El sentenciado genocida Carlos del Señor Hidalgo Garzón violó 3 veces la prisión domiciliaria. El verano pasado sufrió un robo que puso en evidencia que en su domicilio había armas que nadie controló. Además pide salidas extraordinarias y finge insania. Aun así, sigue con domiciliaria
Por HIJOS La Plata
El genocida Carlos del Señor Hidalgo Garzón, hoy de 73 años, integró desde el Ejército la estructura represiva de la última dictadura militar. Fue parte de la Central de Reunión de informaciones del Destacamento 101 de Inteligencia, ubicado en calle 55 entre 7 y 8 de La Plata. Desde allí realizó tareas de reunión y análisis de información sobre los posibles blancos de la represión entre diciembre de 1976 y fines de 1977.
Al ser indagado en la justicia acusó domicilio en Avenida Del Libertador N°4748, piso 4°, depto. 9 de CABA, negó haber estado más que un sólo día en el Destacamento 101, y alegó un traslado al Batallón 601 con posterior destino a una “misión secreta” no documentada en ningún registro oficial.
En verdad la historia de este represor va mucho más allá, ya que en 2013 fue condenado a 15 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos Laura Catalina De Sanctis Ovando, cuyos padres fueron desaparecidos desde el CCD de Campo de Mayo. La mujer del represor, María Francisca Morillo, recibió entonces 12 años de prisión.
En paralelo, en 2012 el genocida fue procesado por el juez Manuel Blanco en la causa por los crímenes cometidos en el CCD “La Cacha”, ubicado en torno a la Unidad 8 de Olmos en La Plata. Blanco decidió alojar al reo en un geriátrico, pero con poca tarea de vigías. En 2013 violó la detención saliendo a andar en bicicleta, lo cual fe denunciado sólo porque se cruzó en la calle a la joven que había apropiado.
Fue entonces que el Tribunal Oral 1 de La Plata, compuesto entonces por los jueces Rozansky, Jantus y Vega, le revocó el beneficio. Al visitar el geriátrico los jueces comprobaron la ausencia en los pabellones de enfermeros, guardias privados o policía. Condenado prisión perpetua en octubre de 2014 en el juicio oral por “La Cacha”, como responsable de 127 casos de secuestros y tormentos y como cómplice del Genocidio desatado en nuestro país, el represor pareció ver agotadas sus salidas.
Al mismo tiempo fue procesado en la causa por secuestros, torturas y desapariciones realizadas desde la Brigada de Investigaciones de San Justo, en La Matanza. El juicio oral por este CCD comenzará en La Plata en agosto próximo.
Pero resulta que en junio 2017 los jueces del nuevo TOF 1, Germán Castelli y Alejandro Esmoris (con oposición del juez Vega) le volvieron a otorgar la domiciliaria por tener 72 años y estar estresado. Ambos magistrados comparten el criterio de que la edad, tener más de 70 años, es requisito suficiente y autónomo para que los represores se vayan a sus casas. La medida fue apelada por la fiscalía y por las querellas de los organismos de DDHH, pero la Cámara de Casación le confirmó el beneficio en diciembre de 2017. Hecho efectivo el 10 de enero de este año en la casa de su cuñado en calle 14 de Julio Nº3676 Castelar, partido de Morón.
Abuelas de Plaza de Mayo denunció que 2 días después de alojarse en aquel lugar violó las condiciones impuestas, hecho registrado por el Programa de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica los días 12 y 15 de enero de 2018. Sumó a la denuncia que durante un asalto en su casa los ladrones se llevaron 200 mil pesos y dos armas: una escopeta y una pistola, según el propio reporte policial.
Recién hace una semana el Juzgado Federal 1 informó a las querellas de los organismos de DDHH de La Plata el derrotero del incidente del robo a Hidalgo Garzón. Hacía 3 meses que la secretaria Ana Cotter había pedido información al respecto a la comisaría 3ra de Morón en Castelar, incluyendo especial pedido de la declaración del represor y las actuaciones policiales. Recibido en envío del Ministerio de Seguridad, se supo que el hecho estaba caratulado como robo agravado por el uso de arma, con intervención de la UFI 8 de Morón que tiene 3 NN masculinos imputados y como víctimas el represor, su esposa y su cuñado Carlos Morillo.
En las testimoniales prestadas tanto el represor como su esposa y su cuñado dicen que el robo fue el 2 de febrero a las 3:50 de la madrugada, que les tiraron la puerta abajo, los redujeron, los maniataron y estuvieron muy poco tiempo, que los agresores les gritaban “asesino” a uno y “represor” a otro, tras los cual se llevaron una cuantiosa suma de dinero y 2 armas tras lo cual llamaron al 911.
En su declaración el genocida se presenta como “ex veterano de guerra, combatiente en Malvinas” y dice que se encuentra “haciendo arresto domiciliario” y posee una tobillera en la pierna derecha. En el expediente enviado por la 3ra de Morón figuran las credenciales del Renar del cuñado del represor, que lo acreditan como portador de una pistola Bersa 22 y de una escopeta Bersa Calibre 16. Esta información fue enviada al Juzgado 1 de La Plata el 7 de febrero pasado, es decir 5 días después del hecho, pero fue informada a los querellantes recién el 24 de mayo pasado, casi 4 meses después.
Recordemos que entre los condicionamientos que rigen el otorgamiento de la prisión domiciliaria están la prohibición de portar armas, de ingerir bebidas alcohólicas y de ausentarse del domicilio consignado sin dar aviso al juzgado interviniente.
Y recordemos que en 2006 al genocida Miguel Etchecolatz se le suspendió la domiciliaria en pleno juicio al descubrirse que guardaba una arma no registrada en su hoy famoso chalet del Bosque Peralta Ramos de Mar Del Plata.
Para Hidalgo Garzón hechos similares no han producido mayores consecuencias. Para completar la situación de impunidad recordamos que al momento de sufrir en robo en cuestión Hidalgo Garzón pidió ir a misa a una iglesia de Castelar por sus 50 años de casado con Morillo, un matrimonio de apropiador de hijos de desaparecidos. El pedido fue denegado por el TOF1. Pero no contento con ello el genocida hizo un planteo de suspensión del proceso en su contra por incapacidad sobreviniente. El análisis de los informes médicos de febrero 2018 muestra que “no colabora con la junta médica” y realiza “simulación”. Ante tal situación le denegaron el pedido este mismo mes de mayo de 2018.
Hidalgo Garzón es uno de los 21 procesados en el juicio por el CCD de Brigada de San Justo que comenzará el 13 de agosto próximo en La Plata. Allí, 8 genocidas gozan de la domiciliaria y otros 5 esperan el debate excarcelados al dictarse el cese de su prisión preventiva por la tardanza de la justicia en llevarlos a juicio. Es la oportunidad para que el TOF 1 resuelva revocar los beneficios, o al menos suspenderlos mientras dure el debate, Claro que, conociendo las opiniones de los jueces Esmoris y Jarazo sobre la cuestión sólo es esperable la ausencia de los represores en las audiencias y más impunidad.
Pensemos que actualmente hay más de 549 represores, entre procesados con preventiva y condenados, que gozan del beneficio de la domiciliaria.
El fenómeno no comenzó con Macri: a diciembre de 2015 eran 450. Hoy, a más de 42 años del golpe genocida, las domiciliarias