LAURIANE BOUVIET
Doctora francesa, ILCEA4, Université Grenoble-Alpes/CEIU-GEIPAR, Facultad de Humanidades, Universidad de la República
Fuente Palimpsesto, revista científica de ciencias sociales iberoamericanas, Universidad de Santiago de Chile, 2017
Este artículo propone interrogar los límites del abordaje penal de la violencia institucional cometida en el marco de la cooperación de represión transnacional conocida como Operación Cóndor en los juicios llevados a cabo en el extranjero a partir del análisis de un caso concreto: el Juicio Cóndor ante el tribunal de Roma. Volviendo sobre la génesis del juicio, estudiará el contexto de presentación de la denuncia inicial de 1999 así como la evolución de la causa hasta su reenvío a juicio.
A través de entrevistas en profundidad realizadas a varios actores clave del mismo (denunciantes, testigos-sobrevivientes y testigos expertos) y de un estudio de las grabaciones de las audiencias públicas, analizará el desarrollo del juicio hasta los alegatos de la fiscalía y el fallo del tribunal, proponiendo algunos interrogantes sobre el abordaje de la coordinación represiva a partir del análisis del veredicto y de sus fundamentos.
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Breve comentario
El 12 de abril se realizará la primera audiencia de la Corte de Apelaciones de Roma por el caso referido al Plan Cóndor, un poco para entender el contexto de donde surgió el juicio y además un análisis de las dinámicas y los actores que participaron en las audiencias del juicio es que comenzamos a publicar el trabajo de esta investigadora francesa y que nos resulta muy bueno y esclarecedor
Y es importante mantener la atención en el juicio de Roma y el de Bs As
Dado lo extenso del trabajo de Bouviet, no llegaremos al día 12 de abril con la totalidad del documento publicado; pero nos parece hacer un comentario ahora , para ver si ayuda a que se reviertan las absoluciones a pesar de la lentitud y silencio del Gobierno del Frente Amplio
La sentencia es en la que sólo fue declarado culpable Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura cívico-militar, y fueron absueltos militares acusados de haber participado directamente en los secuestros, las torturas y en las desapariciones de las víctimas, algunos de los cuales ya fueron condenados en Uruguay. Destacándose la del ex capitán de navío TRÓCCOLI, que se fugó a Italia cuando adivinó ¿? su posible procesamiento en Uruguay, Tróccoli, a quien le fue negada la extradición, actualmente vive en Italia como un pobre viejito en el exilio dorado turista y con su pensión y deberá enfrentar el juicio de apelación.
Como pensamos que el genocida TRÓCCOLI uno de los participes iníciales del Plan Cóndor, es más uno de los participes del PRE-CÓNDOR, que revistaba al servicio de la ESMA donde tenía pertenencia en el año 1978…en adelante
Ante este panorama en el caso uruguayo esperamos que una vez mas no queden impunes los impunes conocidos de siempre. Basta de vueltas que se aporten todos los archivos , legajos, que el gobierno uruguayo apele, que se dejen cuestionar testimonios y testigos descalificándolos …
No se puede decir que TRÓCCOLI es responsable solamente de traslados y nada más.. , secuestrador, torturador y asesino no ¿? No sabía el destino final de los detenidos secuestrados?? No hay pruebas que las operaciones comandadas por TRÓCCOLI en suelo argentino terminan con la desaparición y muerte de los compañeros en Uruguay hay o no hay , pruebas , testimonios que aun se pueden aportar ¿? por favor Verdad y Justicia sin censura, ni tachaduras y dosificación de los archivos
Por Posta Ricardo López
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El 17 de enero pasado, (2017) después de dos años de audiencias, el Tribunal de Roma emitió su veredicto en el Proceso Cóndor. Se trataba de un expediente complejo, tanto desde el punto de vista del contexto y de los hechos examinados, como desde la perspectiva de la construcción del mismo. Todas las víctimas comprendidas en el proceso eran descendientes de italianos emigrados al Uruguay, a Chile o a la Argentina, que tenían doble nacionalidad.
La mayoría de las víctimas eran o habían sido militantes en el seno de organizaciones sindicales o políticas de izquierda y muchos de ellos se encontraban en el exilio en otro Estado sudamericano en el momento de su desaparición o de su asesinato.
Numerosas pruebas demuestran que dichas personas fueron víctimas de operaciones represivas transnacionales ejecutadas conjuntamente por los servicios de inteligencia y represión de sus países nativos así como organismos de sus países de refugio. Tanto como otros lo hicieron antes de él, el fiscal encargado del expediente investigó así sobre el funcionamiento del Plan Cóndor y las responsabilidades de sus dirigentes y agentes en los asesinatos y desapariciones forzadas comprendidas en la causa. Para entenderlo mejor, antes de analizar el nacimiento y el desarrollo del proceso, es necesario volver brevemente sobre el contexto represivo, político e histórico del Cóndor, crucial para la identificación de los responsables de los crímenes cometidos en su marco.
Coordinación represiva transnacional clandestina y secreta de los diferentes servicios de inteligencia y represión de los países del Cono Sur, el Plan Cóndor se constituyó formalmente como sistema transnacional a partir de la reunión organizada por Manuel Contreras en Santiago de Chile a fines de noviembre del 1975. En ésta participaron Chile, Uruguay, Argentina –aún “democrática”–, Paraguay, Bolivia y, primero como miembro observador, Brasil /1
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta los “orígenes” y “antecedentes” del Cóndor siendo difundidos desde hacía varios años los principios de su doctrina justificativa entre las Fuerzas Armadas (en adelante FFAA) y cometiéndose operaciones conjuntas de los servicios de seguridad de los países de la zona antes del 1975.
De hecho, la Doctrina de Seguridad Nacional (en adelante DSN), en la que se apoya el Plan Cóndor, era difundida desde 1947 en las Conferencias de los Ejércitos Americanos, formándose los ejércitos en base a sus principios desde finales de los años 1950. Como es notorio, el envío de muchos militares conosureños en la tristemente famosa Escuela de las Américas fue uno de los elementos que participó en su difusión y en la formación técnica de los mismos a los métodos de la “guerra contrainsurgente” franceses y norteamericanos
Conforme con los principios de la DSN, el objetivo del Cóndor era la represión de lo que sus organizadores llamaban “subversión internacional”, categoría globalizante en el que se inscribía a todo actor identificado como perteneciente a los diversos procesos políticos de cambio ensayados en la región que se buscaba destruir, terminando confundiéndose en este misma categoría toda actividad de oposición contra las dictaduras/2
Como lo demuestran numerosos casos de víctimas “Pre Cóndor”, si bien la mayoría de la literatura ve en la reunión convocada por Contreras en noviembre de 1975 el acto fundador del Plan Cóndor, empezaron antes las operaciones conjuntas de las fuerzas represivas de varios países de la zona. Brasil, dictadura militar desde 1964, fue un aliado primordial de Estados Unidos en el desarrollo de la estrategia contrarrevolucionaria, al cual se sumaron Uruguay y Chile a partir de los golpes de 1973 (notándose un incremento del poder militar en Uruguay a partir de la presidencia de Pacheco Areco durante el periodo conocido como “camino democrático a la dictadura” antes del establecimiento formal de una dictadura cívico militar)/3 y la Argentina de Perón y luego de María Estela “Isabelita” Martínez de Perón y López Rega, marcada por el nacimiento de la estructura parapolicial Triple A, antes del golpe de 1976.
Varios casos conocidos prueban la coordinación de los servicios chilenos y argentinos antes del golpe en Argentina y antes del establecimiento formal del Plan Cóndor, como el asesinato del General Carlos Prats en Buenos Aires en 1974 4 así como la operación de contrainformación conocida como el caso de los 119 u Operación Colombo/5
En el caso uruguayo, la detención de 5 militantes del MLN en Argentina en setiembre de 1974 y la aparición de sus cadáveres un mes después (en la que se inscribe el caso Banfi), la detención también en septiembre de 1974 en Uruguay y desaparición en Argentina de Washington Barrios, así como la detención en noviembre de 1974 en Argentina de 6 militantes del MLN y de un niño, antes de la aparición de los cuerpos de varios de ellos acribillados en una ruta del departamento de Canelones (Uruguay) que fijó su inscripción en la memoria colectiva como los Fusilados de Soca, son otras tantas pruebas de la coordinación represiva de los servicios uruguayos y argentinos anterior a 1975.
De esta forma, la reunión de Santiago de Chile no hacía otra cosa que expandir y formalizar procedimientos que preexistieron por medio de acuerdos bilaterales más o menos formales, tal como lo demuestran la mención de ciertos “acuerdos caballeros” en los documentos preparatorios a la reunión de Santiago así como muchos documentos desclasificados prueban la existencia de acuerdos bilaterales secretos previos a 1975/6
Haciendo especial énfasis en el intercambio de informaciones sobre los llamados “subversivos”, el Plan Cóndor se orientaba a aumentar la capacidad represiva de los gobiernos sobre sus opositores nacionales residentes en el extranjero. Este marco formal permitía, además del intercambio de informaciones, el arresto e intercambio clandestino de prisioneros y la intervención de fuerzas represivas de un país en otro país miembro de esta alianza criminal así como el desarrollo de operaciones conjuntas dentro o fuera del territorio de sus países miembros/7
Según las estimaciones, las víctimas de esta represión nacional y trasnacional se sitúan alrededor de 50.000 asesinatos, 35.000 desapariciones ?entre ellos, miles de niños? y 400.000 presos políticos, sistemáticamente torturados /8
A nivel de funcionamiento, es importante mencionar que uno de los “protocolos” del Cóndor implicaba que después del secuestro de un “blanco” por los agentes locales o en el marco de una operación conjunta, la víctima podía ser torturada en el mismo lugar de detención, o en su país de origen después de un traslado clandestino, antes de ser ejecutada o desaparecida, pero siempre eran las fuerzas represivas de su país de origen que tenían que “hacerse cargo” de ella.
Tomando en cuenta el carácter tanto transnacional como clandestino y encubierto de las acciones represivas, resulta extremadamente difícil, incluso varias décadas después de la caída de las dictaduras de Seguridad Nacional, reconstruir el destino de las víctimas del Cóndor y así poder esperar también el juzgamiento de los responsables de su suerte.
Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, los gobiernos posdictatoriales tuvieron que hacer frente a las demandas de verdad y justicia emanada desde la sociedad civil, viéndose así obligados a brindar respuestas políticas para enfrentar la herencia traumática del terrorismo de Estado.
La lucha contra la impunidad ha dado lugar a intensas movilizaciones que mantienen su fervor hasta el día de hoy, confundiéndose en muchas oportunidades –pero sin resumirse a ello– con la movilización en contra de las leyes de amnistía y otros mecanismos de gracia adoptados por las democracias posdictatoriales como mera respuesta a la presión de la sociedad civil.
Entre estas tentativas de lucha contra las políticas oficiales de impunidad, olvido y silencio sobre los crímenes del terrorismo de Estado, figuran numerosas tentativas de las víctimas o de sus familiares de recurrir a tribunales extranjeros, al enfrentarse en su país con un panorama en el que prima la incapacidad o ausencia de voluntad de los Poderes Judiciales locales frente a sus denuncias.
Es en este marco que se inscribe el Proceso Cóndor de Roma, el cual proponemos ver como una interesante iniciativa de enjuiciamiento de una empresa criminal transnacional pero también como un ejemplo paradigmático de los límites de los procesos de justicia penal en el extranjero.
De ese modo, este estudio pensado a modo de crónica se desarrollará en tres tiempos: primero, después de haber sentado algunos elementos clave respecto al contexto de desarrollo del Plan Cóndor, nos centraremos en la génesis del juicio italiano, volviendo, a partir de entrevistas en profundidad de algunos denunciantes, sobre las condiciones de nacimiento del expediente Cóndor y los trece años de investigación que precedieron la apertura del juicio.
Luego, a través de un análisis de momentos críticos de las audiencias públicas, así como de entrevistas en profundidad de actores clave de este juicio, sean denunciantes, víctimas sobrevivientes así como expertos que brindaron sus testimonios ante el tribunal, examinaremos el desarrollo del juicio ante la 3° Corte d’Assises de Roma proponiendo algunos comentarios sobre la estrategia de persecución adoptada y su reflejo en el interrogatorio de las distintas partes. Para terminar, volveremos sobre el fallo de primera instancia pronunciado el 17 de enero de 2017, fruto de la ocasión perdida que nos proponemos estudiar, analizando las cuestiones subyacentes al veredicto así como los argumentos jurídicos convocados y la valoración de la prueba propuesta por el tribunal de Roma en los fundamentos publicados el 11 de abril 2017
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1/ Brasil se integra formalmente como país miembro del Plan Cóndor en 1976. Sin embargo, debe señalarse que si bien los militares que representan a Brasil se declaran primero como meros « observadores » y no firman las actas de reunión del Cóndor, ello no significa que su papel haya sido menor en la Operación. Al contrario, las investigaciones históricas indican que después del golpe de Estado militar de 1964, en los años Kissinger, Brasil fue uno de los principales aliados de Estados Unidos para desarrollar la “estrategia contrarrevolucionaria” que buscaba invertir la tendencia de los diversos procesos de cambio de la región (ver la síntesis que propone Aldo Marchesi en “Revolución y contrarrevolución en el Cono Sur”, Derechos Humanos en Uruguay, Informe 2016, SERPAJ, 2016)
Es así como Brasil fue para la zona un precursor en términos de elaboración del sistema represivo y de colaboración represiva transnacional, como lo prueban los casos de brasileños secuestrados en Buenos Aires en 1970 y 1971. Sin embargo, caracterizarse como “observador”, les permitía tomar cierta distancia respecto de los países miembros en caso de que fuera oportuno, lo cual resulta funcional a la hora de considerar e intentar relativizar las responsabilidades de las autoridades políticas que intervinieron en la creación y la implementación del Cóndor. En este punto resultan esclarecedoras las explicaciones de Jaïr Krischke en la audiencia del 16/06/2016. Radio radicale, Processo contra i responsabili dell’operazione Condor
http: //www.radioradicale.it/scheda/478531/processo-contro-i-responsabili-delloperazione-condor
2/Aunque algunos autores enfatizan el papel que tuvo la Junta Coordinadora Revolucionaria en la creación de la Operación Cóndor, los documentos preparatorios de la reunión de 1975 demuestran que se trata solo de uno de los ejemplos de actividades internacionales desarrolladas por la izquierda que permitían diagnosticar la continentalización del conflicto político. La variedad de perfil de las víctimas del Cóndor muestra que lo que se buscaba era la destrucción de todos los proyectos de cambio ensayados en la región, no solo a los grupos armados que desafiaban la autoridad estatal sino a todo el espectro de la izquierda. John Dinges, The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents (New York: The New Press, 2004); Patrice Mc Sherry, Predatory states. Operation Condor and covert war in Latin America (Lanham MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2005); Franck Gaudichaud, Operación Cóndor: notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur (Barcelona: Selpha, 2005). Para inscribir el Plan Cóndor en la continuidad histórica, como el colmo y “resultado de la convergencia de actores locales e imperiales que actuaban coordinadamente en la guerra fría latinoamericana”, ver Aldo Marchesi (2016)
3/Álvaro Rico, Cómo nos domina la clase gobernante: orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay (1985-2005) (Montevideo: Trilce, 2005)
4 /Ex Comandante en jefe del Ejército y ex vice-presidente de la República de Allende, el General Carlos Prats huyó a Argentina después del golpe de Estado de setiembre 1973, siendo recibido como invitado del Ejército argentino y del propio Presidente Perón. Mientras estaba allí, recibió numerosas amenazas de muerte. Pero a pesar de las múltiples solicitudes de las autoridades consulares, nunca fue librado su pasaporte, condenándolo así a la muerte. El agente de la tristemente famosa DINA chilena Enrique Arancibia Clavel fue juzgado en Buenos Aires, siendo condenado a cadena perpetua en 2000 por el asesinato de Prats y su mujer y como integrante de una asociación ilícita
5/ Esta operación consistió en la publicación en la prensa chilena de artículos de periódicos primero publicados en falsas revistas argentinas y brasileñas para negar la existencia de desaparecidos y blanquear el asesinato de 119 militantes del MIR por la dictadura chilena presentándolos como casos de enfrentamientos entre compañeros ocurridos en Argentina y Europa
6 /Ejemplo de los « acuerdos bilaterales » es la firma de un acuerdo secreto de acciones conjuntas de “lucha contra la subversión” entre Argentina y Paraguay en 1972 que preveía el intercambio de informaciones y la detención de “elementos subversivos”. Sobre la génesis de la cooperación transnacional, previa a su formalización en 1975, ver Patrice J. Mc Sherry y Aldo Marchesi. Mencionan oportunamente las reuniones realizadas previamente a 1975, como la reunión de jefes de policía de la región en Buenos Aires en febrero de 1974, en la que Perón autoriza la cooperación de la policía federal con los servicios de Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay así como operaciones de estos servicios en la Argentina. El documento preparatorio a la reunión de Santiago de noviembre de 1975 menciona también la existencia de “acuerdos caballeros”, menos formales, entre las fuerzas represivas de varios países de la zona en National Security Archive, Documents
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB239b/PDF/19751000%20Primera%20reunion%20de%20Trabajo%20de%20Inteli gencia%20Nacional.pdf (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017)
7 / Sobre las tres « fases » de la Operación Cóndor, ver la descripción que hace el agente especial del FBI en Buenos Aires Robert Scherrer en un cable del 28 de setiembre de 1976 en National Security Archive, Documents
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc23.pdf.(Fecha de consulta: 18 de enero de 2017). Ver también « The “Third World War” and South America », 3 de Agosto de 1976, National Security Archive, Documents
http:// nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB416/docs/0000A02E.pdf (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017) en el que un agente norteamericano analiza con preocupación el espíritu de cruzada con el que las dictaduras conosureñas analizan su rol vanguardista en la lucha contra el comunismo, considerando a Estados Unidos como retaguardia en esta lucha
8/Debido a la clandestinidad de las operaciones represivas, así como a la voluntad de encubrimiento que las caracterizan, las cifras oficiales de la represión en Argentina, Chile y Uruguay son hasta nuestros días parciales y alejados de la realidad. Por ello las cifras oficiales que aparecen a continuación deben ser consideradas como “mínimas”, correspondiendo a los casos “acreditados”. -Argentina reconoce, como mínimo, para el periodo 1967-1983 un total de 8631 desaparecidos, 1613 asesinados, al menos 276 casos de apropiaciones de niños y alrededor de 15.000 víctimas sobrevivientes a la cárcel política. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de derechos humanos, 2015, “Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado” (RUVTE), 2015, p.9. http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areastematicas/ruvte.aspx) (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017);
-Chile reconoce por su parte, para el periodo 1973-1990, 3216 casos de desaparecidos o ejecutados y 38.254 sobrevivientes. Ver Collins, Cath, “Valech II: ¿última instancia de verdad oficial en Chile?” (Trabajado presentado en Taller internacional “Justicia Penal y comisiones de verdad como mecanismos transicionales clásicos: debates en torno a los mecanismos de verdad”, 12 al 15/03/2012, CELS, Argentina. http://www.icso.cl/wpcontent/uploads/2011/03/Valech-II-Ultima-instancia-de-verdad-oficial-Julio2012.pdf(Fecha de consulta: 18 de enero de 2017); -
Uruguay reconoce hasta el momento 80 asesinatos entre 1968 y 1973 y 124 asesinados entre 1973 y 1985, así como 193 casos de desaparición forzada entre 1970 y 1985, además de 4 casos acreditados de desaparición de niños y 13 casos de apropiaciones de niños posteriormente recuperados (Secretaría de Derechos humanos para el pasado reciente, Equipo de historiadores, “Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos”, 2015 http://sdh.gub.uy/inicio/institucional/equipos/centro_de_documentacion_y_comunicacion/documentos_equipo_historia/Investigacion+historica+sobre+detenidos+desaparecidos+y+asesinados+politicos+%28actualizac ion+2015-febrero%29/ (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017); Secretaría de Derechos humanos para el pasado reciente, Equipo de historiadores, “Investigación histórica sobre asesinados políticos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado (1968 1973)”, 2016
http://sdh.gub.uy/inicio/institucional/equipos/centro_de_documentacion_y_comunicacion/documentos_equipo_historia/investigacion_asesinados_1968-1973/) (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017)
Para los casos de víctimas sobrevivientes, solo se puede mencionar el registro que se sabe incompleto de 5925 personas encarceladas por razones políticas en establecimientos oficiales (Álvaro Rico; José Pedro Barrán; Gerardo Caetano (coor.), Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay. (UDELAR-CSIC-FHCE, 2008) pero si sumamos la cantidad de detenidos en centros clandestinos, que por lo tanto no pasaron ante un juez, la cifra asciende a 25.000 (Soledad González, & Mariana Risso, Las Laurencias, Violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado uruguayo (Montevideo: Trilce, 2012)