Las elecciones presidenciales y legislativas 2018 se realizaron bajo el influjo de una atmósfera emocional propicia a la emergencia de un nuevo tipo de demagogo. Y digo “nuevo tipo”, teniendo presente que la demagogia ha sido combustible del sistema político costarricense desde hace muchos años.
Luis Paulino Vargas Solís
economista, Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Costa Rica - 19/02/2018 sinpermiso info
Lo que ocurre es que, en general, la “vieja demagogia” respetaba ciertos límites discursivos y ciertas reglas, propias de la institucionalidad democrática y de las “buenas maneras” aceptadas por las élites neoliberales. En resumen, era algo así como una demagogia “políticamente correcta”
Las cosas, sin embargo, han cambiado, inclusive por el hecho de que el nivel de rechazo y desconfianza ante ese sistema político que funcionaba sobre la base de tales criterios, se había agudizado severamente. Un “nuevo estilo”, que rompiese con esa forma “correcta” de hacer las cosas, no solo podría ser bien recibido, sino de hecho estaba siendo esperando, incluso reclamado con ansiedad.
El agudo desprestigio del sistema político y de la institucionalidad democrática, que subyacía a esas ansias por un “nuevo estilo” de liderazgo, a su vez es fruto de una larga y cada vez más abundosa acumulación de frustraciones, al cabo de casi 35 años de dominio neoliberal. Se cumple así un largo período de reiterado incumplimiento de promesas electorales y de gradual pero inexorable encogimiento de expectativas y oportunidades
La frustración, y el consecuente malestar es algo compartido por clases medias y grupos empobrecidos, aunque a las primeras todavía les queda el recurso –que también va encogiéndose– de recurrir al endeudamiento para intentar proporcionarse el estatus y los niveles de consumo a los que aspiran, y que sus ingresos corrientes no logran darles. Pero para los sectores más pobres ha ido quedando solo el vacío de la desesperanza.
Lo cierto es que el proyecto neoliberal ha dado forma a una economía que, lo mismo territorial que sectorialmente, se muestra fracturada e incluso polarizada. Hay algunas actividades económicas a las que les ha ido bien: la banca y las finanzas; el comercio importador; la especulación inmobiliaria; las transnacionales de zona franca. Incluso al empresariado del sector agroindustrial –en particular las piñeras– no les ha ido mal, en la medida en que reciben un masivo subsidio indirecto vía destrucción ambiental y atropello a los derechos laborales. Al resto, inclusive las actividades exportadoras de capital nacional situadas fuera de zona franca, les ha ido de regular para abajo. Lo cual arrastra a la enorme mayoría de la población trabajadora.
El deslinde entre las actividades donde hay bonanza y las muchas otras que se quedan a la zaga, se visibiliza claramente en la estructura ocupacional y los mercados laborales. Diversos indicadores permiten ilustrarlo.
Primero, la bajísima tasa de ocupación: tan solo el 54-55% de la población en edad de trabajar tiene una ocupación remunerada, lo cual evidencia la escasez de oportunidades laborales, así como los obstáculos que esta estructura productiva interpone y su tremendo poder expulsor. Por otra parte, alrededor del 55% de la fuerza de trabajo afronta situaciones laborales anómalas: desempleo, subempleo, informalidad laboral. Y, como bien se sabe, la afectación es especialmente aguda en el caso de las mujeres, las personas jóvenes y las mayores de 60 años.
Pero, por otra parte, todo esto también se visibiliza en los territorios. Primero, y a grandes rasgos, en las notorias asimetrías entre la región central del país y las regiones periféricas (las regiones norte y sur y las zonas costeras).
Pero incluso, en la región central se dibujan con toda claridad las áreas enriquecidas, en contraste con las mucho más extensas que se quedan a la zaga o están francamente marginalizadas.
Algo similar se observa en las regiones periféricas, donde hay algunos islotes de prosperidad –por ejemplo los enclaves turísticos en manos de cadenas hoteleras transnacionales– rodeados de amplias extensiones empobrecidas. Pero, sin duda, los problemas de pobreza y falta de empleos son más agudos y generalizados en esas áreas periféricas que en la parte central del país, como es también cierto que la institucionalidad pública tiende a concentrarse en aquella área central y tiene mucho menos presencia –a veces completa ausencia– en el resto.
El Estado costarricense, bajo la hegemonía neoliberal, ha ido experimentando transformaciones que le hacen perder presencia en regiones enteras del país –precisamente las más rezagadas y empobrecidas– a la vez se debilita y pierde eficacia en lo que atañe a sus sistemas de seguridad social. En contraste con lo anterior, se ha gestado toda una hipertrofiada maraña institucionalidad –a veces una mezcla ambigua medio pública/medio privada– que acompaña los procesos de transnacionalización y liberalización de la economía, o que ha sido diseñada en función de los intereses económicos más concentrados. Ello se visibiliza, por ejemplo, en relación con toda la aparatosa burocracia gestada alrededor de la banca y los negocios financieros y de seguros, las telecomunicaciones, el comercio exterior y la atracción de inversiones extranjeras.
Entre tanto, la base tributaria del sector público tiende a drenarse y debilitarse, por las exenciones que el propio modelo económico promueve, los altos niveles del fraude fiscal (arriba del 8% del PIB en un país cuya carga tributaria apenas sobrepasa el 13%), el alto grado de regresividad del sistema tributario, la obsolescencia de la legislación tributaria y las debilidades del sistema de administración tributaria.
Al cabo, la institucionalidad pública de Costa Rica recibe la sobrecarga de una variadísima gama de demandas provenientes de la ciudadanía, que exceden por mucho su real capacidad de respuesta, lo que agrava su desprestigio y el descrédito general de la institucionalidad democrática.
Tal es el cuadro general, muy sintético, que se configura al cabo de 34 años de dominancia neoliberal en Costa Rica. Todo esto ofrecía un cóctel propicio a la emergencia de un demagogo del “nuevo tipo” del que hablé al inicio.
Algún sujeto, pues, con un discurso incendiario, en capacidad de abrir una brecha profunda en el sistema político y la institucionalidad democrática y de lanzarnos de cabeza hacia un proceso de involución democrática. Debe reconocerse que el gobierno de Luis Guillermo Solís contribuyó a aderezar ese coctel, precisamente porque fue elegido a partir de la expectativa de un cambio en el rumbo del país. Solís, sin embargo, fue incapaz de ni siquiera hacerle un rasguño a las tendencias inerciales propias del proyecto neoliberal, y a sus múltiples asimetrías y desequilibrios.
Desde muchos meses atrás, algunos preveíamos que esa figura emergente de la “neodemagogia” podía ser Juan Diego Castro. La agresividad de su estilo discursivo y su imagen de hombre duro y fuerte, presuntamente ajeno a la política y los partidos, logró colocarse exitosamente en el imaginario popular. Avanzada la campaña, y apenas a un mes de las elecciones, Castro lucía fuerte, no para ganar en primera ronda, pero si al menos para asegurar su nombre en la segunda.
Mas lo cierto es que, existiendo condiciones generales subyacentes propicias para el ascenso de alguna figura de tintes extremistas y recalcitrantes, la evolución concreta de las cosas, en un momento dado, podía hacer que la corriente de las simpatías populares eventualmente oscilase en un sentido u otro.
Y justo eso fue lo ocurrido a partir del momento en que se dio a conocer, el 9 de enero, la “opinión consultiva” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual, entre otras cosas, ordena que Costa Rica conceda plenos derechos a las parejas del mismo sexo, incluso acceso al matrimonio. Ello determinó el ascenso meteórico de Fabricio Alvarado, quien en pocos días pasó de ubicarse en el margen de error de las encuestas a ser el que las lideraba.
Alvarado, diputado, es también un “pastor” de larga trayectoria en el mundo de las iglesias neopentecostales costarricenses, ardoroso promotor de una moral sumamente conservadora y represiva, e igualmente entusiasta de la llamada “teología de la prosperidad” que, como bien se sabe, viste con trajes religiosos lo que en el fondo es solamente una de las expresiones más chatas y extremistas de la ideología neoliberal
La resolución de la CIDH, sobre todo en lo referente al matrimonio igualitario, lo lanzó a las nubes impulsado por un discurso homofóbico de tintes incendiarios, complementado por una serie de mensajes misóginos contra los planteamientos de la teoría de género (caricaturizada como “ideología de género). Ha sido particularmente notable que la candidatura de este sujeto se haya levantado sobre una ola de histeria homofóbica que se ha difundido en amplios segmentos de la población costarricense. Ello le permitió ser el candidato más votado (24%) en la primera ronda electoral, y lo tiene encabezando las primeras encuestas publicadas con vistas a la segunda ronda.
Es, por lo tanto, un fenómeno alimentado por una confluencia de factores estructurales de larga vigencia, y otros de índole coyuntural. Al profundo disgusto con la política en su formato tradicional se suman las situaciones de carencia, pobreza y exclusión que atraviesan y fracturan el conglomerado social como también los territorios
Pero además ha quedado en evidencia un trasfondo cultural oscurantista e intolerante, cuya expresión más destacada, pero no la única, ha sido la homofobia. No es un fenómeno generalizable a la sociedad costarricense en su conjunto. Pero la porción involucrada no solo es mucho más grande de lo que imaginábamos, sino, sobre todo, mucho más violenta e intolerante.
Por otra parte, y para concluir, debemos recordar que los datos dados a conocer una vez concluidas las elecciones son concluyentes en un punto: hay un patrón consistente de un mayor apoyo –incluso apoyo mayoritario– a favor de Fabricio Alvarado, en los cantones más empobrecidos, en los que los problemas del empleo son más graves y donde los indicadores de “desarrollo humano” son más bajos. Que son, asimismo, aquellos donde el vacío dejado por la debilidad –incluso ausencia– del Estado es más fuerte. De forma similar, se constata mayor apoyo entre la población de menos nivel educativo y la de mayor edad.
Es justo ahí –en las barriadas marginalizadas de las ciudades del Valle Central, en las regiones periféricas del país, en la población más carenciada y menos educada– donde el evangelismo neopentecostal ha florecido con más fuerza, logrando no solo desplazar a la iglesia católica, sino incluso –hasta cierto punto al menos– sustituir al Estado ausente.
La gente encuentra en esas iglesias –las de garaje o las que se levantan como enormes estadios de fútbol– la dosis de consuelo que las penurias y la violencia de su vida cotidiana les niega. Y de la boca de pastores que han desarrollado una singular capacidad oratoria, escuchan repetirse versículos bíblicos que, sacados de su contexto, les han enseñado a odiar profundamente a las personas homosexuales…incluso las de su propia familia.
por Partido de los Trabajadores de Costa Rica - LITCI
Estas elecciones se dan en medio de un largo período de retroceso en la luchas, los sectores que estaban luchando en general fueron cooptados a mesas de diálogo por el gobierno con la colaboración del Frente Amplio; mientras que los pocos que decidieron luchar fueron reprimidos (trabajadores de JAPDEVA, mujeres por vivienda en Puntarenas, Salitre, Sardinal, y por supuesto las huelgas en piñeras de la zona norte). Esto sin duda dio pie a que se fortalecieran fenómenos como el de Fabricio Alvarado o Juan Diego Castro.
Estuvieron marcadas por un alto abstencionismo, la suma de los votos de los candidatos que pasaron a segunda ronda no supera el millón de personas que no fueron a votar (34.4%); también es la tercera elección consecutiva que no se define en primera ronda y la segunda consecutiva donde sale derrotado el principal partido de la burguesía (PLN) en la carrera por la Presidencia.
La desmovilización de las luchas y la incapacidad del PAC para atender las necesidades de las familias trabajadoras, sumado a los escándalos de corrupción por el cementazo, empujaron a los trabajadores a un voto castigo y a una explicación “moral” de los problemas del país.
Fabricio Alvarado logró entrar en segunda ronda con un discurso homofóbico, apoyándose en “la defensa de la familia”, supuestamente amenazada por el reconocimiento del matrimonio igualitario o la educación sexual en escuelas y colegios. Se presentó como un candidato “que defiende la familia”, en un momento donde la familia trabajadora es amenazada por el desempleo, por los salarios de miseria, por la pérdida de empleo de las mujeres, por la violencia femicida, por el narcotráfico, por la policía, etc.
Aunque en los votos a Fabricio Alvarado hay sin duda un grupo de votantes conservador, homófobo y enemigo de los derechos de las mujeres, la motivación de muchos es otra: un voto para castigar al gobierno, un voto contra la corrupción. Para ellos no era parte de la élite rica de los partidos tradicionales (que se identifica con el PLN, los libertarios y el PUSC) y parecía algo “nuevo y diferente”. Obviamente estos razonamientos son equivocados.
El PAC por su parte capitalizó el voto útil del “mal menor” frente al crecimiento de Fabricio. Ahora en segunda ronda algunos partidos como el Frente Amplio y activistas de izquierda llaman a combatir el “giro reaccionario” con la unidad electoral de todos los sectores contra el “mal mayor”
De esta forma reducen todo a las elecciones, olvidando que el voto no va a definir el curso de las luchas que tendremos que dar con cualquiera de las opciones y que en lo sustancial no hay un carácter progresivo del PAC –ni en lo económico, ni en lo político y tampoco en los derechos LGTBI.
El gobierno que resulte electo va a atacar a la clase trabajadora para enfrentar la crisis fiscal. Ambos por sus programas son partidos burgueses, defienden los grandes intereses empresariales y un régimen que garantiza la explotación y opresión. Por eso ninguno merece el voto de la clase trabajadora.
Nuestra política es esencialmente de clase, no podemos dar un apoyo político a un partido burgués que va a usar el poder del Estado para perpetuar la explotación capitalista que tiene a la clase trabajadora sumida en la pobreza y el desempleo.
Con la actual conformación de la Asamblea, un PAC cada vez más a la derecha y un Frente Amplio dedicado a la colaboración con el PAC, la única posibilidad de que avancen los derechos LGTBI, de que se enfrenten los discursos homofóbicos y de que logremos impulsar una agenda de la clase trabajadora es la organización conjunta para luchar y no para votar. Los llamados a votar por el “mal menor” nos distraen de esa tarea y embellecen a un gobierno que atacará los derechos de toda la clase trabajadora y seguirá utilizando los derechos LGTBI como moneda de cambio.
Nuestro llamado es a votar nulo contra ambos partidos en contienda, los cuales sin duda intentarán descargar la crisis fiscal sobre las espaldas de la clase trabajadora. Nuestra tarea urgente es preparar la movilización y la lucha para defender nuestros derechos desde ya, apostando por conquistar en las calles derechos para la población LGTBI y combatiendo la pobreza y el desempleo que afectan a la inmensa mayoría de las familias trabajadoras.