada, decir que los historiadores profesionales tenemos sesgos y decir que a los familiares que están denunciando estos crímenes –con muchas dificultades– desde hace 50 años los ‘mueve el odio’, me parece que realmente es demasiado”.
Me parece que negar que el fiscal Perciballe, cabeza visible de la fiscalía de lesa humanidad, pariente de un preso por actividades ilícitas, que ha manifestado públicamente que siempre les cree a las supuestas víctimas y que participa en actos públicos organizados por las mismas presuntas víctimas, actúa guiado por su ideología, es negar lo evidente.
Dijo no estar de acuerdo con quienes dicen que “los desaparecidos en Uruguay son apenas 30”. Yo nunca he oído lo de apenas. He leído y escuchado a la Sra. Lusiardo decir que son 32, coincidiendo con lo que venimos diciendo hace años.
La diaria coincide totalmente con las posiciones de la Sra. Broquetas. ¿Pero a La Diaria verdaderamente le interesa la verdad? Veamos:
En la edición 1085 de Correo de los viernes, el 19 de junio de este año,
Luis Hierro López publicó un artículo llamado Verdades sobre la historia reciente. Dicho artículo comienza con una entradilla que dice lo siguiente:
Ante una publicación de «la diaria» sobre el pasado reciente, envié a ese diario una respuesta o carta de lector. Dos días después me dijeron que no iban a publicarla, por lo que reitero acá ese texto tal cual fue remitido al periódico.
El 12 de junio, la diaria publicó un reportaje a la historiadora Magdalena Broquetas, directora del Departamento de Historia de la Universidad de la República, en el que sostiene que la historia reciente debe enfocarse desde “un piso mínimo de verdad” y acusa a dirigentes colorados y blancos de tergiversar los hechos.
Indicó la docente que la negación de que en la dictadura desaparecieron niños, así como la insistencia en que en Uruguay desaparecieron en total 30 personas, son demostraciones de esas “mentiras o relatos falsos”.
Como entiendo que la señora Broquetas no contribuye a restituir la verdad con sus expresiones, haré algunas consideraciones, sin ánimo de polémica menor.
Cualquier análisis que se haga sobre los juicios a los militares debe partir del reconocimiento de un proceso quizás único en el mundo: la amnistía o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue ratificada por el cuerpo electoral en dos oportunidades, en 1989 y en 2009. Ninguna otra ley tiene esa fuerza representativa y moral. Y no se aplica ahora por una ley posterior, a contramano de la voluntad popular. No mencionar ese rotundo antecedente no contribuye a la reconstrucción de la verdad.
La historiadora dice después que dirigentes colorados y blancos atacan a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. Se olvida nada menos de que la exvicepresidente Lucía Topolansky afirmó que hubo testigos que “mintieron” ante la justicia para lograr la condena de los militares. El propio Mujica avaló posteriormente esa afirmación. Luego de publicado el libro con ese terminante testimonio, Topolansky se negó a dar información sobre los testigos mentirosos, pero no porque no hayan existido, sino para no ser tratada de “buchona”.
Con eso alcanzaría para dudar de la Fiscalía, pero si le agregamos las disquisiciones poco convincentes de su titular, Dr. Perciballe, sobre por qué acusa sin pruebas y lo hace por indicios y convicciones, el escepticismo sobre su funcionamiento se multiplica.
Dice la profesora que colorados y blancos negamos la desaparición de menores durante la dictadura. No sé a qué se refiere. Sanguinetti encomendó al entonces Consejo del Niño la búsqueda de menores. Juan Miguel Petit es digno protagonista y testigo de esa noble tarea. Fue durante la presidencia de Jorge Batlle que se ubicó a Macarena, la nieta del poeta Juan Gelman.
No hubo un mínimo reconocimiento en el reportaje a la Comisión para la Paz, instituida por Jorge Batlle con representación de todos los sectores involucrados, incluidos Familiares entre ellos. Se estableció por unanimidad que el número de compatriotas muertos en los cuarteles fue de 31. El Estado reconoció esa condición y se depuró la lista, confirmándose que algunas denuncias eran infundadas porque las personas mencionadas estaban vivas.
La versión de “cientos de desaparecidos” uruguayos refiere a Argentina, donde el panorama fue más oscuro y confuso. Se quiso imponer en ese país la cifra de 30.000 desaparecidos, pero luego se supo que ese fue un número inventado y la investigación oficial llegó a contabilizar 8.500 casos, una cuantía horrible pero muy distinta de la que se manejó propagandísticamente. La responsabilidad de los mandos castrenses uruguayos en esos hechos es de muy difícil confirmación.
Lo curioso sobre este punto, y a lo que la señora Broquetas no hace referencia, es que el gobierno de Lacalle Pou promovió y aprobó la Ley 20.280, de 2024, resolviendo el procedimiento para publicar los archivos militares. Hubo dirigentes frenteamplistas que se opusieron a esa ley, sosteniendo que se podían divulgar las declaraciones de los guerrilleros obtenidas por tortura. Y ahora el gobierno de Orsi ha demorado demasiado en revelar la información.
La divulgación completa y objetiva de esas fuentes puede arrojar mucha luz sobre esa pesada historia reciente.
Sobre las demoras en las investigaciones, algo ya había insinuado el antropólogo López Mazz cuando explicó por qué hace unos años se detuvo la búsqueda de los restos de los desaparecidos, sugiriendo que alguno de los integrantes de Familiares actuaba por motivos espurios.
La directora del Departamento de Historia de la Udelar nada dice sobre estos temas y, en cambio, ataca políticamente y al bulto a “colorados y blancos”. Nos hubiera gustado que, proviniendo de una historiadora, sus opiniones hubieran estado realmente dirigidas a contribuir a la verdad y no a servir a la militancia. De ambos lados debemos actuar y responder con probidad y humanismo, si es que queremos que Uruguay no siga enredándose en su pasado.
( se publica la nota completa de Magdalena Broquetas)
Para la historiadora Magdalena Broquetas, el debate sobre el pasado reciente debe encararse con “un piso mínimo de verdad”
La directora del Departamento de Historia del Uruguay de la Udelar cuestionó la “embestida de dichos que relativizaban, banalizaban y en algún sentido negaban” la represión, por parte de actores políticos de la oposición.
la diaria 12/06/26
La historiadora y directora del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Magdalena Broquetas, estuvo en La mañana de la diaria para repasar los acontecimientos del 12 de junio de 1976, cuando Juan María Bordaberry dejó de ser el presidente de facto tras ser depuesto por las Fuerzas Armadas. Ese año fue un “nudo” porque el gobierno, que ya llevaba dos años y medio, al igual que otros regímenes del Cono Sur, estaba “buscando legitimarse y estabilizarse”, señaló.
Para explicar el “punto de inflexión”, la especialista apuntó que en el golpe de Estado uruguayo el mandatario “no es desplazado”, sino que, con una “escalada golpista previa”, llega a “un acuerdo con los militares” y “desde ese momento se transforma en el presidente de facto”. Además, se conforma una coalición militar junto con un elenco civil que “va a tener a su cargo la conducción del Estado”, y desde que firma el decreto Bordaberry anuncia “una revolución”.
Aunque en la interna de la coalición hay posiciones diferentes sobre varios temas, están de acuerdo en que en aquel entonces era necesario “eliminar la subversión”, y eso apunta a “las izquierdas en su amplio espectro”. Desde junio de 1973 hasta la caída de Bordaberry se produjeron cambios: “En el decreto del 27 de junio de 1973 se suspende la actividad política y en noviembre de 1973 se ilegaliza la enorme mayoría de los partidos de izquierda”, ejemplificó la historiadora.
En 1974, algunas personalidades públicas plantearon que los partidos deberían volver a funcionar, pero Bordaberry replicó que era “la hora de la Nación”, contó Broquetas.
“Sin embargo, Bordaberry había dicho que las elecciones iban a tener lugar y que, pasara lo que pasara, él no iba a prolongar su mandato más allá de noviembre de 1976”, puntualizó. Los militares le trasladaron que estaban dispuestos a que extendiera su gobierno “siempre y cuando se empezara a conversar sobre una reforma constitucional”, ya que existía “cierto consenso” en que los partidos tradicionales “se habían corrompido”.
Sin embargo, cuatro días después de su destitución, las Fuerzas Armadas publicaron documentos escritos por Bordaberry, en los que “hace un planteo de transformación institucional muy profunda” y dice que el golpe “no puede ser en vano”. “Decía, en varias oportunidades, que ‘estamos en una revolución’, y la revolución que concebía era en estos términos”, afirmó. El dictador planteaba, indicó la historiadora, que “no podían volver a funcionar los partidos” y que las Fuerzas Armadas debían “volver a ser simplemente garantes de la seguridad”. También que los poderes Legislativo y Judicial tenían “que aparecer como órganos técnicos de asesoramiento del Ejecutivo” y que la Constitución no debía someterse a plebiscito, como querían los militares, sino ser “corta, flexible y con algunas leyes fundamentales”.
“Las Fuerzas Armadas dicen ‘no, entendemos que no fueron los partidos los responsables de la crisis, sino que dentro de los partidos tradicionales hubo desviaciones personales, hubo politiquería, hubo demagogia, pero eso no quiere decir que con una correcta depuración no se pueda volver al funcionamiento partidario. Nosotros no queremos tener la responsabilidad histórica de suprimir los partidos tradicionales’”, reconstruyó la historiadora.
Al margen de lo anterior, de 1972 en adelante, el sistema de represión fue “casi un bloque” y “no varió” de “un concepto de guerra permanente”, por lo que “no diría que tuvo un salto entre 1976 y 1980, porque ya teníamos tortura masiva, secuestros, desapariciones y asesinatos”. Lo que sí ocurre en ese período es la “transnacionalización” de la represión, que “pega un salto sustancial”, sobre todo con operaciones en Argentina.
“Ordenar los tantos”
Las consecuencias de la represión siguen presentes en la actualidad. Broquetas publicó un artículo en la sección Posturas de la diaria el 2 de junio, en la que cuestiona lo que entiende como mentiras y relatos falsos.
Explicó que su escrito responde a que en las últimas semanas hubo “una especie de embestida de dichos que relativizaban, banalizaban y en algún sentido negaban cuestiones que tienen que ver con la represión en dictadura”. Entre ellos, citó un conversatorio en el que participaron los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, y la senadora blanca Graciela Bianchi, así como comentarios de su correligionario, el senador Sergio Botana, en televisión.
“Parecía un poco mucho, porque allí no solo se estaban diciendo cuestiones que no eran ciertas, sino generando un clima que no contribuye en lo más mínimo a lo que puede ser un debate sobre el pasado reciente, una apertura de la memoria, necesaria en este momento, cuando todavía estos temas no están cerrados”, dijo, y puso como ejemplo el procesamiento de tres militares por la desaparición forzada de Luis Eduardo Chiqui González, este martes.
Otra preocupación radica en los “ataques” a la Justicia y a la Fiscalía, a pesar de que a partir de 2005, y con muchas dificultades, “empezó a resquebrajarse esa impunidad” y los juicios se realizaron “con todas las garantías”, por lo que “decir que la Justicia está ideologizada, decir que los historiadores profesionales tenemos sesgos y decir que a los familiares que están denunciando estos crímenes –con muchas dificultades– desde hace 50 años los ‘mueve el odio’, me parece que realmente es demasiado”, listó.
Llamó a debatir “con un piso mínimo de verdad” y a “ordenar los tantos”. En ese sentido, repudió que se haya puesto en duda la desaparición de niños en la dictadura, algo que escuchó “de muchos actores políticos, no solo del Partido Colorado y el Partido Nacional”; o que “los desaparecidos en Uruguay son apenas 30”, cuando en realidad “la coordinación represiva suponía que había carta libre para que las fuerzas de seguridad uruguayas actuaran en otros territorios”.