Hay ensayos que nacen para responder una pregunta. Otros, en cambio, surgen porque determinadas preguntas llevan demasiado tiempo sin formularse. Este texto pertenece a la segunda categoría. Su origen inmediato fue la lectura de una columna del historiador Fernando López D’Alesandro, publicada en UyPress el 15 de julio de 2021 bajo el título “La crisis del sistema cubano”, y cinco años después aparecen las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en junio de 2026. Entre ambos momentos existe un hilo conductor que los une: la persistencia de una discusión que una parte importante de la izquierda latinoamericana ha preferido postergar
I. Cuando una frase explica una época
El 19 de junio de 2026, al concluir la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular que aprobó 176 nuevas medidas económicas, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronunció una frase que probablemente pase inadvertida para muchos observadores. Sin embargo, pocas veces una expresión tan breve ha resumido con tanta claridad el momento histórico que atraviesa la Revolución Cubana.
«No hemos partido de cero»
La frase pretendía transmitir continuidad. Quería presentar las nuevas reformas como una etapa más de un proceso iniciado años atrás. Sin proponérselo, terminó diciendo algo mucho más profundo: Cuba lleva más de tres décadas intentando corregir un modelo económico que aún no ha encontrado un camino estable hacia el desarrollo No es un reconocimiento menor.
Desde el derrumbe de la Unión Soviética, la isla ha transitado por sucesivas olas de reformas. Primero fueron las medidas del llamado Período Especial. Luego los Lineamientos aprobados durante el gobierno de Raúl Castro. Más tarde la unificación monetaria, la expansión limitada del trabajo privado y las pequeñas y medianas empresas. Ahora llega un nuevo paquete de 176 medidas que modifica subsidios, flexibiliza actividades económicas, amplía el usufructo agrícola y habilita incluso la participación accionaria privada y extranjera en empresas estatales.
Si un sistema necesita reformarse durante treinta y cinco años para enfrentar problemas similares, la pregunta ya no es únicamente qué reformas adopta. La pregunta pasa a ser por qué esas reformas siguen siendo necesarias.
Durante demasiado tiempo el debate latinoamericano sobre Cuba quedó atrapado entre dos simplificaciones igualmente pobres.
Por un lado, quienes reducen toda explicación al embargo estadounidense, como si la economía cubana hubiera funcionado sin dificultades antes de las sanciones o como si ninguna decisión interna hubiera incidido sobre la productividad, la inversión o el crecimiento.
Por otro, quienes presentan la crisis como la consecuencia inevitable de cualquier intento de construir una sociedad socialista, ignorando tanto el peso de las restricciones externas como la diversidad de experiencias desarrolladas por otros países gobernados por partidos comunistas.
Entre ambos extremos desapareció casi por completo un ejercicio que debería resultar natural para cualquier tradición intelectual seria: el análisis crítico.
En ese sentido, conviene recuperar una reflexión que, cuando fue publicada, generó incomodidad tanto entre los defensores incondicionales del gobierno cubano como entre quienes prefieren reducir toda discusión a una condena ideológica del socialismo.
El 15 de julio de 2021, en medio de las protestas que recorrieron varias ciudades cubanas, el historiador Fernando López D’Alesandro publicó una columna titulada La crisis del sistema cubano. Allí proponía abandonar las explicaciones únicas y asumir que la crisis de la isla solo podía comprenderse si se analizaban simultáneamente los condicionamientos externos y las contradicciones acumuladas por el propio sistema político y económico.
Aquella reflexión no buscaba absolver ni condenar, sino comprender. Y comprender exige una condición previa: aceptar que ningún proceso histórico queda exento del análisis crítico.
Cinco años después, las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional parecen reforzar esa necesidad.
Porque si el gobierno cubano considera imprescindible reducir subsidios, ampliar el espacio para la iniciativa privada, modificar la estructura de las empresas estatales y abrir nuevas posibilidades al capital extranjero, difícilmente pueda sostenerse que las dificultades actuales obedecen exclusivamente al bloqueo norteamericano.
El embargo existe. Ha provocado enormes costos económicos. Ha dificultado el acceso al crédito, a los mercados financieros y a determinadas tecnologías. Constituye una política cuya eficacia y legitimidad pueden ser discutidas con fundamentos sólidos.
Pero reconocer todo eso no obliga a ignorar otro hecho igualmente evidente: incluso en ausencia del embargo, la economía cubana habría debido enfrentar problemas relacionados con la baja productividad, la escasa autonomía empresarial, los incentivos insuficientes para producir, la rigidez administrativa y la creciente burocratización del aparato estatal
Aquí aparece una cuestión que, a mi juicio, trasciende el caso cubano.
La izquierda latinoamericana nació reivindicando el pensamiento crítico, como también lo hicieron los filósofos y líderes políticos principales de la izquierda histórica mundial. Esa tradición crítica había sido durante largas décadas connatural a la izquierda. ¿Cómo es posible entonces que una parte importante de la izquierda terminara considerando que analizar críticamente la experiencia cubana equivalía a hacerle el juego al imperialismo?
Quizá allí resida una de las paradojas más profundas del presente. En nombre de la defensa de una revolución, muchos terminaron renunciando precisamente a una de las herramientas intelectuales que hicieron posible esa revolución: la crítica.
No deja de resultar llamativo. Porque ninguna sociedad cambia dejando de pensar. Y ninguna revolución permanece viva si convierte sus propias decisiones en verdades inmunes a toda revisión.
Las 176 medidas aprobadas en 2026 deberían ser leídas, precisamente, desde esa perspectiva. No constituyen solamente un programa económico. Representan también un reconocimiento político. La admisión de que las estructuras construidas durante décadas necesitan ser modificadas para responder a desafíos que el sistema anterior no consiguió resolver.
Y si eso es cierto, entonces la discusión deja de pertenecer exclusivamente a Cuba. Se convierte en un debate sobre la izquierda misma. Sobre su capacidad para aprender de la historia. Sobre su disposición para revisar experiencias sin convertirlas en dogmas.
Y sobre una pregunta que sigue esperando respuesta: ¿Puede existir un proyecto emancipador que renuncie a pensar críticamente sobre sí mismo?
II. China, Vietnam y la pregunta que Cuba demoró demasiado
Si las reformas aprobadas en 2026 sorprenden a muchos observadores es porque, vistas en perspectiva, incorporan instrumentos que otras economías socialistas comenzaron a utilizar hace varias décadas.
La apertura al capital extranjero, la mayor autonomía empresarial, la flexibilización de la propiedad, el usufructo de la tierra, la reducción de subsidios generalizados y la coexistencia de empresas estatales con iniciativas privadas no constituyen innovaciones dentro del universo socialista. China inició ese camino en 1978 bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Vietnam hizo lo propio con el programa **Doi Moi**, aprobado en 1986. Ambos procesos estuvieron precedidos por una constatación tan sencilla como incómoda: ningún proyecto político puede sostenerse indefinidamente si es incapaz de generar crecimiento económico, innovación tecnológica y una mejora sostenida de las condiciones de vida de su población.
Deng Xiaoping resumió esa idea en una frase que escandalizó a los sectores más ortodoxos del Partido Comunista Chino: «No importa si el gato es blanco o negro; lo importante es que cace ratones». Detrás de aquella expresión había una ruptura conceptual profunda. El desarrollo de las fuerzas productivas dejaba de ser un objetivo subordinado a la pureza ideológica para convertirse en una condición indispensable de la construcción socialista.
En Vietnam ocurrió algo semejante. Tras años de planificación rígida, baja productividad y escasez, la dirigencia comprendió que el problema no era únicamente cómo distribuir la riqueza, sino cómo producirla. El mercado dejó de ser considerado un enemigo en sí mismo y pasó a ser entendido como un instrumento cuya utilización podía ser compatible con un proyecto político de orientación socialista.
Naturalmente, ni China ni Vietnam constituyen modelos ideales. Ambos enfrentan fuertes desigualdades sociales, restricciones a las libertades políticas y desafíos ambientales de enorme magnitud. Pero existe un hecho difícil de ignorar: millones de personas salieron de la pobreza, la producción industrial se multiplicó y esos países lograron insertarse con éxito en la economía mundial.
Cuba observó esos procesos con cautela, cuando no con desconfianza.
Durante mucho tiempo predominó la convicción de que una apertura demasiado amplia terminaría erosionando las bases políticas de la Revolución. El temor no era infundado. La desaparición de la Unión Soviética, las transformaciones en Europa del Este y la restauración capitalista en varios países alimentaban la percepción de que cualquier flexibilización podía convertirse en el primer paso hacia la pérdida del poder político.
Sin embargo, la historia terminó planteando otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando el inmovilismo genera un desgaste aún mayor que el cambio?
Las reformas cubanas de los años noventa respondieron a la emergencia creada por el colapso soviético. Las de la década siguiente buscaron aliviar problemas estructurales. Las actuales intentan enfrentar una economía marcada por el estancamiento, la inflación, el deterioro del salario real, la emigración masiva de jóvenes y una creciente pérdida de confianza en el futuro.
Ese recorrido muestra un patrón evidente. Mientras China y Vietnam impulsaron reformas profundas antes de que el sistema alcanzara un nivel crítico de agotamiento, Cuba tendió a reformar cuando la crisis ya se había instalado. Cada apertura llegó después de una emergencia. Cada flexibilización fue presentada como excepcional. Cada modificación apareció acompañada por la promesa de que ahora sí quedarían resueltos los problemas fundamentales.
Sin embargo, tres décadas después, el país continúa discutiendo cuestiones muy similares.
Aquí conviene recuperar una idea central del pensamiento de Karl Marx que muchas veces desaparece del debate contemporáneo. En el prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, Marx sostiene que las relaciones de producción pueden transformarse, con el paso del tiempo, en un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas.
No era una afirmación dirigida exclusivamente al capitalismo. Era una observación sobre el movimiento de la historia. Toda organización económica corre el riesgo de quedar rezagada cuando las instituciones que alguna vez impulsaron el desarrollo terminan dificultándolo. Resulta paradójico que una parte de la izquierda haya olvidado precisamente esa enseñanza.
Durante décadas se discutió si incorporar mecanismos de mercado implicaba abandonar el socialismo. Se debatió mucho menos acerca de otro problema igualmente relevante: qué ocurre cuando la planificación centralizada pierde capacidad para generar crecimiento, innovación y bienestar.
Las 176 medidas aprobadas en 2026 parecen expresar, aunque sea implícitamente, el reconocimiento de esa dificultad. No representan una renuncia al papel del Estado. Tampoco significan el abandono del sistema político construido por la Revolución.
Lo que ponen de manifiesto es algo distinto: que incluso el propio gobierno cubano considera necesario modificar reglas económicas que durante mucho tiempo fueron presentadas como pilares inamovibles del modelo.
Y si esas reglas necesitan ser modificadas, la discusión deja de ser exclusivamente económica. Pasa a ser, inevitablemente, una discusión política e intelectual. Porque obliga a revisar una pregunta que buena parte de la izquierda evitó formular durante demasiado tiempo: ¿Es posible construir una sociedad más justa si las estructuras destinadas a promover el desarrollo terminan convirtiéndose en un obstáculo para producir la riqueza que luego se pretende distribuir?
III. Cuando el Estado deja de ser un instrumento: burocracia, poder económico y el desafío de la transparencia
Existe una explicación recurrente para justificar el estancamiento económico cubano: el bloqueo estadounidense. Existe otra, de signo contrario, que atribuye todas las dificultades al socialismo. Ambas tienen un problema similar. Reducen una realidad extraordinariamente compleja a una única causa.
La experiencia histórica muestra que los procesos económicos rara vez responden a una explicación única. El embargo ha condicionado severamente el desarrollo de la isla. Sería intelectualmente deshonesto minimizar su impacto. Pero también lo sería ignorar que, durante décadas, la propia organización del Estado cubano fue generando rigideces que terminaron afectando la eficiencia económica, la innovación y la capacidad de adaptación del sistema.
Uno de esos fenómenos es la burocratización.
Max Weber advertía que toda burocracia nace para racionalizar la administración. Sin embargo, cuando adquiere autonomía respecto de los fines que le dieron origen, comienza a desarrollar una lógica propia. La conservación del aparato termina desplazando los objetivos que justificaban su existencia.
Las revoluciones tampoco están inmunizadas frente a ese riesgo.
La experiencia soviética primero, y la cubana después, muestran que la burocracia puede convertirse en uno de los principales desafíos de un Estado que pretende organizar centralmente la economía.
En Cuba, la expansión del aparato administrativo fue acompañada por otro fenómeno menos discutido fuera de la isla: el creciente protagonismo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Desde los años noventa, buena parte de los sectores más dinámicos de la economía —el turismo, el comercio exterior, la logística, la infraestructura portuaria y numerosas actividades de servicios— quedaron bajo la órbita de conglomerados empresariales administrados por estructuras vinculadas al estamento militar. El caso más conocido es el de GAESA, que con el paso del tiempo llegó a controlar una porción significativa de los ingresos en divisas del país.
Conviene aclarar un punto para evitar simplificaciones. No se trata de afirmar que la presencia militar implique necesariamente corrupción. El problema es otro.
Toda concentración extraordinaria de poder económico reduce los mecanismos de control público y dificulta la transparencia en la toma de decisiones. Una economía puede admitir empresas estatales fuertes. Puede admitir planificación e incluso reservar para el Estado sectores considerados estratégicos.
Lo que resulta mucho más difícil es garantizar mecanismos eficaces de control democrático cuando quienes administran esos recursos operan bajo estructuras cuya información financiera, criterios de gestión y procesos de decisión permanecen prácticamente fuera del escrutinio ciudadano.
La cuestión no es solamente económica. Es profundamente política. Porque una revolución puede modificar la propiedad de los medios de producción y, sin embargo, reproducir formas de concentración del poder incompatibles con la participación popular que originalmente proclamaba defender.
En ese punto aparece un fenómeno conocido por numerosos estudios sobre los socialismos realmente existentes. A medida que desaparecen los mecanismos de competencia política y disminuyen los espacios de deliberación pública, la burocracia comienza a sustituir progresivamente a la sociedad como sujeto efectivo de las decisiones.
Ya no decide la ciudadanía. No deciden los trabajadores. Ni siquiera el conjunto del Partido. Deciden aparatos administrativos cada vez más especializados y menos permeables al debate.
Es entonces cuando la burocracia deja de ser un instrumento del proyecto revolucionario para convertirse en un actor con intereses propios.
No hace falta imaginar conspiraciones. Basta observar el comportamiento habitual de cualquier organización compleja. Toda estructura tiende a preservar su poder. Toda organización procura ampliar sus competencias. Toda burocracia desarrolla incentivos para reproducirse.
Ese proceso fue descrito hace más de un siglo por Robert Michels en su conocida «ley de hierro de la oligarquía«. “Ninguna organización”, sostenía, “está completamente protegida frente a la tendencia de sus dirigentes a concentrar poder”.
La experiencia cubana parece ofrecer elementos que invitan, al menos, a discutir esa hipótesis. No porque haya dejado de existir compromiso ideológico entre muchos de sus funcionarios. Sino porque las instituciones también producen comportamientos.
Y cuando las instituciones limitan el debate, reducen la circulación de información y dificultan los mecanismos de control, aumentan inevitablemente los riesgos de ineficiencia, privilegio y corrupción.
Aquí conviene introducir una distinción importante. La corrupción no constituye el problema central. Es, muchas veces, el síntoma visible de un problema institucional más profundo.
Cuando las decisiones económicas quedan concentradas en muy pocos actores, cuando la transparencia disminuye y cuando la crítica comienza a interpretarse como una amenaza política, el sistema pierde una de sus principales fuentes de aprendizaje: la posibilidad de corregir sus propios errores.
Quizá esa sea una de las diferencias más importantes entre China y Cuba. China abrió espacios para la iniciativa privada, descentralizó buena parte de las decisiones económicas y aceptó niveles crecientes de competencia entre empresas y gobiernos locales, aun conservando un férreo control político del Partido Comunista. Cuba, en cambio, avanzó con mucha mayor cautela y preservó durante demasiado tiempo estructuras administrativas que terminaron ralentizando la transformación económica.
No es casual que muchas de las 176 medidas aprobadas en 2026 busquen precisamente otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, flexibilizar formas de gestión y reducir controles que hasta hace poco parecían inmodificables. En el fondo, esas reformas expresan un reconocimiento silencioso. No basta con defender la propiedad estatal. También es necesario preguntarse cómo se administra, quién controla a quienes administran y qué mecanismos existen para corregir los errores del propio Estado.
Porque una revolución puede sobrevivir a enormes presiones externas. Lo que difícilmente consiga es sostenerse indefinidamente si pierde la capacidad de revisar críticamente el funcionamiento de sus propias instituciones.
IV. Cuando la crítica deja de ser una ‘virtud revolucionaria‘
Quizá el problema más profundo que revela la experiencia cubana no sea económico. Ni siquiera político. Es intelectual.
Durante buena parte del siglo XX, la izquierda fue uno de los espacios donde más intensamente se discutían las ideas. No existía una única interpretación del marxismo. Existían debates permanentes. Marx polemizó con Proudhon y con Bakunin. Lenin discutió con Kautsky. Rosa Luxemburgo cuestionó duramente aspectos centrales de la estrategia bolchevique. Antonio Gramsci rompió con las explicaciones mecánicas de la historia y elaboró una concepción de la hegemonía que todavía hoy continúa inspirando buena parte de la teoría política contemporánea. José Carlos Mariátegui sostuvo que el socialismo latinoamericano no podía ser una copia de los modelos europeos porque cada sociedad construye su propia historia. Rodney Arismendi insistía, desde Uruguay, en que ninguna revolución podía importarse como si fuera un manual de instrucciones.
Todos discutía, discrepaban, y sin embargo, ninguno dejaba de reconocerse dentro de una misma tradición política. ¿Por qué hoy resulta tan difícil hacerlo?
En algún momento, una parte importante de la izquierda comenzó a sustituir el debate por la defensa. La crítica pasó a confundirse con la traición. El análisis fue reemplazado por el alineamiento. La fidelidad al proyecto histórico terminó identificándose con la fidelidad a quienes circunstancialmente lo conducían. Ese cambio produjo consecuencias profundas. Porque una organización política puede sobrevivir a los errores. Lo que difícilmente sobreviva es a la pérdida de su capacidad para aprender de ellos.
Resulta llamativo que buena parte de la tradición de la elaboración del pensamiento de izquierda -incluyendo en el subcontinente a Mariátegui o a Arismendi- parezca hoy más presente en los libros que en la discusión política cotidiana. Durante los últimos años, muchas organizaciones progresistas fueron desplazando el debate estratégico hacia la administración de la coyuntura. Se discute cómo gestionar, cómo comunicar, cómo ganar elecciones. Pero cada vez se discute menos hacia dónde debería dirigirse la transformación social en las próximas décadas.
Tal vez por eso Cuba genera tantas incomodidades. Porque obliga a formular preguntas que exceden a la isla. ¿Qué ocurre cuando un proceso revolucionario deja de producir entusiasmo? ¿Qué sucede cuando la planificación pierde capacidad para impulsar el desarrollo? ¿Cómo se evita que una burocracia sustituya progresivamente la participación popular? ¿Qué significa hoy construir socialismo en una economía globalizada, digital y profundamente interdependiente?
Responder esas preguntas exige algo que ninguna organización política debería perder. La libertad para pensar. No existe mayor fortaleza para una tradición política que su capacidad para revisar críticamente su propia experiencia.
Las revoluciones no fracasan porque sean criticadas. Empiezan a debilitarse cuando dejan de admitir la crítica como parte de su propio proceso de construcción. Y quizá sea esa la enseñanza más importante que deja hoy la experiencia cubana. No para Cuba solamente. Para toda la izquierda latinoamericana.
V. Cuba como espejo: recuperar el futuro
La frase de Miguel Díaz-Canel con la que comenzó este ensayo admite una lectura que va mucho más allá de la realidad cubana. «No hemos partido de cero.»
En efecto, Cuba no parte de cero. Parte de más de treinta años de reformas económicas, de cuatro grandes intentos por corregir un modelo que ha mostrado dificultades persistentes para generar crecimiento, productividad y bienestar. Parte también de una historia excepcional, marcada por la resistencia frente al bloqueo estadounidense, por logros innegables en materia de salud, educación y soberanía nacional, y por una enorme capacidad de supervivencia frente a condiciones internacionales adversas.
Precisamente por eso, reducir el análisis a una defensa incondicional o a una condena absoluta significa empobrecer la discusión. Las sociedades no son laboratorios ideológicos. Son procesos históricos complejos. Y la historia nunca ofrece respuestas definitivas.
Quizá el principal aprendizaje que deja hoy Cuba no sea económico. Sea político. Y, sobre todo, intelectual.
Durante décadas, buena parte de la izquierda latinoamericana reaccionó frente a cualquier crítica formulando una pregunta automática: ¿a quién beneficia esa crítica? Era una reacción comprensible en un continente atravesado por dictaduras, intervenciones extranjeras y campañas permanentes de desestabilización.
Pero esa pregunta terminó desplazando otra mucho más importante: ¿Es verdadera la crítica? No siempre una observación crítica fortalece a los adversarios. Muchas veces fortalece al propio proyecto político. Las organizaciones que sobreviven durante décadas no son las que nunca se equivocan. Son las que desarrollan instituciones capaces de reconocer sus errores antes de que esos errores se conviertan en crisis estructurales.
La izquierda latinoamericana conoció esa tradición. Durante buena parte del siglo XX produjo algunos de los debates intelectuales más ricos del continente. Discutía estrategias, modelos de desarrollo, el Estado, la democracia, el papel del mercado, discutía incluso el propio concepto de revolución. Hoy esas discusiones parecen haber cedido lugar a una política mucho más defensiva.
Las urgencias de la gestión, la lógica electoral permanente y la polarización reducen el espacio para pensar proyectos de largo plazo. Administrar reemplaza, muchas veces, a imaginar. Sin embargo, ninguna fuerza política puede sostenerse indefinidamente únicamente administrando. Toda comunidad necesita una idea de futuro, una promesa, una utopía. No una ilusión irrealizable sino una dirección, un horizonte capaz de organizar esfuerzos colectivos.
Quizá ese sea hoy uno de los mayores desafíos de las izquierdas latinoamericanas. No solamente redistribuir mejor la riqueza existente. Pensar cómo producir una riqueza nueva en un mundo atravesado por la inteligencia artificial, la transición energética, la revolución tecnológica y las nuevas formas de organización del trabajo.
No basta con administrar mejor el presente. Hace falta discutir el futuro. Ese debate permanece sorprendentemente ausente. Se habla de inflación, de seguridad, de déficit fiscal, de crecimiento. Todo eso importa. Pero cuesta encontrar discusiones profundas acerca de cómo deberían ser nuestras sociedades dentro de treinta años: qué papel tendrá el Estado, cómo democratizar el conocimiento, cómo reducir las nuevas desigualdades tecnológicas, cómo compatibilizar crecimiento económico con sostenibilidad ambiental, cómo ampliar la democracia en lugar de reducirla.
En ese sentido, Cuba deja de ser solamente Cuba. Se transforma en un espejo. Obliga a preguntarse qué ocurre cuando un proyecto político conserva la memoria de sus grandes conquistas, pero pierde capacidad para imaginar las próximas.
Quizá allí resida la verdadera actualidad de esa frase escrita hace casi un siglo por José Carlos Mariátegui: «El socialismo no es calco ni copia. Es creación heroica”. No era únicamente una invitación a construir un camino latinoamericano. Era también una advertencia. Toda revolución que deja de crear comienza lentamente a repetirse. Y toda repetición termina convirtiéndose, tarde o temprano, en una forma de inmovilismo.
Las 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional cubana no constituyen el final de un proceso. Constituyen el reconocimiento de que la historia continúa planteando preguntas nuevas. Responderlas exigirá reformas económicas y probablemente también reformas institucionales. Pero, antes que nada, exigirá recuperar algo que hizo grande a la mejor tradición de la izquierda: la convicción de que ninguna idea emancipadora puede sobrevivir si deja de someterse al examen permanente de la realidad.
Porque la verdadera lealtad a un proyecto histórico no consiste en protegerlo de las preguntas. Consiste en formularlas antes de que sea demasiado tarde. Y tal vez esa sea, después de todo, la enseñanza más valiosa que hoy ofrece Cuba. No para los cubanos solamente. Para todos aquellos que siguen creyendo que un mundo más justo continúa siendo posible, siempre que tengan el coraje intelectual de pensar cómo construirlo.
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