La insurrección de la conciencia que estalló en abril sigue viva. En las calles continúan las movilizaciones. Y las carreteras permanecen bloqueadas por tranques. Todos exigen lo mismo: justicia y democracia. El régimen Ortega-Murillo responde con represión al imprevisto vuelco político que los ha convertido en minoría y les pide la renuncia. En el terreno internacional, en la OEA específicamente, comienza a existir conciencia de lo que ha pasado, de lo que está pasando, y de lo que podría pasar en Nicaragua de prolongarse la crisis.
Equipo Envío digital, N° 435, junio de 2018
Señor Presidente, repiense con su gabinete los caminos que ha recorrido. Ha comenzado una revolución no armada. Aquí no está ejército contra ejército. Es una población que está manifestando todo lo que siente desde hace muchos años. ¿Quiere usted desmontar la revolución a fuerza de presión, con balas de goma, balas de plomo y fuerzas paramilitares? Escuche al pueblo”.
Así le habló a Daniel Ortega el obispo de Estelí, Abelardo Mata, en la instalación del diálogo nacional el 16 de mayo.
Ante este dramático emplazamiento el tono y el contenido de la tibia resolución presentada, a iniciativa del gobierno de Estados Unidos y consentida por el de Nicaragua, que fue aprobada en la Asamblea General la OEA el 5 de junio, “haciendo un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que participe activamente en negociaciones pacíficas”, nos muestra que la nueva realidad nicaragüense no es todavía suficientemente comprendida más allá de nuestras fronteras, aunque ya empieza a trascender el carácter dictatorial del régimen.
UNA EXPERIENCIA COMPLEJA DE ENTENDER
La falta de apertura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo a las protestas juveniles que iniciaron en abril un imprevisto y masivo estallido de la conciencia nacional abrieron las puertas a la “revolución no armada” de la que habló el obispo Mata. Una experiencia inédita en Nicaragua, incluso en América Latina. Una experiencia difícil de mantener, y seguramente complicada de entender.
Compleja de entender en el exterior, después del silencio de más de una década, en la que poco o nada se sabía, sobre los desmanes del régimen Ortega-Murillo, desconocidos para algunos, nostálgicos del pasado revolucionario; tolerados para otros -como sucedió con la misma empresa privada nicaragüense y con el gobierno de Estados Unidos-, considerando que Ortega, mal que bien, era menos problemático gobernando “desde arriba” que “desde abajo”. Que con su mano dura, garantizaba estabilidad en una región muy violenta. En la OEA, la priorización de la crisis de Venezuela y la multiplicidad de intereses de muchos pequeños países explica lo tarde que el organismo hemisférico ha vuelto su mirada a Nicaragua
UN CIVISMO DIFÍCIL DE MANTENER
Una experiencia también difícil de mantener y contener en las fronteras del más puro civismo. En un país con tanta gente familiarizada con las armas, en un pueblo que lleva impreso en su memoria histórica el derrocamiento armado de una dictadura hace cuarenta años, y que tiene en su memoria más reciente la frustración por los cuatro fraudes consecutivos organizados por Ortega, que cerraron la posibilidad de cambiar las cosas cívicamente por los votos, era imposible que no aparecieran del lado de la insurrección cívica y no armada grupos más radicales que acuden a las armas.
Mayo ha sido un mes de enormes esfuerzos cívicos, de gran incertidumbre y de extrema violencia de parte del régimen. Por un lado hay una clara mayoría respaldando la revolución cívica. Por otro lado, la respuesta del régimen es la de un auténtico terrorismo de Estado. Por otro lado, hay en la revuelta cívica grupos de pobladores que enfrentan con armas, aunque en total desigualdad, a quienes los atacan. Por otro lado, existe una desatada, irresponsable e impune delincuencia armada, permitida por el régimen de Ortega, que se aferra al poder, en un intento desesperado por lograr un imposible: que Nicaragua vuelva a ser la que era antes de abril.
Es difícil resumir todo lo ocurrido en este mes, más de 40 días después de la insurrección de abril. Lo intentaremos.
CONSENSO CÍVICO: JUSTICIA Y DEMOCRACIA
En los días más sangrientos de abril, Ortega se vio forzado a hablar de diálogo para así acallar el repudio por los asesinatos cometidos por la Policía, de la que él es el máximo jefe según la ley que él mismo reformó. Ortega ofreció el diálogo a sus aliados de la cúpula empresarial para revisar el decreto de reformas a la seguridad social, última de las chispas que encendió la hoguera de la ira ciudadana.
Los empresarios, más conscientes que el propio Ortega, del vuelco que estaba sucediendo en la correlación de fuerzas que hubo hasta esos días, desestimaron ser sus únicos interlocutores y rechazaron la limitada agenda que Ortega les presentaba. El diálogo debía ser nacional, debía incorporar a distintos sectores de la sociedad, y la agenda debía ser amplia, incluyendo no sólo temas económicos, también políticos. Este giro fue un primer gran logro de la resistencia cívica. Fue también un primer quiebre en la alianza de Ortega con la empresa privada.
Desde aquellos primeros momentos fue arraigándose en la conciencia nacional que la salida debía ser pacífica y haciendo uso de mecanismos no violentos: movilizaciones, marchas, tranques de carreteras… y un diálogo nacional. Las mayorías que despertaron en Nicaragua lo hicieron con la clara conciencia del carácter cívico que debía mantener la insurrección.
Los obispos católicos aceptaron ser mediadores y testigos del diálogo. En pocos días, la nueva mayoría nacional hizo suyo el civismo como consenso. Y elaboró otro consenso: el diálogo debía centrarse en dos puntos: Justicia y Democracia, no en mesas para discutir reclamos sectoriales, como en algún momento pretendió el gobierno para distraer de lo esencial. Y la gente entendió muy pronto que lo esencial era hacer justicia por los asesinatos de decenas de jóvenes e iniciar la ruta para democratizar el país. “El objetivo del diálogo nacional es revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz para lograr una auténtica democracia”, dijeron los obispos.
CIDH: “EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE”
Para investigar los crímenes de abril -cuando tanta sangre derramada a tiro limpio por la Policía dirigida por Ortega hizo que nuestro país fuera noticia internacional- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, solicitó al gobierno ya desde el 26 de abril, en tres ocasiones y de manera urgente, hacerse presente en Nicaragua.
El gobierno se negó una y otra vez y el 6 de mayo conformó su propia “comisión de la verdad” como parapeto para evitar la presencia de la CIDH en el país. La comisión nació muerta por falta de credibilidad: ¿quién iba a esperar justicia de ella sabiendo que surgía de un Parlamento totalmente controlado por Ortega, sabiendo que los cinco “notables” que la integran son afines ideológica o económicamente al gobierno?
Tampoco los obispos creían en ella. Y el 10 de mayo condicionaron el inicio del diálogo a que el gobierno permitiera “en el menor tiempo posible” el ingreso de la CIDH al país. Ortega tuvo que ceder porque internacionalmente le interesaba aparecer con voluntad de diálogo.
El diálogo nacional se instaló por fin el 16 de mayo, casi un mes después de la masacre de abril, y cuando ya se conocía que al día siguiente, 17 de mayo, llegaría al país la CIDH.
VIENE LA CIDH: VÍSPERAS SANGRIENTAS
La llegada a Nicaragua de 15 integrantes de la Comisión Interamericana, presidida por la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, y su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, fue otro importante logro de la resistencia ciudadana.
En sus cuatro días en el país, investigando lo ocurrido en abril, y hasta ya entrado mayo, en cuatro ciudades (Managua, León, Masaya y Matagalpa) los comisionados recibieron a más de tres mil personas escuchando sus denuncias: testimonios de familiares de los asesinados, relatos de heridos, de detenidos, de torturados, de amenazados… También se les entregaron centenares de videos, grabaciones y otras pruebas materiales.
En los días previos a la llegada de la CIDH continuaron las manifestaciones masivas. En ellas era cada vez más frecuente la consigna ¡Que se vayan! El 9 de mayo hubo una tercera megamarcha cívica en Managua. No fue reprimida por el régimen.
Participaron miles y miles de personas, entre ellas una representación numerosa de campesinos del movimiento anticanal, que al día siguiente y al regresar a su zona iniciaron tranques en sus territorios más cercanos: Chontales, Nueva Guinea… Desde ese día no han dejado de surgir más y más tranques que bloquean las carreteras del país. La alianza entre el campo y las ciudades es otra de los valiosos logros que ha tenido desde el primer momento la revolución cívica.
El 10 de mayo las fuerzas de choque del gobierno atacaron la Universidad Politécnica (UPOLI), desde abril en manos de estudiantes, causando 19 heridos y 4 muertos. La UNAN Managua, también tomada por sus estudiantes, fue atacada durante toda la noche del 11 de mayo hasta entrada la madrugada.
MASAYA Y MONIMBÓ: TIERRA ENSANGRENTADA
El 12 de mayo al caer la tarde la ciudad de Masaya se convirtió en un infierno. Tan sólo una semana antes una masiva manifestación totalmente pacífica atravesó la ciudad.
Una semana después, ocho horas de enfrentamientos entre antimotines y fuerzas paramilitares del gobierno, que atacaron a pobladores que protestaban usando armamento casero, dejaron un muerto y decenas de heridos.
También hubo saqueos e incendios, siendo visible a la ciudadanía la vinculación del alcalde del partido de gobierno con estas acciones. A la mañana siguiente, una caravana de vehículos que ocupó doce kilómetros de la carretera entre Managua y Masaya salió de la capital para solidarizarse con los masayas y con el barrio indígena de Monimbó.
Desde ese día 12 de mayo y hasta poner punto final a este texto el 7 de junio, las fuerzas parapoliciales del régimen se han cebado día tras día en Masaya y en Monimbó. La ciudad está en ruinas y sus habitantes permanecen atrincherados, defendidos por las barricadas que llenan la ciudad y por los tranques que impiden entrar y salir de Masaya. “Creo que la saña contra nosotros se debe a que Ortega siempre pensó que Masaya, y sobre todo Monimbó, eran suyas, le eran fieles. Tal vez quiere acabarnos a todos, tal vez piensa es mía o de nadie”, dijo a una emisora radial un poblador.
No ha habido día ni noche sin heridos, sin ataques, sin una zozobra que dura horas. El 3 de junio, cuando fueron asesinados en Masaya 10 jóvenes y quedaron heridos unos 40, en un operativo combinado de antimotines y fuerzas parapoliciales, el sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel, que ha abierto el templo para refugiar gente, atender heridos y velar a los muertos, dijo: “Aquí se está cometiendo un genocidio, una cobardía genocida contra ciudadanos que tienen sólo como arma una piedra y un mortero. Masaya es hoy una ciudad fantasma, barricadas por todos lados, madres que lloran a sus hijos muertos, que buscan a sus hijos desaparecidos…”
¡QUE SE VAYAN!
El 14 de mayo antimotines y fuerzas de choque del gobierno desataron una fiera represión en Sébaco contra manifestantes, con el saldo de 16 heridos y un muerto. Para detener la balacera, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, atravesó la ciudad y la carretera al caer la tarde vestido con los más solemnes ornamentos y alzando la custodia con el Santísimo, la hostia consagrada que para el dogma católico es el mismo cuerpo de Jesucristo. En la noche lo seguían decenas de pobladores en una escena insólita.
El 15 de mayo, Managua fue testigo de una manifestación masiva de estudiantes de secundaria de decenas de colegios que reclamaban lo que todos: justicia con los asesinados, porque ¡eran estudiantes, no eran delincuentes. También coreaban ¡Que se vayan!. Todos en la rebelión cívica entendían ya que el primer paso para iniciar la democratización de Nicaragua pasa por la salida del gobierno de Ortega y de Murillo, incapaces ya de gobernar un país que se ha declarado en rebelión. Cómo y cuándo lograr del régimen su salida quedaba para el debate en el diálogo nacional
En este caldeado ambiente de protesta cívicas, de grupos cada vez más radicalizados que comenzaban a responder con lo que tenían a mano, de más muertos, y en una mezcla de esperanza e incertidumbre, llegó la CIDH a Nicaragua.
LLEGA LA CIDH
La CIDH había visitado Nicaragua por última vez en 1992. Pudo observar entonces los avances en derechos humanos logrados después de finalizar la guerra civil de los años 80. Vilma Núñez, presidenta del CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), dijo a Envío: “Desde hace ya quince años estuvimos procurando que la Comisión regresara a Nicaragua. Se hizo difícil. Pero desde que Daniel Ortega volvió al gobierno en 2007 ya fue imposible. Se negó de forma impenetrable a invitarla”
Esa hermética negativa la derribó la presión cívica diez años después. Ortega tuvo que ceder. Tras cuatro días de intenso trabajo en el país, mostrando en todo momento su alto nivel de profesionalismo y dedicación, y la inocultable conmoción ante muchos de los testimonios que escuchaban, los comisionados de la CIDH presentaron el informe preliminar de su visita el 21 de mayo.
UN INFORME DEMOLEDOR
El informe evidencia que en Nicaragua el Estado respondió a las protestas ciudadanas de abril de forma desproporcionada, valiéndose de agentes antimotines de la Policía Nacional, de ¬las fuerzas de choque del partido de gobierno y de fuerzas parapoliciales. El balance trágico de esa actuación criminal, origen de la actual crisis, atestiguado en el informe hasta el 21 de mayo era: 76 personas muertas, 868 heridas, 438 detenidas, cifras que al irse la CIDH continuaron incrementándose rápidamente. “Encontramos una situación muy grave de derechos humanos en Nicaragua, salimos muy preocupados del país”, dijo al llegar a Washington Paulo Abrao, director ejecutivo de la CIDH.
Nunca el régimen, que a través de sus cuerpos armados ya había cometido graves violaciones de derechos humanos durante estos años, especialmente en zonas rurales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, documentadas todas por los organismos nacionales de derechos humanos, se había visto ante una evidencia tan demoledora sobre el carácter criminal de su modelo de control social. Abril lo reveló.
“La brutalidad cualitativa con que actuó el gobierno en abril la vimos todos desde el primer momento. La dimensión cuantitativa de lo que hicieron no la imaginábamos. Pensé que el informe iba a ser más suave, me sorprendió la acuciosidad, nunca pensé que sería tan fuerte”, dijo la presidenta del CENIDH Vilma Núñez al conocer el texto que la CIDH dejó, como una herramienta más para la lucha cívica, en manos de la ciudadanía nicaragüense. Desde que salió de Nicaragua el 21 de mayo la CIDH siguió emitiendo comunicados desde Washington condenando la violencia, que no cesaba.
69% DICE QUE RENUNCIEN
El diálogo nacional se instaló el 16 de mayo. Los obispos actuarían como mediadores y testigos. En la mesa estarían de un lado los representantes del gobierno y del otro los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (estudiantes, campesinos, empresarios privados y miembros de la sociedad civil). Sobre la construcción de esta Alianza, uno de los recursos políticos más importantes logrados por la insurrección cívica, habla en páginas siguientes la jurista y feminista Azahálea Solís.
En vísperas de la instalación del diálogo, el día 15, los enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y manifestantes no cesaron. Causaron en Matagalpa un muerto y 40 heridos. Tampoco cesaron las movilizaciones. Ese día Managua vivió una multitudinaria manifestación en la rotonda Jean Paul Genie, uno de los centros de la capital en el que se reunían a diario personas de toda edad y condición.
En mayo, el gobierno, que ya había perdido las calles de la capital y de las principales ciudades, perdió también control sobre todas las rotondas de Managua, lugares que durante años ha ocupado para reunir a simpatizantes y a empleados públicos, a menudo para atacar a pequeños grupos que reclamaban. Después de abril, mantienen control únicamente sobre la rotonda que en la céntrica avenida Bolívar de la capital tiene una imagen de Hugo Chávez
¿CUÁNTOS SE HAN VOLTEADO?
El día antes de iniciar el diálogo, la empresa encuestadora CID Gallup presentó los resultados de un sondeo realizado a nivel nacional a 1,200 personas, entre el 5 y el 14 de mayo. El 69% de los consultados dijo que quería que Ortega y Murillo renunciaran al gobierno. Entre quienes así piensan un 30% se declararon sandinistas. El 78% opinó que el país “va por mal camino”. En la encuesta que la misma empresa había hecho en enero, sólo veía malo el camino un 35%.
Un cambio tan drástico comparado con resultados de anteriores encuestas, de la misma firma y en tan poco tiempo, lo explicaría una de las consignas que ha aparecido en las movilizaciones: “Daniel perdió al pueblo y el pueblo perdió el miedo”. Y lo ha perdido cuando el régimen ha mostrado su rostro criminal y cuando desafiarlo acarrea mayores riesgos.
También es evidente que mucha gente que simpatizaba con Ortega hasta abril “se le ha volteado”. ¿Cuánta es esa gente? ¿A pesar de las atrocidades que está ordenando, mantendrá Ortega su voto duro, que nunca fue mayoritario? El sondeo de CID Gallup indica que todavía un 29% tiene una opinión “favorable” (20%) y “muy favorable” (9%) de Ortega y el 31% dice identificarse con el FSLN. ¿Es temor, es vergüenza, es apego al líder? Es también reconocimiento por programas sociales del gobierno que, aunque con limitaciones, reflejaban sensibilidad social.
“¡RÍNDASE ANTE TODO ESTE PUEBLO!”
Desde un primer comunicado, los obispos dijeron que el diálogo nacional se celebraría en el seminario nacional y, por tanto, en “su cancha”, algo importante. No habría en el diálogo los enflorados escenarios donde la pareja gobernante celebra los actos en los que participa.
El día antes de la instalación del diálogo, Murillo anunció su presencia y la de Ortega en “este evento histórico”. Acompañados de tres de sus hijos, Daniel Ortega y Rosario Murillo se desplazaron hacia el seminario con un desmesurado aparato de seguridad, que esta vez incluyó dos helicópteros sobrevolando toda la ruta que hicieron por la capital. Al ingresar por el camino que lleva al seminario un grupo de mujeres se organizaron y no dejaron de gritarles “¡Asesinos!”
Se anunció que la instalación, que se transmitiría en directo, y a la que asistió todo el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, seguiría este protocolo: himno nacional, invocación a Dios de uno de los obispos, breve discurso de Ortega, oración por las víctimas de la violencia, canto en latín de la Salve. Al final, Ortega y Murillo de partirían con los asistentes.
Antes de que Ortega hablara, fue Lesther Alemán, un estudiante de Comunicación de la UCA, quien habló. Sin micrófono y con una firmeza que paralizó al país, este chavalo de 20 años encaró al mandatario: “¿Por qué asalto la palabra suya? ¡Porque nosotros hemos puesto los muertos, los heridos, los desaparecidos!... ¡Hemos aceptado estar en esta mesa para exigirle que ahorita mismo ordene el cese inmediato de la represión de sus tropas, de las fuerzas paramilitares, de las turbas!… Ésta no es una mesa de diálogo, ¡es una mesa para negociar su salida, y usted lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado!... En un mes usted ha desbaratado el país, a Somoza le costó muchos años, ¡y usted lo sabe muy bien!.. ¡Ríndase ante todo este pueblo!” Una escena inolvidable cuando se escriba la historia de esta revolución no armada.
“UN DISCURSO DECEPCIONANTE”
Un Daniel Ortega impávido y con un rictus de contrariedad escuchó del universitario lo que nunca había escuchado de nadie. En once años en el gobierno jamás ha aparecido Ortega en una rueda de prensa, jamás se ha dignado a conceder una entrevista a la prensa nacional, nunca ha respondido preguntas porque nunca las ha escuchado.
En su discurso, nada breve, no dijo nada que se pareciera a una disculpa por los muertos de abril o que expresara alguna responsabilidad en lo ocurrido. Más bien, se refirió a los 50 mil muertos de la guerra civil de los 80 y a los 2 mil palestinos heridos en Gaza esos días. Se limitó a señalar con preocupación “la violencia irracional, la violencia diabólica que ha explotado en nuestro país”, sin relacionarla con su origen: la represión con la que su régimen había respondido a las protestas ciudadanas. Y sin asumir responsabilidad en la irracionalidad de la violencia.
Las palabras de Lesther animaron a otros participantes a tomar la palabra fuera del guion estipulado. El obispo Abelardo Mata le dijo al mandatario lo que señalamos al inicio de este texto: estamos ante “una revolución no armada”. El ex-Ministro de Educación Carlos Tunnermann le dijo a Ortega cuán “decepcionante” había sido su discurso al negarse a aceptar la nueva realidad que muestra el país. Y Medardo Mairena, después de escuchar cómo había descalificado Ortega a quienes hacían tranques en las carreteras se puso en pie para aclararle: “Quiero que sepa, señor presidente, que los campesinos nos hemos unido a respaldar a los jóvenes. En los tranques no hay otras personas que nosotros. Somos nosotros quienes estamos ahí. Somos los campesinos, que nunca hemos sido escuchados”
Al final, los estudiantes volvieron a interrumpir el protocolo. Una muchacha, Madeleine Caracas, fue leyendo uno a uno los nombres de todos los asesinados en abril y el lugar donde cayeron. A cada mención seguía un vibrante ¡Presente! que coreaban los estudiantes.
“UNA PLAGA ESTÁ ASOLANDO EL PAÍS”
Después de su “solemne” instalación, el diálogo tuvo tres sesiones. La primera (18 de mayo) no fue transmitida en directo. Duró nueve horas y la delegación del gobierno la retrasó llegando dos horas más tarde de lo acordado. De esta sesión surgió únicamente una “tregua” de dos días, para el fin de semana. Ambas partes se comprometían, el gobierno a no ejercer la represión, y la Alianza Cívica a flexibilizar los tranques.
En vísperas de la tregua, días en que se cumplía un mes del trágico abril, fuerzas de choque del gobierno llegaron a la iglesia de Matiguás, con la intención de incendiarla, según los pobladores con la complicidad del alcalde. También hubo enfrentamientos violentos en la ciudad de Jinotega, cuando la población descubrió que el alcalde pretendía quemar el mercado de la ciudad.
Una consciente y organizada presión de la población jinotegana sentó en el banquillo de los acusados al alcalde incendiario y dos semanas después, una nutrida marcha que atravesó las calles de Jinotega consiguió lo que ninguna otra en ningún otro lugar: no sólo fue una movilización pacífica, sino que la Policía la resguardó para evitar incidentes.
“CONSPIRACIÓN DIABÓLICA”
Por hechos como éstos (incendios consumados o pretendidos, saqueos, destrucción de inmuebles, caos generalizado que dura horas), cada vez más frecuentes de día o de noche, en cualquier lugar del país, la población responsabiliza a alcaldes y a otras autoridades del gobierno, que pagarían a “vagos” o a pandilleros por realizarlos, o que los encomendarían a sus propias turbas.
Los medios del gobierno responsabilizan de todos estos incidentes a “grupos vandálicos de la derecha”. Murillo dijo en esos días que se trata de “una plaga que está asolando el país desde hace un mes exactamente”. Ya Ortega había dicho en el diálogo que se trata de una violencia “diabólica”. Dijo después que “el demonio estaba sacando las uñas”. Y en nota oficial, días más tarde, el régimen informó a la comunidad nacional e internacional que las acciones las realizan “grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias”, especificando también que la violencia viene de una “conspiración delincuencial que ha pretendido entregar el país al crimen organizado”
Esta “interpretación” de todo lo que está ocurriendo, repetida incansablemente por los medios oficialistas, que copia Telesur y algún que otro medio internacional, y algún que otro analista “de izquierda”, resulta extraña, hasta inverosímil.
¿DÓNDE ESTABA LA DERECHA VANDÁLICA?
No cuadra. Porque si antes del 18 de abril Nicaragua era “el país más seguro de Centroamérica” y la ejemplar Policía de Nicaragua garantizaba esa seguridad y era considerada la de mayor prestigio en la región, ¿cómo es posible que de la nada, y sin ser percibida por los órganos de inteligencia de esa Policía, hayan surgido tantos grupos vandálicos con capacidad de actuar tan activamente por todo el territorio nacional?
¿Dónde estaba hasta abril, dónde se escondía antes, esa derecha vandálica? ¿Y cómo pudieron esos vandálicos convencer de un día a otro a decenas, a cientos de miles de nicaragüenses, que no son violentos, para movilizarse en marchas multitudinarias rechazando al gobierno “cristiano, socialista y solidario” y respaldando el vandalismo?
¿Y cómo esa Policía ha resultado tan ineficiente para actuar cuando esos grupos vandálicos incendian, saquean o disparan indiscriminadamente en las calles? ¿Cómo no llegan los bomberos a los incendios ni la Policía detiene a ningún vándalo que comete esas fechorías…?
En los dos días de la tregua acordada en el diálogo (19-20 de mayo) hubo una marcha multitudinaria en la ciudad de León y grandes manifestaciones en Managua y otras ciudades y se flexibilizó el paso en algunos tranques. Sin embargo, el domingo en la noche fuerzas policiales rompieron la tregua atacando a estudiantes de la Universidad Agraria. La CIDH documentó este hecho, en el que hubo ocho heridos.
LA “ESCUELA” DEL DIÁLOGO NACIONAL
La tercera sesión del diálogo (21 mayo) fue transmitida en directo. Duró varias horas. Resultó un ejercicio de ciudadanía inédito. Seguir la sesión por televisión, radio o redes sociales se convirtió en una escuela en un país tan ajeno al debate y tan necesitado de él.
También inédito ver por primera vez en once años a funcionarios del gobierno emplazados a rendir cuentas. También pudimos observar su pobre argumentación y su nula capacidad de decisión porque consultaban permanentemente a casa presidencial qué decir, qué objetar, qué plantear…
Durante esa sesión se hizo público en Managua el informe de la CIDH. El gobierno aceptó que cumpliría las 15 recomendaciones que hace la CIDH, lo que creó la apariencia de un enorme logro. Pero, consistente con su lema histórico, “firmar me harás, cumplir jamás”, ese mismo día los grupos parapoliciales a los que se refiere el informe de la CIDH continuaron reprimiendo a la población.
A la vez, y en las redes sociales del gobierno, se continuó amenazando, denigrando, calumniando, criminalizando a estudiantes, a empresarios que participan en el diálogo, y especialmente a los obispos, particularmente a Monseñor Silvio Báez, violentando así la recomendación número 10 de la CIDH.
LA RUTA DE LA DEMOCRATIZACIÓN
Al término de la tercera sesión (23 de mayo) los obispos decidieron suspender la mesa de diálogo por no darse consenso entre ambas partes.
¿Qué pasó ese día? Confiando los obispos y la Alianza Cívica el tema de la Justicia por los asesinatos al compromiso asumido por el gobierno dos días antes -cumplir con las recomendaciones 3, 6, 14 y 15 del informe de la CIDH-, presentaron como agenda del día, y con el propósito de comenzar a debatirla, un documento que titularon “Ruta de la democratización”.
Ciertamente, el texto que leyó el obispo Rolando Álvarez era omnicomprensivo, implicaba la total refundación del Estado. (Ver contenido a continuación de este texto).
Lo que pretendía la Alianza Cívica presentando algo tan extenso era poner a prueba la voluntad del gobierno para comenzar a debatir concretamente cuándo iniciar la reforma parcial de la Constitución, camino que llevaría a adelantar las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y caribeñas “a la mayor brevedad posible”.
El Canciller Denis Moncada, al frente de la delegación del gobierno, dijo que lo que había escuchado de boca del obispo Álvarez era la “ruta de un golpe de Estado para derrocar al gobierno”. Fue el obispo Silvio Báez quien, considerando “la grave acusación” que hacía el Canciller, le aclaró qué era un golpe de Estado y qué era lo que ocurría: una crisis política que los obispos intentaban solucionar “en sintonía con la Carta Democrática Interamericana y la Constitución de Nicaragua”.
A partir de ese tenso momento todos los representantes del gobierno en el diálogo demostraron no estar dispuestos a abordar el tema de la democratización y pasaron horas insistiendo, en cada uno de sus turnos de palabra, en que se levantaran los tranques que ejercen presión en buena parte del país obstaculizando el tránsito durante horas, aunque no a las ambulancias ni a los vehículos que traen enfermos. Hasta poner fin a este texto (7 junio) cubrían el 70% de las vías del país.
“SI SE ATACA A UNO SE NOS ATACA A TODOS”
El diálogo no avanzó, quedó “trancado” por la insistencia del gobierno en que se levantaran los tranques.
Ya para entonces, el régimen estaba convencido de que la Conferencia Episcopal conducía y mediaba el diálogo en una dirección no esperada, inesperadamente infuncional a lo que querían del diálogo: una manera de quedar bien y de ganar tiempo. Siempre pensaron que tenían bajo control a los obispos… y en el diálogo los estaban viendo también en “santa rebeldía”
El 22 de mayo la Conferencia Episcopal denunció en un comunicado las amenazas que estaba recibiendo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, de parte de simpatizantes del régimen.
En él texto afirmaban los obispos que el pueblo de Nicaragua “atraviesa hoy una de las peores crisis de su historia tras la cruda represión por parte del gobierno de Nicaragua, que trata de evadir su responsabilidad como principal actor de las diversas agresiones”
Y refiriéndose la Conferencia a los ataques que recibía Báez y el resto de obispos, le advertían al régimen: “A pesar de estas amenazas, recordamos a nuestros agresores que somos un cuerpo colegiado y que si se ataca a un obispo o a un sacerdote se nos ataca a la Iglesia, y que no renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a todo el pueblo nicaragüense, que bajo el azul y blanco de nuestra bandera, ha salido a las calles a reclamar sus justos derechos”
continúa