23.JUN.18 | Posta Porteña 1920

Mapa de un Engaño

Por Alvaro Diez de Medina

 

El lado Oculto de la Trama Tupamara

 Libro de Álvaro Diez de Medina

Capítulo XI Jaque al Peón

 

Uno de los textos del canon tupamaro, el libro Sendic de Samuel Blixen (Ed. Trilce, 2000), sostiene que el episodio relativo a las treguas negociadas entre la subversión y la oficialidad de las unidades militares implicadas habría sido empeñosamente ocultado como forma de evitar el análisis de la “contrapropuesta” formulada por Raúl Sendic, y que resultara rechazada el 5 de julio de 1972

“Sendic”, relata Blixen, “salió de los cuarteles como entró, clandestino, y eso habla bien de los oficiales que empeñaron su palabra, y al mismo tiempo habla muy mal de quienes le dieron la espalda a la pacificación”. “Las negociaciones”, concluye en un estado de inocultable exaltación retórica, “y en particular la decisión de Sendic de meterse en la boca del lobo, son un instante crucial, determinante (sic), de nuestra historia reciente. Y por su carácter de epopeya (sic), de hito revelador, se mantiene en silencio, se oculta, se ignora y se sigue negando 28 años después” (pág. 261)

Lo que en realidad “se oculta” lo hace en el texto de Blixen: cuando Sendic hace su ingreso al cuartel Palleja (el único cuartel al que lo hace) el 25 de agosto de 1972, la extravagante “contrapropuesta” ya había sido rechazada, y el Cnel. Álvarez ya había pagado con su vida el rechazo. La consiguiente “epopeya, de hito revelador” a la que, por tanto, alude, y por la que ingresara el cabecilla sedicioso a la unidad militar tal vez más de una vez, y no más de tres, no era sino la del lanzamiento de las llamadas “comisiones por los ilícitos económicos”

Era, por tanto, una conjura política y, lo que Blixen no dice, un fallido intento por instaurar lo que no puede recibir otro nombre que el de un grupo parapolicial /106

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Descartado el “plan de pacificación” a fines de julio de 1972, el objetivo de las siguientes idas y venidas de los sediciosos presos, incluidos los ingresos al cuartel Palleja de Martínez Platero y Sendic, estuvieron abocados a hacer posible la estrategia de Fernández Huidobro en el sentido de impulsar la colaboración tupamara con oficiales militares en el combate contra la corrupción, así como en lo que pasó a llamarse la “tupamarización” de las Fuerzas Armadas, en base a la cual negociar una rendición incondicional.

Uno de los protagonistas de los asesinatos de Mitrione, Morán Charquero y Pascasio Báez, Henry Engler Golovchenko, finalmente caería en manos de las Fuerzas Armadas el 17 de agosto de 1972. Una patrulla del Regimiento de Caballería No. 9 hizo su ingreso, de civil, al bar Asturias, ubicado en avenida 8 de Octubre 4528 en el barrio de Maroñas, encontrándose con tres parroquianos que en realidad eran los sediciosos Henry Engler, Luis Roberto Luzardo (a) Casanova y el abogado español José Ramón Serrano Piedecasas (a) El Gallego. Si bien iba desarmado, Luzardo de inmediato se arrojó sobre los efectivos militares, quienes dispararon sobre ellos, a corta distancia: Engler cayó herido, sin gravedad, en un hombro, en tanto Luzardo fue alcanzado en la médula espinal, permaneciendo paralizado hasta su muerte en el Hospital Militar, producida el 12 de junio de 1973

Solo restaba Sendic. El 1º de setiembre de 1972 una patrulla de la Brigada No. 2 de los Fusileros Navales, /107 a cuyo frente se hallaba el alférez de navío de 31 años de edad Julio Álvarez, se dispuso a allanar el local en el que residía Sendic, ubicado en Sarandí 231. Un sedicioso que allí convivía con Sendic había sido atrapado hacía 48 horas por los fusileros, y había revelado apenas la ubicación del lugar, aunque no quiénes se hallaban en él. Tras rodear la manzana y cubrir las salidas cloacales, los efectivos de la Armada se enfrascaron en un tiroteo con los tres ocupantes de la finca: además de Sendic, su concubina, la sediciosa Xenia Itté González, y el estudiante de Química de 24 años Jorge Bernardo Ramada Piendibene. Al identificarse a gritos el contingente militar, los sediciosos abrieron fuego sobre él, desde el interior de uno de los apartamentos del edificio. Fue una breve, pero intensa, balacera, interrumpida cuando, entre la polvareda de los cartuchos, se oyó un pedido de interrumpir el fuego, en tanto salía, con sus manos en alto, uno de los sediciosos: Ramada, quien de inmediato fuera reducido en el piso. A continuación se reanudó el tiroteo, hasta que nuevamente una voz de hombre pidió tregua, a fin de que se pudiera entregar otra sediciosa: Itté, quien fuera reducida contra una pared exterior. “¡Soy Sendic, y no me entrego mientras pueda pelear!”, gritó el último de los delincuentes /108

Solo que lo hizo, a los pocos minutos y después de recibir un certero balazo en el rostro por parte de un fusilero naval: Sendic se arrastró hasta el exterior, donde también fuera reducido por los fusileros al tiempo que llegaban a la escena efectivos policiales /109

Solo restaba libre Efraín Martínez, quien abandonará el país en octubre. El movimiento sedicioso había dado la última bocanada aunque, curiosamente, no así el trabajo de las “comisiones de los ilícitos”, que seguiría su sorda labor hasta fines de ese mismo mes de setiembre /110

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De las aún no estudiadas líneas de trabajo de las llamadas “comisiones”, hoy conocemos tres. El llamado “Operativo Fogata” pretendió investigar supuestos ilícitos en la actividad aseguradora (“un día salieron y se trajeron a todos los gerentes de las compañías de seguros para el cuartel”, narra Pierri en Alto el fuego, pág. 237). El llamado “Operativo Cofre Fort” hubiera supuesto el acceso irregular a cofres de seguridad en diferentes bancos de plaza, en procura de documentación y valores presuntamente ilegítimos (fue detenido, a último momento, por orden del Cnel. Trabal, en base a que hubiera supuesto “un golpe de Estado”)

Y, finalmente, la presa más codiciada tanto de sediciosos como de los oficiales: el arresto de Jorge Batlle en base a las acusaciones que se levantaran contra él en 1968 por manejo irregular de información referida a la devaluación del peso (o “infidencia”, según se la conociera). El episodio da inicio los primeros días de setiembre de 1972, al detener efectivos del Batallón Florida al escribano Ramón Queiruga, actuario del juzgado en el que se había tramitado la investigación (finalmente archivada) en torno a la “infidencia”. El propósito de la irregular detención era el de hacerse, también irregularmente, del expediente archivado

Para entonces, el foco del país comenzaba a mudar: de los incidentes armados aún protagonizados por la sedición, al indetenible avance militar sobre las instituciones y el discurso público. La prensa de izquierda, en tanto, mantenía la llama de su tradicional agresividad. El dirigente del GAU, Héctor Rodríguez, y el escritor “periférico” tupamaro Mario Benedetti se gratificaban, desde las páginas del semanario Marcha, sobre el funcionamiento de las “comisiones” y el daño que las mismas estaba llamado a causar a la “oligarquía”. La ahora persistente denigración del sistema constitucional provocó la caída, el 19 de setiembre, del ministro de Defensa Augusto Legnani, sustituido interinamente por Benito Medero (1922-2007), hasta la designación de Armando Malet (1905-1982) en noviembre: el jerarca había sido derribado por una abierta insubordinación del mando militar, en desacato de una orden de liberación de cuatro detenidos por parte de la justicia penal militar. Con Legnani, cae el inspector general del Ejército, Gral. Gravina, sustituido por el a partir de ahora comandante en jefe del Ejército, Gral. César Martínez. En tanto trascendían preocupantes documentos en los que los mandos militares se arrogaban la potestad de “tutelar” la vida cívica y su desarrollo, el senador colorado Amílcar Vasconcellos (1915- 1999) denunciaba la larvada alteración institucional en curso, al punto de señalar que un tupamaro detenido había hecho su ingreso al Palacio Legislativo en compañía de oficiales del Ejército.

De inmediato, se señaló al sedicioso: era Amodio Pérez/111. Amodio lo desmentirá, en 2015, tajantemente. Marenales mismo asegurará, en línea con Fernández Huidobro, que Amodio no tomó parte de las llamadas “comisiones”. “Fui preciso”, declararía Federico Fasano en relación a una supuesta conversación que mantuviera con el Cnel. Ramón Trabal, “en señalarle que entre esos tupamaros (que trabajaban en las “comisiones” de los ilícitos) no se encontraba Amodio” /112 “(Amodio) mantuvo acciones en común con los uniformados”, agregarán Caula y Silva, “pese a que éstas nada tuvieron que ver con los ilícitos económicos”. “No participó para nada en el asunto de los ilícitos”, aseveraría Pierri /113

El 25 de octubre de 1972, Jorge Batlle haría uso de la cadena de radio y televisión con el fin de enfrentar, de lleno, la amenaza militar: un movimiento que, afirma, procura ahora “encañonar” a las instituciones. Tras hacer público el arresto del actuario Queiruga y el decomiso de un expediente judicial, Batlle preguntó públicamente: “¿Por qué fueron esos oficiales? ¿Fueron por cuenta propia, pero aconsejados por un sedicioso tipo Amodio Pérez, o fueron por orden superior?

 Porque si fueron por cuenta propia, revela indudablemente una falta de disciplina en un lugar donde la disciplina es fundamental”. Vasconcellos y Batlle habían, de este modo y en pocos días, erradamente puesto el foco en Amodio, fijándolo allí por décadas en la interpretación de estos sucesos.

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Jorge Batlle fue detenido el 27 de octubre como presunto incurso en el delito militar de “ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas”. Permaneció en la sede de la Región Militar No. 1 hasta el 20 de noviembre, y su detención representó el último clavo en el aislamiento político del presidente Bordaberry, enfrentado a una irreversible recomposición ministerial, tras la salida del gabinete de los secretarios de estado integrantes de la Lista 15 del Partido Colorado.

En noviembre de 1972, el Poder Legislativo daría aprobación a la ley de creación de la Comisión Especial de Represión y Prevención de los Ilícitos Económicos: un escorzo legislativo, cuyo solo propósito era el de legitimar la cruzada moralizante contra esos fantasmales “ilícitos” y que, naturalmente, nunca llevó al procesamiento de ninguno de ellos

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A inicios de octubre, los entusiasmados oficiales que habían descubierto el continente perdido de los “ilícitos” merced a la guía tupamara tomaron la decisión de dar cuerpo a su emprendimiento convocando a sus camaradas de armas a una reunión informativa en el Centro Militar.

 A punto de dar inicio a la deliberación, empero, cuatro oficiales “superiores” (entre los que podrían haber estado el propio Gral. Cristi y el entonces Cnel. Pedro J. Aranco) se hicieron presentes: aquella charada, fue su mensaje, había llegado a su fin. Las investigaciones serían atendidas por el mando, pero las deliberaciones y trabajos en curso debían suspenderse de inmediato

 La sedición explicará, naturalmente, que las “comisiones” se hallaban camino a tocar intereses sensibles de la “oligarquía”, y esta habría puesto en marcha el freno a los trabajos: Manera Lluveras llega al desatino de explicarle a Caula y Silva que “hay otra hipótesis, y es que fue el Partido Colorado el que realmente paró la cosa (...)/114

Lo cierto es que la primavera investigadora de tupamaros y oficiales de baja graduación estaba llamada a llegar a su fin, y no cabe sino especular, en retrospectiva, sobre por qué demoró tanto en hacerlo: las “comisiones” eran un grosero desconocimiento de la verticalidad del mando, y suponían un matiz sedicioso preocupante para quienes ya estaban sopesando la posibilidad de desconocer la misma Constitución de la República/115

Las consecuencias de aquel fallido encuentro no se hicieron, pues, esperar: de inmediato se sometió a varios oficiales a arresto, y se dispuso el traslado de otros a distintas unidades.

El Batallón Florida sería, naturalmente, el más afectado. Solo que, en su caso, no lo sería solamente como consecuencia de las “comisiones”

 * * *

El 4 de octubre de 1972, el senador nacionalista Wilson Ferreira Aldunate se dirigió, en compañía del C/A (R) Carlos Filippini, al Comando General del Ejército, por entonces ubicado en la calle Paraguay 1241, esquina Soriano.

El senador se presentó, y solicitó una reunión inmediata con el comandante en jefe del Ejército, Gral. César Martínez. Ya ante el Gral. Martínez, Ferreira le expresó: “Si Ud. quiere comprobar la connivencia de algunos oficiales del Ejército con algunos tupamaros, no tiene más que presentarse a las diez de la noche en el Batallón Florida, donde los va a encontrar a todos reunidos”/116

Martínez hizo una llamada telefónica y minutos después le informó al senador: “Acabo de hablar con el coronel (Ramón) Trabal, quien va a ocuparse inmediatamente del asunto”. Pocos días después, y ante una nueva visita de Ferreira, Martínez le dirá: “Me ocupé de su asunto: se ocupó el coronel Trabal. No tenía la importancia que Ud. le atribuía, aunque se adoptaron medidas disciplinarias contra algunos oficiales”

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 ¿Qué había despertado la urgida preocupación de Ferreira?

Haber recibido, el día anterior y de manos de Federico Fasano, las que se le presentaran como pruebas de una conjura militar, consistentes en la redacción de un libro, elaborado por Héctor Amodio Pérez con apoyo de oficiales del Batallón Florida y el propósito de denunciar la connivencia entre dirigentes políticos y el movimiento tupamaro.

Años después, Ferreira se consolaría: “El libro de Amodio no apareció. Con ello no evitamos la destrucción de las instituciones: solo se logró frenarla, muy poco tiempo”

 En efecto: Wilson Ferreira había puesto algo en marcha. Solo que no era lo que él refirió

Notas

106-  Pablo Brum, en Patria para nadie (págs. 395 a 397) ha resumido la naturaleza más bien circunstancial de los “ilícitos” agitados por las “comisiones”, así como de su fundamento en acciones particulares que procuraban evadir el asfixiante reglamentarismo del insustentable estado de bienestar uruguayo, y la contradicción que implicaba atacar su supuesta ilegitimidad por parte de grupos alzados en armas precisamente contra el orden legal del país

107 - El cuerpo de la Armada Nacional organizado por el capitán de navío (C.G.) Víctor Fermín González Ibargoyen como respuesta al copamiento tupamaro del Centro de Instrucción de la Marina en 1970

108 - Itté también recuerda este grito. “¡Soy Rufo y no me entrego!” sería, por tanto, una creación posterior, a menos que optemos por dar crédito a las fuentes militares y sediciosas que sostienen que este grito era la contraseña que Fernández Huidobro procuraba empleara Sendic en la eventualidad de escenificar una captura por parte de integrantes del Batallón Florida

109-  “Al momento llega el inspector Hugo Campos Hermida”, ha narrado Itté, “y grita: ‘Hay que matarlo’. Pero el capitán de la Armada lo impide. Después me dirá: ‘No queremos otro Che’”. De ser esto cierto, se trataría del alférez de navío Julio Álvarez

110-  Con revelador candor Eleuterio Fernández comenta así este momento: “Inmediatamente después de la caída de Raúl (Sendic) fuimos autorizados nuevamente a salir por dos motivos: aclarar con el MLN –en el caso de que hubiera quedado alguna sospecha– que no hubo “juego sucio” ninguno emergente de la última negociación (sic), con relación a la detención. En segundo lugar, queríamos pedir “línea” con relación al trabajo en ilícitos. La respuesta fue afirmativa, pero con una condición: nada de cosas chicas: nada de querer tapar los ojos con cuatro contrabandistas” (La Tregua Armada, fasc. 4, pág. 123)

111- Es muy probable que, en algún punto de esta historia, algún dirigente del movimiento ingresara al edificio del Palacio Legislativo a fin de acceder al archivo de prensa de su biblioteca, en el ámbito de tareas de las llamadas “comisiones de los ilícitos”, de las que Amodio estaba excluido

112 - Alto el fuego, pág. 302

113-  Alto el fuego, pág. 260. En julio de 2017, el periodista Leonardo Haberkorn publicó la octava edición ampliada de su trabajo, titulado Milicos y tupas (Ed. Fin de Siglo), en el que incluye el testimonio del tupamaro Ricardo Véscovi, publicado con anterioridad por la página digital Posta Porteña en referencia al ciclo de las llamadas “comisiones de los ilícitos”. Véscovi confirma los objetivos de estas (“Jorge Batlle y su gente”, la aspiración de que a “ese Jorgito ya le iba a llegar el tacho”), su origen en un lineamiento emanado de la misma dirección subversiva, la interpretación de algunos de los presos en el sentido de que los dirigentes de la sedición a los que llamaban “oficialatas” habían en realidad capitulado ante las Fuerzas Armadas, poniendo al “aparato tupamaro (o lo que quedaba de él), al servicio de los militares”, el rol de Eleuterio Fernández y Marenales en las tareas de procurar meter “presos a los ‘responsables de la crisis del país’, como ‘el infidente Jorge Batlle’, Peirano Facio, los ‘financistas judíos’ y ‘otros corruptos’” y hasta la participación de algunos tupamaros en apremios contra los detenidos. Añade que “en esos días todo era por la causa de los ilícitos y esa inesperada ‘batida’ no era considerada tal: para eso servía el ejemplo de la traición de Amodio. Para explicar que eso no era traición, porque serviría para ‘copar a los milicos desde adentro’ e imponer el ‘golpe antifascista’”. Y contundentemente concluye: “De ahí que resulte tan cínico y ridículo que cuando se habla de por qué hubo presos que torturaron junto a los milicos, que desde el poder se vuelva a intentar utilizar, OTRA VEZ, a Amodio Pérez como chivo expiatorio. Antes, aprovechando la bolada y que no estaba, le agregaron todas las cantadas habidas y por haber, cubriendo hasta alguna ‘¡cosita!’ que en realidad habían entregado ellos, como la ’cárcel del pueblo’. Ahora (2015) que se habla de tortura patrocinada por ellos para perseguir ‘los ilícitos’ se inventa que Amodio habría torturado o contribuido a la misma (...) Algunos solo insisten en que en realidad Amodio es más traidor porque habría acordado su salida por la cantidad de compañeros entregados, pero no pueden ocultar que muchos de ellos... también entregaron compañeros y que los otros evitaron las torturas gracias a “las negociaciones” (en realidad capitulaciones) y porque en el fondo las dirigieron hacia otras víctimas como las de los ‘ilícitos económicos’. La afirmación de que Amodio sería peor como traidor que todos los que obedecieron a la dirección oficial de la Orga, a Huidobro, Marenales, Rosencof, Mujica... es antes que nada una afirmación aparatista e inmediatista, en la que se complacen los aparatistas mismos”. (Posta Porteña, Núm. 1497, 31 de octubre de 2015)

114 Alto el fuego, pág. 260.

115 No deja de sorprender la reflexión que, años después, le haría el Gral. Seregni a Caula y Silva respecto al “sano intento que por determinado tiempo impulsó a las Fuerzas Armadas, de cortar con la corrupción real y sobre la cual tanto se había hablado y discutido en los casinos de oficiales (...)” No se podría pensar en nadie mejor posicionado que él a fin de entender el abismo que tal “sano intento” abría a los pies del país (Alto el fuego, pág. 261)

116 Alto el fuego, pág. 308.


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