“Tengo la impresión de que parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, disimulado en el marco de la política de seguridad pública, se corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad más divida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso” sostuvo el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer, la semana pasada en conferencia de prensa en Buenos Aires. Estuvo 11 días en Argentina visitando cárceles, centros de detención de menores y psiquiátricos, donde vio de primera mano la situación de derechos humanos en el país. Se refirió al aumento, en los últimos años, de mujeres detenidas (el 70 % de ellas por pequeños delitos de venta o transporte de drogas)
"Los detenidos son abusados -les pegan, sofocan-; en algunas celdas de 3 x 4 metros, con 12 camas, los presos están dentro 16 hs por día y sin luz. Por semanas, incluso meses no tienen acceso al sol o a espacios abiertos generando ansiedad y desesperación". “El propósito del sistema carcelario es proteger a la sociedad de crímenes violentos y rehabilitar a los detenidos. Pero al llenarlo con muchos condenados por delitos menores que no son violentos, ellos tienen que competir con los violentos adentro por muy pocos recursos. Lo que aprenden ahí es a ser violentos, gente que violó la ley pero que no fueron violentos, salen peor".
Diagonales La Plata 23 abril 2018
El relator de la ONU Nils Melzer visitó el país y observó graves violaciones de derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires. La realidad en cárceles, comisarías, centros de jóvenes y neuropsiquiátricos
Luego de finalizar su gira por la Argentina -realizada entre el 9 y 20 de abril- el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Nils Melzer, presentó sus Observaciones preliminares y recomendaciones al Estado Argentino.
El especialista de Naciones Unidas alertó sobre la existencia de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En el relevamiento realizado se pudo constatar la aplicación de diferentes tipos de tortura, serios déficits en la atención médica, sobrepoblación extrema, condiciones inhumanas de detención, uso excesivo de la prisión preventiva, requisas vejatorias, robo de pertenencias por agentes y corrupción, el aislamiento extremo y opresivo en cárceles, comisarias, centros de jóvenes y neuropsiquiátricos bonaerenses.
Según informaron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la delegación visitó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires además de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa. Se reunió con autoridades provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales y miembros de distintas comunidades indígenas. Desde el organismo se reunieron con Melzer y le presentaron un amplio diagnóstico crítico sobre la práctica sistemática de la tortura en la provincia de Buenos Aires.
Cabe señalar que en la Provincia, visitó la Unidad Penitenciaria N° 23 de Florencio Varela, el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Alejandro Korn en la ciudad de La Plata, el Centro Cerrado Almafuerte para jóvenes, además de las Comisadas 1ª y 5ª. Estos ámbitos, si bien no representan los lugares más críticos del sistema de encierro, permitieron ver la gravedad de la situación.
El Relator de Naciones Unidas cuestionó la excesiva duración de la prisión preventiva e instó las autoridades judiciales y legislativas a resolver el problema yque "se abstengan de aprobar leyes nuevas que disminuyan la edad mínima de imputabilidad penal o que amplíen de cualquier otro modo el uso de la detención para otras categorías de personas o delitos".
Además, el informe preliminar también recoge numerosas denuncias de violencia institucional por parte de fuerzas policiales y carcelarias y alerta sobre la enorme impunidad que ampara estas prácticas generalizadas.
Por otro lado, se manifiesta su preocupación por los índices de sobrepoblación carcelaria y asocia su incremento a la aplicación de una política criminal que intenta dar respuesta a las inquietudes de la población pero que sólo logró triplicar el número de detenidos en las últimas dos décadas. En este sentido señala, por ejemplo, que en muchas comisarías y penitenciarias provinciales, encontró condiciones de detención totalmente incompatibles con la dignidad humana.
"Parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso", fue una de las conclusiones del informe.
Por último, interpeló a los poderes del Estado por su responsabilidad: "No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables".
Dicho informe se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU en marzo de 2019.