Darío Santillán (21 años) y Maximiliano Kosteki (25) militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD), y el 26 de junio de 2006 fueron asesinados por la Policía Bonaerense en el marco de una masiva protesta en el Puente Pueyrredón
El 26 de junio de 2002 se llevó a cabo una masiva protesta de trabajadores para exigir subsidios al desempleo, entre otros, en el marco de una fuerte crisis económica.
Organizaciones sociales y políticas de Argentina se movilizaron para recordar el 16° aniversario del asesinato los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en manos de la policía bonaerense, en el marco de una represión a una protesta social.
El crimen es conocido con el nombre de Masacre de Avellaneda, y los familiares aún exigen justicia. Si bien los responsables materiales, el ex comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, cumplen cadena perpetua en una cárcel común, los familiares y las organizaciones reclaman enjuiciar a los responsables políticos.
Las organizaciones comenzaron a concentrase a partir de la 09H00 hora local en la estación de trenes que desde el 2013 lleva el nombre de los militantes asesinados, y a partir de las 12H00 iniciaron la marcha hacia el Puente Pueyrredón, que comunica la ciudad de Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires
Ahora en Puente Pueyrredón Darío y Maxi presentes! El puente es nuestro la yuta que los parió
Allí realizaron un multitudinario acto en el que habló el padre de Darío, Alberto Santillán, y Vanina, la hermana de Maximiliano.
En video difundido por Barrica Tv, Alberto Santillán expresó que "la justicia no mira para el lado de los políticos, que son los verdaderos responsables de la Masacre de Avellaneda. Uno de ellos es (Felipe) Solá, así como (Eduardo) Duhalde. Pero hoy Solá se está por presentarse como precandidato a presidente (...) él era el gobernador y sin embargo la justicia no lo ha llamado a declarar.
Más tarde se realizó un "pañuelazo" en favor de la legalización del aborto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y será debatido en el Senado en agosto. 29/6/18 Casapueblos
Se trata de Jorge Osvaldo Steding, condenado por el secuestro y muerte de Mario Abel Amaya. Los jueces Mahiques y Riggi sentaron la jurisprudencia que esperaban otros presos cursando penas por delitos de lesa humanidad.
La Cámara Federal de Casación abrió las puertas de par en par para que los represores que hayan cumplido 70 años de edad, sin más requisito que ese, se puedan ir a sus casas. Una sala del tribunal dictó el fallo acaso más esperado por los condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura: concedió la prisión domiciliaria a un represor porque superó el límite etario y pese a que sus problemas de salud son menores: lumbalgia, hipertensión e hipoacusia. Para los camaristas Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, mantener al condenado en prisión significaría violar la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes”.
El represor beneficiado es Jorge Osvaldo Steding, condenado a 17 años de cárcel por el secuestro ilegal, las torturas y la muerte del diputado (1973-1976) y dirigente de la UCR Mario Abel Amaya, uno de los primeros alfonsinistas, abogado y militante de la Reforma Universitaria. Fue secuestrado en agosto de 1976 junto con el exdiplomático radical Hipólito Solari Irigoyen, quien sobrevivió a la tortura. Amaya, asmático, no tuvo la misma fortuna. Poco antes de su deceso fue “legalizado” por la dictadura y trasladado en calidad de detenido a un hospital porteño. Su madre fue autorizada a visitarlo en su agonía, pero no pudo reconocerlo: estaba desfigurado por las heridas causadas por los tormentos.
El fallo invoca un antecedente de la Corte Suprema, “Felipe Alespeiti”, en el que el máximo tribunal concedió la domiciliaria a otro represor. Pero en aquel caso, el beneficiado fue un condenado de 85 años de edad, cuyo estado de salud se caracterizaba en el fallo de la siguiente manera: “Con diversas patologías cardíacas, evolutivas, crónicas, irreversibles y susceptibles de complicación, que presenta trastorno senil con deterioro funcional, pérdida del 70 por ciento de la visión en uno de sus ojos, sufre de hipoacusia con compromiso en su desempeño social auditivo y posee limitada capacidad de locomoción”. Es decir un preso 15 años mayor que Steding y con problemas de salud infinitamente más graves.
Steding, detenido desde el 20 de diciembre de 2015, cumplía la pena en una cárcel común. El 13 de noviembre de 2017 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había rechazado un pedido de prisión domiciliaria, pero su defensa recurrió al máximo tribunal penal, la Casación
El tribunal oral había advertido, sobre la base de informes médicos, que no se había probado “ningún tipo de patología de grave entidad que no pueda ser controlada en el complejo penitenciario donde se encuentra alojado o, llegado el caso, en una institución hospitalaria”
El juez Mahiques consideró, no obstante, que “se evidencian en el caso también las razones humanitarias que inspiran” la prisión domiciliaria. Y su colega Riggi fue aun más allá: “En modo alguno podría sostenerse que la situación del imputado -para acceder a este modo morigerado de cumplimiento de la detención- debería encuadrar en todas las causales previstas pues la diversidad de situaciones contempladas conducirían a que en la práctica el beneficio sea meramente enunciativo, por la imposibilidad de que concurran todos los requisitos en una misma persona”
Esto significa que alcanza con que el detenido haya cumplido 70 años para concederle la domiciliaria, porque si hubiera que tomar en cuenta otras razones que se combinaran con la edad, los jueces no podrían mandar a sus casas a ningún condenado.
Riggi reflexionó que “más allá de que Steding fue juzgado por hechos de lesa humanidad, cabe resaltar que el análisis jurisdiccional sobre la posibilidad de conceder o denegar la prisión domiciliaria, no puede centrarse exclusivamente en la gravedad del delito atribuido al encausado”.(???????)
“Se evidencian en el caso también razones humanitarias que inspiran el instituto, lo cual impone la necesidad concederle a Steding el arresto domiciliario”, completó.
El voto mayoritario (la tercera jueza, Liliana Catucci, se había inclinado por pedir nuevos estudios médicos) es una virtual aceptación de la edad para acceder a la domiciliaria. Invocando este fallo, cualquier represor podrá sin más pedir que le permitan cumplir la condena en su casa.
Tiempo Argentino / Néstor Espósito
PRESO VIP:
tiene celular las 24 hs., un Patovica como guardia personal y salidas a trotar
Por Lucho Soria
La Justicia Federal activó la referida a la de Pedro Olivera que fue secuestrado en marzo de 1977 por un grupo en su casa y estuvo desaparecido durante dos días. Al ser liberado, denunció que haber sufrido graves torturas, que le provocaron una hemiplejia. Cuando esa patota dejó a Pedro en la puerta de su casa, se llevaron a su hijo Ramón, quien estuvo detenido desaparecido diez días hasta que fue "blanqueado". Ramón quedó preso durante cuatro años más. Una causa que esta agencia de noticias de DDHH, informó las idas y vueltas del expediente tanto en La Rioja, TOF de Córdoba y la Corte Suprema que denegó las apelaciones presentadas por la defensora oficial
El 17 de febrero de 2017 Milani fue detenido por su presunta participación en los casos de Pedro Olivera, Alfredo Olivera y Verónica Matta. En marzo siguiente fue procesado por como integrante de una asociación ilícita que secuestró y torturó a personas y fue embargado por la suma de $ 1 millón.
Milani era subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 en La Rioja cuando ocurrieron los hechos
Además, fue denunciado por el encubrimiento de la desaparición del soldado Alberto Ledo en Tucumán y la de Gustavo Cortiñas, por espionaje ilegal y fue procesado por enriquecimiento ilícito en una causa ya elevada a juicio oral y público en CABA y ahora se agrega que hace par de semanas la fiscal federal Alejandra Mangano imputó al ex jefe de Ejercito Cesar Milani por "defraudación al Estado" por la selección de una empresa norteamericana para la adquisición de puentes móviles en noviembre de 2014, la causa volvió a avanzar tras una serie de exhortos a Estados Unidos para reconstruir el circuito del proceso de licitación y adjudicación y la etapa del desenvolvimiento de la concesión "como partes de una misma maniobra compleja", relataron fuentes judiciales.
La adquisición de un puente de paneles modular metálico y accesorios por presuntos sobreprecios y vicios en el proceso licitatorio. La causa se inició con una denuncia anónima y se encuentra a cargo de la jueza María Servini de Cubría. La fiscal impulsó una serie de medidas "para determinar el proceso de compra, los costos abonados y se cometieron las irregularidades denunciadas", se consignó en el expediente.
La información de la audiencia preliminar al ex jefe de Ejercito a la que accedió esta agencia es de una de las partes del juicio. Las partes preciso es del lenguaje judicial.
Publicado por Casapueblos
La defensa del ex miembro del Ejército Argentino había solicitado su excarcelación y prisión domiciliaria
Desde la Sala II de la Cámara Federal argumentaron que no existen razones de salud que lo justifiquen, por lo que esperará en prisión el juicio oral
(Fuente perfil.com 29 junio 2018)
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal negó por unanimidad los pedidos de excarcelación y arresto domiciliario del exjefe del Ejército César Milani y encomendaron a su vez que se inicie a la brevedad el juicio oral. En la causa se juzga al exjefe del Ejército como autor directo de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y allanamiento ilegal, y partícipe necesario de los tormentos calificados sufridos por Pedro Adán Olivera; de las torturas agravadas sufridas por Ramón Alfredo Olivera y, por último, como miembro de una asociación ilícita.
Sobre la decisión, los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Gustavo M. Hornos remarcaron que no existían razones de salud que habilitaran una modificación en la modalidad de la prisión dispuesta respecto de Milani, motivo por el cual correspondía rechazar el pedido de arresto domiciliario efectuado por su defensa.
Así, ordenaron que “en la fecha, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani sea alojado en otro Módulo o Complejo Carcelario a fin de hacer cesar -de forma inmediata- cualquier posible episodio de hostigamiento sobre su persona, debiéndose impedir que comparta espacios comunes con otros detenidos imputados por crímenes de lesa humanidad y teniendo en consideración también, las patologías que padece y la proximidad con su grupo familiar”, según consignó el Centro de Información Judicial
En el mismo sentido, el Juez Hornos resolvió que debido a la existencia de riesgos procesales no correspondía la excarcelación solicitada por la defensa del ex jefe del Ejército. Por su parte, respecto al pedido de prisión domiciliaria, el magistrado señaló que todas las personas privadas de su libertad tienen igual derecho al acceso a salud y atención médica -Art. 16 de la Constitución Nacional- y entendió que las cuestiones planteadas por Milani no le impedían continuar detenido en un establecimiento penitenciario.
Sin embargo, concluyó que no podía dejar de tenerse en cuenta lo denunciado por Milani en lo referido al continuo maltrato y hostigamiento por parte de los otros internos, y por ese motivo ordenó al Servicio Penitenciario que disponga las medidas que resulten necesarias a los efectos evitar las situaciones, sin que ello implique mantenerlo en constante aislamiento
Durante la dictadura militar, César Milani se desempeñó en el batallón de ingenieros de La Rioja. Muchos de sus compañeros fueron procesados, detenidos y condenados por distintas violaciones a los Derechos Humanos. Milani también es investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, luego de una denuncia de los legisladores Manuel Garrido y Graciela Ocaña. Según la denuncia, el cuestionado militar no puede justificar autos, propiedades ni gastos que mantiene con los ingresos que percibió mientras ejerció su cargo. La conclusión de los peritos contables es que "no aparece justificado ni el patrimonio del Sr. Milani, ni sus consumos" mientras que "la ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente"