PROVEA Ene 26, 2018 |
Más de 700 personas se encuentran detenidas por haber participado en protestas contra el hambre, algunas de las cuales culminaron en saqueos. Es cierto que en situaciones de protesta violentas algunos ciudadanos aprovechan el caos para cometer delitos y apropiarse de bienes y propiedad privada. Estos, sin embargo, son la minoría. La mayoría de quienes participan en las protestas que se han desarrollado en Venezuela desde finales de 2018 son personas descontentas por el alto costo de la vida y la escasez.
¿Se puede denominar preso por delito común a quien es detenido por reclamar derechos? No, estas personas son víctimas de la respuesta represiva del gobierno a los reclamos sociales.
No compartimos el uso de la violencia para exigir derechos, pero su uso no niega el contenido de las exigencias. Quien protestando contra el hambre arremete contra una propiedad privada, orienta su lucha de manera equivocada y lamentablemente termina afectando a otras personas o al colectivo social, pero eso no niega que su protesta es contra el costo de la vida y la escasez, que sale a la calle por el desespero al pasar hambre. La crisis económica y social que atraviesa el país genera angustia en millones de personas que sufren día a día el deterioro de sus condiciones de vida. Personas que padecen la imposibilidad de garantizar las tres comidas diarias básicas. Algunas de ellas han convertido los basureros en sus comedores, porque de ahí se abastecen para sobrevivir.
Si el gobierno, ante el incesante crecimiento de la pobreza y aumento de los productos de primera necesidad, continúa respondiendo con indolencia y represión, posiblemente las cárceles en el país se irán llenando de gente humilde, de integrantes de familias muy pobres que ya no solo tendrán que enfrentar la situación de miseria en la que viven, sino la desgracia de tener un familiar preso.
Los presos en protestas contra el hambre no pueden ser los presos olvidados, invisibilizados. Tras ellos posiblemente no haya un gremio, porque no pertenecen a un sindicato o a una organización estudiantil, política o profesional. Son personas de nuestras comunidades, muchas de ellas desempleadas, amas de casa o integrantes de organizaciones comunitarias. Son presos cuyas familias con bastante seguridad no tienen la capacidad de paga los costos de un abogado que los defienda. Ellos son los presos en un país con extrema pobreza creciente, que alzan su voz con desespero. Son los presos a quienes un sistema de justicia que se sostiene en las injusticias descarga toda su saña.
Por esos presos, llamamos a todas las organizaciones sociales y política a levantar la voz. A exigir su libertad y el respeto de sus derechos
/ José R. López Padrino 20 ene 2018
El asesinato de Oscar Pérez y sus 6 compañeros (masacre del Junquito) se enmarca en un patrón de ejecuciones extrajudiciales institucionalizado por el régimen criminal y represivo del iletrado de Miraflores y su pestilente bota militar.
Evidentemente la maquinaria represiva-delictiva del régimen abortó toda vía que condujera a una solución pacífica del conflicto y propició el desenlace violento ya que el objetivo era asesinar a Pérez y a su grupo y con ello establecer una acción punitiva ejemplarizante.
La dictadura venezolana apeló una vez más al terrorismo de Estado a fin de aplastar toda manifestación de disidencia violentando los más elementales derechos humanos, como el derecho a la vida. Ello explica el uso desproporcionado de la fuerza (más de 500 efectivos militares y policiales, el empleo de un vehículo de trasporte blindado (BTR-80), y lanzacohetes antitanque portátil – (RPG-7), a pesar de la voluntad de Pérez y sus compañeros de entregarse a las autoridades.
A Oscar Pérez y sus compañeros les fue aplicada, como en muchos otros casos (recordar las OLP) la pena de muerte, violentándose el artículo 43 de nuestra Carta Magna que reza “El derecho a la vida es inviolable, ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. El silencio cómplice y nauseabundo del usurpador fiscal general Tarek William Saab y del defensor del pueblo, Alfredo Ruíz los hace cómplices de estos abominable asesinatos.
Definitivamente, estamos ante la presencia de una Estado forajido que ha impuesto un terrorismo de Estado apoyado en el control militar de la sociedad y que ha hecho suya la tesis del nazista Carl Schmitt del "Amigo-Enemigo". Tesis que ha sido plasmada en la “Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana”, la cual concibe el ejercicio del poder basado principalmente en la noción de una guerra interna que conlleva a la eliminación física de un enemigo interno y el rechazo tanto al sistema democrático como a la cultura de los derechos humanos. Doctrina que cambió radicalmente la concepción estratégica de la Fuerza Armada Nacional, que pasó de ser una institución para la defensa de nuestras fronteras a una instancia encargada de la seguridad interna, volcando todo su poderío militar en contra de su propio pueblo.
Otro rasgo siniestro de la barbarie facho-bolivariana y su Doctrina de Seguridad Nacional ha sido las desapariciones forzadas como expresión de un amplio catálogo de prácticas violatorias de los derechos humanos. Más de 10 ciudadanos han sido víctimas de desapariciones forzadas incluyendo el luchador social Alcedo Mora (02/15). Todo ello con la complicidad repugnante del defensor del pueblo, fiscales del ministerio público, jueces, y de la misma nomenclatura facho-bolivariana en el poder. No olvidemos que prácticas como el asesinato, la tortura y las desapariciones forzosas son claros símbolos de un Estado fascista.
La reciente masacre del Junquito (7 asesinados, 1/2018), al igual que la de Barrio Kennedy (3 asesinados, 11/2005), Tumeremo (28 asesinados, 03/2016), Paragua (6 asesinados, 10/2006), Cariaco (9 asesinados, 11/2016) y la de Barlovento (12 asesinados, 11/2016), no pueden considerarse como hechos aislados. Son el producto de la institucionalización de la violencia y de la cultura de la muerte elementos fundamentales consagrados en la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana (exterminio del enemigo interno). Evidentemente, el carnicero Maduro y su pranato militar utilizaron la concepción de Schmittiana, asentada en la relación amigo/enemigo, para asesinar a Oscar Pérez y a sus acompañantes. Mientras la propaganda Goebbeliana del régimen “clama de una victoria por la paz” por el abatimiento de “7 peligrosos terroristas”, a los venezolanos nos consta que los “peligrosos terroristas” no eran terroristas y que fueron en realidad ajusticiados a sangre fría.
Las declaraciones falaces del chafarote Reverol eludiendo su responsabilidad en el ajusticiamiento extrajudicial cometidos por sus efectivos en el Junquito lo hace cómplice y encubridor de estos crímenes. Su supuesto apego al respecto de los derechos humanos fundamentales lo utiliza como coartada para ocultar sus directrices y las fechorías de sus subalternos. En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana eliminar al enemigo interno -sea cual sea- no es un delito, es un mérito, es una labor patriótica la cual se reconoce públicamente y se premia (“Quiero reconocer a la PNB, GNB, al DGCIM, SEBIN y a Reverol por el trabajo en equipo que acabó con este grupo que amenazó al país con acciones terroristas” Maduro dixit)
Aunque el fachochavismo asumió el poder proclamando la restauración del Estado de Derecho -violentado por los gobiernos previos-, lejos de erradicar esas aborrecibles prácticas del pasado (tortura, masacres y desapariciones) las ha profundizado e institucionalizado. Maduro y sus milicos han demostrado una vez más su militancia en el autoritarismo, el terrorismo y la muerte
Finalmente, causa dolor e indignación el silencio que han guardado aquellos “camaradas” que históricamente lucharon en contra de las masacres (Retén de Catia, del Amparo, de Yumare, Cantaura y otras) y que hoy enmudecen frente a la carnicería humana del Junquito. ¿Pueden hablar de una moral revolucionaria quienes son cómplices de la represión, de la tortura, y de la muerte?
José R. López Padrino M.D. Ph.D.
Mount Sinaí Medical Center