23.JUN.18 | Posta Porteña 1920

Nicaragua :OEA exige a Ortega a poner fin a la matanza

Por varios

 

Mayoría de países respalda informe CIDH y condena violencia del Estado

 

Informe final de la CIDH: 212 muertos en Nicaragua por la represión de Daniel Ortega

El informe final de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos detalla que 1,337 personas resultaron heridas durante las manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

 Judith Flores , Elizabeth Romero -La Prensa Nicaragua 22 /06/18

La acción represiva del Estado contra las manifestaciones que se desarrollan desde el pasado 18 de abril en Nicaragua ha provocado la muerte de al menos 212 personas hasta el 19 de junio y ha dejado a 1,337 personas heridas, revela la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su informe final que presenta en una sesión extraordinaria este viernes en la Organización de Estados Americanos

.La CIDH concluye que la represión   ejercida por el Gobierno de Nicaragua contra las manifestaciones en el país, “ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos”, tras  el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados, lo cual se refleja en el saldo mortal y de heridos  hasta el 20 de junio

Y que pese al llamado de cese a la represión no ha sido escuchada por el Gobierno en lo cual insistió.La CIDH observa que este patrón se ha desarrollado a través del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, el cual se ha realizado de manera deliberada y sistemática por parte de los actores antes mencionados.

“En efecto, la información recibida da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia con la Policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones”, indica la CIDH.

La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país.

De igual forma, “la CIDH manifiesta su preocupación por  la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión”.

Al igual que reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Reprueba además los ataques a instituciones públicas y medios afines al gobierno. El Estado debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables.

También urgió la CIDH  que todos los actos de violencia sean investigados de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales sobre la materia para asegurar el derecho a la verdad, adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar una reparación adecuada a las víctimas y sus familiares, de conformidad con los estándares en la materia.

“En circunstancias de crisis política y conflictividad social como la que se vive Nicaragua, es indispensable generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto a los derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política”, propone la CIDH.

La  CIDH llamó a continuar con las negociaciones en el marco de la Mesa Nacional de Diálogo con el fin de alcanzar una solución pacífica a esta grave crisis de derechos humanos y consideró que el informe representa el punto de partida del trabajo que deberá realizar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de  (GIEI),  sirve de base para la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESEN),  que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del mismo  y a las medidas cautelares otorgadas en este contexto, y que permitirá mantener el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Y destaca   las 15 recomendaciones dirigidas al Estado de Nicaragua que fueron establecidas en sus observaciones preliminares de la visita de trabajo entre las que resalta  cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

Así como crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

Violación al derecho a la vida

El informe de 91 páginas  concluido el 18 de junio encontró graves violaciones a los derechos humanos en el país en el contexto de las protestas sociales ocurridas en Nicaragua.

Entre las violaciones a derechos humanos señaladas por la CIDH están el derecho a la vida y a la integridad personal por incumplimiento de los deberes de respeto y garantía del Estado “la cual se funda en actos u omisiones de agentes de cualquier poder u órgano del Estado independiente de su jerarquía, que hayan sido realizados al amparo de su carácter oficial.

Hasta el 6 de junio el Gobierno en representación del Estado de Nicaragua apenas reconocía 98 muertes entre de los cuales hay también policías, sandinistas y población en general, con lo cual indica que las cifras de la CIDH no han sido debidamente verificadas.

La CIDH urgió al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la violencia y condenó todo tipo de humillación y hostigamiento que se realice por tratarse de conductas indignas  para los derechos humanos que valen para todos sin distinción.

Resalta la CIDH  el clima de desconfianza generalizada observada en las víctimas, familiares y representantes a presentar denuncias ante las instituciones encargadas de investigar los delitos cometidos en el marco de las protestas, la falta de investigación adecuada, irregularidades en la determinación de los hechos.

Hace alusión al informe remitido por el Estado que alega que los hechos que analiza la CIDH “no se dan el marco de protestas sociales, sino en el marco de un intento de ruptura constitucional e institucional para cambiar a las autoridades legítimamente electas y derrocar al Gobierno (léase golpe de estado).

La Comisión observó en su informe  que un gran número de las muertes ocurridas en las protestas en Nicaragua  habrían sido perpetradas por agentes del Estado directamente, “o por medio de grupos de terceros que actúan con su aquiescencia” y las circunstancias en que acaecieron estos hechos evidencian características propias de ejecuciones extrajudiciales dirigido a los manifestantes, en particular contra  jóvenes.

Por tanto la Comisión concluye que el Estado de Nicaragua está incumpliendo deberes de respeto y garantía del derecho a la vida y a la integridad personal, al tiempo que  condena que la política de represión mediante el despliegue del uso de la fuerza letal se haya extendido aún después de su visita al país, con un alto saldo en pérdida de vidas humanas y de personas heridas.

En su informe a CIDH destaca la existencia de decenas de personas fallecidas y heridas por armas de fuego y objetos contundentes “en el marco de las manifestaciones, la gravedad y continuidad de las agresiones perpetradas por las fuerzas antimotines, la Policía Nacional y grupos de choque; así como la falta acciones efectivas para desmantelar estos grupos de choque y para cesar el empleo desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, sería contrario al derecho internacional de los derechos humanos”.

La CIDH advierte también que particulares y grupos de civiles han cometido actos de violencia contra fuerzas de seguridad, personas y medios afines al gobierno.

Estos hechos han incluido incendios y daños a instalaciones gubernamentales, secuestros de miembros de las fuerzas policiales o personal trabajando para entidades gubernamentales locales, robos o saqueos a propiedades gubernamentales, que como resultado  han dejado cinco policías fallecidos y 65 personas  heridas.

La CIDH hace un llamado al cese de las hostilidades y recuerda la obligación del Estado de investigar y sancionar todos los hechos de violencia, pues recuerda que  “es obligación del Estado asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos de los manifestantes”.

“Cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de este derecho”, refiere la CIDH, que resalta en su informe  “la gravedad de la crisis política que atraviesa el país” y los altos niveles de violencia existentes requiere de  obligaciones especiales del Estado para resolver los conflictos y encauzar el diálogo.

Niños y adolescentes entre las víctimas

Igualmente la  CIDH expresa su profunda preocupación por la especial afectación que ha tenido el uso excesivo de la fuerza en los derechos de los niños y adolescentes,  en gran medida por la importante participación que ha tenido el  movimiento estudiantil en las manifestaciones.

“La información y los testimonios recibidos por la CIDH evidencian que los jóvenes y niños fueron víctimas especialmente vulnerables de la violencia represiva del Estado durante las protestas y con posterioridad a las mismas”, refiere el informe de la CIDH.

En particular, de acuerdo con la información documentada por la Comisión, hasta el 20 de junio, 16 niños y adolescentes  fallecieron  de forma violenta en el contexto de la represión a las manifestaciones.

Asimismo, de acuerdo con información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, hasta el 17 de mayo, cinco de ellos habrían presentado impactos de bala en la cabeza, cuello y tórax.

“La CIDH recibió con consternación el testimonio de los familiares del niño Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años, quien el 20 de abril recibió un disparo de arma de fuego en el cuello mientras apoyaba llevando ‘agua a los muchachos de la UPOLI’  y según fuera informado, en un primer momento, al llegar al Hospital  Cruz Azul (del sistema previsional de salud) , se le habría negado atención médica”.

Otro caso mencionado por la CIDH es el de  Richard Bermúdez Pavón, 17 años de edad, ocurrido el 19 de abril recibió impactos de bala en el pecho frente a la alcaldía de Tipitapa.

El 20 de abril, también, fueron asesinados por arma de fuego Carlos Alberto Bonilla López y José Abraham Amador, ambos de 17 años.El 22 de abril, fue reportada la muerte de José Rivas, de 16 años, por impacto de bala en el pecho.

” En este contexto, la Comisión ha señalado que cuando el Estado se encuentra en presencia de un niño, además de las obligaciones señaladas para toda persona, existen obligaciones adicionales derivadas tanto del artículo 19 de la Convención Americana como del artículo VII de la Declaración Americana. En tal virtud, en primer lugar, el Estado debe asumir su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad por tratarse de un niño, y debe además tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño”, señala la CIDH en su informe.

Por tanto, la CIDH subraya “que es deber del Estado nicaragüense poner en práctica todas las medidas necesarias para evitar cualquier abuso o exceso contra sus derechos por parte de sus agentes o terceros. En particular, la Comisión condena rotundamente el uso de la fuerza letal contra niños, adolescentes y jóvenes por agentes estatales y por terceros armados”.

Igualmente destaca que el análisis de los testimonios, diversas fuentes de información, fotografías recibidas por la Comisión, “evidencian que desde el inicio de las protestas ha existido participación de grupos de terceros armados y grupos parapoliciales, quienes han realizado acciones violentas en conjunto con la Policía Nacional o con su aquiescencia para amedrentar, vigilar y reprimir, inclusive mediante actos violentos, a los manifestantes que se oponen al gobierno”.

“De la información que dispone la Comisión se desprende que en muchos estos casos dichos grupos actúan por instrucciones de la misma Policía Nacional, o incluso que son organizados, armados y accionan por instrucciones de alcaldes locales o de secretarios políticos barriales”, apuntó la CIDH, que pone como ejemplo el ataque a la Catedral de Managua, el 20 de abril de 2018, calificado “como uno de los eventos más representativos del alto grado de represión en el país y del nivel de coordinación entre terceros civiles armados y agentes del Estado, que habría dejado decenas de heridos”.

La CIDH destaca  que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de no permitir la existencia de grupos de terceros represivos, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho.

Sobre el uso de la fuerza, dice, En ese sentido, la Comisión recuerda que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público, la cual recae en sus agentes de seguridad.

 El documento también detalla que 507 personas estuvieron privadas de la libertad hasta el 6 de junio y que hay cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de “ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”.

Las autoridades nicaragüenses han invocado el mantenimiento del orden público y la paz social como justificación de su actuación. Sin embargo, la CIDH advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales y no de meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad.

En una sesión extraordinaria este viernes, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordaron la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril.

Durante la sesión la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre la visita que realizaron a Nicaragua, en el que concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad de expresión y acceso a la justicia. Según el informe la represión gubernamental ha dejado 212 muertos. El informe que fue rechazado por el Gobierno de Nicaragua “por subjetivo, sesgado y parcializado”, fue respaldado por 10 países: Chile, México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Canadá, Costa Rica y Paraguay. Bolivia y Venezuela rechazaron el informe

Representante de Venezuela “denunciamos en su totalidad de la CIDH por su falta de profesionalismo, imparcialidad y porque es protección a los grupos desestabilizadores en contra del gobierno”, dice Carmen Luisa Velásquez. el embajador de Bolivia en la OEA, Diego Pary y respalda al gobierno de Daniel Ortega

 

Nicaragua no es Venezuela ni los tranques son guarimbas

María Campos/ SubVersiones junio 18 2018

Desde el pasado 18 de abril, es común leer o escuchar comparaciones entre las protestas de Nicaragua y las de Venezuela. Algunas personas van más allá y sentencian que en Nicaragua se está llevando a cabo un golpe de Estado suave o una revolución de colores como la de Egipto (2011) o Ucrania (2013) y, aun mas, que son financiadas por Estados Unidos. La realidad amerita una interpretación a la altura de la complejidad de los hechos.

El manual de Gene Sharp sobre la lucha no-violenta

Gene Sharp es un académico estadounidense que, en 1993, escribió un libro titulado De la dictadura a la democracia. El texto describe, entre otras cosas, métodos no violentos para derrocar regímenes políticos. Algunas personas argumentan que Sharp elaboró un manual para aplicar “golpes suaves”, usado por la CIA para desestabilizar gobiernos que no gozan de su visto bueno. No es sorpresa que el largo tentáculo de los Estados Unidos esté detrás movimientos  contrainsurgentes como el de Nicaragua en los años ochenta. Sin embargo, no es posible adjudicarle a Sharp todo el crédito de una lucha más cercana a otras experiencias de lucha local, que a un plan estratégico de la CIA.

Quienes más hacen hincapié en mencionar a Sharp son medios rusos, quienes han llamado golpes suaves a movimientos que han forzado la salida de presidentes en países como Serbia (2000), Ucrania (2005), Kirguistán (2005) y Georgia (2003). Curiosamente, todos los presidentes derrocados en estos países mencionados eran pro-rusos

En Venezuela, el chavismo ha ligado a Otpor con las protestas contra el presidente Maduro. Otpor fue un movimiento estudiantil de Serbia que, a inicios de la década del 2000, buscaba la salida del presidente Slobodan Miloševi?, quien años después fue acusado de genocidio. Según el medio oficialista TeleSur, jóvenes venezolanos fueron entrenados por líderes de Otpor, quienes llegaron a Venezuela en el año 2004 patrocinados por NED, la CIA, USAID y la Freedom House, con el fin de crear un programa desestabilizador para generar un golpe suave.

La sublevación de sectores populares

Quienes pretenden ligar las protestas de inicios de abril de 2018 con el manual de Sharp o los intereses de la CIA siguen el mismo guión que ha utilizado el chavismo en Venezuela para desinformar. Dicha campaña está dirigida principalmente a personas, partidos y organizaciones que simpatizan o se consideran de izquierda.

Los conspiradores sostienen que Estados Unidos financia las protestas en Nicaragua ya que por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y La Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) se financiaron durante muchos años foros de la sociedad civil, talleres de liderazgos y programas para la consolidación de la democracia a través de organizaciones no gubernamentales. Esto, según ellos, derivó en jóvenes burgueses que han sido adoctrinados por la derecha. Aseguran que a través de las redes sociales se empezó a gestar el golpe de Estado promoviendo etiquetas que tiene mucha similitud con experiencias desestabilizadoras (la etiqueta mayormente usada en redes es #SOSNicaragua)

Lo que se les escapa a los conspiradores es que, a pesar que el papel de la redes ha sido fundamental para fines de organización y documentación, a nivel nacional la cobertura de Internet es apenas del 20%. Por tanto, muchas ciudades insurrectas no esperaron a las redes sociales: empezaron su resistencia en cuanto supieron de la masacre que se estaba cometiendo. Nicaragua es un país pequeño con una población de apenas seis millones de habitantes. En las zonas del Pacífico y del Centro y, sobretodo, en regiones urbanas y de mayor colectividad, las noticias viajan rápidamente a través del vox populi.

También se les escapa a los conspiradores que Nicaragua ha sufrido a lo largo de su historia múltiples ataques e invasiones por parte de Estados Unidos. En 1856 se registró la primera y la más reciente sucedió en 1980, bajo el gobierno de Ronald Reagan. Seguramente, algunos nicaragüenses simpatizan con la política exterior estadounidense, pero la inmensa mayoría tiene algún familiar asesinado o desaparecido durante la guerra de los setenta y ochenta, patrocinada por el país norteamericano.

Por eso, Ortega siempre se ha valido de avivar las pasiones anti-yanqui en sus discursos: sabe que aun hay resentimientos y rencor hacia dicho país. Por ende, no sería lógico pensar que esta vez la mayoría de nicaragüenses aceptarían sin cuestionamientos la injerencia de los Estados Unidos, cuando los fantasmas de las guerras auspiciadas por la política norteamericana aún se asoman por la ventana.

La experiencia de la revolución popular sandinista de 1979

Existen muchas más similitudes entre la Nicaragua del 2018 y la Nicaragua de 1979 que con cualquier experiencia de golpe suave. Una foto de una barricada en Nicaragua comparándose con una guarimba de Venezuela no es prueba suficiente para argumentar que en ambos países fue aplicado el mismo guión por el mismo actor (Estados Unidos).

Ante el asedio de paramilitares que aterrorizan a muchas ciudades de Nicaragua, los pobladores se han organizado en sus barrios y han decidido obstaculizarles el paso. Se han levantado verdaderas murallas en las mismas calles donde durante la revolución popular sandinista del ’79 los guerrilleros enseñaron a la población cómo hacer las barricadas. Han sido los mismos adoquines los que se han utilizado para esta labor.

Son los papás y los abuelos de la generación milenial quienes han traspasado los conocimientos organizativos. En ciudades como Masaya, familias enteras resisten desde sus casas al ataque constante de la policía nacional y de parapolicías afines al gobierno. Esta ciudad ha sido símbolo de lucha tanto ahora como durante la revolución popular sandinista. En ella se encuentre un barrio indígena llamado Monimbó, conocido por la resistencia que mostró ante la colonización española y  la dictadura somocista. No es casualidad que cuando empezaron las protestas fue este barrio uno de los primeros lugares en el país en levantarse. Los masayas también cuentan con mucha organización, ya que todos los años realizan festividades muy importantes y celebraciones populares donde todos se involucran desde temprana edad y, a medida crecen, asumen un rol que los hacen parte de una red. De manera similar, los pobladores de esta ciudad están unidos en la lucha contra la dictadura

Los nicaragüenses sentimos una especie de flashback entre la insurrección que estamos viviendo y lo que sucedió en décadas anteriores. Pero según los conspiradores, son los estadounidenses quienes están detrás de todo esto. Sin embargo, no calza en su narrativa que hayan sido sectores populares los primeros en insurreccionarse. Al igual que Monimbó, la crisis actual estalló cuando estudiantes de tres universidades públicas en Managua (UNA, UNI, UPOLI) salieron a la calle a protestar en contra de una medida aprobada por la administración de Ortega en relación al seguro social. Lo que vino después fue el horror: la policía y los grupos parapoliciales asesinaron estudiantes y manifestantes en general.

Estos asesinatos avivaron la chispa de la indignación y más barrios y ciudades se sumaron, realizando cacerolazos o levantando barricadas en forma de protesta. Una vez más, fueron sectores populares quienes se manifestaron; incluso ciudades consideradas bastiones del sandinismo, como León y Matagalpa.

La salida del poder del presidente Ortega

Una cosa debe quedar clara: las protestas no han sido una mera reacción espontánea ante la brutalidad con la cual el presidente Ortega y su esposa —la vice-presidenta Murillo— han reprimido a la población. Han sido muchos los descontentos acumulados durante los 11 años que llevan en el poder: la ley del canal interoceánico que despojará de sus tierras a numerosas familias de campesinos y destruirá una biósfera natural; la falta de libertad de expresión y manifestación; la corrupción y malversación de fondos; la pérdida de la autonomía universitaria, el alza de combustible y de la tarifa de energía, entre otros.

Las protestas de Nicaragua carecen de un liderazgo visible, lo cual juega a nuestro favor. En las negociaciones llevadas a cabo en el Diálogo Nacional que sostiene el gobierno se encuentra una coalición de distintos sectores: estudiantes, campesinos, académicos, agrupaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, del movimiento feminista, entre otros. Ellos y ellas son los representantes del pueblo y, aunque existan ciertas figuras que destacan, no son la vanguardia. Quienes encabezan la lucha están atrincherados en las universidades o en los distintos tranques que obstaculizan el tráfico en la carretera panamericana y otras vías

Decir que en Nicaragua un movimiento encabezado por sectores populares sin ningún partido político de por medio está gestando un golpe de Estado, equivale a decir que la Revolución Popular Sandinista de 1979 también fue un golpe, como decía el dictador Somoza. Los golpes de Estado, por definición, representan una toma repentina del poder de forma violenta. En este caso, la toma de poder no se está dando ni de forma repentina ni violenta, ya que durante el Diálogo Nacional lo que se ha presentado es una agenda que permita la democratización del país y la salida pacífica y ordenada de Ortega. Existe un asidero jurídico para la salida de Ortega, y no es ninguna exigencia inconstitucional, como su reelección de forma ilegal en el año 2011.

Tampoco ha sido el manual de Gene Sharp ni los foros sobre liderazgo quienes han estructurado un plan para desestabilizar al gobierno de Ortega. De las casi 200 personas asesinadas por el gobierno hasta el momento, la mayoría han sido pobladores de barrios marginados o estudiantes de universidades públicas. Ninguno de ellos calza con la descripción de los conspiradores sobre líderes burgueses siendo adoctrinados por USAID y la CIA. Ni siquiera sería posible establecer un nexo entre estos muchachos mártires y la USAID.

La salida de Ortega no es una exigencia de una élite, es una demanda popular, y quienes han sido mayormente castigados por el régimen de Ortega han sido pueblos y ciudades considerados de mayoría sandinista, al igual que muchos barrios de la capital. Que irónico sería que un golpe blando de la CIA se estuviese gestando en las mismas calles que escenificaron la lucha anti-somocista.


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