Julio César Guanche- Facebook 23/06/26
Una cosa es la historia y otra un inventario. Si 1959 fue historia, 2026 parece inventario. El paquete de 176 medidas en 23 ejes, presentado el 18 de junio ante la Asamblea Nacional, es la transformación hacia el mercado más importante desde 1959: más de 148 disposiciones jurídicas afectadas, casi ninguna zona de la economía sin tocar.
Buena parte de esas medidas se exige hace mucho, desde un espectro amplio: descentralización, fin de la doble moneda, pequeña propiedad, mercado, autonomía municipal. Lo que sigue no argumenta contra ellas, sino se preocupa por sus impactos.
Primero, un sencillo análisis textual, puesto que se presenta como “ejercicio soberano para preservar las conquistas de la Revolución sin renunciar al socialismo”.
La palabra «Obrero» no aparece en los 23 ejes del documento. «Sindicato» aparece una vez, solo para topar el salario a «la capacidad económica-financiera» de la empresa. «Socialismo» se concentra en lo retórico; en las medidas técnicas sobrevive como etiqueta de la «Empresa Estatal Socialista», que el documento ordena «transformar... a sociedad mercantil por acciones». El significante queda, pero el referente cambia.
El referente que ocupa su lugar tiene nombre, aunque el documento no lo use: ajuste estructural, aunque se pretende de tipo heterodoxo. Sus medidas cardinales —liberalización de precios, banca privada, IVA, devaluaciones sucesivas con liquidación de empresas que «no soporten» el ajuste, eliminación de subsidios universales, apertura irrestricta a inversión extranjera— son las que, normalmente, recomiendan las instituciones monetarias globales en sus programas de estabilización.
La diferencia declarada está en el ritmo y en el mantenimiento nominal de la propiedad estatal sobre los medios «fundamentales», categoría que el documento no define. Sí define el mecanismo de su transferencia: separar propiedad —que sigue siendo «social»— de gestión —que pasa a ser «no estatal»—. En los hechos, es un dispositivo similar al que en China y Vietnam permitió la acumulación privada dentro de estructuras formalmente públicas.
«Mercado» aparece unas veinte veces en el cuerpo del texto. Los candados sociales que lo acompañan —un fondo con «una parte» del ahorro de eliminar subsidios, responsabilidad social delegada a privados, indemnización de tres a seis salarios por despido— tienen, de nuevo, más allá de la letra, un problema de secuencia: la eliminación de subsidios a energía y transporte generará inflación inmediata, que erosionará el Fondo antes de que funcione.
De ahí se abren tres caminos hipotéticos.
El primero es una “renovación” del socialismo, mejor si con control obrero, como reclaman sectores de izquierda marxista. Cuba alcanzó en los 1970-80 indicadores de salud y educación muy por encima de su ingreso. Envió tropas a Angola y en Cuito Cuanavale y contribuyó a la derrota militar del apartheid —«la decisiva derrota de las fuerzas agresoras del apartheid destruyó el mito de la invencibilidad del opresor blanco», dijo Mandela en 1991, cuando viajó a la Isla a agradecerlo en persona—. Esa potencia forma parte de la memoria del socialismo cubano, pero el control obrero en Cuba es una fantasía. Antes de 1959 hubo una izquierda con base obrera real: el anarcosindicalismo dominó el movimiento laboral hasta los años veinte; comunistas, trotskistas y el PSP sostuvieron luego sindicatos y huelgas. Tras los 1960 triunfó el socialismo de Estado —planificación desde arriba, soberanía del poder central, autoorganización limitada—. Cuando la jerarquía del partido no colapsa sino que se reorganiza, no nace el control obrero: nace la conversión del poder administrativo en propiedad.
El segundo camino posible es la transición pactada desde arriba: élites del régimen negociando con los sectores económicos crecidos a su sombra, sin ruptura, con aperturas graduales. El límite de ese modelo —documentado en otro tipo de transiciones poscomunistas— es que sin reforma política, la apertura se frena o revierte. Cuba tiene, además, una grieta específica, común a la vez a esos procesos: la corrupción. El exviceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández fue destituido en febrero de 2024 por «graves errores» he investigado por espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias. Con goteras de ese tamaño, la pregunta no es si el pacto resiste, sino también con cuáles lealtades.
El tercer escenario hipotético es la transición subordinada a Washington. Cuba no es Venezuela —no tiene petróleo a esa escala ni fuerzas armadas comparables—, pero el bloqueo, el corte de combustible desde enero, la imputación a Raúl Castro y las sanciones sobre GAESA empujan desde EEUU hacia una salida dependiente. Venezuela mostró el guion: el cambio de régimen no mejoró de facto salarios ni cortó la crisis eléctrica; lo que cambió de inmediato fue la ley, con reformas de hidrocarburos y minería que abrieron el modelo al capital extranjero —formalización, según el sociólogo Emiliano Terán Mantovani, de la «economía de expolio y despojo»—. GAESA, los puertos y el níquel son el nodo cubano de esa operación hemisférica.
Los tres caminos tienen una base común: el documento crea las condiciones para actores económicos privados con intereses propios cuya representación el sistema unipartidista no puede procesar sin transformarse. El pacto implícito es el del autoritarismo desarrollista —libertad económica a cambio de obediencia política—. Lo dice Díaz-Canel, acaso sin proponérselo: «Lo primero que hay que hacer es producir. Si no producimos, si no generamos riqueza [...] ¿qué justicia social vamos a defender?» Subordinar la justicia social a la producción de riqueza como condición previa es la tesis del capitalismo liberal desde hace dos siglos. Que se enuncie como fundamento del socialismo cubano en 2026 no es una contradicción en el discurso, es una estructura que recorre el documento.
Detrás de los tres escenarios hay un problema más viejo: una economía política democrática exige dos cosas que Cuba no ha logrado combinar. La primera es ausencia de exclusión política. La segunda, capacidad estatal real de acumular para distribuir derechos sociales. Cuba ha probado, en sus tres últimas constituciones, tres maneras de fallar en ambas.
La de 1940 prometió una democracia social sin Estado capaz de cumplirla: de setenta leyes complementarias previstas, solo se dictaron diez en una década, Así, generó inclusión política pero no pudo sostener la redistribución efectiva prometida (el golpe de 1952 también contribuyó a reprimir esa posibilidad) —.
La de 1976 construyó capacidad distributiva —salud, educación, seguridad social— pero sobre la base del partido único como «fuerza dirigente superior»: generó redistribución y estructuró exclusión política. Aunque en 2018 se anunció que no sería imprescindible ser del PCC para ocupar cargos políticos, el partido y su juventud sumaban el 14 % del padrón electoral, pero el 95 % de los diputados eran sus militantes.
La Constitución de 2019 reconoció la propiedad privada y el mercado sin los derechos políticos que permitieran decidirlos, sin mecanismos fiscales efectivos que los ataran a la redistribución, y sin un patrón de acumulación —entre empresas estatales, privadas e inversión extranjera— capaz de convertirlos en fuente de derechos sociales. Más de cinco años después de su entrada en vigor, los tribunales cubanos siguen sin reconocerle fuerza normativa directa —“exactamente como ocurrió con su predecesora”—, y de más de ciento cuarenta recursos de amparo presentados, solo dos habían sido admitidos a trámite.
El mercado que hoy se amplía no redistribuye: concentra. En el primer trimestre de 2021, más de la mitad de la inversión estatal fue a turismo e inmuebles, y apenas el 1 % a innovación. El documento de las reformas no menciona la pobreza ni la desigualdad: las llama «vulnerabilidad multidimensional» y delega su corrección a los actores económicos —estatales y privados— “como parte de su responsabilidad social a nivel comunitario”.
A esa exclusión se suman otras. El cuidado no remunerado sigue cayendo sobre las mujeres: casi una de cada dos cubanas en edad laboral está fuera de la fuerza de trabajo formal, y aunque hay más mujeres universitarias que hombres, tienen menor autonomía económica y menos presencia en los sectores mejor pagados. Los 23 ejes no dicen nada de esto; lo trasladan, como los demás candados sociales, a la responsabilidad voluntaria de empresas y comunidades. La estratificación racial sobrevive en la riqueza, el reconocimiento simbólico y el poder institucional. La diáspora de las remesas y el capital para los nuevos negocios privados es, por la historia migratoria de Cuba, desproporcionadamente blanca. Un mercado abierto sin corregir esas exclusiones no reparte: añade capas a la desigualdad de siempre.
Nada de esto ocurre de modo aislado. El mundo donde Cuba negocia su apertura es el mismo donde los neofascismos se institucionalizan en gobiernos electos, el racismo vuelve a ser política de Estado y la desigualdad extrema se celebra como mérito. Cuba es una pieza de ese panorama, no su centro: ni su socialismo es la excepción redentora que a veces se pretende, ni su eventual recolonización sería un caso aparte de lo que le pasa hoy a buena parte de América Latina.
Es bastante claro que las reformas llegan tarde. El bono de tiempo que el socialismo cubano tuvo tras 1959 se consumió en postergación, inmovilismo y persecución de toda organización independiente. El 11 de julio de 2021 lo dijo: muchos cubanos certificaron como roto el contrato social de la Revolución. La sociedad llega a este momento desempoderada, sin organización política propia, y sin poder aguantar una penuria material más.
También, la asfixia tiene otras cifras: la mortalidad infantil subió de 4,0 a 9,9 por mil nacidos vivos entre 2018 y 2025; la supervivencia infantil al cáncer cayó del 85 % al 65 % por falta de citostáticos; más de doce mil niños esperan cirugía sin insumos; más de la mitad de los medicamentos esenciales está en falta. Ese sufrimiento —con historia propia, agravado por la «máxima presión» de Washington— es la materia con que se negocia más de un escenario: el dolor convertido en moneda de cambio geopolítica.
Los escenarios pueden ser hipotéticos. La tragedia de la crisis, su explotación interesada y la falta de capacidad del pueblo cubano para intervenir en sus desenlaces no lo son.
Julio César Guanche es un investigador, historiador, jurista, editor y ensayista cubano, reconocido por su labor académica y cultural en Cuba y en el ámbito internacional. Nació en La Habana el 16 de octubre de 1974 y ha desarrollado una destacada carrera como investigador y académico. Es máster en Derecho por la Universidad de La Habana y en Derecho Público por la Universidad de Valencia, y en 2017 obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales con mención en Historia por la universidad FLACSO-Ecuador
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La isla rompe sus dogmas y adopta muchas de las medidas liberales que rechazó durante décadas
Carlos S. Maldonado / Juan Carlos Espinosa El País México 20 junio 2026
En un sistema tan hermético como el cubano, los detalles más discretos funcionan como códigos cifrados. Al dirigirse al Comité Central del Partido Comunista, el presidente, Miguel Díaz-Canel, justificó el paquete de reformas de mercado más ambicioso del que se tenga memoria bajo la premisa de que es la hora de “cambiar lo que haya que cambiar”. La frase no es casual. Evoca el discurso del año 2000, cuando la isla aún se lamía las heridas del colapso soviético. Fidel Castro definió entonces la Revolución como el “sentido del momento histórico” y la urgencia de “cambiar todo lo que debe ser cambiado”. Como ahora, hace 26 años el fin del régimen parecía inminente. Más de un cuarto de siglo después, la cúpula se ve obligada de nuevo a rasgar sus dogmas para sobrevivir, acechada esta vez por la asfixia económica y la presión de Washington. Pero ahora, Cuba busca oxígeno en unas reformas tardías que la población recibe con escepticismo.
El Gobierno ha dado un giro radical en el tablero económico. La velocidad ha reventado los cronómetros cubanos. El trámite de las reformas roza la herejía en un país acostumbrado a que los burócratas mastiquen los cambios profundos durante décadas antes de dar el paso definitivo. Por ejemplo, la gran reforma monetaria de 2021, calificada años después como un fracaso por el oficialismo, tardó una década en entrar en vigor. Pero la urgencia manda. En una sola semana, Díaz-Canel anunció el golpe de timón, el Comité Central dio el visto bueno y el Parlamento escenificó su tradicional coro unánime de aplausos para aprobar el paquete. Sin embargo, el grueso de las medidas llega con retardo. “Todos estamos de acuerdo en que si se hubiesen hecho 10 años atrás, Cuba literalmente sería ya otro país”, cuenta por teléfono Marta Deus, una empresaria cubana afincada en La Habana.
Para Deus, una de las figuras visibles del pequeño empresariado en el país socialista y cofundadora de la App de delivery Mandao, las medidas representan una oportunidad indiscutible, pero cargada de matices y de una profunda dosis de realismo cotidiano. “Muchas personas estamos discrepando sobre cuándo es que las van a poder implementar”, dice. La desconfianza ante el alcance real de lo aprobado el jueves por la Asamblea es un sentimiento arraigado. En el pasado, los amagos de apertura han sido frenados por la burocracia del Estado. La última andanada aperturista, en los tiempos del expresidente Raúl Castro (2008-2018), se disipó pese al corto acercamiento con EEUU en los últimos compases de la era de Obama.
Un cambio radical
El documento aprobado este viernes, un mamotreto de 176 disposiciones, traza una raya en el oxidado modelo de planificación centralizada al estilo soviético. El texto legaliza lo que hasta hace unas semanas se consideraba un sacrilegio capitalista. Entre otras muchas cosas, abre la rendija a la banca privada, permite la inversión extranjera directa en el turismo, acaba con el monopolio estatal del comercio exterior y estira el corsé de las plantillas privadas más allá del límite de los 100 empleados. Miradas desde la inmovilidad de La Habana, las reformas son un terremoto radical.
Pero observadas con un poco de distancia, no son más que el viejo pliego de peticiones que los economistas críticos —muchos de ellos en el exilio— llevaban décadas exigiendo a gritos. “Es la historia de siempre: hacen reformas cuando no les queda de otra. En los noventa fue igual. Y es que, al final, ha pasado nuevamente: [los cambios] se introducen cuando el país no tiene condiciones sociales para asimilarlos”, lamenta Tamarys Bahamonde, doctora en Urbanismo y Políticas Públicas por la Universidad de Delaware y economista de la Universidad de La Habana.
Una reforma de mercado al estilo chino o vietnamita, pero en el peor momento posible. Así lo resume Manuel Cuesta Morúa, director de la plataforma Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una de las principales organizaciones disidentes dentro de la isla. La comparación asiática no es nueva. Durante décadas, las delegaciones chinas y vietnamitas han mostrado, al menos tras bambalinas, su frustración ante la intransigencia de sus socios ideológicos. Es una de las revelaciones de corrillos que han escuchado hasta el cansancio no pocos corresponsales de la prensa occidental en Cuba.
Una de las voces que predicó en el desierto es el prestigioso economista cubano Carmelo Mesa-Lago, autor del libro Comparación de enfoques socialistas: economía y seguridad social en Cuba, China y Vietnam. Para el experto, incluso con la presión máxima de Washington, que ha impuesto un bloqueo petrolero de facto desde inicios de año y ha amenazado con congelar los activos en su territorio de toda persona o empresa que quiera asociarse con Cuba, una reforma al estilo de estas dos naciones puede mejorar aunque sea un poco la golpeada economía cubana. “Vietnam hizo su reforma agrícola cuando todavía EEUU le tenía impuesto un embargo y lo logró”, cuenta por teléfono.
Un momento crítico
La flexibilidad legal, sin embargo, choca con la cruda realidad de un país sin liquidez, combustible ni ingresos. El contexto en el que se producen estos anuncios es crítico. La escasez crónica de combustible, la crisis energética y la inflación han erosionado la base operativa de cualquier negocio independiente. Sin mencionar el alto riesgo que implica invertir en un país sancionado fuertemente por Washington. “Está todo tan rígido por las sanciones, la caída del turismo... o sea, no hay apenas vuelos, no hay gente, no hay movimiento, no hay inversión extranjera, no hay movimiento de dinero, entonces, bueno, ¿a quién le vendes?”, se lamenta la empresaria Marta Deus. Al final del día, para la emprendedora, el éxito final de la reforma no dependerá exclusivamente de la letra pequeña de la Gaceta Oficial cubana. “Hay cosas que dependen de las sanciones de EEUU, como todo lo que es inversión extranjera”, reconoce Deus.
También hay otro melón por abrir: cuánto más puede profundizarse la desigualdad. En la Cuba de hoy, los contrastes son brutales y cotidianos. En una misma cuadra conviven el jubilado que revuelve en los contenedores de basura y el nuevo rico, con acceso a divisas, que acelera un coche de alta gama camino a su casa blindada contra los apagones con paneles solares, mientras el resto del barrio acumula más de 24 horas a oscuras.
El sociólogo Rafael Hernández, director de la revista Temas, en la órbita del oficialismo, cree que sí existe el riesgo de que este fenómeno se extienda, pero hace un matiz. “La desigualdad ha ido aumentando desde las primeras medidas para enfrentar la crisis, en 1993 y 1994, y las actuales van a continuar haciéndolo. Habrá más gente que concentre riqueza, pero ese es el costo ahora de reducir el nivel de pobreza. La diferencia es que va a haber más desigualdad hacia arriba pero menos hacia abajo. Y reducir la pobreza es vital en cualquier socialismo”, analiza.
Uno de los puntos más críticos será la desaparición de los subsidios universales a los productos de la cartilla de racionamiento de los cubanos para pasar a un sistema en el que se subvencione a personas que las autoridades consideren vulnerables. “Hay que ver qué se va a hacer en paralelo para salvar a esa gente, que no va a poder invertir en nada, que no tiene a nadie que le mande dinero del extranjero, que no va a poder pedir un crédito y que no tiene acceso a absolutamente nada”, concluye Bahamonde.
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