El AGUA no es una mercancía, es un derecho humano fundamental.
Sabemos que disponemos de importantes fuentes de AGUA dulce en el país: ríos, arroyos, cañadas, lagunas, lagos y dos enormes acuíferos.
Rodolfo Bisquiazzo Aquino Montevideo, Febrero 12 de 2018
El acuífero GUARANI que abarca un millón doscientos mil kilómetros cuadrados de extensión territorial en la región, que compartimos con Brasil en un 70% (840.245 km 2), Argentina un 19% (225.424 km2), Paraguay un 6% (72.540 km2) y Uruguay el 5% (58.545 km2) de reserva potable.
Y el acuífero RAYGON, al sur de San José con una extensión de 1.800 km2.
En el Plebiscito de 2004 en Defensa del Agua y la Vida, se enfrentaron dos concepciones: la que sostuvo que “el agua dulce es una mercancía” y quienes sostuvimos y sostenemos, que el AGUA es un bien común, natural, finito y esencial para la VIDA.
Aquella contienda se dirimió con más de un millón cuatrocientos mil votos (64.7% del padrón electoral habilitado en las elecciones nacionales), que se pronunciaron a favor de la opción propuesta por la Comisión Nacional Pro-referendo popular. Sin embargo, a los pocos meses de asumir el nuevo gobierno y el nuevo presidente Tabaré Vázquez, la voluntad del pueblo fue ignorada y violentada.
El 20 de Mayo de 2015 y por “decreto gubernamental”, se llevó a cabo el desconocimiento e incumplimiento de lo resuelto por la ciudadanía, el domino 31 de Octubre de 2004.
En el 2017 con la aprobación parlamentaria, con votos en mayoría de los partidos políticos (excepto el diputado de la Unidad Popular, otro de los blancos y la senadora blanca Arriaga), se consagro la ley 19.553 del 27 de Octubre de 2017 se pasó a otra instancia política de PRIVATIZACION de nuestros recursos hídricos en Uruguay.
Esa nueva “ley de riego”, modifica la ley 16.858 del 3 de Setiembre de 1997, establece “mecanismos” para el uso privado de aguas superficiales con fines de riegos a gran escala. Y crea los “sistemas de riego multiprediales” y el suministro de agua a dos o más productores rurales establecidos. Y agrego, que se trató de una “ley” con nombre y apellido conocido, a pedido y solicitud personal y empresarial del ex ministro y arrocero Tabaré Aguerre.
Incluso, una vez aprobada la ley de riego 19.553, el propio ministro le presentó su renuncia al cargo al presidente Vázquez (quizás por aquello de “misión cumplida “con sus colegas arroceros y empresarios como el)
El BM participo en la elaboración de documentos, que abordan la gestión de los recursos hídricos y su vínculo con el agro: “Uruguay, Desafíos y Oportunidades 2015-2020” que consta de un apartado “Aprovechamiento y Gestión de los Recursos Hídricos /Una base para el Crecimiento Económico y Sostenible”.
Y otro que forma parte del “Programa de Asistencia Técnica no Reembolsable”, con la participación de un Equipo Técnico del BM junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y pesca (MGAP), “Estrategia de Fomento del Desarrollo de la Agricultura regada en Uruguay. Cuyo supuesto objetivo es “apoyar a los productores rurales, para desarrollar un uso sostenible de los recursos naturales, generando una mayor adaptación a la variabilidad y cambio climático, promoviendo una modernización de la gestión del MGAP en el área de información y servicios relacionados al clima y los recursos naturales.”
Y va por mi cuenta: hasta parece verdadero creíble, en cuanto a las “buenas intenciones”.
Según el BM, “la estrategia de impulso al riego en Uruguay está fundamentada en la experiencia internacional en la materia, que descansa en:
1) la correcta asignación del agua y su distribución entre los distintos usos y usuarios en forma transparente; 2) el mantenimiento y administración de la infraestructura de riego y drenaje, buscando la autosuficiencia financiera de los sistemas; 3) la eficiencia y calidad de los servicios de riego, que se proporcionan a los usuarios de los sistemas y 4) las acciones para incrementar de manera sustentable, la productividad del suelo y el agua con la participación directa de productores agropecuarios y el fomento a las fuentes de innovación tecnológica”.
Y como corolario (o frutilla en la torta), el BM ironiza (nos trata de ignorantes y hace gala de su dote) y nos da su visión de cual es la “política de riego” como factor de inclusión productiva y social:
“Muchos países de la región como México, Costa Rica y Brasil han establecido mecanismos financieros para cobrar tarifas a usuarios del agua de distintos sectores, como los constructores y operadores de presas tanto públicos como privados. Mediante el pago por los servicios de los ecosistemas o los “Fondos del Agua”, los organismos pertinentes de algunos de estos países han logrado que lo fondos se destinen a planes de conservación de las cuencas y la protección de las fuentes de agua, al aumento de la coordinación intersectorial, al seguimiento de los derechos y la calidad del agua y al aumento de la responsabilidad de los usuarios en la gestión de los recursos y la construcción de presas.
En este sentido, el pago por los servicios de los ecosistemas, puede ser un mecanismo financiero práctico para obtener los recursos necesarios para el fortalecimiento institucional y la gobernanza adecuada de los recursos hídricos en Uruguay.” Y sentencio: está todo dicho, “A confesión de partes relevo de pruebas” concluyen los abogados.
“Cómo será la cañada, que hasta el gato cruza al trote”, dicen en el campo, en el interior profundo del Uruguay. Resulta que el BM en su informe y encare de los hechos, nada dice de los nuevos “modelos de agro negocios”, de los 1 millón 800 mil eucaliptos plantados ni de los 50 litros de AGUA que se beben por día, cada arbolito para las plantas de celulosa.
Nada dice el BM, de los nuevos cultivos transgénicos permitidos en Uruguay como la soja, el maíz, girasol y otros, con su correspondiente “paquete tecnológico”: fertilizantes, herbicidas y el glifosato para las fumigaciones.
Nada dice el BM, sobre la minería a cielo abierto, el extrativismo con exploraciones, perforaciones y SAQUEOS de nuestras riquezas naturales.
Ahí andan las empresas multinacionales socias del gobierno uruguayo, dejando el suelo como un queso, lleno de agujeros y contaminando nuestra AGUA dulce de los acuíferos subterráneos.
El paulatino deterioro de las fuentes de AGUA en Uruguay, tanto superficial como subterránea vinculada al “cambio” del uso del suelo, muestra sus consecuencias.
La “tasa medioambiental” que pagamos (7.3% más en el cargo fijo del servicio de agua de OSE), es según dicen jerarcas, para “mitigar el impacto que sufren las tomas del rio Santa Lucia, Laguna del Sauce y Laguna del Cisne.
Ignorando, desconociendo e incumpliendo con el resultado del Plebiscito del domingo 31 de Octubre 2004 sobre el AGUA, el gobierno se burla de la voluntad de nuestro Pueblo y aprueba esta nueva ley de Riego.
El objetivo es intensificar el uso del AGUA a niveles nunca visto, orientada al agro negocio y vinculada exclusivamente a los mega emprendimientos agrarios, sin ningún miramiento en las condiciones actuales de las aguas, ni medidas que nos garanticen su cuidado.
A partir de la segunda mitad del siglo 20, se producen grandes cambios en la agricultura a nivel mundial.
Aparece la denominada “revolución verde”, que consiste en el desarrollo de variedades de semillas de alto rendimiento: cereales, arroz, maíz, trigo y soja transgénicas.
Acompañadas de “paquetes agro tóxicos” como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fumigaciones y la maquinaria agrícola correspondiente.
Actualmente existe una agricultura a gran escala, basada en extensos monocultivos, uso masivo de insumos químicos, manipulación genética y altos niveles de mecanización industrial.
Como consecuencia de su aplicación, se redujo la biodiversidad, disminuyo la resistencia a las plagas, se incrementó el uso de plaguicidas y “fertilizantes” con impactos negativos en el suelo.
Se produjo agotamiento y salinización de los suelos y compactación por uso de nueva maquinaria agrícola. Se produce alta concentración de nutrientes contaminantes en cursos y espejos de AGUA, problemas de eutrofización e híper eutrofización (perdida de niveles de oxígeno en el agua), en las fuentes de agua naturales.
En lo social, este nuevo “modo o modelo de producción agrícola” en Uruguay, excluyo más gente del campo, desaparecieron varias miles de familias de productores afincados y residentes y sus tierras pasaron a ser ocupadas por grandes empresas. Hay 90 empresas en Uruguay, que son sociedades anónimas en propiedad de extranjeros y sus socios locales.
Se permite, lo permite el gobierno de turno desde 2005 en adelante, el desarrollo y fomento de cultivos exportables, con menos tierras destinadas a los cultivos locales tradicionales.
Se renuncia, se entrega nuestra SOBERANÍA alimentaria con el cuento de la nueva realidad internacional y de los mercados.
El eslogan es “la lucha contra el hambre”, pero la realidad demuestra lo contrario: enormes extensiones de tierras productoras de alimentos, destinadas a monocultivos de caña de azúcar, soja, maíz, arroz y trigo transgénico y eucaliptos para abastecer los países más industrializados.
Y por la aplicación a rajatablas, de este “modelo agroexportador” en Uruguay, hay fuentes de AGUA dulce en creciente y alarmante proceso de eutrofización con residuos de plaguicidas (a través de las fumigaciones permitidas y NO prohibidas ni controladas) y el aumento constante de la CONTAMINACIÓN de los cursos de agua y las napas subterráneas.
En Uruguay, los cultivos de eucaliptos y soja transgénica ocupan alrededor de 2 millones de hectáreas de las mejores tierras para producción de alimentos.
Los sucesivos gobiernos de turno desde 2005, se rifaron, regalaron y entregaron nuestra SOBERANÍA alimentaria. Esta famosa y nefasta “revolución verde” tan mentada por gobernantes y tecnócratas oportunistas, sirvió y sirve para expulsar a casi 20.000 familias de productores rurales de sus tierras en los últimos 10 años.
Las normas internacionales en materia de Derechos Humanos comprenden obligaciones específicas de los Estados y los gobiernos de turno en los países, en relación al AGUA dulce, a su acceso y potabilización para uso de consumo popular.
¡LA LEY DE RIEGO PRIVATIZA EL AGUA!
Firmemos para derogarla y defender nuestra Constitución
Fuente: Revista “Caudal” /Órgano oficial de Trabajadoras y trabajadores de OSE /Enero 2018