Las persecuciones políticas y culturales desencadenadas por el gobierno de Rajoy contra el independentismo en Cataluña están siendo comparadas con la época de Francisco Franco en España
Víctor L. Bacchetta sudestada.com.uy 29/03/18
La detención en la última semana de varios líderes independentistas y del ex presidente catalán Carles Puigdemont en Alemania, junto a la movilización de decenas de miles de personas en Barcelona y otras ciudades de Cataluña reclamando la liberación de los presos políticos, han vuelto a llamar la atención sobre la lucha independentista de aquella región y la represión del Estado español contra la misma.
Bajo la acusación de rebelión y malversación de fondos públicos, fueron procesados 13 líderes independentistas, incluyendo dirigentes sociales e integrantes del gobierno y el Parlamento catalán. Hay nueve que están presos, cuatro desde noviembre de 2017 y cinco desde el 23 de marzo pasado. Junto con Puigdemont, hay cuatro miembros más de su gobierno y dos líderes parlamentarias en el exilio.
La primera ola de procesamientos y detenciones fue `a posteriori´ del resultado del referéndum celebrado el 1° de octubre de 2017, donde votaron 2.286.217 personas, una participación del 43% del padrón electoral. El ´Si` a la creación de un estado independiente obtuvo 2:044.038 votos (90,2% del voto válido), votaron por él `No´ 177.547 (7,8%), en blanco 44.913 (2%) y hubo 19.719 votos nulos.
El 27 de octubre Puigdemont proclamó ante el Parlamento la creación de la nueva república. En aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el aval del Senado, el gobierno de Mariano Rajoy intervino la Generalitat y destituyó al gobierno electo. El vicepresidente Oriol Junqueras y la mitad del gabinete catalán permanecieron en el país, al tiempo que la otra mitad, junto con Puigdemont, marchó al exilio.
La segunda ola represiva se desató tras las elecciones convocadas por el gobierno español el 21 de diciembre donde el independentismo ratificó su mayoría. Con una participación sin precedentes de 81,95% de los 5.554.394 inscriptos, los partidos Juntos por Cataluña (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) y CUP (Candidatura de Unidad Popular) obtuvieron 70 de los 135 escaños del Parlamento.
El envío de 10 mil policías no pudo impedir el referéndum en octubre y la aplicación del artículo 155, con la mayoría de la prensa a favor del gobierno español, líderes independentistas presos o exiliados imposibilitados de hacer campaña electoral, no logró modificar la composición del Parlamento catalán en diciembre. No dispuesto a reconocer ni acatar el resultado, Rajoy siguió con la escalada represiva.
En este proceso ha ido cayendo la división de poderes establecida en la Constitución de 1978, adoptada para poner fin a la dictadura franquista. La persecución política a los catalanes y la represión cultural emprendidos en connivencia con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad vuelven al país luego de 40 años. Veamos algunos aspectos de una situación que resulta poco creíble aún desde fuera de España.
De acuerdo con el artículo 472 del Código Penal español: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución". La "malversación de fondos públicos" alude al uso de recursos de la Generalitat para financiar el referéndum, que fue una decisión del Parlamento catalán.
Tanto en el caso de los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, como de los miembros del gobierno y el Parlamento catalán, al procesarlos en una primera instancia, los retienen en "prisión provisional" alegando un riesgo de fuga, que prolongan en sucesivas decisiones con argumentos de notorio contenido político.
A vía de ejemplo, uno de los fallos del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, quien tiene a su cargo la cuestión independentista, rechazó la liberación del presidente de la ANC en base a que el mismo "mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria (sic)"
En cuanto a la reiteración delictiva, Llarena sostuvo que en este caso había un riesgo mayor que en otros porque "no sólo no ha renunciado a la actividad pública" sino que ha "revalidado su compromiso" en una candidatura. En efecto, Sánchez fue segundo en la lista de Juntos por Cataluña, encabezada por Puigdemont, para las elecciones del 21 de diciembre, que obtuvo 938.966 votos (el 21,67%) y 34 escaños.
El hecho de que presos y exiliados, como el mismo Puigdemont, fueran candidatos en las elecciones evidenció que no había una norma legal que lo prohibiera. No obstante, Llarena mantuvo las prisiones impidiendo la comparecencia en el Parlamento de los electos, obstaculizando así la formación del nuevo gobierno catalán. Los argumentos del juez del Tribunal Supremo para fundamentar sus decisiones son de antología.
Justificando las últimas prisiones, Llarena señaló en su fallo que, como los acusados entienden que no han perpetrado delito alguno, "puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente (sic)". La razón invocada por el juez ya dejó de ser también política, es sicológica.
En febrero 650 juristas del Colectivo Praga denunciaron ante el Consejo de Europa, y antes lo habían hecho en la ONU, las "violaciones de los derechos humanos" del Estado español, que "ha preferido la vía de la judicialización y de la represión, con serias vulneraciones de derechos y libertades". Ese colectivo reúne a profesores de derecho y juristas catalanes, vascos y abogados que ejercen en Madrid.
Algunos recuerdan aún la época del "destape". Una crónica reciente lo describía de esta manera: "Se cumplen 40 años del nacimiento del destape, un modo de entender aquella sociedad española de mediados de los 70. La dictadura sometió al país bajo un yugo opresor y moralista, por lo que una vez abierta la veda de la libertad se originó una avalancha de aperturas, tanto para reprimidos como para liberados”. El conflicto entre el gobierno central y el independentismo de Cataluña parece haber despertado también una tendencia en sentido contrario a aquel destape en lo cultural, que rebasa las fronteras de la región rebelde. He aquí algunos ejemplos:
- Condena a tres años y medio de cárcel del rapero Valtònyc, por calumnias e injurias graves a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.
- Censura de la obra Presos Políticos, del artista Santiago Sierra en la feria Arco de Madrid, por aludir a la situación de los catalanes encausados por el Tribunal Supremo.
- Instrucción judicial contra el actor teatral Willy Toledo por insultar a Dios y la Virgen María en unos comentarios en Facebook, donde criticaba la apertura de un juicio oral contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla.
"Mediante la ley o la intimidación, España se ha convertido en un país donde el riesgo para la libertad de expresión ha ido creciendo estos últimos años", publicó el diario New York Times sobre lo ocurrido a Santiago Sierra. "Es jurásico y medieval, sólo lo hemos visto en países árabes donde lo ordenaba un jeque", dijo el galerista colombiano León Tovar, coincidiendo con otros expositores de la feria de Madrid.
Para el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, la escalada de violaciones de derechos dio un "salto exponencial" con el reciente encarcelamiento de otros cinco dirigentes independentistas. Torrent calificó la decisión como "un golpe casi definitivo a la democracia española", y agregó que los poderes centrales están "secuestrando la voluntad del conjunto del pueblo de Cataluña expresada en las urnas"
El hecho más notorio es que la brutalidad del Estado español ha impulsado la creación en Cataluña de una amplia coalición de fuerzas sociales y políticas contra la represión que, en lo político, rebasa al agrupamiento independentista, incluyendo a los Comuns, el grupo Cataluña en Común liderado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En lo social se expresa en las 40 entidades de la Mesa por la Democracia.
Mientras se evaluaba la orden española de detención contra Puigdemont, el liberal Wolfang Kubicki, vice presidente del Parlamento Federal de Alemania, dijo que su país no tiene el delito de rebelión y el partido de izquierda Die Link demandó la liberación del ex presidente. "El gobierno español quiere resolver un problema político con la policía y la justicia. No debemos colaborar", dijo Jakob Augstein, co director del semanario Der Spiegel
Esta madrugada ha sido quemado el Ateneo Popular de Sarrià. Dentro del mismo, hay diferentes pintadas de simbología nazi y franquista así como mensajes políticos amenazantes contra los CDR.
Los y las compañeras del ateneo denuncian desde hace mucho tiempo la presencia de grupos fascistas en el barrio que de forma permanente atacan y violenten los vecinos y destrozan locales relacionados con la izquierda independentista. Sin lugar a dudas, el hecho de esta madrugada es un ataque fascista. A pesar de las denuncias hechas previamente, no se ha hecho nada para pararlos.
Con esto se evidencia la impunidad con la cual operan estos grupos. El ataque contra el Ateneo en este momento tampoco es casualidad. Los fascistas están envalentonaos en un contexto de escalada represiva de un Estado heredero del franquismo y de crecimiento de la ultra derecha a la calle.
Desde Lucha Internacionalista rechazamos contundentemente estos hechos. Nos solidarizamos con los y las compañeras del Ateneo y vecinos del barrio y nos ponemos a su disposición.
Reivindicamos el Ateneo Popular de Sarrià como parte de la lucha por la recuperación de los espacios para la organización social. Nos sumamos al llamamiento a la movilización, así como a la exigencia de una investigación rigurosa e independiente.
29 de marzo de 2018
Lucha Internacionalista
Comunicado del Ateneo Popular de Sarrià en el que convocan una manifestación esta tarde a las 19 horas en la Plaça del Consell de la Vila en Sarrià
Contra el fascismo, ni un paso atrás
Esta madrugada, por enésima vez, el Ateneo Popular de Sarrià ha recibido un ataque fascista y han quemado el espacio inutilizándolo y poniendo en riesgo al vecindario.
Desde el Ateneo, lejos de quedarnos con los brazos cruzados, convocamos una manifestación esta tarde para mostrar nuestro rechazo a esta agresión. Nunca como ahora estaremos más en pie, más activos y más combativos. No desfalleceremos, la lucha antifascista continúa en Sarrià y en todo los Países Catalanes. De las cenizas del nazi-fascismo construiremos bastiones de dignidad colectiva para repetirnos una vez más,
NO PASARÁN, NO PASARÁN, NO PASARÁN,
Concentración a las 19 horas. Plaza de la Villa de Sarriá
Ateneo Popular de Sarriá
Con el retorno a la prisión de más consejeros/as, la ex-presidenta del Parlamento y la activación de las órdenes internacionales de extradición contra Puigdemont y contra los y las consejeras que están en el exilio, el Estado ha subido un escalón más en la escalada represiva. Esta ofensiva, contra los dirigentes independentistas, es la punta del iceberg del macro proceso contra bomberos, profesorado, payasos, mecánicos, concejales...
Es el aparato del Estado que se ensaña contra todo el pueblo que se rebeló el 1 y el 3 de octubre. Al mismo tiempo, el Estado ha suspendido la ley catalana de la sanidad universal, que daba una mínima cobertura sanitaria a los sin papeles. La ofensiva se da en todos los frentes.
La colaboración de la Unión Europea (UE) y sus estados con la represión demuestra una vez más que es un club de estados y de multinacionales y que los pueblos y la clase trabajadora no pueden esperar nada, más allá de las contradicciones que podamos generar entre unos y otros. Los mismos que hunden en la miseria al pueblo griego son quienes niegan el derecho del pueblo catalán a su autodeterminación nacional.
Con esta situación, es un error creer que el problema es constituir un Gobierno, aunque sea autonomista, para frenar el 155. Porque el problema no se limita al 155: el Estado ha creado los instrumentos para tener atadas las instituciones, con la intervención de las finanzas y la amenaza permanente del golpe policial y judicial. Las autonomías tal como las hemos conocido son cosa del pasado. El Estado Autonómico de la constitución del 78 ha entrado definitivamente en quiebra y se profundiza la crisis de la Monarquía.
Apoyamos la posición manifestada por la CUP-CC de investir Puigdemont, que fue el presidente cesado por el 155, porque supone un acto de soberanía ante las prohibiciones del Estado que niegan los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Esta decisión no tiene que implicar ningún compromiso con la política que pueda desarrollar el Gobierno catalán ni tiene que condicionar la nuestra. Se tiene que seguir denunciando públicamente la dilación y los reiterados acatamientos a la legalidad del Estado de JxC y ERC.
Cada paso atrás no frena la escalada represiva, al contrario lo estimula porque el Estado no busca un acuerdo sino una derrota histórica del independentismo para salvar la Monarquía, y a la vez, completar un largo proceso de recentralización que empezó en 1982 con la LOAPA aprobada por UCD y el PSOE y continuó con Aznar. Por eso son nefastas las continúas vacilaciones y dudas que ha generado la dirección política de PDeCAT (o JXC) y ERC.
Lo fueron cuando no se proclamó la República el 3 de octubre, en el mejor de los escenarios posibles, la huelga general. Lo fueron el 10 de octubre con la proclamación suspendida, y lo fueron después del 27 de octubre con lo entrega de las instituciones al 155 sin resistencia y sin llamamiento a la movilización. Lo fueron con las declaraciones ante el juez negando la efectividad de la proclamación de la república catalana... renuncias que no han servido para sacarlos de la prisión, pero que han provocado desconcierto, desgaste y decepción.
La clave de la situación pasa por recuperar la movilización contra la represión y por la República catalana. Nos hace falta un plan de lucha con nuevas convocatorias de huelga general, un plan debatido desde abajo. Y para hacerlo posible hemos de impulsar, desde los Comités en Defensa de la República y desde la plataforma del sindicalismo alternativo y de las organizaciones políticas que convocaron la huelga general del 3 de octubre, una asamblea amplia de los dos organismos para aprobar el plan y la huelga general.
Necesitamos convocatorias para impulsar la participación amplia y masiva, no acciones de unos pocos que alejen a la mayoría. Hay que ensanchar la base, pero no retrocediendo hacia un autonomismo inexistente, sino conectando la ruptura republicana con la satisfacción de las necesidades sociales de una mayoría obrera
La lucha por la República la ganaremos si la identificamos con unas pensiones dignas o con las reivindicaciones del día de la mujer trabajadora, contra los recortes y la precariedad, contra los despidos y en defensa de las condiciones de trabajo... porque es por eso que también queremos República.
Hay que estar junto a los y de las trabajadoras de la restauración, del Lote 22, que luchan en huelga indefinida en el aeropuerto de Barcelona contra el desmantelamiento de las conquistas que quiere imponer AENA, como hay que estar con los y las trabajadoras de las Càrnies en lluita en Vic (Barcelona). Pero este compromiso hacia la clase obrera no lo puede hacer quién ha gobernado Cataluña con recortes en la escuela y la sanidad pública de los gobiernos de CiU o JXS con ERC. Hay que hacerlo desde la izquierda independentista y la izquierda revolucionaria, desde la CUP-CC. Necesitamos construir un sólido referente de izquierdas por la República Catalana, desde el internacionalismo y la solidaridad de clase.
Con esta actitud comprometida con las clases populares, hay que denunciar Ciutadans en el cinturón industrial ante un sector de la clase obrera que los votó, porque detrás de la bandera monárquica quieren ocultar que son un instrumento del Ibex 35 y de las políticas para atacar las clases populares, que son también las del PP, como el incremento del 0’25% de las pensiones.
Son quienes ha pactado con el PP unos presupuestos para imponer nuevos recortes: reducir por debajo del 4% del PIB el dinero por educación y del 6% los de sanidad, todo un récord. Con el 155 en activo, se han blindado los más de 1.000 millones en los conciertos educativos, pero no se hace ninguna inversión para mejorar la enseñanza pública.
La lucha por la República la ganaremos si intentamos por todos los medios que no quede aislada y si hacemos de la solidaridad con el resto de pueblos del Estado e internacional una constante. Ha habido movilizaciones de apoyo en las Baleares, el País Valenciano, el País Vasco, Galicia, Madrid y en muchos países. Hay que ampliar la campaña de solidaridad a todo el estado y a nivel internacional: desde With Catalonia se hace un llamamiento a la movilización el fin de semana del 14 y 15 de abril.
Es responsabilidad de Podemos, que se escandaliza de lo que hacen los jueces y el gobierno del PP, hacer un llamamiento a llevarla solidaridad a la calle. Como lo es también de las direcciones de CCOO y UGT que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la represión del estado si hicieran un llamamiento en solidaridad con el pueblo y los y las trabajadoras catalanas. Por eso hay que seguir trabajando en el marco de las Marchas de la Dignidad, que nacieron para defender “pan, trabajo y dignidad” y que han defendido el derecho de autodeterminación y el referéndum del 1 de octubre. La lucha por la República Catalana es la lucha contra el régimen del 78 que oprime todos los pueblos y trabajadores/as del estado.
30 de marzo del 2018
Lucha Internacionalista