Ariel Fernández | 11 abril, 2018 radio universal
El Secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, se encuentra en la ciudad de Roma (Italia) para participar de la Primera Audiencia de Apelación del Juicio contra el Plan Cóndor que se realiza en ese país.
Comunicado:
“Uruguay presente en la apelación del juicio contra el Plan Cóndor en Italia
El Secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, se encuentra en la ciudad de Roma (Italia) para participar de la Primera Audiencia de Apelación del Juicio contra el Plan Cóndor que se realiza en ese país.
Durante su estadía mantiene reuniones con el representante legal de Uruguay en el proceso de apelación, Dr. Andrea Speranzoni, así como con los fiscales a cargo del proceso, Dr. Francesco Caporale y Dra. Tiziana Cugini.
Se trata de la Primera Audiencia de Apelación del juicio contra el fallo en primera instancia de la Tercera Corte Penal de Roma, pronunciado el pasado 17 de enero de 2017. La audiencia tendrá lugar el próximo jueves 12 de abril en la sede de la Primera Corte Penal de Apelaciones de Roma.”
MONTEVIDEO (Sputnik) — El Secretario de la Presidencia de Uruguay, Miguel Ángel Toma, participará en Roma en la primera audiencia de apelación del juicio contra el Plan Cóndor, informó el Gobierno a través de un comunicado.
Durante su estadía en Roma, Toma mantendrá "reuniones con el representante legal de Uruguay en el proceso de apelación, Andrea Speranzoni, (es el nuevo abogado en remplazo de Galiani) así como con los fiscales a cargo del proceso, Francesco Caporale y Dra. Tiziana Cugini", añade el comunicado publicado en la web de la Presidencia.
El Plan Cóndor fue la coordinación represiva de varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para capturar, detener y asesinar a opositores.
La audiencia de este 12 de abril se realizará en la sede de la Primera Corte Penal de Apelaciones de Roma.
Se trata de la primera audiencia de apelación del juicio contra el fallo en primera instancia de la Tercera Corte Penal de Roma, pronunciado el 17 de enero de 2017.
En octubre de 2016 la Fiscalía de Roma solicitó cadena perpetua para 27 personas, entre ellas 13 militares uruguayos, por la muerte de 23 ciudadanos italianos como parte del Plan Cóndor.
La Fiscalía italiana decidió absolver a 12 uruguayos de los 13 acusados: José Ricardo Arab, José 'Nino' Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor TRÓCCOLI y Gilberto Vázquez.
el influyente secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, participará en Italia en la primera audiencia de apelación del juicio seguido contra el Plan Cóndor.
Toma como se dijo en una nota del numero pasado de posta es un "tapado" que es el virtual JEFE de Gabinete Defendió el COR, a CASAL junto a la fiscal da Rosa, siempre firme...Ver
Miguel Ángel Toma, El Escudero de Vázquez
Radio Uruguay 12 de abril de 2018
El secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, se encuentra en la ciudad de Roma para participar de la primera audiencia de apelación del juicio contra el fallo en primera instancia de la Tercera Corte Penal de Roma, pronunciado el pasado 17 de enero de 2017.
Desde Roma, la exfiscal de Corte Mirtha Guianze, explicó los pasos que se darán a partir de ahora:
Guianze se mostró optimista ante el cambio de abogados de Uruguay y la posibilidad de que a partir de su experiencia pueda establecerse condena contra Jorge Tróccoli.
Escuchar la entrevista de Puntos de vista con Mirtha Guianze, minutos antes de ingresar a la audiencia:
https://www.dropbox.com/s/9uom3ph7pglibjf/12.04.18-GUIANZE-1.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jibnuzjor6265je/12.04.18-GUIANZE.mp3?dl=0
Compartimos los conceptos de la Dra. Guianze, y su optimismo, pero resulta que todo los resultados negativos e se pueden revertir con el cambio de abogado ¿?
Si los documentos nuevos como dice Guianze, que se puedan presentar son “nuevos” antes donde estaban ¿? Hay nuevos testigos?
En todo este tiempo más que prolongado no se previeron estas cosas ¿, porque no se aportaron todos los documentos la postura del Tribunal puede cambiar …bienvenida pero con esos fiscales... Nos preguntamos Uruguay apeló ¿? O no correspondía ?
Si los documentos nuevos que se puedan presentar son “nuevos” antes donde estaban ¿? Hay nuevos testigos? En todo este tiempo más que prolongado se previeron estas cosas ¿, porque no se aportaron todos los documentos la postura del Tribunal puede cambiar …bienvenida pero con esos fiscales Caporale y Cugini
Creemos que no, por eso reproducimos algunas declaraciones que se hicieran en su momento y que hablan de las distintas posiciones frente al Juicio y sus resultados, y que quizas sirvan para entender por que hay distintas miradas a como se ha llevado y se lleva el Juicio
14 de febrero de 2017 en la diaria
El fallo del Tribunal de Roma en el juicio por el Plan Cóndor, interpretado como una derrota por los familiares de víctimas de la dictadura y por las organizaciones de derechos humanos, reavivó los cuestionamientos al abogado que representó al Estado uruguayo, Fabio Galiani. El fallo sólo condenó al canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, y absolvió a los 13 imputados uruguayos restantes.
El jueves 9, en una mesa redonda convocada por la organización de ex presos políticos CRYSOL, Mirtha Guianze, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), señaló que le resultó “muy difícil de entender la estrategia que se siguió en el juicio”. “Fue algo muy oscuro, muy opaco”, valoró.
Afirmó que no quedó claro el orden de los testigos, consideró que no había “una comunicación ordenada previa” de los testigos con el abogado y que “no quedaba claro qué se pretendía de cada testigo”.
Contó que Galiani se negó a interrogarla cuando ella declaró ante el tribunal, el 20 y el 30 de octubre. No sólo eso, sino que Galiani se reunió con ella en la INDDHH, instancia en la que le dijo que su citación -pedida por la presidencia del Consejo de Ministros de Italia- no era válida y le solicitó que no fuera a Roma a declarar. Según supo la diaria, Guianze elevó una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que expresó su opinión sobre el desarrollo del juicio.
Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, sostuvo durante la mesa redonda que a Galiani le falta capacidad y que “se ha peleado con todo el mundo”, “hasta con los fiscales”. Cuestionó también la “soberbia” del abogado y aseguró que Galiani le recomendó a una familiar que tirara “a la estufa” una citación que recibió para declarar en Roma. Olivera sostuvo que Galiani “no debería continuar al frente de esta causa” y que el gobierno debería designar a un abogado especializado en derechos humanos.
Consultado al respecto, el coordinador del Grupo Verdad y Justicia, Felipe Michelini, dijo a la diaria que aún no tiene una opinión sobre el accionar del abogado uruguayo, en la medida en que no se conocen los fundamentos de la sentencia del juicio en Roma. “¿Cómo se va a evaluar la actuación profesional de alguien si no se conocen los fundamentos?”, preguntó. Recordó, por otra parte, que hubo “varios abogados que actuaron, no sólo Galiani”
Guianze y el profesor Óscar Destouet, quien ofició como testigo en el juicio, cuestionaron el manejo de los archivos por parte del Estado. Guianze dijo que Uruguay tiene “un atraso de siglos” en el acceso a los archivos. Sostuvo que durante el juicio en Roma apareció “información nueva que no nos proporcionaron acá en Uruguay”. “¿Por qué no estaban los documentos de la Comisión para la Paz a la vista cuando nosotros trabajamos, y nos dijeron que no existían?
Con más de un familiar y con [la jueza] Mariana Mota fuimos a pedir esos papeles y nos dijeron que no existían”, cuestionó Guianze.
Destouet consideró que debería haber un “inventario público” de los archivos. “No vengan con la discusión de que los archivos de inteligencia son sensibles y pueden afectar a la persona. No, señores, no se funciona así. Acá todo organismo del Estado registra su accionar, y eso son los archivos. Tiene que haber un inventario que todo el mundo pueda conocer, y ahí no estamos ingresando a atacar la sensibilidad personal de nadie”, manifestó Destouet. “¿Quién sabe qué documentación hay en Prefectura naval? Y ese es el segundo archivo más importante del país, después de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia”, ejemplificó. Dijo que para el juicio en Roma pidió a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente “una cantidad de documentos” y que todavía no se los entregaron, pese a que aseguraron que lo harían.
El secretario de Presidencia de la República, Miguel Toma, dijo a la diaria que el gobierno aguardará a tener los fundamentos de la sentencia para determinar de qué modo “incidir en la apelación”
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Según un pedido de acceso a la información formulado al Ministerio de Relaciones Exteriores y que fue entregado a El Observador, Galiani cobró € 496.858 desde 2008 hasta 2016 y no firmó ningún contrato. "No consta a esta Dirección (cancillería) que se haya formalizado un contrato por escrito, sino que se acordó según los términos de estilo y costumbre para el arrendamiento de servicios de un profesional abogado en la República Italiana", señala el informe
21 de febrero de 2017 | Escribe: Nadia Angelucci en la diaria
A raíz de las polémicas desatadas tras el fallo de Roma, la diaria mantuvo un encuentro con el abogado del Estado uruguayo, Fabio Galiani. Su trabajo había sido cuestionado en los últimos días por algunos representantes de organizaciones de los derechos humanos, y el abogado romano quiso responder a afirmaciones que juzga “falsas y mentirosas”. Durante la entrevista respondió a la acusación de incompetencia en el campo de los derechos humanos formulada por Raúl Olivera, de la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, diciendo que su experiencia “resulta de más de 20 años en el campo de los derechos humanos y el derecho penal internacional, al más alto nivel: la Organización de las Naciones Unidas; foros multilaterales; organizaciones internacionales y casos relacionados con los derechos humanos en Irak, Libia, Turquía, Nigeria, Egipto, Ruanda, Rumania e Italia”
Antes de la entrevista, entregó a la diaria una serie de bosquejos relativos a su actuación en el juicio, que no publicamos por motivos de espacio. En la entrevista respondió a las acusaciones y denunció lo que considera un “plan específico” en su contra.
–Empecemos con un balance del juicio y de la sentencia. ¿Qué cosas funcionaron y cuáles no?
-Llegamos al juicio después de que el Tribunal de Revisión de Roma concedió a Jorge Tróccoli la libertad por falta de indicios graves de culpabilidad. En particular, el Tribunal de Revisión no atribuyó al FUSNA [Fusileros Navales] y a la Armada un papel clave en la represión. La estrategia se construyó antes que nada con el objetivo de superar esa sentencia mediante pruebas que revelaran el papel del FUSNA y la Armada en la represión y, por tanto, también la participación de otros miembros de ese cuerpo militar, y mediante una lectura crítica de la evaluación de las pruebas que se habían puesto a disposición del Tribunal de Revisión. Me detengo en Tróccoli porque en los demás casos ya se tenían muchas pruebas que llevaron a condenas en Uruguay. Creo que he ofrecido a la Corte elementos en contra de Tróccoli más que suficientes para llegar a una condena. Pasando a lo que creo que no funcionó: primero debo decir que aprecio el compromiso de tutelar los derechos humanos por parte de las ONG, con las que siempre he cooperado de buena gana; pero cuando el activista quiere ser abogado, es probable que tenga el efecto contrario al deseado.
En nuestro caso, hemos visto a un miembro de una asociación [se refiere a 24 de Marzo Roma], Jorge Ithurburu, que tenía poderes especiales de muchos familiares querellantes, que decidió superponer, si no sustituir, el papel de la Fiscalía. La insuficiencia total del calendario de los testigos de la Fiscalía, carente de toda lógica, coherencia o mínimo de estrategia, ha tenido efectos negativos. Esto puede haber influido negativamente en el juicio, aunque, ciertamente, no justifica las absoluciones, en especial la de Tróccoli.
–Mirtha Guianze ha usado duras palabras para referirse a usted. ¿Qué responde?
-Quiero aclarar que he aceptado esta entrevista no para proteger mi dignidad profesional de los ataques sistemáticos sobre la base de mentiras: serán las autoridades competentes, italianas y uruguayas, las que deberán considerar si el comportamiento de estas dos o tres personas representa la expresión de un legítimo derecho a criticar, o una difamación agravada. Pero creo que la opinión pública, y los familiares en particular, tienen el derecho de conocer la verdad. A acusaciones generales contrapongo hechos específicos y precisos.
He tenido numerosos encuentros con Guianze, en Roma y en Montevideo, además de una significativa correspondencia. No puedo citar todos los episodios, pero a modo de ejemplo relato que el día 27 de agosto de 2015 me reuní en Montevideo con Guianze durante casi tres horas, en el transcurso de las cuales discutimos la lista de testigos reducida que yo tenía que presentar ante la Corte. Cada testimonio fue tema de análisis, y esto da como resultado el documento en el que se observan comentarios escritos de la propia mano de Guianze, que en esa ocasión no mostró ninguna duda o perplejidad. El 4 de junio de 2016, a raíz de los continuos ataques de Guianze a mi trabajo en el grupo de WhatsApp, se organizó una videoconferencia Roma-Montevideo para discutir sus dudas y, eventualmente, las de otras personas, para anticipar los problemas que se quería abordar.
Guianze planteó diez preguntas, argumentando sobre todo que yo no tenía que convocar a los militares. Durante esa larga reunión ofrecí explicaciones y, para poner fin a las quejas de Guianze, renuncié a citar a los militares. La Corte de Roma expresó su perplejidad acerca de esa renuncia.
Al final de la reunión se preguntó a los participantes si había otras cuestiones para esclarecer. Nadie planteó más preguntas. Ni siquiera Guianze. Respecto de que me negué a interrogar a Guianze cuando ella declaró ante el tribunal, el 20 y el 30 de octubre, quiero destacar que quería guardar a Mirtha para el final, como emergencia, para colmar posibles carencias probatorias del juicio. Digamos que no fue posible. Por eso diseñé una estratagema: le escribí a la Corte reservándome la posibilidad de citar de nuevo a Mirtha en el futuro. E hice que mi colega de estudio sustituyera a otro abogado de la parte civil e hiciera a Guianze las preguntas que yo le había indicado, sin que yo perdiera la posibilidad de citarla nuevamente en el futuro. Expliqué esa circunstancia a Guianze infinitas veces, pero ella sigue insistiendo en ese punto. Es evidente que sus quejas son pretextos para atacarme.
–¿Qué pasó con la Fiscalía de Roma? ¿Por qué allí también se generaron polémicas?
-Yo propuse a la Fiscalía que procediese de la manera siguiente: prueba del Plan Cóndor; prueba sobre las dictaduras de cada uno de los países y estructuras correspondientes; interrelación entre organismos internos y organismos internos y externos; pruebas de cada uno de los delitos; pruebas sobre cada uno de los imputados. Había propuesto a la Fiscalía un calendario de testigos coherente con el esquema antes expuesto. El fiscal afirmó que no compartía mi esquema, no aceptó mi propuesta de calendario de testigos, pero tampoco propuso uno alternativo. No obstante, ofrecí a la Fiscalía esquemas relativos a los testigos que tenía que examinar. Los testigos propuestos por la Fiscalía fueron indicados por Ithurburu, y todos pagamos las consecuencias de eso. La Corte, considerando a los testigos de la Fiscalía no útiles a la formación de la prueba, ordenó a todas las partes reducir sus testigos a la mitad. Perdí alrededor de 75 testigos, y antes de empezar con mis testigos, ya había perdido la mitad de mis pruebas.
–Entonces, ¿por qué se ha generado, en su opinión, esa disputa?
-Yo, por ahora, sólo puedo decir que cuando muchas personas relatan las mismas mentiras, estas son el resultado de un plan específico. Por un lado, está Ithurburu, que trató de echarme del juicio durante años, contactándose con varias personas para lanzar ataques contra mí o proponiendo reemplazarme por uno de sus abogados; una propuesta que ha hecho llegar nuevamente a Guianze después del fallo. Por otro, está Guianze, que hasta le escribió al presidente hablando en mi contra [se refiere a un informe entregado por Guianze a Tabaré Vázquez].
Ahora hay también una propuesta explícita de Guianze y Olivera para que se me reemplace con uno de los abogados elegidos por Ithurburu porque, en opinión de ellos, son todos más experimentados, talentosos y siguen el caso desde hace mucho más tiempo. Yo no dudo de la profesionalidad de mis colegas, pero ¿cómo se puede argumentar que todas las absoluciones son culpa de Galiani?
Guianze dice que yo he guardado las pruebas para mí. No es verdad. Lo que es cierto es que, tan pronto como recibí los documentos, los deposité y entregué las listas a los colegas. Yo deposité toda la documentación en 2013; los índices de los documentos fueron entregados a las asociaciones y a los miembros de las familias en la reunión en Montevideo en agosto de 2015, a la que también asistió Guianze.
Se me ataca con argumentos falsos y ridículos: hay una línea entre Roma y Montevideo. Se reclama que no he tenido una estrategia o que ellos no la entendieron.
Eso quiere decir que comprendieron la estrategia de la Fiscalía y de los otros 20 abogados. ¿Pueden ilustrarla? Se me acusa de no haber coordinado con los otros abogados, lo que tampoco es cierto.
En realidad, soy acusado de no haberme subordinado a los dictados de Ithurburu; tiene los poderes especiales de las familias y, por lo tanto, dicta la línea; de lo contrario, puede revocar a un abogado en cualquier momento.
No obstante, muchos abogados, en un momento dado, cuando vieron que el proceso se estaba muriendo, reaccionaron, e hicieron bien. Si entramos en el mérito, mi trabajo es inatacable. Está todo escrito y grabado, es un hecho objetivo. He encontrado nuevas pruebas y más responsables, después de 40 años de los hechos, viviendo en Roma y experimentando el aislamiento impuesto por Ithurburu y sus ataques, mientras que en Montevideo tuve el aislamiento de Guianze y algún otro mito de la lucha por la verdad y la justicia: pocas personas en los últimos diez años me han dado tantos problemas y tan poco apoyo.
Dije de inmediato que, para superar el fallo del Tribunal de Revisión, no se podía afirmar que en la Armada uruguaya y en el FUSNA había sólo dos torturadores. Guianze sigue diciendo que Tróccoli era libre de decidir el destino de los rehenes.
Pero no entiendo por qué en el proceso seguido en Uruguay a [Gregorio] Álvarez Armellino, [Juan Carlos] Larcebeau y Tróccoli no estaban los que actuaban en las posiciones intermedias.
Guianze nunca explicó su estrategia; yo sí. No dijo por qué no estaban acusados otros militares, cuyas responsabilidades surgían. ¿Por qué no se mostraron fotos a los testigos de los secuestros?
¿Por qué no se investiga a Tróccoli por los acontecimientos de 1976, cuando estaba en la OCOA [Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas] y se fue a Argentina?
No puedo explicarme cómo es que Guianze no se abstuvo de la investigación, considerando que el comandante de Tróccoli, él también en la OCOA en 1976, era un pariente de Guianze, que participaba en los interrogatorios con Tróccoli y había designado a este último para la coordinación con el N2 y el SID [Servicio de Información de Defensa].
Por otra parte, atacarme a mí es como decir que las absoluciones son correctas. Dado que el trabajo realizado en diez años es realmente significativo, invito a Guianze, [Óscar] Destouet y Olivera a un debate público, en la radio, en la televisión, en cualquier lugar, para explicar todos los detalles, con la serenidad de alguien que tiene una conciencia clara de lo que hizo.
Pero ellos tienen que explicar esta manera inusual que tienen de luchar por la verdad y la justicia mediante la eliminación de aquellos que hicieron un buen trabajo que, a lo mejor, ni siquiera entienden. Se debe enfatizar que sin mí no habría habido constitución de la parte civil de Uruguay; un desafío que inventé, cuya aplicación puede representar un modelo para los procesos de participación del Estado. Polemizar sobre el abogado que asiste al Estado podría inducir a los gobiernos a desistir de iniciativas análogas en el futuro.
–¿Cómo son las relaciones con los familiares?
-Quiero dejar claro que sufro ataques públicos de tres personas, pero me llega estima y agradecimiento de muchos miembros de las familias y de los testigos. Ellos son la energía que me permitió resistir la amargura y la injusticia infligida por acusaciones falsas e injustas. Me acabo de enterar de que un grupo de miembros de las familias y de testigos envió al presidente una carta de agradecimiento por el trabajo que he hecho, a pesar de que alguien ha intentado persistentemente lograr que se detengan. Estoy contento, porque creo que los miembros de las familias tendrán que recuperar la posesión de su lucha, por demasiado tiempo delegada a algunos representantes que trajeron palabras y polémicas, pero pocos hechos. Muchas personas me han ayudado en los últimos años, y permanecerán siempre en mi corazón.
2 de diciembre de 2016 | Nadia Angelucci en la diaria
En la audiencia de ayer -1º de diciembre- del juicio en curso en la ciudad de Roma sobre la ejecución del Plan Cóndor en varios países sudamericanos se presentaron los dos alegatos finales de las partes civiles y empezaron las declaraciones de los abogados de la defensa.
Fabio María Galiani, abogado que representa a la República Oriental del Uruguay y a la parte civil Soledad Dossetti, terminó su argumento, iniciado en la pasada audiencia, centrándose en el rol del ex marino, prófugo en Italia, Jorge Néstor Tróccoli.
Luego de recordar sintéticamente los puntos afrontados en la audiencia anterior y puesto en evidencia las contradicciones surgidas en las declaraciones que Tróccoli dio en diferentes ocasiones y en diferentes lugares, concentró su atención en las fechas de diciembre de 1977-enero 1978, momento del secuestro y desaparición de los ciudadanos uruguayos e ítalo uruguayos víctimas en este juicio.
“Los Registros de la Dirección Nacional de Migraciones dicen que Tróccoli viajó a Buenos Aires el 20 de diciembre y regresó el 22, justo en las fechas en las cuales se realizaron los secuestros de las víctimas en Buenos Aires.
Él nos dijo que el motivo de su viaje era personal, pero viajó con Ricardo Dupont y José Uriarte, oficiales de la Armada Nacional. En el legajo de Uriarte y de Tróccoli falta la parte relativa a las fechas de ese viaje a Argentina”.
Galiani analizó todo el legajo de Tróccoli y puso en evidencia sus conexiones con la Marina argentina, su presencia en la ESMA (Escuela de Mecánica Armada argentina) y los encomios que recibió: “En su legajo en la fecha 30 de noviembre de 1979 se lee que ha desarrollado un trabajo notable en el área de inteligencia y ha realizado operaciones con la Esma”.
El jurista luego detalló varias fuentes, sobre todo entrevistas que Tróccoli concedió a la prensa uruguaya, que, dijo, “me hacen pensar que el ex marino es un hombre que se debate entre la necesidad de defenderse, y entonces de mentir, y la vanidad de jactarse de lo que hizo durante la dictadura. En La ira de Leviatán [libro cuyo autor es Tróccoli] escribe que efectuó operaciones en coordinación con la Esma y el SID [Servicio de Inteligencia de la Defensa]; en una entrevista a El Espectador dijo que estuvo varias veces en la Esma, que conocía la práctica de los vuelos; en la carta ‘Yo asumo… yo acuso’ dijo: ‘Confieso, fui brujo y adoré al Diablo, comulgué con la violencia [...] como debe actuar un profesional de la violencia’”.
En la parte final de su declaración, Galiani enfrentó algunas cuestiones jurídicas y subrayó que en el derecho internacional, hechos como los que están en el centro de este juicio serían calificados como crímenes contra la humanidad; pero, como Italia no ha tipificado ese delito, la condena que se pide es por secuestro de personas y homicidios.
En relación al pedido de absolución para el imputado Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Galiani destacó que “la justicia deriva de un juicio justo, y en contra de Chávez Domínguez no se ha formado ninguna prueba”. Solicitó que las actas de este juicio fuesen transmitidas a la Fiscalía General en relación a responsabilidades de conducta criminal que surgieron en contra del almirante Tabaré Daners y de otros militares para que se abra un procedimiento.
Lo mismo pidió para Tróccoli en relación a casos que no son parte de este juicio, pero que no obstante fueron indicados en el pedido de juicio en virtud del Convenio de Extradición entre Italia y Uruguay. “La dictadura ha sido una mancha imborrable para Uruguay, para toda la comunidad. Por eso pido que cada imputado sea condenado a pagar 500.000 euros para cada víctima causada [...] por un total de 25 millones de euros. Ese dinero será invertido en proyectos para la verdad y la justicia y para la búsqueda de los desaparecidos”.