COMUNICADO DE PRENSA Montevideo, 30 de enero de 2018
El MOVUS publica hoy los videos completos de una Mesa Redonda de Juristas realizada el 6 de diciembre último en el Anexo del Palacio Legislativo para evaluar el “contrato” firmado por el gobierno nacional y la empresa UPM.
Fueron invitados los juristas constitucionalistas Doctores Gonzalo Aguirre, José Korseniak, Eduardo Lust y Enrique Viana y el doctor administrativista Pablo Leiza. Por razones personales a último momento se excusaron Gonzalo Aguirre y José Korseniak.
Estas son algunas de las afirmaciones realizadas por los juristas.
“No hay ninguna base legal ni constitucional para firmar contratos de inversión...ROU se compromete, se compromete... y UPM ni siquiera se compromete a realizar la inversión” Enrique Viana
“En el contrato firmado entre ROU y UPM no se siguieron ninguno de los procedimientos previstos en el TOCA” (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) Pablo Leiza
“Por más que Uruguay haga todos los deberes luego la empresa va a resolver si se instala o no” Eduardo Lust.
Esta actividad fue la primera de un ciclo de mesas redondas organizadas por el MOVUS sobre el denominado “Contrato ROU UPM” con el fin de promover debates abiertos sobre temas de interés público para nuestra sociedad.
Consideramos importante comenzar con la faceta jurídica de ese documento ya que el contenido de ese acuerdo pone en juego la soberanía nacional y cambia las bases de las relaciones institucionales de nuestro Estado.
Está disponible en YouTube la presentación del evento: https://youtu.be/13yJLZLoxrA
y las exposiciones de: Dr. Pablo Leiza (Cel 093682395)https://youtu.be/gy5FiAy6tko
Dr. Eduardo Lust (Cel. 099101557): https://youtu.be/sqxGfDahArg
Dr. Enrique Viana (Cel. 099685402): https://youtu.be/pdA1MbLMzS0
MOVUS- Movimiento por un Uruguay sustentable
Profundo análisis de un ejemplo paradigmático de la #CORRUPCIÓNen #Uruguay, como lo es el contrato que hizo el Frente Amplio, con la pastera finlandesa UPM.
31 ene. 2018 en la diaria
Los audios que circularon ayer y hoy en los grupos de Whatsapp de los productores rurales, tras el anuncio del gobierno de rebajas en los costos del gasoil y la energía eléctrica, no tienen un tono conciliatorio, más bien lo contrario. “No entendieron nada de la movilización del 23. No entienden qué tipo de país queremos, no entienden que queremos reestructurar toda esta manera de encarar la economía que ha sido un desastre”, concluye uno de ellos.
Asegura que el gobierno tiró “una bomba de fragmentación”: la idea es “fragmentar todo en mil pedacitos, en enredos burocráticos, dividir” y por eso “hay que mantenerse juntos” y “no aflojar”, convoca. Luego afirma que el gobierno “vive en la isla de la fantasía” y que “son unos energúmenos”.
El mismo audio valora que el gobierno debería haber anunciado que dejaría sin efecto el aumento de tarifas de enero y debería haber resuelto un recorte de los gastos estatales. “No les vamos a aflojar, las vigilias van a ser gigantes, vamos a cantar el himno a las ocho de la noche”, amenaza luego.
Un productor que también hace circular su parecer por Whatsapp remarca que los anuncios del gobierno deben hacer a los productores “redoblar el esfuerzo en cuanto a la vigilia”. “No nos achiquemos, no entremos en el juego del divisionismo que estos señores quieren hacer. No queremos charamusca, queremos fuego y un cambio total”, sostiene.
Otro audio es de un productor que declara tener estudios en neurolingüística, que lo han ayudado “a leer las expresiones de las personas”, y a partir de allí concluye que al presidente Tabaré Vázquez le faltó firmeza y seguridad en su discurso.
“Tabaré [Vázquez] está mintiendo, están entregados. Tabaré y [el ministro de Economía y Finanzas, Danilo] Astori saben que el país se fue al diablo, y todo eso se transmite en los gestos y en la forma de hablar”, interpreta el especialista en neurolingüística.
Luego, en un tono más coloquial, sostiene: “El gobierno la quedó, el gobierno está contra el piso, y es el momento de seguirle pegando. Que nos den lo que precisamos para no terminar en la Venezuela”.
Las medidas que anunció este lunes el presidente Tabaré Vázquez para el agro tampoco resultaron satisfactorias para los productores rurales autoconvocados, informó Subrayado.
Más temprano, tras la reunión con el mandatario, los representantes de las gremiales agropecuarias se fueron molestos y decepcionados por lo que consideraron fueron medidas “insuficientes”.
El productor de Paysandú Marcelo Nougué, uno de los representantes de este movimiento que se congregó en el acto del martes 23 en Durazno, dijo a Subrayado que el gobierno no reflejó en las medidas nada de lo que le plantearon al presidente en la reunión del viernes 26 en la Torre Ejecutiva.
“Para un colono la rebaja es de 80 o 100 pesos por hectárea y por año. Y para un tambero chico la reducción de la energía (tarifa eléctrica) son 500 pesos por mes”, dijo el Nougué.
Consultado acerca de si mantienen la movilización y vigilia en las rutas para el miércoles 31 y jueves 1°, el productor aseguró que se hará “con más fuerza”
La Asociación Rural del Uruguay se adhirió a la vigilia ya que el diálogo con el gobierno “no ha dado las respuestas que se esperan”.
Montevideo Portal 30/1/18
Este miércoles desde las 18 horas y en más de 200 puntos del país los productores rurales realizarán una vigilia, tal como estaba pactada luego de la movilización del 23 de enero. Durante la vigilia, que se dará luego de las propuestas del Poder Ejecutivo, "no habrá críticas al gobierno", pero se "presionará" para que atienda los reclamos del movimiento.
Los organizadores informaron que ya hay 230 puntos confirmados en diferentes rutas de los 19 departamentos, y hasta existe un mapa en la web en la que se informa, exactamente, dónde será la vigilia.
Durante la reunión que tuvieron la pasada semana Tabaré Vázquez y los productores independientes, el mandatario les solicitó a los manifestantes que suspendieran la vigilia. "Si se puede levantar mejor, pero sino se puede, no se puede", dijo Federico Holzmann, uno de los voceros del movimiento.
Holzmann sostuvo, según recoge Subrayado, que no habrá cortes de ruta, y que lo que se busca es "presionar" al gobierno para que decida aplicar soluciones al agro, en la medida de lo que ellos expusieron en la manifestación de Durazno.
Entre otras cosas, los productores autoconvocados exigieron "suspender" el ingreso de funcionarios públicos, "rediseñar" las políticas sociales, bajar el precio del gasoil y eliminar el "atraso cambiario".
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) emitió un breve comunicado en el que se sostiene que se adhieren a la convocatoria de la vigilia. Según consideran, las instancias de diálogo que convocó el gobierno "han sido bienvenidas pero no han aportado las respuestas que desde la producción nacional se esperan".
En una conferencia de prensa este lunes, luego de reunirse con las gremiales, el presidente anunció una serie de medidas para solucionar el problema de los pequeños y medianos productores.
Las medidas apuntan a aquellos sectores que presentan más dificultades: los sectores arroceros, lecheros y de producción hortofrutícola, sobre las cuales ya se trabaja en herramientas de apoyo. Los esfuerzos "estarán enfocados fundamentalmente hacia productores pequeños y medianos, que cuentan con menores recursos para enfrentar una coyuntura con desafíos".
Luego del anuncio, y también en una conferencia de prensa, las diez gremiales convocadas por el Ejecutivo plantearon la "insuficiencia" de las medidas. Por ejemplo, Gerardo García Pintos, vicepresidente de la ARU, valoró el ámbito de trabajo, pero aseguró que los productores "no tienen dudas" de que "con la situación actual va a lucir como un faltón insuficiente".
Jorge Riani, presidente de la Federación Rural, complementó señalando que las propuestas del gobierno dejaron "gusto a poco" entre los productores. El dirigente hizo hincapié en que las gremiales consideran que el origen de la problemática está en la "política económica" del gobierno, que "a corto plazo genera beneplácito y consumismo pero a largo plazo no es sustentable".
INTRODUCCIÓN
El año 2018 comenzó con fuertes reclamos desde el campo uruguayo. Se pide a gritos que baje la presión fiscal que se ha hecho asfixiante, que se bajen los costos operativos y se estimule la producción nacional para que no siga cayendo el número de pequeñas y medianas empresas uruguayas, mientras en su lugar crecen grandes corporaciones extranjeras. Ya hubo algunas movilizaciones y es probable que pronto se articule una gran movida nacional para presionar al gobierno a tomar medidas que contemplen estas demandas.
Sería ingenuo descartar intereses políticos partidarios subyacentes o paralelos en estos reclamos que se levantan como una ola de rebeldía ciudadana que va tomando forma y pretende ir más allá del rubro rural sumando apoyos en empresarios y trabajadores en general. Esto es porque en nuestro país, nuestro sistema democrático está basado en los partidos políticos, EL VOTO ES OBLIGATORIO y cualquier solución momentánea o de largo alcance necesita de la voluntad política para poderse concretarse.
No compartimos el discurso de crítica al gobierno como si se tratara de una administración que estuviera conduciendo al país con políticas de izquierda. El desmesurado aumento del gasto público, las buenas relaciones con el PIT/CNT y el pasado guerrillero de algunas figuras de gobierno, salen a relucir como pruebas de que el país está en manos de gente con ideología marxista, etc. que se empecina en cerrase a los TLC y los horizontes hacia donde apuntan los países desarrollados.
Que eso es un error conceptual, quedo a la vista cuando observamos los mismos problemas de competitividad y falta de rentabilidad afectando a los pequeños y medianos productores de Brasil y Argentina, donde hay gobiernos que nadie calificaría como de izquierda.
La verdad por muy dura que nos parezca es que: Macri, Temer y Vázquez aplican las mismas políticas que benefician al gran capital.
En los tres países crecen los latifundios de grandes multinacionales que expulsan a la familia rural. Los tres compiten para captar “inversiones” ofreciendo a extranjeros ventajas que niegan al empresario local.
En resumen, el modelo económico es el mismo y los resultados son los mismos.
POR TODO LO ANTERIOR DECIMOS QUE:
También en esta movida estamos uruguayos que fuimos productores en el pasado y por los mismos problemas, hoy ya NO lo somos, productores en actividad, obreros de la industria, obreros del campo, maestros, profesionales, agrónomos y desocupados; todos afectados y preocupados por este modelo económico que se aplica en el país desde muchos años atrás, y pensamos que: para que esta lucha no camine renga, se necesita un cambio del modelo económico neoliberal en curso.
Es en este sentido que planteamos el siguiente punteo de soluciones viables y ambientalmente sustentables a estos crónicos problemas que llevan años sin solución.
PUNTEO DE SOLUCIONES
1) La mayor parte de las reivindicaciones son correctas y las compartimos.
En estos planteos que hacemos hay soluciones que pueden ser inmediatas, a mediano y largo plazo; esto depende de la voluntad política que se logre.
2) No compartimos que los trabajadores sean parte del ajuste; por el contrario, los trabajadores son sus principales aliados en esta lucha
3) El problema económico no es el mismo para los medianos y pequeños que para los grandes productores. Por lo tanto sus reivindicaciones tienen que reflejar esas distintas realidades. Y lo mismo para las soluciones que proponemos u otras, que producto del dialogo se encuentren.
4) Los problemas de endeudamiento privado no pueden socializarse o estatizarse, o lo que es lo mismo:
NO pueden pasarse esos endeudamientos privados a la deuda pública del país.
Que el sistema financiero (tanto el público como el privado) como corresponde, se hagan cargo de las deudas.
Refinanciándolas a los grandes y medianos, y sin intereses o con un interés simbólico para cubrir gastos -pero no para ganar dinero-, en un plazo negociado con los productores.
A los pequeños, condonarles sus deudas y planificar un mecanismo de ayuda solidaria de parte del país, para que puedan dejar de ser pequeños.
Desarrollar un nuevo mecanismo de pago de las deudas que esté RELACIONADO CON LOS RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN, para entre otras cosas, ayudarlos a defenderse del clima.
5) El paquete de reivindicaciones, tiene que plantear la modificación de la ley de inversiones extranjeras, para equiparar en exenciones e impuestos (por lo menos), a los nacionales con los extranjeros. Hoy este tema está totalmente desequilibrado a favor de los extranjeros; esto genera que unos paguen mucho y otros muy poco.
6) La producción agrícola tiene que luchar con el clima, que juega un papel trascendental en el éxito o el fracaso. Por lo tanto los impuestos a la producción agrícola tienen que estar atada a la producción y ganancia.
7) Crear un régimen de seguro al productor agrícola, de carácter solidario, es decir financiado por todos; que sea eficiente en la defensa ante una calamidad climática u otros factores fuera de control del productor: que por ejemplo a quienes se queden sin ningún ingreso, le asegure un ingreso mínimo, que puede ser calculado basado en un promedio, por ejemplo de los últimos 5 años.
8) Crear a nivel estatal un Ente Autónomo que garantice el mercado y los precios, para la producción y distribución, y la prestación de servicios de maquinaria de mediano y gran porte.
Éste Ente Autónomo deberá ser económicamente sustentable -pero sin ganancias-, para evitar que afecte negativamente los costos de producción.
Tendrá también el cometido de reunir un equipo multidisciplinario de científicos, productores y otros actores, etc., para plantearse un paquete tecnológico soberano y agro-ecológico -que nos permita superar el actual-, basado mayormente en la agricultura de los transgénicos contaminantes y dependiente del extranjero.
Un sólo ejemplo: ¿cuánto incide en los costos y en nuestra soberanía agrícola, el paquete tecnológico extranjero?
9) Recuperar la función social y de apoyo a la producción de los Entes Autónomos ya existentes (hoy día MAL llamadas: Empresas del Estado).
Esto no es un juego de palabras, nuestros entes autónomos no pueden generar ganancias (impuestos escondidos), que como sabemos tienen un alta incidencia en los costos de producción y distribución; sus objetivos hoy en día, están totalmente tergiversados por las políticas neo-liberales de ahora y de antes.
10) Deuda externa.
Es injusto que tengamos que hacernos responsables de una deuda ilegítima, para esto necesitamos encarar un mecanismo de auditar la deuda, para determinar la parte legítima de ésta. No podemos aceptar que la actual deuda del estado Uruguayo de más de 50 000 millones de dólares, sea totalmente legítima
. Pensamos que una parte importante se mal utilizó u ocurrieron otros fenómenos; determinar esta cuestión (en que se utilizó, el cómo y otros fenómenos?) será responsabilidad de la auditoría que planteamos.
Mientras tanto declarar al país en moratoria temporal de pagos, para dar tiempo a que la auditoria se concrete.
11) Encarar una reestructura del Estado, coordinada con los trabajadores, con el objetivo de elevar su eficacia y reducir sus costos.
A JUNTAR FUERZAS! CAMPO Y CIUDAD, CIUDAD Y CAMPO, DIALOGUEMOS NUESTROS PROBLEMAS E INQUIETUDES, AUNEMOS NUESTROS CRITERIOS PARA ENCARAR SIN BELIGERANCIA, PERO CON FIRMEZA Y DEMOCRÁTICAMENTE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES, Y LOGRAR EL NECESARIO Y EQUILIBRADO DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS!
Paysandú, enero 2018
Gilberto José Cora - Empresario
Nelson Eduardo Gutierrez - ex productor granjero, obrero jubilado
Marceliano Raul Ramírez Hernandes - Jubilado rural
Lincoln Leonel Ramírez - Comerciante
Gustavo Baglivo Molinelli - Ex productor apícola y horticultor orgánico.
Aníbal Jaén - Jubilado bancario
(esta nota fue publicada hace un año atras pero es de total actualidad)
Escribe Mauro Florentín Búsqueda - 23 DE MARZO DE 2017
Prohibir que las sociedades anónimas (SA) sean propietarias de tierras fue uno de los lineamientos del primer gobierno frenteamplista (2005-2010).
Con ese objetivo, en 2007, la administración del presidente Tabaré Vázquez promulgó la ley 18.092 sobre la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias
En una década de vigencia de esa normativa, poco más de 90 empresas que operan bajo distintas figuras jurídicas, principalmente sociedades anónimas, recibieron la autorización del Poder Ejecutivo para ser propietarias de inmuebles rurales que en total comprenden unas 5,7 millones de hectáreas, según datos oficiales recabados
Esa extensión equivale a la suma de las tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.
El decreto reglamentario de esa norma legal estableció el régimen de excepciones al cumplimiento de la obligatoriedad de identificar a los propietarios de las explotaciones agropecuarias.
Las empresas interesadas en obtener el visto bueno del gobierno debieron seguir un procedimiento que empieza con la presentación de la solicitud correspondiente en la comisión asesora del Poder Ejecutivo, que está integrada por representantes de los Ministerios de Ganadería y de Economía.
En el caso de las sociedades en comandita por acciones y las sociedades anónimas, sucursales de entidades del exterior, fideicomisos y fondos de inversión, cuyo capital social esté representado por títulos al portador, o por cuotas o títulos nominativos no incluidos en las disposiciones precedentes, serán exceptuadas cuando la actividad que desarrollen encuadre en un proyecto que sea considerado prioritario para el desarrollo productivo del país, según dispone ese decreto.
La norma indica que la empresa deberá presentar además un plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección del medioambiente
Algunos aspectos que tendrá “especialmente en cuenta” la comisión se refieren a la creación de nuevas fuentes de trabajo en el medio rural, el fomento de la pequeña empresa familiar y la obtención de productos comercializables a escala internacional, así como que propendan a la erradicación de la pobreza en el campo.
Valorará también la incorporación de tecnología, el aumento del valor agregado, el desarrollo de nuevas cadenas productivas y la promoción de la descentralización territorial.
Ese permiso del gobierno fue solicitado por empresas que requerían hacerlo, pero que también lo hacían porque consideraban que favorecía la gestión de otros trámites en organismos públicos y la imagen de las compañías al cumplir con la reglamentación legal, comentaron fuentes oficiales.
Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union Agriculture Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.
Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.
En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en conjunto.
Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.
El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas pertenece a Hudson Investment ?Holding, constituido en las Islas Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de Ganadería y Economía en 2011.
Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000 hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos, y que opera en diferentes países.
Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000 hectáreas.
El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes:
Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación y arándanos.
En el listado figura además la estatal Alcoholes del Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.
RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500 hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.
Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.
La excepción y la regla
La ley 18.092 fue promulgada en enero de 2007 y el decreto reglamentario fue publicado en junio de ese año. Dos meses después de entrar en vigencia ese marco legal, en agosto, ejecutivos de Weyerhaeuser alertaron al gobierno sobre la dificultad que generaba esa normativa para que pueda continuar operando en Uruguay.
En una reunión realizada por esos días entre los ministros de Economía, Danilo Astori, de Ganadería, José Mujica, y de Industria, Jorge Lepra, con directivos de esa empresa norteamericana, el Poder Ejecutivo comunicó que sería incluida entre las excepciones a la ley, considerando que cotiza en bolsas de valores de reconocido prestigio, como son las de Nueva York y Canadá.
De acuerdo con esa norma legal, el gobierno podrá disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales, así como de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita por acciones, en ambos casos con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.
La autorización del Ejecutivo indicará los inmuebles rurales concretos que comprende, y deberá volverse a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles, dispone.
En 2017 siguen en trámite las solicitudes de empresas, sociedades anónimas y fideicomisos que esperan la autorización del gobierno para ser titulares de inmuebles rurales adquiridos en años recientes.
Es el caso de la firma Fort Blue SA, que pertenece a un fondo de inversión de Alemania que compró campos en Paysandú con una extensión de 3.270 hectáreas a un precio promedio de U$S 7.000 la hectárea, lo que representa unos U$S 23 millones de inversión en los predios de explotación agropecuaria, dijeron fuentes oficiales. Agregaron que esa empresa germana adquirió esas tierras a la empresa Cereales del Río Negro.
El fideicomiso Tierras Irrigadas de la empresa Bearing Agro, que captó U$S 50 millones mediante una emisión de certificados de participación en 2016, solicitó autorización para ser titular de varios padrones adquiridos en el departamento de Soriano, que suman unas 1.730 hectáreas.
En 2016 la comisión biministerial encargada del análisis de los pedidos de autorización de las empresas para ser titulares de inmuebles rurales dio el visto bueno a las solicitudes de la firma International Cannabis Corporation (Iccorp) y Tersum SA, que se dedicará a la producción de cannabis para varios usos en Uruguay.
Esos permisos comprenden la explotación de un predio cedido por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis a Iccorp en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José, y de cuatro fracciones de campo ubicadas en el paraje Piedra del Toro, departamento de Canelones, que pertenecen a Tersum.