Semanario VOCES - Montevideo, URUGUAY10 febrero, 2018
Luis Nieto
Al contrario de lo que opina mi amigo Hebert Gatto, en su artículo “Un conflicto del pasado” sobre los reclamos de los Autoconvocados, el actual tiene muchas diferencias con los del pasado.
En primer lugar, porque no nace de un enfrentamiento partidario.
La formación de la nación estuvo signada por una cadena de guerras protagonizadas por los dos partidos fundadores. Este conflicto surge en el Interior, es cierto, tiene lógica que se comience allí, por ser parte del territorio nacional, y por ser en el Interior donde la agroindustria produce el 76% de las exportaciones con que los buenos y los malos gobiernos deben administrar el país.
Las reivindicaciones con lucha, con medidas de fuerza, con reclamaciones insólitas, como las de los pocos funcionarios que quedan en AFE, se las toma como lícitas.
Son parte del ser nacional que nos hemos inventado para vivir al estilo bosquimano.
Del Interior se ha hecho una caricatura cuando lo primero que deberían preguntarse nuestros intelectuales es por qué el renunciante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmaba que el Uruguay produce alimentos para seis países de igual demografía que el nuestro.
Eso debería ser tomado como un éxito, como un gran aporte al país, debiera llamar la atención. Lo hace porque el campo uruguayo está poblado por gente que conoce esos oficios desde los albores de nuestra vida como nación, porque hay gente que corre el riesgo, y porque el país ha desarrollado la tecnología que lo hace competitivo en calidad. Uruguay se ganó el respeto internacional produciendo alimentos biológicamente seguros.
Según la BBC, Uruguay produce arroz con un rendimiento similar al que se produce en las mejores tierras de Estados Unidos. 8000 kilos de arroz seco por hectárea, que es igual o superior al que se produce en Estados Unidos y Australia, y un rendimiento muy superior al de cualquier otro país del mundo. A los productores arroceros uruguayos el Presidente Vázquez les aconsejó aumentar la productividad.
Ese es el grado de desconexión entre el gobierno y el sistema político con la realidad del Uruguay.
El discurso del latifundio se saltea olímpicamente la expansión de sociedades anónimas y de empresarios extranjeros que hoy poseen más de la mitad de las tierras útiles del país.
Esto ha sido el fruto de una política discriminatoria, con exenciones fiscales que se les niega a los propios uruguayos, y de un uso demasiado flexible de la aplicación de la ley de sociedades anónimas.
Veamos: Union Agriculture Group UAG, 320 mil hectáreas; Stora Enso, 308 mil hectáreas; Agronegocios del Plata 157 mil hectáreas; Guanaré (Forestal Atlántio Sur) 112 mil hectáreas; UPM 116 mil hectáreas; Uruwood 115 mil hectáreas; Eufores (Arauco y Stora Enso), 369 mil hectáreas; Forestal Cono Sur, 84 mil hectáreas; Colonvade, 72 mil hectáreas.
Entre las sociedades anónimas Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, poseen 65 mil hectáreas. La lista es larga, también figuran Aratirí, Del Carmen y Santa Margarita, Semillera Hinkely, Ingleby, Calyx Agro, Ginker y Adecoagro, del magnate Soros, con 42 mil hectáreas. Siguen y siguen otras sociedades anónimas que son quienes a la sordina se hicieron con la mitad de las tierras del país
¿Por qué la protesta ante este estado de cosas se inició, felizmente, en el Interior?
Hoy las principales chimeneas del Uruguay no están en Montevideo. Tampoco quienes producen la mayoría de la riqueza con que cuenta el país.
Pero el fenómeno sociocultural del Uruguay reproduce la predominancia de una ciudad colonial, que apenas sobrevive por el goteo del comercio y la enorme burocracia, financiada con los recursos de la producción nacional, mayoritariamente, relacionados al agro.
¿Está entendiendo esta situación el sistema político uruguayo, mayoritariamente democrático pero lerdo?
Los Autoconvocados utilizaron las herramientas digitales para convocar al primer encuentro de Durazno, donde a los quince días acudieron entre 40 y 50 mil personas.
Las redes sociales son parte práctica de la sociedad actual, pero, ojo, las redes sociales no actúan por sí solas.
Los que atravesaron el país para concurrir a Durazno no lo hicieron como las ratas siguiendo al flautista de Hamelín, sabían a qué iban, y no, precisamente, a un suicidio colectivo, sino con entusiasmo, a pelear por un futuro mejor.
Lo mismo se podría decir de los trescientos y tantos fogones que se realizaron en todo el país, donde se volvió a cantar el himno, se leyó una proclama junto al pabellón nacional, la única bandera que se ha visto en todas las manifestaciones de los Autoconvocados.
¿Cómo se le puede decir a eso “un retorno al pasado superado”?
En todo caso es algo tan nuevo y sentido como, en su momento, fue el acto del Obelisco, en 1983, donde estaban todos, desde Semproni –notorio tupa-, y Pereira Reverbel –por dos veces rehén de los tupamaros-.
Quien haya leído las reivindicaciones de los Autoconvocados va a encontrar más puntos de contacto con las pesadas cargas que deben soportar todos los uruguayos que reivindicaciones propias de la actividad agropecuaria.
El movimiento sigue creciendo.
Es más, esto es un conflicto que encuentra al Frente Amplio en el gobierno, pero está equivocado, muy equivocado, el que vea en estas movilizaciones un jaque al gobierno frenteamplista. Cualquier otro partido que hubiese estado en el gobierno, o el que venga en el 2020, tendría que dar respuesta a los mismos reclamos que comenzó planteando el interior del país.
Son estas las cosas que hay que ubicar en su contexto.
Y hace muy mal el gobierno actual en generar un clima adverso hacia los productores agropecuarios, sean grandes o chicos.
¿Acaso los grandes comerciantes de Montevideo no merecen el mismo tratamiento discriminatorio, con el manual de la lucha de clases en la mano?
¿Por qué un productor grande, incluso dueño de un latifundio, que invierte en genética y en pasturas, y es de esos que contribuyen a que al país le entren 1517 millones de dólares por año, sólo en el rubro carne bovina, es más culpable ante la sociedad que el dueño de un shopping center, de varias torres de edificios, o de una clínica especializada?
A las familias que siguen viviendo en extensiones medianas, donde 50 años atrás era posible vivir, no las desaloja el latifundio, las corre del campo la ausencia de políticas de fomento, y de planes sociales que les haga la vida menos incierta y más rentable.
Esa imparable migración no sólo produce una pérdida de identidad sino que, agrega problemas en zonas donde no hay soluciones. De lo mucho que el Estado podría hacer por afincar familias jóvenes en nuestros campos, sólo aplica algunas mínimas medidas, como aspirinas en un entorno de extranjerización y asfixia económica por la vía de un dólar caro, costos altos para la producción agropecuaria, y un Instituto de Colonización que desde hace décadas hace la plancha.
El gobierno se tomó las movilizaciones como algo personal, sin tomar en cuenta que estas demandas son las que se vienen oyendo desde hace mucho, y no por boca de oligarcas y terratenientes, sino por boca de la propia oposición política que ha hecho denuncias penales contra Ancap, que ha obligado a renunciar nada menos que al vicepresidente, pero que también ha permitido esta fiesta interminable.
O el sistema político reacciona ante el desorden o pagará con lo que más aprecia: los votos de la ciudadanía
por Eduardo Gudynas
Semanario VOCES 10 febr. 2018
Sin duda la protesta ruralista agitó el verano. A pesar de las distintas novedades que expresaba, buena parte de los abordajes quedaron atrapados en la superficialidad de las 4×4 o en buscar intereses partidarios ocultos. Para no repetir esas miradas, aquí propongo otras perspectivas sobre lo nuevo y lo viejo, para así señalar algunos hechos destacados. Estos convergen en mostrar un tipo de desarrollo agropecuario que está chocando contra sus límites y por ello genera disputas por los excedentes.
Una primera particularidad es el regreso a los primeros planos de la defensa de intereses nacionales ante lo que se denuncia como dependencia extranjera
Algunos autoconvocados cuestionaron los beneficios económicos que reciben los inversores extranjeros, y otros atacaron las concesiones que se daría a la nueva pastera.
Se escuchan interrogantes válidas, tales como preguntarse por qué el Estado pagará una enorme cifra de dinero por una nueva vía férrea para UPM pero no gasta en reparar adecuadamente las carreteras en otros rincones del país.
No pasa desapercibido que los gobiernos del Frente Amplio construyeron un consenso en globalizar el comercio exterior y otorgar muchas concesiones a la inversión extranjera.
Las clásicas denuncias de la izquierda contra la extranjerización se apagaron, y muchos festejaban, por ejemplo, el encuentro de Mujica con Rockefeller.
Pero ahora retornan los enfrentamientos entre lo que se presenta como necesidades nacionales contra las concesiones a transnacionales.
Es interesante observar las tensiones que esto genera por ejemplo dentro del Partido Nacional.
Allí, algunos líderes políticos ya habían puesto en primer lugar esa cuestión al enfrentar el proyecto minero Aratirí (reclamando, por ejemplo, nacionalizar el hierro)
Se puede argumentar que eso se dice estando en la oposición, y que los partidos tradicionales son todavía más subordinados a capitales y exigencias extranjeras
Pero no minimizaría el aprendizaje político que ocurre dentro de los conflictos, y especialmente en líderes más jóvenes.
Y en la acera opuesta, los líderes del progresismo gobernante abandonaron esa trinchera y ahora defienden los reportes del FMI, los indicadores de riesgo país, y cortejan a las transnacionales.
El debate también discurrió por la insistencia, de un lado, en que los indicadores “macro” eran excelentes (dineros transferidos al agro o las intendencias, crecimiento económico, exportaciones, etc.), y del otro lado, que a nivel “micro” hay severos problemas (caída de rentabilidad que lleva a abandonar el campo, costosísima canasta de vida, combustibles carísimos, pérdida de empleos privados, etc.)
Mi punto es que ya no puede ocultarse que existe una brecha notable entre esos dos tipos de indicadores
La misma situación se observa en otros ámbitos. Se repiten, por ejemplo, buenos macro indicadores en acceso a la educación, pero cada vez es más frecuente lidiar con jóvenes que son incapaces de resolver una cuenta matemática simple.
Se indican mejoras en la criminalidad, pero a nadie puede escapar la cotidianidad de violencia que nos rodea, no sólo en Montevideo, sino también en los pueblitos del interior y el medio rural.
Por lo tanto hay que asumir que varios de los indicadores macro que maneja el gobierno y muchos académicos, especialmente economistas, no son los más adecuados para las circunstancias cotidianas actuales. Necesitamos nuevos indicadores y leer de otra manera a las viejas variables para poder entender mejor lo que sucede y cómo responder.
Que la reacción rural alcanzara la intensidad y extensión observada, muestra que fallaron los canales de participación y comunicación con el gobierno.
No puede minimizarse la gravedad de esto ya que esa institucionalidad fue creada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y más específicamente por José Mujica al frente del MGAP.
En efecto, en 2007 se constituyó el Consejo Agropecuario Nacional, los Consejos Agropecuarios Departamentales, y en paralelo las Mesas Departamentales de Desarrollo Rural. Se suponía que todo esto permitiría consensuar políticas nacionales agropecuarias, brindar información y abrir el diálogo. Mujica afirmó en agosto de 2007 que esto sería “una verdadera revolución para los productores”
Un examen más atento de esa estructura muestra que en realidad limitaba la participación ciudadana. Por ejemplo, el Consejo Agropecuario está integrado únicamente por ministerios y agencias estatales, sin las gremiales del campo o las cámaras empresariales. Estas limitaciones, que se repiten en otros ámbitos estatales, reflejan las dificultades del progresismo con los mecanismos de participación ciudadana autónomos y plurales.
El empuje de la protesta de alguna manera también rebasó a las propias gremiales rurales, aunque éstas rápidamente lo reconocieron y se adaptaron
Estamos ante movilizaciones ciudadanas flexibles, con coordinaciones laxas, que reaccionan ante las reglas estatales de encauzar la participación, y en buena medida independientes de partidos políticos.
La lección aquí es que la gente puede organizarse y coordinarse autónomamente, y nada impide que estalle otro conflicto en alguna otra cuestión.
Estas movilizaciones muestran que las etiquetas entre “izquierda” y “derecha” no pueden ser aplicadas como en el pasado.
A riesgo de ser muy esquemático, no son pocos los que consideraron que el discurso de Walter “Serrano” Abella era conservador y no tanto el del consultor Eduardo Blasina
Lo paradojal es que Abella arremetió contra los indiferentes, un postura de la izquierda clásica, y lo hizo citando a Antonio Gramsci, el comunista italiano que es referencia para muchos marxistas
Es posible apuntar contradicciones entre esa mirada gramsciana y otros dichos de Abella, pero eso no quita que usó esa referencia, y que, por el otro lado, no se recuerdan discursos recientes con ese tipo de citas entre líderes del FA.
El entrevero entre izquierda y derecha se repite en otros temas, como el señalado arriba entre nacionalismo y extranjerización.
Blasina ofreció un discurso que parecía más desideologizado, y se calificó como “rebelde”, no en el sentido de Lenin sino en el de John Lennon de los Beatles. Pero tanto su diagnóstico como algunas de sus medidas apuntaban más a una economía subordinada a la globalización, como fueron sus reclamos por los tratados de libre comercio o la defensa que ha venido haciendo de UPM-2.
No pretendo presentar aquí una escala dogmática para juzgar quién es de izquierda o derecha, sino mostrar que no se pueden asignar las etiquetas como se hacía en el pasado reciente
Hay muchos procesos de cambio en marcha, y a los actores y procesos que antes se les llamaba de izquierda pueden ahora comportarse de manera muy conservadora, como entre los conservadores de ayer asoman algunas posturas que recuerdan a la izquierda.
Cuando se escarba en los reclamos de esta protesta debe reconocerse que estamos ante luchas por los excedentes
. Este concepto alude a esa diferencia que supera a los costos esenciales para consumir, producir o preservar bienes o servicios. Hay varios ejemplos de peleas en ese plano:
El productor rural considera (correctamente) que se le apropian de parte de su excedente cuando tiene que pagar por la reparación de un camino que debería mantener el Estado.
El PIT CNT atinadamente alerta sobre patrones que pagan salarios sumergidos a trabajadores rurales lo que es otra apropiación de excedentes de los obreros.
Otro caso afecta a los que vivimos en Montevideo, ya que el dinero que ahorran productores rurales que contaminan la cuenca del Río Santa Lucía, termina en un aumento de las tarifas de OSE. También hay traspasos de excedentes del país al exterior, por ejemplo como ocurre con los pedidos de exoneración de UPM-2
Estos ejemplos muestran a unos que intentan atrapar excedentes de otros, y éstos últimos defendiéndose. La protesta rural es un caso de ese tipo.
La cuestión clave es que esas disputas no surgen de la nada sino que son el resultado de las estrategias de desarrollo que sigue el país.
La solución a esas peleas sólo es posible si se revisa el rumbo del desarrollo.
En cambio, casi toda la prensa, analistas y políticos, creen que la cuestión clave son esas disputas por los excedentes, sin comprender que son síntomas.
Presentan como solución atrapar más excedente de algún otro grupo para compensar a ciertos sectores agropecuarios.
Entonces, un día tenemos a un periodista indicando que como las industrias recibieron más ayudas económicas que el agro, éste debería recibir más dinero, y al otro día, los economistas próximos al gobierno apuntan a ir por los excedentes que se llevan los dueños de campos arrendados.
Pero ninguno de ellos discute cuál es el tipo de desarrollo rural adecuado y posible para el país. Y al no poner eso en debate, lo dan por aceptado y naturalizan, por ejemplo, seguir siendo exportadores de bienes básicos.
Hasta hace poco muchas de esas disputas no se agudizaban gracias a buenas condiciones externas e internas (tales como los altos precios de las materias primas)
En cambio, las condiciones actuales son más restrictivas. Uno de los mecanismos más importantes, la captura de excedentes de los trabajadores, especialmente aquellos de la clase media (claramente expresado en el notable aumento de la recaudación del IRPF), ha llegado a sus límites tolerables.
Simultáneamente, las estrategias de desarrollo agropecuario, ejemplificadas en celulosa y soja, parecen estar chocando contra sus límites en todos sus planos (económico, social y ecológico).
Por todo esto, la problemática rural del país requiere análisis más profundos que lleguen a las estrategias de desarrollo agropecuario
La urgencia está en revisar cuestiones esenciales tales como la validez de profundizar un modelo como el celulósico o si es inteligente seguir exprimiendo la base de recursos naturales del agro. Dicho de otra manera, tenemos que discutir urgentemente cuáles son los desarrollos posibles dentro de los límites sociales y ecológicos del país.
Pero si sólo se atienden posibles compensaciones, regresarán las disputas por los excedentes, y seguiremos presionando todavía más contra los límites de ese tipo de desarrollo. Esa es una postura que condena nuestro futuro.
La proliferación de conflictos hace que debamos preguntarnos si las estrategias agropecuarias ya no están chocando contra varios de sus límites. Entre ellos hay límites en la inserción internacional, ya que la apuesta a exportar commodities agroalimentarias obliga a aceptar tanto las reglas de la globalización, tales como la asignación externa de precios, así como las exigencias de inversores extranjeros.
En ese frente, la globalización captura jugosos excedentes nacionales.
También hay límites ecológicos.
La superficie agropecuaria del país está acotada (una referencia adecuada es la de poco más de 16 millones de hectáreas, según el anuario de DIEA)
Entonces, cuando Blasina presentaba en Durazno el objetivo de exportar el doble, la pregunta inmediata es ¿dónde? ¿Cómo?
Se suman a éstos, los límites económicos.
Es que los incrementos del volumen o la intensificación agropecuaria tienen enormes costos económicos para los productores (al requerir más insumos, combustible, maquinaria, etc.) y para la sociedad significan todo tipo de efectos externos (contaminación de suelos, aguas y alimentos, erosión, etc.)
Se aumentó el área y la productividad agrícola, lo que implicó un aumento notable de la importación de agroquímicos (por ejemplo con un pico de 1,3 millones toneladas de fertilizantes en 2013), lo que está por detrás de la crisis de contaminación del agua
La desaparición de pequeños productores muestra, a su vez, los límites sociales de esta estrategia. Estoy convencido cuando se incorporen mejores indicadores “macro”, la situación se volverá todavía peor.
Es urgente revisar esas estrategias, y los gobiernos del FA tuvieron esa oportunidad y no supieron aprovecharla.
En la primera administración Vázquez, el MGAP de Mujica lideró un programa para la reconversión agropecuaria que debía compatibilizar la conservación de la base de recursos naturales con producciones que aseguraran adecuados ingresos a las empresas rurales.
Con 37 millones de dólares fue una de las iniciativas con mayor financiamiento de su tipo, pero que en lugar de promover alternativas de desarrollo terminó en muchos casos reducida a brindar compensaciones.
Hoy queda en evidencia que fue una oportunidad perdida. El gobierno ni siquiera ha aprendido de ese error, y la apuesta actual del MGAP a intensificar la agropecuaria implica persistir en el desarrollismo convencional, con más presiones ecológicas y sociales.
Tampoco puede dejar de advertirse que esos límites, y en especial los ecológicos, están ausentes en las demandas de los autoconvocados