Los ecuatorianos responderán a siete preguntas que plantean modificaciones a la Constitución, desde la limitación de la reelección hasta la inhabilitación por corrupción.
La falta de promoción y la dificultad de las preguntas marcan la previa de un proceso electoral que estará observado por la UNASUR
Con información de EFE y propias 4/2/18
Unos 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar este domingo en un referéndum y consulta popular sobre diversos temas, desde la reelección hasta la inhabilitación política por corrupción, que el gobierno del presidente Lenín Moreno considera claves y que para muchos define el futuro del ex mandatario Rafael Correa.
Son siete las preguntas que integran la papeleta de votaciones, cinco de ellas de referéndum y que suponen, en caso de ser aprobadas, enmiendas a la Constitución vigente.
Las dos últimas preguntas integran la consulta popular y, de ser aprobadas en las urnas, supondrían modificaciones a leyes vigentes o nuevos postulados en normativas.
El Código de la Democracia señala que para la aprobación de un asunto en referéndum o consulta popular se requerirá de, al menos, la mitad más uno de los votos válidos emitidos.
La primera pregunta dice: "¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, con la pérdida de sus bienes"?
La número dos señala: "¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi (vigente) y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015″?
La tercera pregunta: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos"?
La pregunta cuatro señala: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes"?
La número cinco dice: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos"?
La pregunta seis (la primera referida a la consulta) señala: "¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como 'Ley de Plusvalía'"?
En tanto la pregunta siete de la consulta dice: "¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?".
Las preguntas están sustentadas con una serie de anexos, que algunos llaman "la letra chica" de la consulta, y que se adjuntan en el anverso de la papeleta de votación.
La mayoría coincide en que la votación supone un intento del presidente Moreno de quitarle poder y futuro político a Correa, su antecesor y ex aliado.
Si el actual mandatario resulta vencedor, sobre todo en la pregunta que plantea la supresión de la reelección indefinida, Correa perderá la opción de recuperar el poder en las presidenciales de 2021.
Además de la pregunta para suprimir la reelección indefinida aprobada por el ex mandatario en 2015, Moreno propone (pregunta tres) reestructurar el órgano creado por el exgobernante para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supondría una "descorreización" total del Estado.
Para muchos, un aparente desconocimiento sobre el contenido de las preguntas, así como su comprensión y una supuesta escasa promoción, ha generado incertidumbre, aunque casi todos coinciden en que lo importante es la participación ciudadana.
Elena González, una votante de 62 años, aseguró que, según ella, la consulta busca como los ciudadanos "podemos ayudar a nuestro país" con definiciones que se establecen de forma democrática.
Luis Andrade, otro votante de 60 años, apuntó el sábado que aún estaba intentando "entender las preguntas" de la consulta de Moreno, pero dijo intuir que lo que persigue el gobernante es acabar con Correa.
Manuela Criollo, una electora de 40 años de origen campesino, fue franca al señalar que ha conversado con amigos y familiares para definir su posición frente a la consulta. "Votemos mejor por el sí", añadió Criollo que, como muchos otros ecuatorianos ya ha decidido su voto, aunque otros recién lo harán mañana frente a la papeleta.
Para la votación de esta domingo, la misión de observación electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) desplegará una treintena de expertos en seis provincias de Ecuador con el fin de de acompañar y verificar el proceso. El proceso electoral comenzará a las 07:00 hora local y terminará a las 17:00 (12:00 a 22:00 GMT).
Con información de EFE 4/2/18
por Patricio Zambrano
PSE/ enero 30, 2018
He visto un texto que está circulando en redes donde el profesor Atilio Borón nos “explica” qué está sucediendo en Ecuador.
Su lectura deja un sabor amargo.
El propósito del texto es descalificar al gobierno, más no un deseo de comprender una realidad.
No busca reflexionar y ver los matices de una situación concreta, sino dar rienda suelta a su izquierdómetro y “análisis” preconcebidos, ajustables a cualquier país.
Al mejor estilo estalinista, parece añorar la debida obediencia y busca cumplir el papel de monje guardián de la fe, sin admitir ningún disenso
En un mar de palabras, se visualizan tres ideas simples:
• La situación del Ecuador se explica por la traición del Presidente Lenin Moreno.
• El proyecto de restauración conservadora ha reclutado al Presidente Lenin Moreno
• La Consulta Popular es la legalización de un golpe de Estado.
Realmente no busco entablar una discusión con el profesor Borón, porque es difícil debatir con quien ya tiene una sentencia armada y ve a su contrario como traidor o alfil del Imperio.
Esta reacción, por cierto, me trajo a la mente un comentario de la escritora Margaret Atwood, que advertía: “cuando la ideología se convierte en religión, cualquiera que no imita las actitudes extremistas es visto como un apóstata, un hereje o un traidor”.
Me imagino que el Profesor Borón no verá con buenos ojos que cite a una escritora de este tipo, pero cualquiera que haya visto la serie The Handmaid’s Tale (“El cuento de la criada” para América Latina) entenderá la pertinencia.
Pretendo más bien ofrecer información y trasladar la lectura de los socialistas ecuatorianos a las personas de izquierda que realmente desea entender qué pasa en Ecuador, una situación difícil de discernir para cualquiera que no asuma discursos o sentencias de manera acrítica.
No digo que esta es LA verdad, sino simplemente nuestra lectura y así entenderán nuestra posición política, que además no es exclusiva de los socialistas ecuatorianos, sino mayoritaria dentro de Alianza País.
Y es que es curioso cómo la discusión política sobre Ecuador parece retroceder a tiempos previos a Maquiavelo.
Cuando justamente el aporte del fundador de la ciencia política moderna fue el prescindir de explicaciones religiosas o míticas para analizar las relaciones de poder.
Más revelador de su intencionalidad, es que un profesor de ciencia política haga uso de categorías morales para explicar una situación política.
En el Ecuador actual, estamos frente a una doble estrategia discursiva.
Por un lado, sectores conservadores han levantado un discurso que sataniza a las fuerzas progresistas y a sus líderes vinculándolos a la corrupción.
Como les es difícil volver con su discurso puro de todo para el mercado y desconocer los avances de estas décadas de gobiernos progresistas, entonces los liberales presentan a las políticas redistributivas como una farsa y minan la idea de coherencia de los líderes progresistas.
Quieren posicionar la idea que los proyectos redistributivos no son un intento de construir igualdad entre todos, sino una excusa para ocupar el poder político y el enriquecimiento personal de unos pocos.
Por otra parte, se está construyendo un marco discursivo asentado en la idea de traición para descalificar al gobierno de Lenin Moreno.
Esta se levantó desde un sector del mismo partido. Recientemente, en el plano internacional, algunos personajes de izquierda se han apresurado a asimilar acríticamente ese discurso y a tomar parte en un conflicto interno complejo.
Explicar lo que sucede en Ecuador desde la idea de traición es una simplificación.
No tiene relación con la realidad e impide ver las corrientes subterráneas de una situación política.
Usar la traición como categoría de análisis es ver su contracción personalista.
No es que no existan traidores o no hayan pesado a lo largo de la historia. Pero tratar de explicar una coyuntura sólo en base a ella es, por decir lo menos, reduccionista.
Si fuera traición la actuación del Presidente Moreno, ¿por qué éste tiene un respaldo mayoritario del propio partido Alianza País, de la mayoría de aliados e incluso de los votantes?
Una traición de millones de personas revelaría o una capacidad de seducción de un personaje, propio de cuentos fantásticos, o una malicia masiva que saltaría a la primera oportunidad que se le presenta.
Como verá el profesor, estos supuestos son absurdos.
Otro punto sería traición… ¿A qué? ¿A quién?
El profesor Borón plantea al pueblo ecuatoriano, a la Revolución Ciudadana y al programa de gobierno, es que acaso los conoce…?.
Cabe recordar que el Presidente Lenin Moreno ya había hecho públicas sus diferencias con algunos temas concretos y, posteriormente, dio a conocer una carta el 30 de marzo del 2016 donde planteó elementos de autocrítica y cambios que debía realizar la Revolución Ciudadana.
Es decir, no es una sorpresa que Moreno tenía diferencias.
Tal vez por ello algunos sectores de Alianza País, que hoy lo acusan de traidor, maniobraron en su tiempo para evitar que sea el candidato presidencial, tratando de imponer otras opciones.
Sin embargo, ni la mayoría de Alianza País ni las encuestas favorecían esta jugada.
Arrogarse conocer qué quiere el pueblo ecuatoriano es osado, más aún si se lo hace sin un análisis serio.
El pueblo ecuatoriano es muy diverso.
En todo caso, las elecciones del 2017 y las encuestas actualmente nos indican que el pueblo ecuatoriano votante de la Revolución Ciudadana apoya mayoritariamente al Presidente Lenin Moreno.
Esto evidencia que existe sintonía entre lo que dice y hace el Presidente y lo que piensa la gente.
Nos queda ver si traicionó a la llamada “Revolución Ciudadana”.
Aquí se hace necesario indicar que el gobierno progresista fue consecuencia de un proceso de lucha social que primero resistió al neoliberalismo y luego canalizó su energía para construir una alternativa.
No siempre tuvo a los mismos actores encabezando las fases de ese proceso. Pero es absurdo desvincularlos y creer que el gobierno progresista se debió únicamente a una gran campaña electoral en el 2006.
De la misma forma, el gobierno fue una construcción colectiva. Varias organizaciones, miles de militantes, millones de votantes lo hicieron posible, lo respaldaron en varias contiendas electorales.
Desde luego el liderazgo de Rafael Correa para ese momento fue crucial, pero quien puede pretender que un proceso de cambio social es propiedad de una persona, sería el colmo del absurdo personalizarlo por más importante que el líder pueda ser.
Pero, adicionalmente, la Revolución Ciudadana, como todo proceso histórico y en forma similar a los diversos gobiernos progresistas en América del Sur, fue un proceso de reforma social compleja, contradictoria, no lineal en su trayectoria ni en sus resultados, presentó fases y momentos diferenciados.
Todavía es muy pronto para hacer una evaluación completa de ella, pero sí cabe ya pensar autocríticamente algunos elementos.
Desde el 2014 se desarrolló un nuevo momento del proceso de la llamada Revolución Ciudadana. La confluencia de desgaste político y la crisis económica constituyeron un punto de inflexión.
El gobierno perdió apoyo político y comenzó a sentir con fuerza el embate de la crisis económica mundial. Pero los problemas no fueron sólo económicos y exógenos. Desde nuestro punto de vista, el gobierno dejó de contar con una agenda política de reforma de la sociedad ecuatoriana.
Además, la crisis económica puso en evidencia algunos límites del proyecto. En lo coyuntural no se contaba con instrumentos para resistir en mejores condiciones la crisis. Pero tampoco se desarrolló una política de sustitución de importaciones e industrial coherente, ni se lograron obtener resultados significativos en el cambio de la matriz productiva primario-exportadora.
Ya en el 2015, en nuestro Congreso, los socialistas acordamos que “ante el escenario de crisis económica y el desgaste de la llamada Revolución Ciudadana surge un nuevo escenario político en Ecuador.
Esto hace prever que el momento político es de reflujo de las fuerzas de cambio y que no estará en la agenda el apuntalamiento de ambiciosas reformas sociales.
La primera oleada de cambio sufre de deterioro y agotamiento.
Es necesario preparar fuerzas para apuntalar una segunda oleada en el medio plazo.
A lo inmediato parece que estamos ante una etapa de repliegue para el campo popular, donde se deberá privilegiar la defensa de lo logrado y la disputa se centrará en la capacidad de los actores por alcanzar amplios acuerdos sociales pluriclasistas y transversales.”
La Revolución Ciudadana vivía un momento de desgaste por sus propios errores, límites y vacíos.
Por ejemplo, no había procesado con la rigurosidad necesaria la corrupción interna, se negaba a reconocer la crisis económica y presentaba algunas políticas públicas diseñadas desde el escritorio burocrático sin interacción con los actores sectoriales.
El proyecto debía mutar para ser más efectivo.
Al mismo tiempo, el contexto había cambiado de forma drástica. La crisis económica se volvía el tema protagónico de la agenda pública.
América Latina presentaba un cambio de escenario geopolítico, donde la derecha retomaba gobiernos, a lo que se suma que Estados Unidos bajo Trump constituía una diferencia cualitativa a la presidencia de Obama.
A nivel nacional la correlación de fuerzas también cambió. El bloque progresista estaba reducido y dejó de ser mayoría en la sociedad ecuatoriana.
A su vez, las oposiciones estaban envalentonadas, movilizadas y radicalizadas. Las derechas se habían reconstituido, liderando el discurso opositor y logró contar con apoyo electoral importante, alrededor del 40%.
Por su parte, el bloque progresista, encabezado por Alianza País, buscaba preservar el gobierno y debía hacerlo cambiando de liderazgo, dada la normativa electoral.
El único posicionado para disputar la presidencia era el ex vicepresidente Lenin Moreno. Pues lograba obtener el apoyo del correísmo y sumar un porcentaje adicional que permitiría ser mayoría.
Alianza País seguía siendo la organización nacional más grande del Ecuador.
Pero se evidenciaba una pérdida de apoyo en las ciudades, ya en las elecciones seccionales del 2013 se habían perdido las grandes ciudades en favor de la oposición, y se perdió el apoyo de parte de importantes sectores de las capas medias.
Así pues, la disputa fue más cerrada de lo pensado.
El proceso electoral fue cuestionado permanentemente por el binomio conservador, quien argumentando fraude movilizó a sus bases radicalizadas y desconoció el resultado.
Al final, la candidatura presidencial de Lenin Moreno se impuso con el 51.16% de los votos contra la del banquero Guillermo Lasso, que alcanzó el 48.84%.
Esto evidenció la modificación del escenario político.
A la crisis económica, el cambio geopolítico en la región se sumaba una nueva correlación de fuerzas. Pero si el escenario era otro, ¿cómo se podía concebir la inmovilidad como fórmula política?
Lamentablemente, la carencia de tejido organizativo, de conducción colectiva y de espacios conjuntos de toma de decisión impidió que se trabaje una transición adecuada dentro del mismo bloque progresista.
Las diferencias fueron agudizadas por una temprana y excesiva crítica del expresidente Correa. Las diferencias terminaron en una cruda confrontación abierta.
La idea de traición parece convertirse en la excusa perfecta para impedir la autocrítica necesaria, al tiempo que se levanta un discurso autocomplaciente y centrado en el pasado. Servirá tal vez para movilizar, por un tiempo, a núcleos duros de seguidores pero no interpela a la sociedad ni a los problemas reales de la gente.
Pues al final, si desde el sector progresista no se construye un discurso autocrítico del proceso de la llamada Revolución Ciudadana y, al contrario, se desconecta de la realidad, se deja la vía libre para que el discurso de la derecha convenza.
La segunda idea de Borón, además de estar llena de imprecisiones y algunas falsedades, relata cómo esta supuesta traición está al servicio del proyecto restaurador de la derecha.
La verdad es que la derecha, más allá del fuerte ruido que despliega, en esta confrontación, ha sido espectador más que protagonista.
Me imagino que está disfrutando de la pelea, frotándose las manos, buscando cómo colar sus intereses, ideas y cuadros en las políticas públicas.
También creo que su objetivo es golpear a Rafael Correa en un primer momento, ir sustituyendo en el gobierno a ministros de izquierda en un segundo período, para finalmente sacar al Presidente Moreno e instalarse en el poder.
Si lo logran, será porque las fuerzas progresistas y de izquierda no supimos ver al adversario principal y nos centramos en la disputa interna. Ojalá esto no termine en una tragedia griega.
En todo caso, la afirmación de Borón sobre el perfil del gobierno se sustenta sólo en especulaciones, no logra identificar una sola medida que evidencia el giro en las políticas públicas, ni en la composición del mismo gobierno.
Es falso su comentario que los “sobrevivientes” progresistas estén disminuidos y ubicados sólo en los espacios sociales.
Es más, si uno revisa la composición del gabinete se observa una abrumadora presencia de personas con larga trayectoria en las izquierdas, sólo comparable al primer gabinete del Presidente Correa y mucho mayor que los últimos gabinetes donde predominaban otras corrientes.
Así, entre los militantes de izquierda podemos situar a la actual vicepresidenta, a los ministros de relaciones exteriores, defensa, política, economía, educación, educación superior, cultura, ambiente, justicia, mies, transporte, riesgos, presidencia entre otros. Muchos de ellos fueron alabados en público por el Presidente Correa, por lo menos cuando eran parte de su equipo de gobierno.
Las políticas públicas desplegadas por el gobierno, en su gran mayoría, son de continuidad con un proyecto progresista.
Por eso mismo, todos los días, en los medios de comunicación salen las fuerzas conservadoras pidiendo al Presidente Moreno que cambie de ministros y políticas.
Las políticas sociales mantienen su perfil, incluso se ha profundizado la atención a los sectores más pobres con el Programa “Toda una Vida”, como una forma de proteger a los sectores vulnerables y evitar que la crisis económica genere retrocesos sociales mayores.
Que por cierto, Borón acusa de ser un acto de demagogia sin sustento. Claro, él no sabía que en gran parte fue diseñado en la parte técnica por el entonces equipo de gobierno anterior.
La política económica sigue el horizonte del pensamiento heterodoxo.
A pesar de la difícil situación económica se evita el ajuste neoliberal, continuando algunas acciones que se ejecutaron en el gobierno de Rafael Correa e inclusive manteniendo a gran parte de su equipo.
Otras políticas sí tuvieron cambios. Algunas adaptándose a la crisis económica, otras tratando de profundizar objetivos progresistas e incluir acuerdos con actores sectoriales.
En el mismo sentido, este gobierno ha presentado novedades que a todo progresista debe gustar.
Un elemento del sello del nuevo Presidente se puede ver en el manejo de la agenda de género. La política desarrollada por los gobiernos anteriores de la Revolución Ciudadana, sobre todo los últimos años, estaba muy asociada con una visión religiosa.
No fue raro escuchar del expresidente una descalificación del feminismo llamándolo ideología de género, asumiendo el discurso conservador de la Iglesia Católica.
De hecho el Plan Familia, encargado de la política de salud en maternidad y sexualidad adolescente, fue entregado al Opus Dei. Este fue eliminado por decreto por el Presidente Moreno.
Cierto es que no nos sentimos de acuerdo con la dirección dada a ciertas políticas del gobierno, pero en la medida que no presentan alteraciones sustanciales, y no rompen con la esperable heterogeneidad de las políticas públicas de los gobiernos progresistas, no hay razón para cerrar el debate.
Como decía Sartre, “una batalla perdida es una batalla que uno piensa que ha perdido.”
En los gobiernos del Presidente Correa existieron también varias de ellas.
Disentimos con la falta de estabilidad laboral de los servidores públicos, la disminución del papel de los sindicatos, el cese de pago de jubilaciones, la firma del TLC con la Unión Europea, para dar algunos ejemplos.
Estoy seguro que cualquier persona de izquierda puede mencionar similares casos en los gobiernos progresistas que existen y existieron en la región.
No estoy diciendo que la restauración conservadora o la traición vienen de antes, ni que la derecha o algunas de sus visiones estuvieron presentes anteriormente, sino que los gobiernos progresistas son así:
heterogéneos en su composición, producto de disputas internas y dependientes de una situación estructural y de una correlación de fuerzas.
Por eso la responsabilidad de una organización que se precie de progresista es disputar su sentido y dirección, no empujarlo a la derecha por estrechos y miopes cálculos personales.
Finalmente, ya rayando lo ilógico, Borón habla sobre la Consulta del 4 de febrero próximo. Se enfoca en sólo 3 preguntas de las 7 y establece que son la legalización de un golpe de Estado.
Las otras cuatro preguntas que no menciona se refieren a reforzar el combate a la corrupción, se consulta por primera vez sobre temas ambientales para mejorar el cuidado (del Parque Yasuní y la prohibición de minería metálica en zonas vulnerables), o de protección de la niñez, por escándalos dados en Ecuador en los últimos años.
Incluso, forzando más el análisis, compara el Ecuador de Moreno con la Argentina de Macri.
Se ve que el fuerte del profesor no es la política comparada, porque no avanza ningún argumento para alimentar su postulado. Justamente con Argentina, me hizo acordar de ciertos canales argentinos donde se transmiten partidos de fútbol. Si pierde el equipo argentino es porque estuvo flojo, si gana es porque jugó genial.
No existe el otro, parece más un pretexto para hablar de sí mismo ¿será que la verdad inicia y termina en él?
En fin, ¿cuál es el argumento para sostener que es un golpe de Estado?
Que se impide la reelección, se suprime el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que al eliminarse la Ley de Plusvalía se busca “reconstruir en clave corporativa y privatista al Estado”.
Veamos por partes.
La Constitución del 2008 constituye el pacto social más avanzado en Ecuador.
Para convocar a una Asamblea Constituyente se pronunció a favor el 81.72% del electorado. Posteriormente, el proyecto constitucional fue aprobado por 94 de 130 asambleístas y ratificada por el 63.93% de los votantes.
Es decir, es la Carta Constitucional con mayor respaldo popular.
En ella se establecía que la reelección estaba permitida una sola vez para el mismo cargo.
Posteriormente, en el 2015 la Asamblea Legislativa decide modificar el texto y se permite la reelección indefinida. El Presidente Rafael Correa decide no presentarse a la reelección.
Finalmente, el Presidente Moreno pide retomar el espíritu de Montecristi, dado su carácter progresista y su alto respaldo popular.
La realidad es que impedir la reelección indefinida no constituye una obstrucción de derechos, no lo fue en el 2008, no lo es hoy. Es un intento de debilitar la clientela política, la permanencia por grandes períodos de tiempo de personajes en los mismos cargos y promover la alternancia de autoridades.
Tampoco es cierto que se busque eliminar el CPCCS.
Se busca mejorar su funcionamiento. El Consejo en este momento parece representar más al Estado que a la sociedad.
Se busca cambiarlo para hacer que sus miembros no procedan de concursos de méritos, que han sido muy cuestionados y no guardan relación con su representatividad real, y sean designados vía elecciones generales. Este Consejo tiene gran poder, pues al debilitar al poder legislativo se le concedió la capacidad de designar autoridades de control, de justicia y electorales.
Por último, el caso de la Ley de Plusvalía es algo más complicado.
La realidad es que la crisis económica en Ecuador afectó duramente al sector de la construcción, que siempre es más sensible a los ciclos económicos.
Además, su diseño jurídico presentaba fallas en su capacidad real de ejecutar cobros tributarios y castigar la especulación inmobiliaria.
Es decir, el sector estaba en crisis, había sido aprobada en una mala coyuntura y sin una correcta comunicación, y tampoco cumplía su objetivo redistributivo.
Los socialistas estamos a favor de los impuestos como vía redistributiva, pero está claro que la Ley no cumplía su propósito, que por cierto fue alertado por el mismo equipo del gobierno anterior en análisis que circulaban en los despachos.
De nuestra parte, confiamos que el Presidente Moreno construya un esquema tributario más justo y progresivo, castigando menos la renta y más la riqueza y propiedad.
Finalmente, la lógica de la consulta como golpe no cabe y parece secundar más el discurso conservador que sataniza la democracia directa y la vía democrática para resolver conflictos.
Si esto hubiera sido un golpe, ¿qué decir de la consulta realizada para la convocatoria de la Asamblea Constituyente en el 2007, o la consulta del 2011 donde se intervino al poder judicial? No cabe entonces justificar unas y criticar otras.
El Partido Socialista Ecuatoriano es la única organización nacional de izquierda que fue coautora del proceso progresista de la “Revolución Ciudadana”, aún antes de alcanzar el gobierno en el 2006, al que llegamos gracias a una alianza electoral nacional, y antes incluso de la existencia de Alianza País.
Fuimos un actor coherente y leal con los gobiernos de Rafael Correa, aun cuando no siempre estuvimos de acuerdo con todas sus decisiones ni fuimos parte de los espacios de decisión.
Para el PSE el objetivo de generar un proceso de cambio en Ecuador y mantener una política progresista era y es en la actualidad, el objetivo central de la organización histórica de la izquierda ecuatoriana.
Los socialistas creemos que los líderes deben sujetarse a las necesidades del proyecto político. Creemos que ser responsable con el proyecto progresista es asegurar su viabilidad y disputar su sentido, tratando de incidir y atraer hacia la izquierda.
Por todo ello ratificamos nuestro apoyo al gobierno de Lenin Moreno.
Lo haremos, como lo hicimos lealmente con Rafael Correa, con las mismas condiciones políticas: mientras sea un gobierno progresista, alimente un proceso de cambio y beneficie a la gran mayoría de ecuatorianos.
No somos incondicionales de nadie, salvo de nuestras ideas.
No somos oportunistas. Hemos actuado siempre, en las instituciones o en la calle, en las elecciones o a pesar de ellas. Nuestra historia no es una simple apuesta electoral, es un proyecto de vida.
Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Ernest Hemingway advertía sobre lo que denominaba “la enfermedad del poder”, caracterizada por hacer de la sospecha la base de las relaciones interpersonales, por la creciente incapacidad de recibir las críticas sin descalificar a quién las hacía, por creerse indispensable en el proceso y pensar que se está inaugurando la historia, que nada se había hecho bien antes, ni nada se hará bien sin su presencia.
El proyecto progresista en Ecuador necesita de todos.
Nos exige una gran dosis de humildad, evitar creernos su avanzada y único componente, sino solamente uno entre todos.
Como suele decir nuestro compañero latinoamericano, Tabaré Vásquez, ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos. Gran lección que obviamente sólo puede provenir de quién construyó una organización amplia y plural como el Frente Amplio en Uruguay.
El futuro del Ecuador pasa por alcanzar grandes acuerdos, pues los cambios son más duraderos mientras mayor aceptación alcanza. Y un gobierno progresista, en este nuevo momento, tiene el reto de provocarlo.
No perdiendo su identidad y corazón hacia la izquierda, sino ensanchando los oídos, reconociéndose en lo diverso y concertando con los otros. Hoy en Ecuador la palabra cambio sólo se conjuga con unidad.
Quito, Enero 2018
PATRICIO ZAMBRANO RESTREPO
Presidente Nacional PSE ( Partido Socialista Ecuatoriano)