El 12 de abril se realizará la primera audiencia de la Corte de Apelaciones de Roma por el caso referido al Plan Cóndor.
En mayo de 2017 la fiscalía italiana presentó ante la Corte Penal de Roma la apelación a la sentencia del juicio sobre el Plan Cóndor que absolvió, entre otros, al excapitán de navío y represor uruguayo Jorge Néstor Tróccoli.
Se trata de un tribunal de apelaciones -diferente al que trató el caso en primera instancia- y eso genera esperanzas de que se reviertan las absoluciones.
El recurso de apelación fue firmado por la fiscal Tiziana Cugini -que había solicitado a la justicia italiana la condena de cadena perpetua para 27 militares bolivianos, chilenos, peruanos y uruguayos implicados en el Plan Cóndor- y por el fiscal jefe adjunto Francesco Caporale.
Plan Cóndor fue ideada por el genocida general chileno Pinochet y coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 80 del siglo pasado
16 de febrero de 2018 | Escribe: Nadia Angelucci en la diaria
Ayer algunos abogados y familiares de las víctimas recibieron notificaciones que los convocan a la primera audiencia del juicio de apelación fijada para el 12 de abril en la Sala I de la Primera Corte de Apelación de Roma, a las 14.00.
En el documento se convoca también a una audiencia en simultáneo, a las 10.00, en otro país que no está especificado. Por las cuatro horas de diferencia, y por las naciones involucradas en el juicio, se especula que podría ser Uruguay.
Iniciado en 1999 y llegado a instancia de debate en febrero de 2015, el juicio conocido como Operación Cóndor juzgó a 33 imputados por el homicidio y la desaparición de 42 ciudadanos de países latinoamericanos. La IIIª Corte de Asís de Roma, presidida por la jueza Evelina Canale y por los jueces letrados Paolo Colella y Vincenzo Vitalone, emitió la sentencia el 17 de enero de 2017 y de los 33 imputados –seis de los cuales fallecieron en el curso del procedimiento– sólo ocho resultaron condenados: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa; el uruguayo Juan Carlos Blanco.
Resultaron absueltos los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chauan; el peruano Martín Martínez Garay y los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor TRÓCCOLI Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
Para Uruguay la sentencia fue un golpe muy duro, ya que sólo fue declarado culpable Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura cívico-militar, y fueron absueltos militares acusados de haber participado directamente en los secuestros, las torturas y en las desapariciones de las víctimas, algunos de los cuales ya fueron condenados en Uruguay.
Un capítulo aparte es la situación del ex capitán de navío Tróccoli, que se fugó a Italia cuando vislumbró su posible procesamiento en Uruguay, en el marco de los crímenes cometidos durante la dictadura. Tróccoli, a quien le fue negada la extradición, actualmente vive en Italia y deberá enfrentar el juicio de apelación.
El pedido de apelación fue presentado por la Fiscalía de la República, de Roma, la Fiscalía General y la Defensa General del Estado en lo que refiere a la acusación penal, y por numerosos familiares en lo que atañe a la compensación económica.