No es que de repente el gobierno nicaragüense se hizo burgués y represivo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue burgués desde sus inicios como movimiento guerrillero, que terminó ganándose a las masas oprimidas y derrocó al gobierno de Anastasio Somoza. Su gobierno ha administrado los intereses de la burguesía, garantizando el control social con la demagogia, la politiquería y la represión.
Con el triunfo del chavismo en Venezuela, que levantó la bandera oportunista del “socialismo del siglo XXI” y con el surgimiento de un conjunto de gobiernos del mismo signo oportunista en Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, El Salvador y Honduras, el gobierno burgués nicaragüense no vaciló en alinearse con Venezuela y profundizar el populismo y la demagogia que ha permitido el próspero desarrollo de la explotación capitalista y la ampliación de las ganancias del empresariado.
El gobierno nicaragüense viene cumpliendo sus compromisos con el FMI, asumidos en el 2005, cuando se le condonó la deuda con ese organismo, siempre y cuando cumpliera con un plan de ajuste de la economía; a tal punto que en el 2012 la deuda de Nicaragua con el FMI fue de cero.
En el 2006 el gobierno de Nicaragua también firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
En acuerdo con empresas chinas el gobierno nicaragüense anunció en el 2014 la ruta definitiva del Gran Canal interoceánico: trazado de 278 Km de longitud, desde la desembocadura del río Punta Gorda, en la costa del Caribe, hasta la desembocadura del río Brito en la costa del Océano Pacífico. Este proyecto abre espacio para el choque comercial y geopolítico entre Estados Unidos y China y se estima que requerirá de por lo menos 50.000 asalariados.
De esta manera en Nicaragua los negocios del empresariado capitalista han marchado bien, aunque con algunas diferencias con el FMI en torno a las políticas a abordar en relación con las pensiones y la seguridad social. Así mismo el gobierno ha tenido que manejar las contradicciones políticas con Estados Unidos por la penetración de los capitales chinos principalmente.
Durante muchos años Nicaragua no ha estado en las primeras planas de los medios internacionales. Aunque ciertamente los medios de comunicación, privados y públicos, solo dicen lo que a la burguesía le conviene divulgar, con sus versiones deformadas de la realidad, lo cierto es que había pasado mucho tiempo en que no circulaban noticias importantes sobre conflictos de trabajadores, sobre la situación social de los asalariados y sobre la acción represiva del gobierno nicaragüense. Pero al igual que en un volcán, la lava y la presión se va acumulando, hasta brotar la lava de la lucha originada en la contradicción capital – trabajo
. A partir abril de 2018 se derramó la sangre en Managua y luego en todo el país la sangre de más de 70 muertes y más de 400 heridos, tiñó el pavimento de rojo. Un estallido espontaneo de ira y de protesta, sorprendió tanto al gobierno como a los diferentes movimientos y grupos políticos de diferente signo. Solo en Managua hubo por lo menos 27 muertes, pero la masacre ejecutada por el gobierno burgués encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se extendió también a las ciudades de Masaya, León, Estelí, Bluefields y Matagalpa.
La desproporcionada respuesta militar y policial contra los manifestantes, se produjo luego de más de una década de férreo control político y represivo sobre las masas y de un profundo proceso de anulación de las organizaciones de lucha económica y reivindicativa de los trabajadores y de profundización de la corrupción y entreguismo de los sindicatos existentes. Por eso la reacción de las masas contra la reforma al seguro social, necesariamente tuvo que ocurrir de esta manera, espontanea y anárquica, ya que no hay formas organizativas clasistas y de base que puedan canalizar y dirigir estas luchas.
El número de trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) descendió en marzo 2018 un 1,5% respecto al mismo mes de 2017. En marzo de 2018 la afiliación al INSS se ubicó en 896.869 trabajadores frente a los 910.621 empleados de marzo de 2017. El salario promedio nominal mensual de los afiliados se ubicó en 10.737,8 córdobas (unos 342 dólares) en marzo. Entre abril 2017 y abril 2018 la tasa de inflación fue de 4,75%, mientras el salario real se ubicó en 4,828.7 córdobas de 2006. No obstante, el empleo informal en Nicaragua, con bajos salarios y sin acceso a la seguridad social, continúa siendo superior al 70 por ciento. Todo esto considerando que su población total es de 6.279.712 habitantes
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población económicamente activa (PEA) representa el 50% de la población, pero abarca a desempleados en busca de empleo y las personas que laboraron por lo menos 1 hora. La agricultura es una de las principales actividades económicas de Nicaragua y representa el 60% de sus exportaciones y por tanto una importante fuente de empleo. Cuenta con algunos núcleos industriales y explota algunos minerales preciosos
El gobierno nicaragüense anunció un conjunto de reformas orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto Nicaragüense del Seguridad Social (INSS), reformas que había venido negociando con el empresariado, representado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). El gobierno no logró un consenso con el COSEP y aún así anunció la Resolución 1-317 del INSS, que elevaba el monto de las cotizaciones que las empresas y los trabajadores hacen al sistema de pensiones del país. El COSEP rechazó la resolución porque incrementaría sus costos laborales y lanzaron toda su perorata sobre la disminución de la competitividad y la capacidad empleadora de las empresas. Es decir, el COSEP rechazó la resolución no porque le interesen los trabajadores y sus pensiones, jubilaciones y seguridad social, sino porque representaba una amenaza al margen de ganancias de las empresas.
El gobierno manifestó que el INSS se quedaría sin dinero para pagar pensiones antes de terminar el 2018. Por eso esta medida contemplaba que los trabajadores asegurados cotizarían más (aumentando de 6,25 a 7%), los empresarios cotizarían mucho más (aumentando de 19 a 22,5%), a los jubilados se les descontaría cada mes 5% de su pensión y el Estado contribuiría, aunque con lo mínimo. El impacto de la medida sobre los trabajadores era inmediato. La Unión Nacional de Empleados (UNE), respaldó la reforma a la seguridad social. No faltaron algunas pequeñas concentraciones de trabajadores del sector público que manifestaron su apoyo a las reformas adelantadas por el gobierno y rechazaron la “violencia desestabilizadora de la derecha”
Por supuesto que el discurso oficial, como el de todos los gobiernos “obreros” y “progresistas” de América Latina alineados con el “socialismo del siglo XXI”, fue que esta medida se tomó como una expresión de su conflicto con los empresarios, por la defensa de los trabajadores y para no doblegarse ante el FMI. En este discurso son acompañados por el oportunismo internacional que plantea que Ortega se enfrentó al FMI y defendió a la “clase obrera” y que la “derecha imperial” reaccionó para desestabilizar su gobierno
El gobierno nicaragüense pensó que controlaría la reacción social como en el pasado, utilizando sus colectivos o brigadas de choque violentas, pero no fue así y fue sorprendido por el masivo rechazo de las masas en las calles. Aunque los estudiantes universitarios tomaron iniciativas de calle con su sello de clase pequeño burgués, rápidamente se incorporaron las amplias masas que se movilizaron desde los barrios.
Comenzaron a surgir barricadas y enfrentamientos callejeros. El gobierno nicaragüense canceló el wi-fi gratuito que había instalado en todas las plazas públicas desde el 2014, considerando que esta plataforma servía de soporte a las redes sociales a través de las cuales se estaban articulando acciones de protesta. La situación alcanzó tales dimensiones que el gobierno resolvió llamar al diálogo al empresariado para revisar las reformas al INSS
El empresariado, representado por el COSEP, convocó a una marcha el 23 de abril en Managua. La población capitalina se sumó a la marcha empresarial y la desbordó. Luego de la marcha se planteó incorporar a los estudiantes y a la iglesia al diálogo. El 28 de abril fue la iglesia la que realizó una “Peregrinación por la Paz”, que de nuevo tuvo una participación multitudinaria de las masas. El gobierno por su lado realizó el 30 de abril la movilización correspondiente al 1ro de Mayo, cerrada con el discurso del presidente Ortega
Los movimientos de oposición ven en esta coyuntura la oportunidad de acrecentar sus mermados liderazgos. Si la burguesía determina que el gobierno del FSLN no le garantiza la continuidad de la explotación de los asalariados en un ambiente de paz social, como en los últimos años, tendrá la opción de optar por los opositores, que igual garantizarán sus intereses.
El COSEP rechaza la reforma del INSS porque afecta sus intereses, pero los empresarios se han beneficiado del gobierno que los ha liberado de muchos impuestos y les ha facilitado la explotación a los trabajadores. El COSEP, así como hoy los empresarios en todo el mundo y el FMI, es partidario del aumento de la edad de jubilación a más de 70 años y del aumento de las semanas de cotización.
El signo burgués que toman las negociaciones queda claro en la agenda del diálogo: a) investigación de los asesinatos durante las manifestaciones, b) reformas al sistema electoral para garantizar elecciones “libres y transparentes”, c) reformas institucionales que garanticen el “Estado de Derecho” y la eliminación de la corrupción, d) resolución de la crisis del INSS. Ambos bandos políticos burgueses, gobierno y oposición, actuarán para evitar que las masas de los asalariados se unan y organicen por la base en torno a consignas propias, como exigencia de aumento salarial, reducción de la jornada de trabajo y reducción de la edad de jubilación
Durante el mes de mayo han continuado los cierres de carreteras, las barricadas y los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Parte de las trancas de carreteras han sido ejecutadas por el “movimiento campesino anticanal”, en defensa de sus tierras. También comenzaron a realizarse saqueos a los comercios. Por lo tanto se ha seguido ampliando la lista de muertos, heridos y detenidos. El 13 de mayo se realizó una caravana de vehículos con numerosa participación que partió de Managua hacia Masaya, en respaldo a esa ciudad donde los enfrentamientos el sábado 12 dejaron al menos 1 muerto y unos 150 heridos.
El presidente Daniel Ortega anunció el 22 de abril la derogación de la reforma de la seguridad social en Nicaragua. Pero la oposición está impulsando la exigencia de la renuncia de Ortega o la convocatoria a elecciones. El 12 de mayo el Ejército Nicaragüense emitió un comunicado a través del cual hizo un llamado a la “no violencia” y dio respaldo al diálogo. El 14 de mayo el gobierno anunció que autorizó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita de trabajo para observar la situación de los derechos humanos en el país, luego de la muerte de al menos 54 personas.
Mientras tanto no se perfila una participación independiente de la clase obrera, ni se observan sus consignas, ni toman cuerpo sus formas de lucha, dentro de las que destaca la huelga.
Ya sea que luego de esta coyuntura se mantenga el gobierno del FSLN o ya sea que los opositores tomen el control del gobierno, los trabajadores nicaragüenses no tienen nada que esperar del gobierno burgués. Al igual que en todo el mundo los trabajadores nicaragüenses deberán transitar el camino de la unidad y organización por la base, para reanudar la lucha reivindicativa y de clase, al margen de los sindicatos patronales del régimen y de los llamados a las salidas electorales y de defensa de la patria y la economía nacional, proclamada por todos los oportunistas.
Partido Comunista Internacional mayo de 2018