Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
Integramos este grupo desde que fuera creado por un decreto del Presidente Tabaré Vázquez con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dictadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria.
Como expresamos en su momento, aceptamos ingresar manteniendo la postura que marcaron nuestras Madres: contribuir responsablemente en todas las iniciativas surgidas para trabajar por Verdad y Justicia. Esta actitud implica reconocer tanto los avances, cuando estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio, las carencias e insuficiencias de los mismos, manteniendo una actitud crítica e independiente.
Resaltamos la voluntad manifiesta del GT por superar las dificultades de este diseño Institucional, su compromiso con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpretación amplia del acceso a la información, algo largamente exigido.
Como contrapartida, el trabajo se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de su conformación y por las dos estructuras (Secretaría y GT) que nunca lograron acompasarse del todo. A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones tomadas.
El más importante de los logros, junto a la elaboración del proyecto que mejora la ley Reparatoria, fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares.
Pero esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo. Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archivo del FUSNA. El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos estudiados, ya que técnicamente – salvo el de la DNII – no eran tales. Toda la documentación a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes.
Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances democráticos.
Pero tampoco el acceso a los archivos existentes en el GT aportados a los juicios incidió en los mismos, donde persistió el empantanamiento y el uso desmedido de las habituales "chicanas".
Por todo eso, afirmamos una vez más que el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las FFAA
No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen (confirmada con el plano anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del Comandante de la Aviación que permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año).
No se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman "carga del pasado" (o sea sus propios crímenes impunes)
Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para concurrir a la justicia, ni el carácter "especial" y privilegiado de los condenados con "prisión domiciliaria" – a pesar de las denuncias sobre la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación que se sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo)
La esperanza en los resultados que podría aportar el GT se fue debilitando con el paso del tiempo. A esto se suma el entredicho con el Comandante en Jefe del Ejército que aportó datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias.
Avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado.
Esta impunidad compromete el presente y el futuro. Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Lo vemos en las declaraciones del Comandante en Jefe diciendo que son los más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios. Lo vemos en las últimas sentencias de la SCJ, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas.
La responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, es y será del Estado.
No cambia este hecho que nos integremos o no a las distintas formas institucionales que se instrumenten. Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los Familiares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a formar parte de un Estado que no lo secuestre, torture, asesine y desaparezca.
Reafirmamos hoy al igual que cuando nos integramos al GT, que nuestro único compromiso es y será con la Verdad, Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo de Estado.
Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Derechos Humanos.
Reafirmamos la confianza de que nuestra fuerza proviene de la conciencia colectiva que cierre el paso a la impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos.
Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado
Montevideo, 1° de marzo 2018.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
El retiro del representante de Familiares en el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia reveló una crisis signada por la inoperancia en la búsqueda de los desaparecidos. Esa crisis estuvo alimentada, además, por las desinteligencias con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente que responde a la Presidencia. Otra expresión de la ausencia de voluntad política real y de la debilidad frente a la estructura militar.
Samuel Blixen- Brecha, 2-3-2018
El presidente miró por una de las ventanas del piso 11, prolongando un silencio lleno de expectativas después de los saludos de rigor. El río estaba, como siempre, de un color achocolatado. Abajo, en el lado opuesto de la Torre Ejecutiva, Artigas seguía ahí, en su soledad, soportando el olvido como antes había soportado las traiciones.
El visitante seguía parado, en medio del despacho, intrigado; en un sillón, cumpliendo el papel de testigo, el ministro de Defensa calculaba el efecto del silencio premeditado. Finalmente el presidente regresó al escritorio, pero no se sentó. Apoyado en el respaldo del sillón, develó la incógnita. El comandante en jefe del Ejército ocultó cualquier signo de sorpresa:
—General –dijo el presidente–, dentro de una semana quiero tener en mi escritorio un informe detallado sobre los lugares exactos donde están enterrados los prisioneros desaparecidos durante la dictadura. Sin errores ni dilaciones. Esta es una orden, en mi condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No es un pedido. ¿Sabe lo que significa?
—Sí, señor –respondió el comandante del Ejército, inmutable y con un rostro inescrutable–. Las órdenes están para cumplirse.
Este episodio nunca ocurrió, desde 1985 hasta hoy. Y particularmente no ocurrió en estos 13 años de gobierno frenteamplista. Si hubiera ocurrido, si un presidente hubiera tenido la determinación y la voluntad de dar la orden, entonces la izquierda uruguaya no estaría soportando la vergüenza más grande de su historia, cuya última consecuencia es la determinación de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Familiares) de retirar a su delegado del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ).
La decisión ahonda una crisis ya instalada en el organismo creado por el presidente Tabaré Vázquez en mayo de 2015 a través de un decreto con el objetivo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
El cese de Ignacio Errandonea como representante de Familiares en el GTVJ fue dado a conocer ayer jueves 1 de marzo mediante un extenso comunicado que sintetiza la frustración por la ausencia de voluntad política para revertir la complicidad de los mandos militares de hoy con los terroristas de Estado. Familiares detalla los signos de esa debilidad: “No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen (confirmada por el plano anónimo que permitió ubicar a Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del comandante de la aviación que permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año).
No se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman ‘carga del pasado’ (o sea sus propios crímenes impunes). Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para concurrir a la justicia, ni el carácter ‘especial’ y privilegiado de los condenados con ‘prisión domiciliaria’ a pesar de las denuncias sobre la violación de la norma, ni la anacronía de la jubilación que se sigue pagando a condenados y fugados, así como tampoco se concreta la reforma a la Caja Militar. (…) Lo vemos hoy en declaraciones de políticos y militares diciendo que el Ejército puede ayudar en el control de la inseguridad ciudadana (…) cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes.
Lo vemos en las declaraciones del comandante en jefe diciendo que son los más interesados en que encuentren a los desaparecidos (…) cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios.
Lo vemos en las últimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad a la tortura y la desaparición de personas”.
De ese texto se desprende que la debilidad política para enfrentar las actitudes de las Fuerzas Armadas cruza tangencialmente a todos los poderes del Estado y a lo largo del tiempo.
El pecado original, que sentó las bases de la impunidad en las negociaciones del Club Naval, se manifiesta en las sucesivas debilidades: cuando se permitió que el general Hugo Medina guardara en su cofre fort las primeras citaciones de la justicia; cuando el presidente Julio María Sanguinetti interfirió en el plebiscito de 1989 presionando a las televisoras para que no difundieran el spot de Sara Méndez apelando al voto verde para encontrar a su hijo secuestrado; cuando el presidente Luis Alberto Lacalle se doblegó ante los generales para no investigar la desaparición y asesinato del chileno Eugenio Berríos; cuando el presidente Sanguinetti –otra vez– negó que en Uruguay hubiera casos de robos de bebés; cuando el presidente Jorge Batlle confesó que no iba a castigar al asesino de María Claudia García de Gelman que él mismo había identificado; cuando el presidente Tabaré Vázquez optó por dejar sin castigo a los dos generales que le mintieron sobre la ubicación de los enterramientos clandestinos en unidades militares; cuando el presidente José Mujica concurrió a saludar al primer general en actividad que acababa de ser procesado por la justicia.
Frente a tantas señales, no es de extrañar, entonces, que el actual comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini, actúe según esos antecedentes. No tuvieron consecuencias sus críticas políticas a la iniciativa del gobierno para reducir el déficit de la Caja Militar; no fue reprendido cuando tildó de mentiroso al subsecretario de Economía; no se le reclamó una explicación por las incursiones, en dos oportunidades, de unos misteriosos drones en predios donde se efectuaban excavaciones en busca de tumbas clandestinas; no se ahondó en su información falsa sobre un posible enterramiento, que implicó la suspensión de las excavaciones en un predio militar para iniciarlas en otro.
Si la ausencia de una orden para investigar las desapariciones es signo de debilidad política, la ausencia de una orden en la interna de la institución militar es signo de cómo, para preservar la impunidad, se debilita la cadena de mando y la estructura vertical que sostienen al aparato militar.
Una prueba de ello son unas recientes declaraciones del general Manini sobre el asesinato de Julio Castro. Cabe recordar que la muerte del educador y periodista fue achacada a un paro cardíaco dos días después de su detención. La ubicación de sus restos en 2011, en el Batallón de Infantería número 14, reveló que Castro fue asesinado de un balazo en la cabeza, y la aparición de un casquillo en la tierra removida sugiere que fue ejecutado al borde de la tumba, en el momento previo a su enterramiento.
Compungido por esa evidencia, cuando un periodista le preguntó qué había sentido cuando se enteró de que Castro había sido ejecutado, Manini declaró: “(sentí) una gran vergüenza. Se comprobó que mataron a alguien de 69 años que no era guerrillero, era periodista. Ninguna razón pudo justificar algo así. El que lo hizo, lo hizo por una concepción totalmente errada”.
¿Cómo puede ocurrir un asesinato en una unidad militar sin que el comandante lo sepa?
El entonces teniente coronel Regino Burgueño, jefe del Batallón 14 entre 1976 y 1979, no sabía dónde estaba parado, a menos que haya recibido la orden de no darse por enterado. Y ese deliberado atentado contra la verticalidad y la autoridad justifican que hoy, el comandante sienta vergüenza por lo que hizo “alguien”.
Al anunciar su retiro del GTVJ, Familiares puntualiza que una de las razones de la inoperancia en las investigaciones que debían impulsarse desde ese organismo, es “la heterogeneidad del diseño institucional”, una forma diplomática para expresar la contradicción de una dualidad de funciones –el Grupo de Trabajo, por un lado, y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, por otro– que no sólo no complementó sino que entorpeció las tareas. La ausencia de un marco legal para el GTVJ (que Presidencia se abstuvo de impulsar porque –según palabras atribuidas al prosecretario Juan Andrés Roballo– la ley podía ser “bastardeada” en el Parlamento) convirtió a la Secretaría en el fiel de la balanza: el GTVJ no tiene presupuesto (sus miembros son honorarios) y la Secretaría decide en función de los lineamientos de Presidencia.
Así, el éxito más grande del GTVJ fue la intervención en los archivos del FUSNA (Fusileros Navales), a partir de una iniciativa de Familiares ante el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que autorizó el ingreso a la unidad, y del actual ministro, Jorge Menéndez, que autorizó la digitalización de los documentos
Pero la Secretaría redujo a cuatro la contratación de técnicos y congeló así la posibilidad de entrar en otras unidades militares donde se presume que existen archivos, y que requiere de un número mayor de técnicos con experiencia en digitalización y búsqueda. El acceso a esas unidades fue en principio confirmado al GTVJ por el ministro Menéndez. Las dilatorias en la formación de nuevos grupos contrastan con la celeridad con que la Secretaría obtuvo fondos para comprar en 120 mil dólares una máquina excavadora.
El papel protagónico de la Secretaría explícitamente impulsa las directivas emanadas de Presidencia, por lo que debe adjudicársele la responsabilidad en las dificultades que enfrentó el Grupo de Trabajo. Una iniciativa que generó rispideces fue un documento de confidencialidad, cuya firma se exige para quienes trabajan en el GTVJ y en la Secretaría, y que representa un increíble retroceso en cuanto a transparencia y democratización.
El documento impone, a voluntarios y funcionarios, el compromiso de “no divulgar y a mantener estricta reserva de los documentos, expedientes, archivos, imágenes, materiales, investigaciones, así como cualquier tipo de información o conocimiento a la que tenga acceso o se generare. Esta reserva aplica a todos los datos o información conferidos verbalmente, documentalmente o pasivos de potencial acceso directo o necesario o fortuito”. La confidencialidad, que comprende incluso el secreto sobre los comentarios de pasillo, se extiende por un plazo de diez años.
Con la retirada de Familiares, el GTVJ termina de desflecarse: la crisis servirá para determinar la verdadera voluntad de descubrir las responsabilidades por las infamias del pasado, lo que implica abandonar el gatopardismo
Una prueba de que la recopilación y análisis de los archivos de la represión, aunque parciales y quizás depurados, revelan secretos y orientan la búsqueda de la verdad, es el rescate de un documento ubicado en el archivo de Fusileros Navales (FUSNA) sobre la detención en Montevideo y la entrega a represores paraguayos de un argentino y una italiana desaparecidos desde 1977 y cuyos restos, inhumados de una fosa común en Asunción, fueron identificados en 2016.
Recién a fines de 2014 la Secretaría de Derechos Humanos uruguaya tomó conocimiento de la detención y secuestro de la italiana Rafaela Filipazzi y el argentino José Agustín Potenza, a raíz de una denuncia presentada en Argentina por las hijas de cada uno de los desaparecidos. Filipazzi, de 33 años, y su compañero Potenza, músico, instrumentista y funcionario del Congreso argentino, habían viajado en junio de 1977 a Montevideo, después a Paraguay y retornado a Uruguay tras una escala en Brasil. La información proveniente de la justicia argentina decía que ambos habían sido detenidos por funcionarios policiales paraguayos en el hotel Hermitage, en Pocitos, entre el 25 y el 27 de junio, y trasladados a Asunción a comienzos de julio del año mencionado.
Desaparecidos casi durante 40 años, el trabajo de los antropólogos forenses argentinos sobre la identidad de cuatro cuerpos descubiertos en una fosa en el predio de la Agrupación Especializada de la Policía permitió confirmar que Filipazzi y Potenza efectivamente habían sido asesinados en Paraguay.
Los cuatro esqueletos fueron hallados entre 2009 y 2013, y entre agosto y setiembre de 2016 se dio a conocer su identificación. Los restos de las otras dos personas pertenecían a los militantes comunistas paraguayos Miguel Ángel Soler y Cástulo Vera.
La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay documentó 425 casos de personas ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura de Stroessner, la más larga del Cono Sur, pero hasta ahora no logró establecer qué motivó el asesinato de la pareja.
Sin embargo, fue hace unos meses cuando los técnicos del GTVJ que trabajaban en los archivos del FUSNA descubrieron un documento que revela el papel jugado por los militares uruguayos en ese nuevo caso del plan Cóndor. No está demostrado que la italiana y el argentino fueran militantes de los grupos clandestinos argentinos y existen indicios de que la presencia de represores paraguayos podría obedecer a razones “no políticas”. La supuesta vinculación de Rafaela al Partido Socialista Argentino y la referencia imprecisa a la militancia peronista de José, no son “méritos” como para justificar una operación Cóndor a tres bandas.
El documento hallado en el FUSNA que confirma la detención de la pareja en Montevideo abre vías de investigación. Hasta ahora los elementos sobre el secuestro y el traslado clandestino eran el resultado de la información fragmentaria recabada por la hija de Rafaela Filipazzi, que en dependencias paraguayas habría permanecido con vida hasta noviembre de 1977, a juzgar por unas cartas clandestinas que escribió desde su cautiverio a una amiga, por intermedio de un supuesto policía que se hacía llamar Capurro. De ser auténticas esas cartas, podría compararse el relato de su detención y traslado con la información contenida en el documento militar.
Más aun: en la medida que es posible establecer quiénes eran los responsables del FUSNA en esa época, podría reclamarse información adicional por intermedio del Ministerio de Defensa o de la propia justicia.
Por lo pronto se sabe que en la dirección de la inteligencia del FUSNA a lo largo de 1977 se alternaron los capitanes Jorge TRÓCCOLI, hoy sujeto a juicio penal en Italia por la desaparición de ciudadanos uruguayos descendientes de italianos; y Juan Carlos Larcebeau, preso en Uruguay, con una condena de 20 años por su participación en la desaparición de uruguayos secuestrados en Argentina.
Filipazzi y Potenza fueron “liberados” en los primeros días de julio de 1977 y viajaron a Asunción custodiados por represores paraguayos. Una investigación realizada por miembros del GTVJ habría logrado establecer la identidad de los paraguayos que viajaron con los detenidos. Pese a los elementos surgidos a partir del documento militar, el GTVJ desestimó formular una denuncia en la justicia uruguaya, y un proyectado viaje a Asunción quedó en suspenso.