Guillermo Draper Búsqueda 23 Ago. 2018
Los negocios que entablaron las empresas uruguayas de software con el gobierno de Venezuela estuvieron en el centro de la polémica durante buena parte del primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez. La participación de su hijo Javier Vázquez como intermediario de algunos acuerdos que fueron financiados con dinero del Fondo Bolívar-Artigas y las sospechas de presuntos pagos de coimas llegaron a discutirse en el ámbito parlamentario y en la Justicia penal, aunque en ambos casos sin consecuencias.
Varios millones de dólares del negocio en el que trabajó activamente el hijo del presidente circularon por paraísos fiscales y algunos terminaron en la cuenta bancaria de un exfuncionario del gobierno venezolano, de acuerdo con documentos incluidos en los Panama Papers, actas judiciales y registros públicos analizados por Búsqueda en los últimos meses.
El beneficiario de esas transferencias fue gerente de la empresa estatal venezolana que contrató a los uruguayos y estaba encargado de analizar cuál de los proyectos de software era el más viable.
El negocio. Dos decisiones adoptadas a fines del 2004 por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez abrieron grandes oportunidades para las empresas informáticas. Primero creó una compañía estatal de telecomunicaciones, CGV-TELECOM. Y después, el 23 de diciembre, aprobó un decreto en el que fijaba como política pública la “adopción del software libre”
El complemento ideal para facilitar los negocios a los uruguayos llegó el 2 de marzo del 2005. Ese día los gobiernos de Venezuela y Uruguay — que había asumido 24 horas antes— firmaron un acuerdo de “cooperación estratégica” que implicaba crear el Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso de US$ 200 millones a partir de un porcentaje de las compras de petróleo que realizaba Ancap a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Con ese mecanismo, las empresas estatales venezolanas podrían pagar contra ese fondo las compras de bienes y servicios de empresas públicas o privadas de Uruguay.
Uno de los primeros que detectó las posibilidades de los negocios del software fue Javier Vázquez. El ingeniero trabajaba entonces para Interamericana de Cómputos (INCO) y manejaba la cuenta de Artech, especializada en software libre.
Uno de los acuerdos que cristalizó, justamente, fue la contratación por parte de CGV-TELECOM de servicios de software y hardware a empresas uruguayas por US$ 63,6 millones financiados por el Fondo Bolívar-Artigas. En febrero del 2006 las compañías uruguayas, entre las que estaban INCO y Artech, presentaron su propuesta conjunta y en marzo del 2006 firmaron el contrato con la estatal venezolana, previendo un proyecto de tres años de duración. El hijo del presidente Vázquez participó en el proceso de elaboración y presentación de la oferta ganadora.
El acuerdo provocó que otro empresario vinculado al software, Eduardo Gómez Canon, denunciara que le habían robado su oportunidad. “Ahora el hijo del presidente Vázquez es millonario con un solo negocio que era mío”, declaró a la prensa. El entonces diputado Washington Abdala (Partido Colorado) solicitó la creación de una comisión investigadora parlamentaria y luego llevó el tema a la Justicia penal. Después de meses de interrogatorios y tras el fallecimiento de Gómez Canon, cuyas conductas erráticas habían hecho que perdiera credibilidad como denunciante, el fiscal Juan Gómez pidió el archivo del caso.
Transferencias Poco después de la firma del acuerdo entre las empresas uruguayas y CVG-TELECOM, el bufete panameño Mossack & Fonseca (MF) aumentó su trabajo. Con apenas días de diferencia, dos venezolanos se contactaron con el estudio para comprar sociedades anónimas y abrir cuentas en Panamá que después recibirían dinero del proyecto financiado por el Fondo Bolívar-Artigas.
El 21 de marzo de 2006 José Antonio Fraga, vinculado al mundo del software en Venezuela, compró la empresa panameña Eliston S. A. Y en abril ya tenía una cuenta en Credicorp Bank. La velocidad era necesaria, porque menos de un mes después recibió el primer giro desde Uruguay por US$ 1,8 millones.
Fraga les pidió a los panameños que emitieran una factura con una “oferta de servicios” a la uruguaya INCO, por una “asesoría tecnológica correspondiente al proyecto CVG-TELECOM”, según la factura, que es parte de los más de 11 millones de documentos del bufete MF filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y que son la base de la investigación internacional denominada Panama Papers
A pedido de Fernando Burstin, director de la empresa uruguaya, el venezolano cambió el destinatario de la factura: en lugar de dirigirla a INCO, debía ir a nombre de Shidner Corporation S.A., otra sociedad del uruguayo creada ese año y con sede en una zona franca.
Parte del dinero que giró Burstin a Fraga siguió moviéndose. En setiembre, el venezolano transfirió US$ 690.000 a una cuenta en Panamá de Hallway International S.A. Esa offshore fue adquirida en marzo del 2006 por Alejandro Giolito, cuyo hermano Pablo era, al momento de la adquisición, gerente de Planificación Estratégica de CVG-TELECOM.
Pablo Giolito declaró días atrás a Búsqueda y al portal venezolano Armando.info que su trabajo en la empresa estatal era analizar si un proyecto “tenía lógica y viabilidad” y “estructurar” su desarrollo. “Más allá de eso yo no tenía niveles de aprobación, no tenía presupuesto para eso. Simplemente me llegaba como Planificación Estratégica, yo agarraba y decía: ‘Bueno, están todos estos proyectos acá y el más viable es este o podemos darle la vuelta a este’”, detalló.
Giolito dijo que tuvo el cargo en CVG-TELECOM entre octubre del 2005 y agosto del 2006, y que por su trabajo se reunió con “como siete” empresarios uruguayos del software. El período que integró la compañía estatal coincide con el momento en que los uruguayos presentaron la propuesta ganadora y se firmó el acuerdo. Giolito añadió que la decisión final de las empresas no estaba en sus manos, sino de los gobiernos.
De compras. La primera transferencia que recibió la offshore de Giolito fue en setiembre del 2006 y provino de Fraga. Antes de llevarla adelante, el bufete MF le pidió a Fraga que justificara el movimiento de dinero. “La operación se basa en la declaración de dividendos de Eliston S. A. a mi persona y los fondos serán transferidos a Hallway International S. A., con quien existe una deuda pendiente”, respondió el venezolano.
Los panameños le dijeron que necesitarían otros documentos que explicaran la deuda. Entonces la estrategia cambió. Giolito les mandó una factura en la que daba detalles de la “asesoría