Comenzamos a publicar un Capitulo de Ecos revolucionarios. Luchadores sociales, Uruguay, 1968-1973 de Rodrigo Vescovi en el marco de los 45 años del Golpe de Estado, que disuelve las cámaras y como forma no solo de recuerdo y homenaje, a los caidos sino también para profundizar el debate
cap.V.2.1
«Sin velos y sin máscaras. Nadie puede sorprenderse. Esta ominosa caída del 27 de junio es el resultado de un proceso que se inició hace tiempo y que se cumplió paso a paso, a la luz del día. Todo se consumó; pero algo se ha ganado de todos modos. Ya rasgado está el velo y caída la máscara.»/92
Para Aharonián, «el fascismo significa el último manotazo de un sistema social que no quiere irse. Es la sacada de máscara del sistema democrático burgués, la cara real del sistema democrático burgués que cuando se ve acosado es fascista y cuando no está acosado se hace el democrático».
Estas citas son algunas de las conclusiones de quienes vivieron el proceso represivo de la democracia-dictadura capitalista; el paso de la dictadura constitucional o parlamentaria a la militar. Como se ha ido viendo a lo largo de la obra y como a continuación se observa, el sistema democrático burgués no implica ausencia de represión terrorífica y masiva. Es un error afirmar que la picana es fascista y el diálogo parlamentario, democrático, es falsa la disyuntiva democracia-dictadura. El submarino, la «libertad» de prensa, la militarización, el voto, la censura, las violaciones a las prisioneras, el permiso para fundar un partido político, los allanamientos y la presencia de militares en los liceos son todos fenómenos democráticos
En Uruguay, al menos, se dieron en democracia; si por ésta se entiende la presencia de un gobierno y un parlamento elegidos por sufragio universal. En la actualidad, muchos relacionan el comienzo de la represión con el de la «dictadura», es decir con el período iniciado tras el golpe de estado. Esto es una equivocación. Es evidente, aunque no se recuerde ni se diga, que la tortura y la cárcel también se aplicaron de forma masiva antes de la disolución de las Cámaras. Las prácticas represivas son características de la dominación de los explotadores sobre los explotados y necesarios para la perpetuidad del democrático sistema de explotación del hombre por el hombre/93
Así fue comprendido y denunciado en el Uruguay, uno de los países donde más claramente el propio Poder Ejecutivo y el Parlamento, elegidos democráticamente, dieron entrada a los militares. Para algunos, «fascistas»; según otros, «democráticos» /94 «Todos tenemos, en estos últimos tiempos, tendencia a fijar nuestra mirada hasta el punto del hipnotismo en –pongamos por caso– la siniestra figura de Gavazzo, olvidando por forzoso adormecimiento, mirar los hilos que manejaban a Gavazzo para, a través de ellos, llegar a las manos del titiritero. Corremos el grave riesgo de creer que desaparecido el muñeco se acabó el problema y dejaremos sin denuncia a quien los fabrica y maneja. A fin de cuentas los asesinos y torturadores no son más que instrumentos [del sistema democrático burgués que los tiene en reserva hasta cuando los precisa, podría haber añadido].»/95
Para muchos, la justicia pasa por condenar, únicamente, a los «ejecutores directos» de las represalias y no a quien los prepara y necesita: la burguesía, el sistema de producción capitalista, la democracia, la Constitución y los políticos uruguayos que entre 1968 y 1973 encomendaron la represión y dieron el protagonismo a los militares/96 Los políticos más conservadores del Partido Blanco y del Partido Colorado votaron, por ejemplo, el Estado de Guerra Interno sin importarles que eso significara la entrada definitiva de las fuerzas armadas en la escena política nacional. Los menos conservadores lo hicieron, aunque a regañadientes, porque temían mucho más el proceso que podía desencadenar una insurrección social, que una «cruzada» militar
«Es bueno recordar que la jeta tétrica de la dictadura del capital, la represión abierta, las decenas de miles de torturados y presos, no son el patrimonio exclusivo de los militares que se cagaron en la Constitución en el año 1973; sino que fue gloriosamente compartida por un gobierno y un partido democráticamente elegido el Partido Colorado; y que contaba, además, con la complicidad parlamentaria de todos los partidos “antidictatoriales” de hoy (Partido Nacional, Frente Amplio). Recordemos también el papel que jugaban entonces los líderes de la actual [1983] oposición burguesa: Jorge Batlle estaba abiertamente con el régimen; Ferreira Aldunate apoyaba parlamentariamente casi todas las medidas y Seregni, como jefe de la principal región militar, dirigía la represión necesaria en la aplicación de tales medidas cuando se declara la huelga en la banca privada.»/97
Este fragmento, escrito años después del período, trata un tema hasta ahora poco debatido: la complicidad parlamentaria del Frente Amplio en el proceso represivo. Aún cuando sea exagerado vincular el accionar político de esta coalición con la represión, ya que nunca votó ninguna medida en ese aspecto, para algunos sectores su permanencia en las Cámaras significó legitimar el gobierno y con ello la coacción generalizada: «Un grupo de parlamentarios respetables que salvo honrosas excepciones se lavan las manos cuando oyen hablar de subversión y de tupamaros; que no desperdician oportunidad para calificar a las organizaciones armadas de “terroristas y salvajes”, que hablan de pacificación cuando saben que esto no puede significar otra cosa que desmovilización popular, que es precisamente lo que interesa al gobierno y que es precisamente esto lo que hacen; que ensalzan a “las instituciones democráticas”, a la Constitución y a la Ley cuando son esas instituciones, esa Constitución y esas leyes las que encubren la acción del fascismo, la explotación económica de las masas populares, los campos de concentración en los que actualmente se encierran por millares a los luchadores sociales, la tortura y el fusilamiento; que impiden la movilización de las masas -que les interesaba mucho cuando se trataba de acumular votos en las urnas y la sustituyen por discursos y protestas en las cámaras, que para nada sirven; que dialogan con Bordaberry cordialmente cuando saben que éste comanda un gobierno de verdugos y hambreadores, cuando saben que ese gobierno es una dictadura surgida de las elecciones más mugrientas de nuestra historia de acuerdo a las mismas palabras del Frente en aquel entonces.
No son todos los dirigentes y partidos del Frente los que están actuando de este modo. Eso queremos dejarlo bien claro. Dentro del Frente también existen sectores revolucionarios que están en minoría. Pero los partidos que le imprimen la orientación oficial sí lo están haciendo, desembozadamente.»/98
Este texto sintetiza varios puntos importantes. Uno de ellos apunta a la culpabilidad de la propia Constitución uruguaya y a la fórmula constitucional en general. En esa Ley Suprema estaban explícitas o implícitas las formas de represión e intervención estatal aplicadas a los luchadores sociales en Uruguay. Y si alguna no estaba, la Constitución podía facultar a cualquiera de los tres poderes su implantación. Algunas peticiones de ciertas autoridades nunca llegaron a ser aprobadas. En 1970, un sector del gobierno pidió a la Corte Suprema que aprobara inyectar a detenidos pentotal /99 Esta petición se basaba en la «necesidad» de conocer el paradero de personalidades secuestradas por la guerrilla. También hubo quien quiso legalizar la tortura, pero la Corte Suprema y el Parlamento siempre se negaron a ello, aunque castigaron a quienes luchaban contra su aplicación y no a quienes la ejecutaban. Algo parecido sucedió con la escalada represiva iniciada el 27 de junio de 1973, situación no contemplada por el Parlamento y la Constitución /100
En 1985, una vez repuestas estas instituciones, no hubo actos de castigo contra los militares, quienes habían impulsado esas violaciones. Sin embargo se siguió aprobando la intervención policial contra las movilizaciones. Es dable pensar que seguramente reprimirán, con la misma saña, todo conato revolucionario que pueda surgir.Todas las constituciones del mundo castigan, con varios años de cárcel, a cualquier organización que use las armas para incidir en la sociedad o transformarla/101
Pero también penaliza aquellos que, sin recurrir a la lucha armada, utilizan otros medios con el mismo fin. Las constituciones, además de «garantizar los derechos individuales», crean mecanismos de defensa al sistema dominante e intentan impedir la insurrección popular o su previa organización, a través de conceptos delictivos como asonada, sedición y conspiración contra la Constitución en grado de colaboración o de hecho. En Uruguay, la Ley de Seguridad del Estado, aprobada por el Parlamento en 1972, establecía una pena de diez a treinta años de prisión por el hecho de «asociarse para atentar contra la Constitución». Por todas estas razones, los sectores más radicales de aquel entonces no dudaron en tildarla de salvaguarda de la clase dominante y documento legitimador de su represión.
«Que en consecuencia nuestro sindicato, ni apoya ni alienta ningún golpe militar, cualquiera sean sus características. Tampoco defiende la legalidad actual, pues se daría el hecho insólito, que al defender con huelga general la constitución burguesa y las instituciones de esas constituciones nacidas allí, se estará implícitamente defendiendo a los responsables directos de la miseria, de las torturas, de las persecuciones que hemos sufrido.»/102
Incluso políticos con una larga trayectoria en el Parlamento, e inclusive antes de los convulsionados años sesenta, reconocían que la Constitución beneficiaba, casi siempre, a los sectores más adinerados. Alba Roballo, en la Asamblea General del 13 de agosto de 1959 y representando al Partido Colorado, manifestó:
«Tenemos la seguridad de que siempre que suba la reacción a ocupar las posiciones de gobierno, torcerá los textos constitucionales para reprimir a las clases obreras, para reprimir a las fuerzas populares, y para subyugar las aspiraciones económicas de los que están abajo.»/103
En 1968 y 1969, en varias ocasiones, se «sacó del patio trasero» a la soldadesca para militarizar a diversas empresas. Las distintas lecturas de la Constitución sobre este episodio se pueden resumir en dos posturas: para algunos era anticonstitucional; para otros, en cambio, una huelga en determinadas empresas equivalía a una catástrofe natural, por lo tanto consideraban legítima la intervención castrense. Licandro, uno de los políticos frenteamplistas más relevantes de aquel período, general y jefe de la Región Militar nº 3 hasta poco antes de ingresar en el Frente Amplio, declaró que ante una «huelga bancaria [se hacía necesaria] la movilización del personal y la militarización. Hay leyes que obligaban a eso. Empleo de las fuerzas armadas para [asegurar] los servicios esenciales»
Esta contradicción se llegó a manifestar entre dos de los poderes durante la militarización bancaria. En este caso, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional, pero pese a ello el Ejecutivo dio la orden de mantener la medida. Esta discrepancia demuestra que la balanza de la justicia, en la interpretación de la Constitución, se inclina algunas veces hacia el lado más coercitivo y otras hacia el más tolerante. Pero al fin y al cabo, los hilos de ésta penden de las manos de la clase dominante. En Uruguay, el régimen y sus guardianes recurrieron a las más diversas «lecturas» de la legislación vigente y no dudaron en usar las artimañas que fueran necesarias para llevar a cabo el proceso represivo
En 1971, tras la fuga de los 111 presos, el gobierno decide encomendar la lucha antisubversiva a las fuerzas armadas. Sobre el creciente protagonismo castrense, en la hasta entonces civilista sociedad uruguaya, es interesante leer el testimonio de Juan Pablo Terra
«Recuerdo que una vez un norteamericano decía “para acabar con la guerrilla hay que soltar los perros, pero el problema es cómo se hace luego para sujetarlos”. Esos oficiales que salían a la caza de tupamaros, tenían servicios de inteligencia centralizados con información y todo eso, pero les habían dado las garantías de que podían aplicar los métodos que quisieran que igualmente nunca los iban a responsabilizar.»/104
Por los episodios aquí relatados es absurdo afirmar que la dictadura-represión se da a partir del 27 junio de 1973, fecha en la que sí se produce la dictadura-disolución de las Cámaras. En cierto sentido, eran absurdas las preocupaciones del primer período de investigación, cuando se pedía a los entrevistados que pusieran fecha al inicio de la «dictadura», pues ésta siempre estuvo guardada en el «armario de la rimbombante democracia», para cuando se necesitara. Hubiera sido mejor preguntar cuándo sacaron las medidas comúnmente denominadas dictatoriales del sistema democrático burgués.
Víctor Semproni, vicepresidente de la CNT, en febrero de 1970, ante la imposición de una nueva medida represiva del régimen, declaró: «Considero que es un nuevo eslabón de la cadena de ataques del Poder Ejecutivo contra el pueblo. En definitiva, es una demostración de la existencia de la dictadura»/105
Sin embargo para el PC, la «dictadura» comienza en 1973, con la disolución de las Cámaras. Otros sectores, como los tupamaros, sitúan su inicio mucho antes. «Nosotros siempre sostuvimos que la dictadura de hecho empezó en el 68 –afirma Huidobro–. La dictadura comenzó con la muerte de Gestido, la fecha digo, fines del 67. Y no somos los únicos que sostuvimos eso, incluso sectores burgueses»
Las tres fechas mencionadas en el párrafo anterior –1968, 1970, 1973– se refieren al inicio de la dictadura. Más que buscar el hito histórico del proceso mencionado, la discusión que pretende plantear esta investigación se sitúa en un plano más conceptual, la ligazón entre democracia y dictadura; y la de estos dos fenómenos con una sociedad dividida en clases.
Este problema de definiciones ya estaba presente en las discusiones del período 1968-1973. Prueba de la intensidad y la dificultad de ese debate es su reaparición en las declaraciones de algunos testimonios. En la entrevista con Huidobro el debate fue en estos términos: «–Pero el tema –se matizó, cuando Huidobro fijó el inicio de la dictadura en 1968– es que la Constitución y el gobierno, ya tenía contempladas todas las medidas represivas. Hoy mismo, en cualquier democracia del mundo, si creas un grupo armado te condenan a treinta años de cana.
–Y en cualquier país socialista también –añadió él–. Y los anarquistas también te van a meter en cana donde intentes cambiar su sistema. Te van a curtir a palos. Eso existe en toda legislación y existirá en toda legislación.
–¿En el seno del MLN, eran conscientes que eso podía ocurrir?
–Sí, sí, pero cuidado que hay límites. Hablando de democracia burguesa. Bueno. La democracia burguesa ofrece ciertas garantías formales, todo macanudo [correcto]. Yo le acepto. Cuando las está ofreciendo reconozco que las ofrece. Pero cuando ella misma, diciendo que las ofrece, no las ofrece; yo no le acepto ya más. Le digo “ni siquiera tu propia legalidad estás respetando”. Y ellos en el 68 empezaron a violar su propia legalidad burguesa, no la mía, su propia constitución comenzaron a violar, no la mía. Comenzaron a violar la constitución del 66, que es de ellos, no es mía. Hay sectores burgueses que decían, refiriéndose a otros burgueses, que esos burgueses estaban violando la constitución burguesa y tenían razón, la estaban violando. Entonces, yo no le acepto ni a los burgueses ni a la gente de izquierda reformista que me diga que había democracia burguesa en el 68. ¡Ni burguesa había! Y tengo elementos para demostrarlo. Entonces, por qué voy a otorgarles incluso ese argumento, diciendo que toda democracia burguesa es igual, y que todo es lo mismo. Ya sé que la democracia es una dictadura de clase, eso ya me lo leí todo, lo sé. Pero no es eso lo que estamos discutiendo. Acá estamos discutiendo una cosa peor. La Constitución que ellos mismos habían inventado la tuvieron que dejar de respetar, dejaron de respetar las mínimas garantías individuales, de derecho y legales. Transgredieron su propia legalidad y fueron ellos los primeros, no fui yo [...]. La historia de América Latina es la historia de los golpes de estado [...]. Y contra eso, estaba más que legitimado el levantamiento popular [...]. Entonces cuando nos dicen: “Ustedes se levantaban contra la Constitución” Yo digo: “¡pelotas! ¿Qué Constitución? Si ustedes ya la habían hecho mierda, su propia Constitución”. Está más acá de la discusión teórica de que si la democracia burguesa es una dictadura de clase o no. Mucho más acá. Eso está bien para Europa.»/106
La hipótesis de Huidobro, sobre el no respeto de la burguesía a su propia legalidad, no considera que casi siempre que se dejaron de respetar las mínimas garantías individuales, de derecho y legales, fue en aplicación de las medidas prontas de seguridad, incluidas en el texto constitucional, y aprobadas por el Parlamento/107
Acierta, aceptando la falsa disyuntiva democracia-dictadura, cuando señala que en la época de la «teórica democracia» se negaba la situación «dictatorial». Curiosamente, en la denominada «dictadura» se negaba tajantemente estar en tal situación /108 La declaración, realizada el 7 de julio de 1973 por el presidente del gobierno y uno de los artífices del golpe de estado, así lo demuestra.
«Quienes califican de dictadura esta situación no me agravian a mí mismo sino al pueblo uruguayo, que nunca toleró dictadura, según lo demuestra su historia. Por esta razón y por mis propias convicciones no osaría yo inventar siquiera una dictadura en el Uruguay.»/109
Por todo lo citado –y las palabras del demócrata o dictador, como se prefiera describirlo, presidente del gobierno– no se debe olvidar la represión, sufrida por todo aquél a quien el régimen consideraba peligroso –fuera o no luchador social–, ni su brutal expansión tras el golpe. En 1974, ésta se extendió a periodistas y personas relacionadas con el mundo de la cultura. Fueron sometidos a la justicia militar por propagar «la apología de la sedición», entre otros, Quijano, Alfaro y Onetti; se prohibieron films como Jesucristo Superstar y, por supuesto, La Patagonia Rebelde. Sin embargo, las relaciones diplomáticas con la URSS continuaron. Tampoco se puede olvidar el giro castrense de 1976 que provocó la terrible persecución, sobre todo, de los incansables militantes del Partido Comunista /110
En 1978, uno de cada cuatrocientos cincuenta uruguayos estaba preso y la tercera parte de la población, exiliada.
En la hipótesis: «democracia y dictadura: el sostén del estado» no se hace, únicamente, una constatación del pasado, sino también un problema del presente y del futuro. Sobran los ejemplos en la actualidad de regímenes denominados democráticos que disparan a matar a los luchadores sociales. Si en el futuro, y en caso de revuelta social, los políticos cómplices legalizarán o no una represión parecida a la del pasado, para algunos es una incógnita, para muchos de los luchadores sociales, una realidad. María Barhoum inició la charla declarando: «No voy a dar nombres, porque no creí ni creo, ni creeré, nunca, en la democracia»/111
Sería también una ingenuidad afirmar que la ascensión de Pacheco a la presidencia, cual monstruo culpable, fue lo que provocó el incremento de la violencia estatal. Primero porque Pacheco, en el fondo, sólo fue un mero títere ejecutor de la política de la burguesía;/112 y segundo porque aunque con su gobierno la represión aumentó en todos los aspectos, antes de él y en determinadas ocasiones, ya se había dado de forma masiva.
Lo evidencia un episodio ocurrido dos años antes de su presidencia, cuando la policía agredió no sólo a militantes sino a proletarios en general, sin importar la edad que tuvieran. En el período de estudio, la represión se centró principalmente en los luchadores sociales; pero también se ha explicado, que en numerosas protestas, los milicos cargaron contra todo bulto móvil, ajeno a ellos
En octubre de 1966, la policía desaloja el puente del Cerro, tomado por los empleados de los frigoríficos, ante la inminente ola de despidos. Una testigo relata lo sucedido desde el momento de la ocupación
«Vinieron como a las once caminando con las mujeres y los chiquilines y se sentaron en la calzada del puente... –¿No hicieron barricadas en el puente?
–¡Qué iban a hacer! Las hicieron después, cuando, si no se protegían, los mataban. Desde aquí yo los veía bien y cuando empezaron a llegar los camiones con policías, me di cuenta que los iban a masacrar. Pero le aseguro que aquí en el Cerro nunca se había visto nada igual, ni siquiera en 1957. Cuando se armó el lío en el puente. Los policías bajaron corriendo, como cien tipos con cascos blancos tirando tiros. Parecía una guerra. La gente se desparramaba por todos lados, y después, con los caballos, los apretaban contra la pared y les partían la cabeza. Algunas mujeres con chiquilines en brazos se metieron en la escuela, que estaba con el patio lleno de alumnos. Una autobomba los enfocó y los bañó a todos con la manguera. Las maestras se caían de rodillas, cubriendo con el cuerpo a los niños. Y esos animales, meta palos. Póngale que yo lo vi. Un milico me gritó que me metiera para adentro y en ese momento llegó mi nena de la escuela. Sin que tuviéramos tiempo, una autobomba nos barrió con la manguera. Mi hija pudo entrar. Le aseguro que si llegan a tocarla o a lastimarla, yo mato a alguien, le aseguro.»/113
Con la presidencia de Gestido, y sobre todo con la de Pacheco, quien amenazó con disolver las Cámaras en 1969, las medidas prontas de seguridad eran tan comunes que, irónicamente, se decía: «La Constitución propone y Pacheco Areco dispone». Al respecto, el diputado Collazo manifestó:
«Nos encontramos dentro de este régimen de medidas ordinarias de seguridad, ya que hace un buen rato que han dejado de ser medidas extraordinarias, para transformarse en el sistema normal del derecho de la República, basado en un solo artículo de la Constitución, y además violado.»/114
Estas medidas, previstas para casos de «conmoción interna», consistían en la supresión de las garantías individuales y eran el equivalente del Estado de Sitio que se aplicaba en otros países. Una especie de carta blanca para la actuación de las fuerzas del orden, como, por ejemplo, detener a sospechosos por un tiempo indeterminado y a huelguistas debido a la supresión del derecho de huelga.
La represión ordenada, por el Ejecutivo primero y las FFCC después, no fue sólo para acabar con los grupos armados y la combatividad de los luchadores sociales en su conjunto, ni solamente por la supervivencia de esas instituciones, sino también por intereses económicos de capitales nacionales e internacionales. Para que el Uruguay se consolidara como la caja fuerte del Cono Sur, no bastaba el secreto bancario; también debía ofrecer seguridad. Era preciso poner a salvo la Suiza de América de las convulsiones sociales. El capital exigía garantías. Por ello, hay quienes consideran el golpe de estado como un hecho independiente de la existencia de grupos armados y/o como respuesta a la militancia masiva. De hecho, los rumores de una intervención militar son anteriores a estos dos fenómenos, una vez constatada la crisis /115 Huidobro se pregunta: «¿Qué es antes? ¿Que nosotros nos armamos, o que ellos amenazan con el golpe? […] ¿El huevo o la gallina?».
La violencia que sufrieron los luchadores sociales fue aceptada e incluso aplaudida por algunos ciudadanos sin apenas recursos económicos, pero con miedo al cambio y gran sentimiento democrático. La «salvación» de esta parte de la población fue la excusa y el sustento teórico en el que se basaron las instituciones democráticas y las fuerzas conjuntas para aplicar las medidas contrarrevolucionarias
«Nosotras las viejitas democráticas ni huesos conseguimos para el caldo pero como escuchamos Radio Carve nosotras le tenemos miedo al cambio.»/116
La justificación ideológica del accionar militar de las fuerzas armadas se apoyaba en la defensa de los derechos democráticos y en la salvaguarda de una nación y un sistema amenazado por el «peligro rojo»
La Constitución y las normas legales vigentes revistieron a las intervenciones castrenses de legitimidad institucional, por lo menos, hasta el golpe de estado. Así queda de manifiesto en un escrito de la Junta de Comandantes en Jefe, demasiado sincero para quienes hoy quieren lavarse las manos en su complicidad con la tortura y la cárcel, que evidencia el acuerdo de todos los reaccionarios-burgueses en la salvaguarda del sistema capitalista
«El gobierno se ciñó tan estrictamente a las normas legales, que debió pedir reiteradamente al Parlamento la sanción de una legislación especial de salvaguardia del orden público, a fin de contrarrestar la ineficacia de los métodos judiciales que, con una prístina inocencia legal, amparaban las actividades terroristas, sin garantías ni seguridad de ninguna especie para la paz pública, la libertad y los derechos de los habitantes.»/117
Es importante remarcar que el Parlamento permitió tanto la represión «legal» como la «ilegal»/118 De ahí las iras de muchos militares cuando se acababa la dictadura militar y se hablaba de la posibilidad de que el Parlamento permitiese castigar a quienes hubiesen violado los derechos humanos.
«Lo que resulta inadmisible y hasta grotesco, es que se pretenda rever con instrumentos jurídicos que no sirvieron para enfrentar a la subversión, la situación de quienes la integraron, y menos aún, la de quienes con valor y patriotismo la combatieron.»/119, manifestaba el militar Washington Varela el 18 de mayo de 1984
De todos modos, las autoridades y gran parte de la población opinaban algo parecido a este general, lo que permitió que, una vez cambiada la dictadura militar por la constitucional y en todos los gobiernos democráticos posteriores, ningún miembro de las fuerzas conjuntas fuera castigado por sus atropellos del pasado. Y eso a pesar de que los malos tratos denunciados en la Cámara de Senadores, como el de julio de 1985, fueran de los más canallescos y no tuvieran demasiado que ver con la lucha antisubversiva sino con la violación a prisioneras:
«Me desnudan y me cuelgan de las muñecas, los brazos hacia atrás. Estando así me manosean y me lastiman los pezones. Me hacen el submarino con agua. Luego con capucha de nylon o algo así, y estando colgada y agarrada por dos o tres tipos, me violan por el ano y la vagina. Primero con un palo, y luego uno de ellos, produciéndome lastimaduras y pequeñas hemorragias en el intestino, que me duran como diez días.»/120
notas
92. Fragmento publicado en Marcha. Álvaro Rico, 69.
93. Como complemento de la explicación de la relación entre democracia y sociedad de clases, se presentan tres de las tesis citadas en un artículo titulado: «La revolución comunista. Tesis de trabajo» que fueron publicadas en 1969 en la revista Invariance nº 6, de la que J. Camatte, era uno de sus principales animadores. «Tesis 1: De una forma general, podemos definir la democracia como el comportamiento del hombre, la organización de éste cuando ha perdido su unidad orgánica original con la comunidad. Existe, entonces, durante todo el período que separa el comunismo primitivo del comunismo científico. Tesis 2: La democracia nace a partir del momento en que existe división entre los hombres y repartición del haber. Lo que quiere decir que nace con la propiedad privada, los individuos y la división de la sociedad en clases, con la formación del estado. Por ello se hace cada vez más pura en la medida en que la propiedad privada se generaliza y que las clases aparecen con mayor claridad en la sociedad […]. Tesis 5: La democracia implica, por lo tanto, la existencia de individuos, de clases y del estado; por ello la democracia es a la vez un modo de gobierno, un modo de dominación de una clase y el mecanismo de unión y de conciliación.»
94. La FAU, en una octavilla de 1972 lanzaba la consigna: «A luchar por salarios. A luchar para liberar a nuestros presos, encerrados por miles en las cárceles y en los cuarteles, torturados cobardemente, masivamente, “democráticamente”». El Partido Comunista se lamentaba entonces, y sigue haciéndolo ahora, de que no se cuidó lo suficiente la democracia y sus instituciones. Tejera, en una línea muy distinta a la del PC, afirma que «el desprecio a la democracia formal, llevó a un desprecio por la democracia, lisa y llanamente»; haciendo referencia tanto al sistema de gobierno basado en el sufragio universal e, inclusive, a la organización horizontal de las personas, el respeto y el auge del autoritarismo entre los propios luchadores sociales.
95. Huidobro, 1992, 141.
96. Blixen, en las páginas 243 y 244 de la biografía sobre Sendic, apunta, con gran lucidez, a la culpabilidad del sistema capitalista en la aplicación del proceso represivo. «Aquel ejército civilista fue capaz, en apenas unos pocos meses, de olvidar todas las tradiciones y asumir, como un credo, los manuales de la guerra contrainsurgente, los Tenientes de Artigas imponían su propia y particular interpretación del “espíritu Artiguista” en las fuerzas armadas. El terrorismo de estado, la Guerra Interna, la dictadura, no serán sino formas concretas que adoptará un proceso de reacomodación de los factores económicos, políticos y sociales a una escala que ni siquiera percibían con claridad los políticos que agitaban los demonios. Menos aún sabrán los militares que en el aquelarre de las torturas –donde van perdiendo vertiginosamente su condición humana– estarán generando teoría: el método genocida del neoliberalismo; el terror, por la desaparición forzada, para la libre expresión de las fuerzas del mercado; el asesinato masivo de porciones enteras de la sociedad como catalizador de la armonía económica; las fosas comunes como depósitos de los “agentes desechados por el mercado”. Así se desplegará la nueva estrategia en el Cono Sur, y las “diferencias nacionales” serán sólo de orden cuantitativo. No percibieron nada de esto los tupamaros cuando creyeron que eliminaban un apéndice molesto al golpear al escuadrón de la muerte. Hubiera sido excesivo reclamarles una visión de conjunto sobre la estrategia del endeudamiento global que ensayaban por esos días los centros mundiales de poder. Pero tampoco tuvieron noción, ni noticia, de que los militares tenían todo a punto para desplomar la guerra con total ferocidad. Tampoco tuvieron conciencia algunos de los diputados y senadores que votaron sin chistar el Estado de Guerra Interno.»
97. Texto nº 2. Archivo del autor.
98. Extraído del artículo «¿Qué entiende el FOR por política obrera?» del diario Política obrera nº1 agosto-septiembre 1972, del Frente Obrero Revolucionario.
99. «Droga cuya origen es el ácido barbitúrico, empleada en las operaciones quirúrgicas. Se aplica por vía intravenosa. Bajo su acción, el paciente no es consciente de sus propias palabras, por lo que se emplea para conseguir testimonios o confesiones.» Real Academia Española, Diccionario manual e ilustrado de la lengua española, cuarta edición revisada, Madrid, 1989, 1195.
100. Utilizando una de las trampas de la Constitución, que otorga a las fuerzas armadas, en caso de conflictos, el papel principal de defensa de la misma, hay quien afirma que inclusive las medidas represivas, antiparlamentarias y de excepción, impuestas por los militares a partir del 27 de junio de 1973, de alguna manera también están contempladas en ella. Antes de esa fecha, hubo varios ejemplos en los que un juez condenó a distintos individuos y sectores por pretender realizar lo que según él era competencia castrense. A un grupo de oficiales detenidos en julio de 1972 y procesados por la justicia militar se les acusó de: «constituir un grupo de oficiales que, al margen de sus mandos naturales, pretendía defender la Constitución, tarea ésta que constitucionalmente corresponde a las fuerzas armadas». Bacchetta, 33.
101. Mujica tiene claro que la represión a los tupamaros y gran parte de los luchadores sociales «no fue [producto] del golpe, sino del Parlamento, el Ejecutivo, la democracia constitucional y los aparatos del estado». Por su parte Julio Arizaga, en el artículo «Sobre Fidel, Pacheco, y el emplazamiento de W. Beltrán», cita a los críticos clásicos de la democracia burguesa y dice que: «habría que recordar la caracterización marxista de democracia como una forma de dictadura de la burguesía, que se legaliza constitución mediante, con todo su ropaje demagógico sobre la igualdad de todos los ciudadanos, con sus bonitas frases sobre los derechos del hombre, etc., haciendo de cuenta de que no existiese la lucha de clases. Pero ocurre que no todas son nueces, y en cualquier constitución burguesa hay siempre algún artículo que prevé un mecanismo para suspender temporalmente los mismos derechos ciudadanos que ese texto establece, y justifica y legaliza la persecución lisa y llana de personas e instituciones a quienes se les impute crear o pretender crear un «estado de subversión del orden». Es decir, que ponga en peligro los resortes esenciales del orden burgués en el plano sindical, político u otro. Como afirma Lenin: “No hay estado, incluso el más democrático, cuya Constitución no ofrezca algún escape o reserva que permita a la burguesía lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etc., en caso de ‘alteración del orden’; en realidad en caso de que la clase explotada ‘altere’ su situación de esclava e intente hacer algo que no sea propio de esclavos”», www.members.es.tripod.de /alfagua/arizaga.html
102. Compañero, 13 de febrero de 1973 (sp).
103. Clara Aldrighi, 21.
104. Silva y Caula, 1986, 184.
105. Machado y Fagúndez, 101
106. Aquí Huidobro se equivoca al referirse a Europa como paradigma del respeto al Parlamento, olvida la historia europea del siglo XIX y primera mitad del XX. Con respecto a la discusión que menciona al final de su declaración hay que señalar que era un debate, que en los años sesenta y setenta, se dio con mucha fuerza y extensión. A fines de 1967, cuando empezaba el «pachecato», una parte de la iglesia en la pastoral de Adviento decía: «Una gran dosis de violencia implantada desde arriba [...] para los que la sufren, sobre todo si consideramos que, mientras se les reconoce sus derechos teóricamente, en la práctica les son negados dentro del actual ordenamiento económico-social». Huidobro, 1994, 212. La reproducción en éste y otros libros de declaraciones que conciben la democracia como una dictadura de clase, demuestra, no obstante, la claridad de Huidobro sobre el tema
107. «Se plantea como un importante problema si Pacheco violó o no violó la Constitución al decretar reiterada y sucesivamente medidas prontas de seguridad. Desde el punto de vista estrictamente jurídico no habría violado la Constitución más allá de que abusó de su aplicación, y cuando la izquierda lo acusa de haber gobernado con un sólo artículo de la Constitución, es cierto [...]. En la actual Constitución uruguaya y en las que la precedieron el «escape o reserva» se establece en art. 168 numeral 17, según el cual corresponde al presidente de la República: “Tomar medidas prontas de seguridad en casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta dentro de las veinticuatro horas a la Asamblea General, en reunión de ambas cámaras, o en su caso a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que estas últimas resuelvan. En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad sólo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre y cuando no opten por salir de él [...]. El arresto no podrá efectuarse en locales destinados a la reclusión de delincuentes.” Lo primero que llama la atención es que no se especifica ni define que son las medidas prontas de seguridad, y tampoco se limita con precisión cuáles son las garantías y derechos constitucionales que quedan en suspenso mientras duren las “medidas”. ¿Omisión, olvido involuntario del legislador? ¡En absoluto! Con esa formulación se logran dos objetivos: 1ro, se ahorran el desagradable «detalle» de los derechos que se suspenden, detalle que significaría reconocer a texto expreso que se establece una forma temporal de dictadura, empañando con eso las bonitas frases sobre los derechos del ciudadano que embellecen el texto constitucional; y segundo, como no se especifica cuales derechos se suspenden ¡pueden suspenderse todos!!!! (salvo la única limitación establecida sobre donde encerrar a los presos). Se da un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que suelte sus perros de presa y cometa todo tipo de atropello y violación. Y precisamente esta circunstancia es la que aprovechó Pacheco para violar todos los derechos, incluso el derecho a la vida de los estudiantes asesinados en las calles.» Del artículo «Sobre Fidel, Pacheco, y el emplazamiento de W.Beltrán» de Julio Arizaga, consultado en www.members.es.
108. En julio de 1971, en período electoral y profunda represión se dio una campaña para embanderar los balcones de la avenida 18 de Julio: «por la democracia y contra la violencia». Lo que da a entender que el gobierno, por aquel entonces, a pesar de estar dando, progresivamente, entrada a las fuerzas armadas en la escena nacional, decía defender la democracia, es decir su violencia y su democracia.
109. Reportaje a Juan Ma. Bordaberry en la Revista Gente. Álvaro Rico, 69.
110. «En el 76 –cuenta Halty– toman el poder los más reaccionarios; hay un golpe dentro de las fuerzas armadas. Si hasta el momento habían estado tolerante con nosotros [los militares disidentes], a partir de ahí se intensifican los tribunales y la represión. «En el 76 –cuenta Halty– toman el poder los más reaccionarios; hay un golpe dentro de las fuerzas armadas. Si hasta el momento habían estado tolerante con nosotros [los militares disidentes], a partir de ahí se intensifican los tribunales y la represión.–¿Cuál era la actitud, hasta el 76, de los mandos con los militares como ustedes, de «izquierda» o «no golpistas»? –No nos permitían tener mandos. Nos separaban»
111. «En el caso de mi país –añade Irene–, Uruguay, en el cual en el 85 la gente aplaudió, yo de alguna forma también, porque regresaban los exilados, salían los presos de la cárcel, y en general el pueblo y todos podíamos respirar. Pero nunca estuve de acuerdo de la forma que se hizo, ni las transacciones que hubieron. Porque los cambios, después de tantos sufrimientos, no se hacen tan fácil.»
112. «Poco después de la implantación de las medidas prontas de seguridad en junio de 1968, Pacheco recibió el firme apoyo de la Cámara de Comercio, la Asociación Rural, la Cámara Mercantil, la Federación Rural, la Asociación de Bancos, la Bolsa de valores, la Confederación de Entidades Comerciales e industriales del interior y la Asociación Comercial. La congelación de salarios y precios fue apoyada por las mismas entidades y también por la Cámara de Industrias, la Cámara de la Construcción, la Cámara Mercantil y la Confederación Granjera del Uruguay.» Clara Aldrighi, 27
113. Huidobro, 1994, Tomo III, 32.
114. Actas de la Asamblea General, 19 de noviembre de 1969, 36–A. G.
115. Véase al respecto el apartado «Estancamiento y mercado mundial 1958–1967». Varios estudios, como los recogidos en la página: www.anep.edu.uy/dformacion/G/ED/hist.XX/Principal/..%5Ccrisis%2060%5C60.htm, hablan de la crisis del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y del aumento del endeudamiento externo de los países de Latinoamérica –con las consecuentes formaciones de cantegriles en los suburbios, movimientos campesinos...Y apuntan, que entre 1957 y 1962, los préstamos de Estados Unidos pasaron de 320 a 656 millones de dólares al año y las inversiones directas acumuladas, de 4.700 a 8.600. Este contexto socioeconómico trajo consigo la creación de la Alianza para el Progreso y el intento de creación de un área de libre comercio
116. Benedetti, 1986, 280. Del poema «Las viejitas democráticas».
117. JCJ de las FFAA, 1976, 8
118. «La total impunidad de policías y militares durante 1971 y 1972 por las violaciones de derechos humanos, fue posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política. Es llamativo el contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y de la integridad y de la integridad del estado que realizaban el gobierno y los medios de prensa conservadores y el silencio mantenido respecto a la ilegalidad estatal. Se criminalizaba a la izquierda revolucionaria, pero no se reaccionaba frente a la creciente ilegalidad de procedimiento de los cuerpos represivos.» Clara Aldrighi, 65
119. Clara Aldrighi, 71
120. Clara Aldrighi, 70 ( continúa)