La ley 19.553 promulgada el 27 de Octubre de 2017 modifica la Ley 16.858 del 3 de Setiembre de 1997, establece mecanismos y normativas para el uso privado de aguas superficiales con fines de RIEGO a gran escala.
Crea los “sistemas de riego multiprediales” (suministro de agua a dos o más productores), introduciendo una variedad de actores privados en el manejo y comercialización de los recursos hídricos en sus diferentes aspectos: extracción, almacenamiento y distribución de aguas para riego y generación de energía eléctrica a través del Despacho Nacional de Cargas.
Implica captar y almacenar AGUA a través de embalses o represas para luego distribuir, con el agregado de dar posibilidad como parte del negocio la generación de energía eléctrica.
Esta Ley de Riego, modifica la Ley 18.786 Contratos de Participación Publico Privada, para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos (Ley de PPP) en el ámbito de aplicación, agrega la realización de obras hidráulicas para riego, las cuales NO fueron incluidas previamente, promoviendo la inversión extranjera a gran escala mediante la participación de “inversores externos al sector”, con los correspondientes (faltaba más), beneficios fiscales y contratos a largo plazo modificando el rol del Estado en estos procesos.
NO establece expresamente mecanismos de protección del ambiente, ni asegura la sostenibilidad de los recursos hídricos.
NO prevé la reserva de las FUENTES DE AGUA, para consumo humano.
NO limita la cantidad y calidad de superficies inundables.
NO prevé restricción que asegura la conservación de los ecosistemas fluviales.
NO establece especificidades ni restricciones para evitar impactos negativos en la dinámica hidráulica de la cuenca.
Se pretende “un mayor y mejor aprovechamiento del agua dulce”, sin considerar que el AGUA dulce retenida, limita aguas debajo de la presa e inunda aguas arriba de la presa, generando alteraciones en el ciclo hidrológico. Intensificación en la explotación del recurso. La exposición de motivos del Poder Ejecutivo, señala con respecto a la posibilidad de otorgar nuevos permisos para la toma directa en cauces existentes en varias cuencas, ya se agotaron los caudales autorizados, lo que refuerza la idea que el crecimiento del riego en el futuro, deberá basarse en lo fundamental : en la construcción de reserva de agua.
Con la aplicación de esta Ley de Riego en Uruguay, ciertos actores privados pasan a tener el CONTROL sobre los sistemas pluviales (ríos, arroyos, cañadas, lagunas, etc.), sobre la calidad, cantidad y disponibilidad del AGUA dulce.
Sobre el uso, aprovechamiento de AGUA y obras hidráulicas, se le agrega el drenaje y la conducción de las aguas, pero NO se establecen especificaciones ni restricciones para evitar los impactos negativos en la dinámica hidráulica de la cuenca.
Se habilita la conducción del AGUA, a través de los cursos naturales hacia los predios a regar, lo que significa una intervención a nivel de TODOS los cursos de agua de la cuenca con impactos en la cantidad y calidad del AGUA en curso, en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la adaptación de las especies animales y vegetales por los cambios en las temperaturas y nutrientes. Cambios en la morfología y dinámica de los cursos de AGUA, la erosión, etc. NO establece como se autorizara, se acondicionara su uso ni su monitoreo.
Los objetivos de la Ley de Riego actual, están basados en la supuesta “construcción de competitividad mediante la intensificación sostenible de nuestros recursos hídricos y del suelo”.
En la medida que las alteraciones que se van a producir sobre el régimen hidrológico son impredecibles, los pequeños y medianos productores se verán privados del uso y disponibilidad del AGUA dulce. Y del escurrimiento superficial, con la que cuentan actualmente.
Y otros se verán afectados con INUNDACIONES en sus predios.
Como nos referimos a un tema de “costos”, quienes tengan el dinero pronto para “asociarse a los nuevos sistemas”, los dueños de los campos, de los latifundios, de las estancias, la gente con campo y las multinacionales serán quienes se favorezcan y paguen por los nuevos “servicios de riego”. I
ncluso, la Ley de Riego prevé sanciones y suspensiones de los “servicios”, en caso de NO pago en tiempo y forma. Cosa que estaba prohibida en la ley de riego anterior. Los productores deberán comprometerse a contratos a largo plazo (sin plazo especificado en el texto de la ley), por lo cual se generan desventajas, injusticias, acomodos y otras cuestiones en el “toma y daca” y las “reglas de juego” de la oferta y demanda del mercado.
Todo está previsto y pensado para favorecer al inversor privado extranjero y perjudicar a pequeños y medianos productores rurales y sus familias. NO hay un solo detalle, librado al azar y NO hay riesgos para los supuestos “inversores”
Los vaivenes económicos, solo perjudicaran a quienes NO tengan la plata para entrar en el nuevo “negocio” (más bien negociado), de los actuales “paquetes del agro negocio” en Uruguay
Esta “LEY DE RIEGO “crea las condiciones para que se profundice, el ya deteriorado nivel de DEGRADACIÓN de las fuentes de AGUA, como consecuencia de su aplicación. Y permite (a propósito), la EXPULSIÓN de familias enteras de pequeños y medianos productores del campo, de la GENTE DE CAMPO, que NO podrán hacerle frente a las nuevas reglas del juego, a las nuevas demandas y necesidades. Porque hay quienes “juegan el juego” con cartas marcadas.
Fuente: Revista “Caudal” /Órgano Oficial de Trabajadoras y trabajadores de OSE /Enero 2018
Rodolfo Bisquiazzo Aquino
Montevideo, Febrero de 2018
.“ECHARLE LA CULPA DE LA POBREZA AL POBRE, ES EL DESPRECIO MÁS GRANDE QUE PUEDES TENER”
Extractos Entrevista al profesor Carlos Pérez, 20 de febrero de 2018 en CX36
Carlos Pérez (26 de Marzo – Lista 326), integrante de la bancada de la Unidad Popular y diputado suplente de Eduardo Rubio
Cuando la gente empieza a participar y movilizarse las condiciones empiezan a cambiar, inclusive para nosotros, para nuestra propuesta
Hay un informe que se hizo para la Mesa de ADUR, Asociación Docente de la Universidad de la República, donde creo que es allí en la Facultad de Derecho que había un informe que decía que esta Ley ya de Riego, contravenía el artículo 47º de la Constitución y que pasaba a ser una gestión privada de los embalses. O sea una privatización.
Tanto que se discutió si esto era o no era una privatización allí, es como más técnico el informe y dice bueno, se pasa a un modelo de gestión privada de los embalses.
Y eso es la privatización del agua.
Los Docentes de la Universidad de la República, tiene un peso académico importante que una organización de ese tipo tenga un informe también que diga que es inconstitucional, está diciendo que es inconstitucional que se pase a una privatización. Y que -como dice la Constitución- que tiene que ser la sociedad civil que planifique, gestione, controle el tema de los recursos hídricos y que tiene que estar en manos del Estado.
Eso también lo dice el informe, así que es un nuevo paso de apoyo a esta recolección de firmas para lograr un referéndum que derogue esta Ley de Riego.
La campaña que lanzó la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ha ido ganando adeptos, se sumó FUCVAM; está allí por parte del Frente Amplio -el PVP-; la Unidad Popular desde el principio. Entonces bueno, una campaña de recolección de firmas que va ganando en adeptos y que en otros lugares ha generado un problema.
Uno de los problemas está en el PIT CNT que todavía están discutiendo
Nosotros creemos que -hablando de la cúpula, no hablando de las bases, la gente que está afiliada, la gente honesta que está allí, sino que la cúpula- no tiene muchas ganas de juntar firmas porque defiende al gobierno y el planteo de ellos es que hay un espacio para modificar la Ley. Cosa que no es cierto.
Lo que queda en la reglamentación son los procedimientos de aplicación, no es que tu vayas a modificar la Ley y algún control ambiental que se le agregue, a meter embalses en todo el país, que está previsto que sean los grandes, el “nivel 4” le llaman ellos, de más de 15 metros de altura, más allá que le pidan un estudio de impacto ambiental. Está previsto allí en la Ley, no en la Ley sino en los documentos que estaban previstos antes y que la Ley no prevé un tope, dice se estudiará cada cuenca y se verá cuanto. Pero deja liberado a que los estudios de cuenca después digan cuántos embalses va a haber en una cuenca.
Ni eso está limitado.
Para caracterizarla en tres palabras a esta Ley, es privatizadora, se pasa a un modelo de gestión privada y sobre todo de capital extranjero y de gran capital, porque lo que se exonera es IRAE.
Ahora está todo el lío de los productores rurales, que el 97% tributa por IMEBA pero lo que se exonera es IRAE, que son los grandes, es el 3% más grande, entonces las exoneraciones son por la Ley de Inversiones, por las PPP y por IRAE.
O sea es para los grandes, grandes, que habrá algún socio nacional con el capital extranjero y es para ellos. Entonces, es privatizadora.
Es inconstitucional porque atenta contra que el recurso hídrico que es único y que tiene que estar en manos del Estado y como dije antes, controlado por la sociedad civil.
Y tercero, es contaminante, es imposible que tú hagas embalses en todos lados, que represes agua, que la dejes quieta, porque ahí cambia todo el ecosistema; más aún cuando esto se hace -y lo dicen claramente los documentos del Ministerio del Banco Mundial- para darle riego a la soja transgénica y al maíz transgénico.
O sea es para el modelo del agro negocio. No es para el pequeño productor que siempre busca otro tipo de soluciones cuando el tema del riego.
Entonces estos son los elementos esenciales, esta Ley es privatizadora, inconstitucional y altamente contaminante para lo que es el recurso agua.
Y es verdad, se discutió durante un largo tiempo en la Comisión del Senado, porque en Diputados esto no se discutió, que por lo general va más gente, hay más Diputados del interior, hay gente que el diputado tiene la particularidad que está más en contacto con su departamento y entre comillas, es más presionable, hay que dar más la cara, tiene que cruzarse con los vecinos.
Acá estuvieron más de un año discutiéndola en el Senado, participaron, fue FOSE, fue Amigos de la Tierra, fue la Federación Rural, la Sociedad Rural, la Cátedra de Derecho Agrario, fueron como organizaciones invitadas pero no se hizo público, no se generó un debate nacional, no se puso a la ciudadanía en conocimiento de esto que estaba pasando.
Entonces, en conocimiento de la gente no está y es una gran tarea que están llevando adelante los compañeros con tantos cantones que hay hoy en todo el país con la juntada de firmas.
Se empezó a discutir en el 2013, eso es verdad. Pero se hizo entre las altas cúpulas de las organizaciones que estamos mencionando, principalmente en el Senado, en el Ministerio de Ganadería, el Banco Mundial y después alguna Dirección de alguna organización como puede ser la Asociación Rural, la Federación Rural, etc.
Pero la gente, el ciudadano de a pie, que tiene que estar informado no lo está porque no se discutió en los medios de prensa, no se hicieron talleres, nada de eso.
Nosotros hicimos un esfuerzo desde una Comisión que se armó en su momento de la Unidad Popular, intentamos darle una difusión previa a la votación y realizamos muy buenos talleres. Cuatro. Fue lo que nos dio, la verdad, el tiempo y la fuerza, hicimos en Maldonado, en Treinta y Tres, en San José y también fue el compañero Pablo Antoria que con otro compañero y los compañeros de Florida lograron que este debate se diera en la Junta Departamental.
Pero bueno, con la fuerza que teníamos y el tiempo fue lo que pudimos hacer pero hay un tema que, desde el oficialismo no era el interés que se enterara la gente y es claro el porqué.
El Partido por la Victoria del Pueblo votó a favor, en la argumentación tuvo muchos reparos y ahora declaró -por lo menos- que está a favor de juntar las firmas e ir al referéndum y que en definitiva resuelva el voto de la gente. Eso es el PVP.
Sé que en Maldonado hay gente de Cabildo, el Diputado Darío Pérez votó a favor también por disciplina partidaria, con argumentación casi como la nuestra, en contra y sé que gente de Cabildo está votando porque allí hemos estado, los compañeros estuvieron juntando firmas y la gente está firmando. Y por lo menos algunos militantes con los que hemos conversado, pretenden discutirlo y ver si ellos también decididamente juntan firmas.
Demás, en el espectro político no hay nada. Sobre organizaciones sociales, FUCVAM no la nombré, que está a favor de juntar y hay alguna otra que la Mesa de Entes también está con esto, el Sindicato de UTE, el Sindicato de ANCAP están con esto y creo que hasta ahí son las organizaciones que hoy día decididamente están dando el respaldo a esta juntada de firmas.
Habrá quien diga que si ya hubiese algunas represas no tendríamos el problema.
Ahora, el tema es que si tú tienes más de un millón de hectáreas de soja y son los que tienen más rentabilidad, serían los que estarían pudiendo comprar el agua y los productores que hasta hoy -hablamos de los pequeños y medianos productores- que hasta hoy tenían una solución de riego como un pozo que había sido autorizado por el Ministerio, que no pagaban esa agua, porque el Estado nunca cobró un canon por esa agua que es del Estado y que ahora se empieza a cobrar; y que lo que tenía era el costo de la energía de la bomba.
Con la nueva Ley de Riego tenía que asociarse a una sociedad, una asociación agraria, a partir de ahí que te hipotequen la tierra, pagar un gravamen, te van a empezar a cobrar el canon del agua porque no lo va a pagar el operador de riego, te lo va a trasladar a ti y a partir de ahí vas a empezar a pagar un precio por el metro cúbico de agua que uses.
Entonces pasaste de una solución, de un pozo que secó la forestación, que no pagabas nada, a no ser el consumo energético, a pagar tres nuevos costos: gravamen en la tierra que pagas todos los años como hipoteca, el canon que te lo van a empezar a cobrar y todavía el pecio del agua.
Entonces ¿quién de la pequeña producción, en la situación en que están hoy -los pequeños tambos, la hortifruticultura y la granja- quienes son los que van a poder pagar esa agua?
En un momento de sequía, donde en la medida, como te decía, los que tienen más rentabilidad, un millón y pico de hectáreas, tienen el dinero para pagar y en la medida que el agua escasee, va a subir el precio. Y pasa ese absurdo, que tienes posibilidad de sacar agua de un arroyo de repente y que no lo vas a poder hacer, que te pasa por el campo tuyo, entonces bueno, eso ya pasa en Chile y el Ministerio de Ganadería tuvo una reunión con gente de Chile cuando estaba estudiando y redactando esta Ley, o sea, es uno de los modelos que sirvieron para esta Ley.
LA FRAGUA Marzo
La mesa representativa del PIT CNT voto el apoyo a la campaña impulsada por FFOSE para derogar la LEY de Riego.
Esta votación significa un impulso a la campaña que ya contaba con el apoyo de numerosos sindicatos, la FEUU, FUCVAM y diversas organizaciones sociales y políticas. El apoyo de todas las organizaciones sindicales es vital, la tarea de alcanzar 700.000 firmas no es fácil y requiere de una fuerte movilización.
Es además importante porque la Ley de Riego que privatiza el agua, está lejos de ser un error aislado, es parte vital del proceso de extranjerización y avance del latifundio, del avance de los monocultivos, la expulsión de la población rural y la recolonización del País. Impulsemos comisiones en cada barrio para juntar firmas. En cada sindicato armemos brigadas para que ningún trabajador se quede sin firmar contra la privatización del agua.
La Mesa representativa del PIT-CNT reunida el último día de febrero decidió por mayoría (con tres abstenciones) apoyar la campaña de firmas para derogar la Ley de Riego (Ley 19553). Esta votación es un paso importantísimo y representara un salto adelante en la campaña, está claro que el crecimiento que se venía dando con la adhesión de sindicatos, organizaciones sociales y la conformación de comisiones barriales obligo a la mayoría del PIT-CNT a tomar esta decisión.
Sectores del PIT habían cuestionado la campaña poniendo como excusa la dificultad de conseguir las 700 mil firmas y señalaban la posibilidad de “negociar” cambios o mejoras en la Ley. Una Ley que privatiza el agua es inconstitucional y viola un claro pronunciamiento popular, no hay nada perfectible o negociable!! Ahora con este pronunciamiento de la Central hay que organizar la campaña en cada Sindicato, no se puede dejar librado a la voluntad de cada dirección. Impulsemos comisiones por sindicato y por barrio para hacer masiva la campaña!
Adhiero, comparto, convoco desde Rincón del Pinar a firmar. Y pregunto: Defender el agua de nuevo... PORQUÉ ?
--¿Porqué luego de haber tenido que defender el Agua en un Referéndum en 2004, donde el avance de privatizar y mercantilizar el agua ya venía creciendo volvemos a pedir firmas?
--¿Porqué luego de haber obtenido en ese 2004 más votos (64,7% del padrón) que el partido que ganó esas elecciones nacionales, debemos volver a votar para defender el agua ?
--¿Porqué luego de ganar y obtener una Reforma Constitucional --artic 47-- que expresamente definió que el Agua es pública, que su acceso es un derecho humano fundamental, y que no debe ser ni mercantilizada ni expropiada para uso privado debemos firmar y votar de nuevo?
-¿Porqué al no ser una mercancía privada, puede seguir siendo apropiada y comercializada por empresa privada alguna para ser vendida?.
--¿Porqué luego de 14 años siguió su apropiación y mal uso como recurso hídrico, y hoy soportamos la contaminación de los principales reservorios de superficie y los principales cursos de agua como ríos y arroyos, con procesos de eutrofización (algas tóxicas)que han llegado a playas de varios balnearios?
--¿Porqué inconstitucionalmente la inmensa mayoría de diputados y senadores de todos los partidos políticos votaron la Ley de Riego, una iniciativa del propio gobierno, que viola la constitución en cuanto la defensa del agua tal como se logró en el año 2004?.
--¿Porqué el agua que el pueblo consume mediante el servicio de OSE, a diferencia del año 2004, sufrió tal degradación, constatable por el gusto y hasta mal olor a veces, y es un negocio creciente la venta de agua en bidones envasados, y la venta de filtros, al alcance solamente de quien pueda pagarlos?
--¿Porqué renombrados científicos uruguayos alertan que las aguas de superficie ya están con un alarmante nivel de contaminación con agrotóxicos y saturación de químicos, que degradan y atacan el eco sistema, la salud humana y animal?.
--¿Porqué los reservorios subterráneos, napas y corrientes subterráneas que son alimentados por escurrimiento y lluvias, tienen ya contaminación acumulada con variados perjuicios de salud sobre habitantes cercanos, y alto riesgo de aumentar la contaminación acumulativa de superficie, fundadamente denunciado por renombrados científicos uruguayos, cuya voz es silenciada e ignorada por los grandes medios de prensa?
--¿Porqué se ha permitido que la nueva Ley de Riego solo destinada a ampliar el agronegocio, arroz soja eucaliptus maíz, praderas para ganado, con la apropiación y venta por privados del agua, incluida la del ciclo natural de lluvias, aumenta el peligro ambiental con agrotóxicos? y atenta directamente contra la salud de los uruguayos, cuando ya está decidido y expresado en la Constitución que no debe permitirse?
--¿Porqué en los países de la región donde vivimos se desató la contaminación, junto a la avaricia de empresas multinacionales por quedarse con el acuífero Guaraní y otros?
Hay muchísimas preguntas más. Pero mientras tratamos de saber más, firmemos para volver a votar y defender el agua.
Preguntarse, saber, y evitar que nos roben el agua, y nos contaminen el presente y el futuro, nos obliga a volver a movilizarnos. Firmar y volver a movilizarnos en la calle.
.NO HAY FUTURO SIN AGUA LIMPIA DISPONIBLE COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL. .LA SOCIEDAD QUE NO TOME LA DEFENSA DE SU AGUA, ESTÁ CONDENADA A DESAPARECER COMO TAL.
MARCOS. R. del Pinar.
La asociación de docentes universitarios (ADUR) está difundiendo entre sus afiliados un documento preparado por la abogada Gianella Bardazano sobre la Ley de Riego.
Según el documento el uso de agua para el riego ya estaba previsto en la anterior Ley de Riego (Ley 16.858 del 97), pero la nueva tiene un mayor alcance al autorizar a empresas o fondos nacionales o extranjeros a ser parte de la gestión del agua para riego.
Según artículo de La Diaria “ Bardazano cita la posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) sobre este tema; la INDDHH concluyó que la ley de riego habilita a los actores privados a tener control “sobre la cantidad, calidad y disponibilidad de agua dulce, generando afectaciones ambientales no previstas y competencia por el recurso”
Para Bardazano “mientras la Constitución establece que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano, la ley 19.553 apunta a generar un mercado de aguas a partir de la gestión privada de su represamiento”.
El documento de ADUR también hace notar que la nueva Ley viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU , que establecen “el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos”, así como “el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua”.
Esta Ley “habilita el uso del agua de dominio público para la generación y venta mayorista de energía eléctrica por particulares” y no prevé la participación de los usuarios y de la sociedad civil en la gestión y el control de recursos hídricos, y por lo tanto es “incompatible con el texto constitucional” y “supone consecuencias regresivas en el alcance de los derechos constitucionalmente establecidos”. Red de Agroecologia también se pronuncia Para la Red de Agroecologia la nueva Ley de Riego agravara los problemas ya existentes con el uso del agua en el País.
Señalan como ejemplo lo que ya sucede en el norte del País ,en Bella Unión , donde tres empresas –Calpica, Calagua y Soforuce– venden agua del río Cuareim a los productores hortícolas y de caña de azúcar . “En un comunicado, alerta sobre las consecuencias de la profundización del modelo de riego a partir de la experiencia. Según cifras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de 2016, el costo de riego vinculado a la producción de caña de azúcar es de 15%.
La red cita un trabajo de Gabriel Oyhantçabal de 2015 que sostiene que en Artigas ,Calpica actúa como proveedor exclusivo de agua, “lo que le permite cobrar precios monopólicos, por encima del precio de producción, con los cuales se apropian de una masa creciente de plusvalor”.
“Sólo para tener una idea, en el verano de 2010, cuando las lluvias hicieron prácticamente innecesaria la utilización del sistema de riego, su costo alcanzó los U$ 300 por hectárea cuando el costo de la renta del suelo ese año estaba por debajo de los U$ 100 por hectárea. Para los colonos, el carácter monopólico y privado del sistema de riego supone otra forma a través de la cual transfieren plusvalor”. (La Diaria)
La Red señala también que los precios serán fijados por empresas monopólicas, condenando al pequeño o mediano productor a aceptar si o si las condiciones del prestador. Sobre los efectos contaminantes de esta Ley señalan que :
“El departamento de Canelones ya ha visto en los últimos años varias experiencias de predios vinculados a la producción de hortalizas que se han visto arruinados por la contaminación del agua usada para riego, extraída de arroyos o tajamares particulares. Los niveles de contaminación con herbicidas han sido tales que los cultivos regados se perdieron en su totalidad. A ello se suma, en el caso de embalses, un problema adicional”. “La red concluye que la opción de una producción orgánica o agroecológica se verá coartada con esta ley, que implica una pérdida de soberanía “incalculable” y una mercantilización “pura y dura” del agua”. (La Diaria)
La Fragua PERIÓDICO OBRERO - MARZO 2018 - NUMERO 66