el comandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos está en contacto con el ministro de Defensa para analizar los pasos a seguir. Manini puede sancionar a los responsables, pese a estar bajo arresto
Montevideo Portal 20.09.2018
El vocero del Ejército Wilfredo Paiva dijo que el documento “no es del Ejército” y aseguró que en la fuerza desconocen su autoría.
Paiva que se reunió esta mañana con el Comandante en Jefe Guido Manini Ríos quien le manifestó que no conoce el origen del documento y negó que se tratara un documento oficial., Consultado si se planteó alguna investigación o acción para conocer su origen, Paiva señaló que el comandante en Jefe está en contacto con el ministro de Defensa, Jorge Menéndez por este tema y que, pese a la sanción tiene todas las potestades para sancionar a los responsables.
En el mismo sentido, allegados al ministro Menéndez señalaron que el ministro consultó a Manini Ríos y este le aseguró que no se trata de un documento oficial. "Institucionalmente es un tema cerrado", señalaron. En las últimas horas se conocieron críticas a la sanción del comandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos, por cuestionar al ministro de Trabajo por la reforma de Caja Militar.
La opinión, atribuida a altos oficiales del Ejército, fue dada a conocer este jueves por el diario El País y el Semanario Búsqueda, pero con diferencias. Mientras el matutino atribuye las declaraciones a un documento de análisis del Ejército, el semanario lo atribuye a “una alta fuente de la fuerza”
Según la opinión de los militares las declaraciones de Manini Ríos, que lo llevaron a ser sancionado con arresto a rigor a 30 días. “fueron el último acto de una cadena de hechos que se sucedieron durante más de un año”
“¿Qué alternativa le quedaba al comandante? ¿Respetar el reglamento y permitir, callado la boca, que se fusilara a las dos terceras partes del Ejército con una ley a todas luces injusta, que tiene disposiciones más duras que, por ejemplo, las que tiene la Caja Policial, cuyos beneficiarios tienen muchos mejores salarios?”, cuestionaron los militares, agregando que el comandante en jefe “hizo lo único que podía hacer ante la soberbia e hipocresía de quienes llevaron adelante este proyecto de ley”
Además, señalaron que como consecuencia el comandante en Jefe fue sometido a un escarnio político en el que “políticos de todos los sectores buscaron arrimar agua para su molino”
El legislador comunista Gerardo Núñez dijo a Informativo Carve que es necesario confirmar el origen del documento de análisis: “Habría que establecer si se trata de un documento oficial del Ejército. Hay que ser cautelosos en estos momentos”, señaló.
Núñez negó que exista tanta tensión en el vínculo entre el gobierno y las FF.AA. como se plantea: “Me da la impresión de que hay algunos intereses, no sé de quién, de generar mayores niveles de enfrentamientos entre las FF.AA., y el gobierno y el sistema político en general”, señaló “No hay un enfrentamiento entre el gobierno y los distintos partidos políticos y las FF.AA., sí hay un debate”, agregó
El diputado aclaró que “no se pretende bajo ningún concepto” humillar o atacar a las FF.AA.: “Estamos debatiendo en el marco de un contexto democrático. No significa un ataque. Tenemos que hacer un esfuerzo para no entrar en una polarización que no es lo que está sucediendo en la realidad. Si transitáramos ese camino, le haría muy mal al Uruguay”
Por su parte, el ex ministro de Defensa Yamandú Fau, que ejerció el cargo durante el último gobierno del P. Colorado, dijo a Informativo Carve que el gobierno dio versiones contradictorias sobre las razones por las que sancionó a Manini Ríos, al tiempo que le ratificó la confianza al día siguiente de haberlo sancionado.
Fau dijo que la posición de que fue sancionado en función del artículo 77 de la Constitución no corresponde, porque Manini Ríos no estaba en un acto proselitista en búsqueda de votos ni de adhesiones a un partido.
Luego el ministro dijo que se debe a un decreto que firmó en 2003 junto al presidente Batlle y señaló que si fuera por ese decreto el comandante debió ser destituido. Además, calificó como “un hecho grave” de confirmarse la existencia de un documento con la opinión de los militares sobre la sanción “No pueden elaborar un documento sobre hechos de naturaleza política que fije la opinión de la fuerza”, señaló, aclarando que es distinto que se dé en conversaciones dentro de los cuarteles
Además, señaló que “si el ministro fuera Eleuterio Fernández Huidobro hoy no habría proyecto (de reforma de la caja), y eso lo sabe el Ejército”
Fau recordó el caso de Carlos Díaz, que fue destituido por reunirse con jerarcas políticos y opinó que si él hubiera sido el ministro hubiera destituido a Manini Ríos. Consultado sobre porque el gobierno no lo relevó, respondió: “Porque no se animaron”
(Extraídos del Facebook de HAP)
Ante la ineficacia mostrada por los Cuerpos de Inteligencia, se hizo cargo de algunos procedimientos una Brigada Especial dirigida por el comisario Morán Charquero, secundado por los subcomisarios Villar y Besson. Uno de los argumentos esgrimidos para tomar esta medida fue que los tupamaros no eran delincuentes políticos, como eran llamados por algunos sectores, sino vulgares delincuentes y que como tal debían ser tratados. Lo que había detrás de esa argumentación era una velada crítica hacia el Departamento de Inteligencia y Enlace por su política de no practicar la tortura. Era también el reconocimiento de que los considerados delincuentes comunes eran interrogados bajo tortura, lo que aparentemente no causaba en la sociedad mayores reparos
Las dos primeras víctimas de esa Brigada fueron dos militantes tupamaros, quienes denunciaron en el Juzgado las torturas sufridas, algunas de las cuales quedaron en evidencia por las secuelas físicas. Esto provocó una investigación parlamentaria y judicial, la que acabó sin consecuencias para los policías denunciados. El MLN, en cuya documentación interna se reconocía a la tortura como una de las posibles causas de bajas a sufrir, decidió ejecutar a Morán Charquero y a los subcomisarios ayudantes.
Cuando esa medida comenzó a ser puesta en práctica se comprobó que ninguno de los tres residía en los lugares que el MLN los tenía referenciados. Se resolvió entonces dedicar todos los esfuerzos sobre Morán Charquero, mediante un sistema de guardias permanentes en Jefatura, sin lograr su ubicación. Uno de los lugares que frecuentaba era la YMCA de la calle Colonia, lugar que no se consideró adecuado y que sólo sirvió para ubicar los autos en los que se movilizaba hasta la Jefatura, pero que no eran los que lo llevaban hasta su casa, por lo que era imposible montar su seguimiento. Finalmente y cuando ya parecía imposible dar con el domicilio, nos llegó el fichero completo de Sanidad Policial, en el que aparecía su domicilio en Punta Carretas.
Dicho fichero fue proporcionado por Abel Ayala, un colaborador de Píriz Budes y como él oriundo de Rivera. Abel Ayala permanece como desaparecido desde 1971, sin que el MLN ni ninguna otra organización lo haya incluido en las listas de ejecutados o desaparecidos por el Comando Cazatupamaros, más conocido como Escuadrón de la Muerte.
Morán Charquero fue ejecutado en la Rambla, cerca de las canteras del Parque Rodó, por un comando de la columna 15, que actuó bajo la supervisión de Candán Grajales
El comando estuvo integrado por Engler, Antonio Mas Mas y Esteban Pereira Mena. Durante mucho tiempo creí que quien había conducido el auto del MLN había sido Aurelio Fernández Peña. Pero en 2014, Pereira Mena, participante en la operación, dijo en CX36 que el chofer había sido Juan José Valdez Pieri (a) Pepito Valdez
En 1972, Pepito Valdez integró con Raúl Méndez Moreira, alias Pombo, el grupo de tupamaros que participaron en los interrogatorios y torturas a los gerentes de las casas de cambio en el cuartel de La Paloma, en las llamadas comisiones de los ilícitos y ambos salieron de dicho cuartel para señalar a militantes. Pepito Valdez fue liberado exilándose en España. Allí junto a militantes del Movimiento 26 de Marzo, se dedicó al negocio editorial. Tras la dictadura regresó al Uruguay, y colaboró activamente con Huidobro en la CAP-L y el MPP de Mujica, siendo procesado por estafa a través del programa Telechat, en el año 2014
El mismo día del homicidio del Inspector Morán, el Poder Ejecutivo dispuso la clausura definitiva del diario De Frente cuyo director, Federico Fasano ya había sido detenido brevemente en marzo anterior por sospechas de colaboración con la sedición. La clausura se debió a que De Frente había publicado el 11 de abril, en su portada, la fotografía del inspector Morán Charquero a la salida de la sede del Juzgado, creyendo, falsamente, que la fotografía había servido para identificarlo.
En este Relato amplío alguna información referida al diario El Debate, que no figura anteriormente.
(En este Relato amplío alguna información referida al diario El Debate, que no figura anteriormente)
La muerte de Morán Charquero terminó con la Brigada Especial. Salvo raras excepciones, como en el caso de algunos detenidos en la calle Almería en agosto de 1970, no se aplicó en Jefatura ningún tipo de apremio hasta mayo de 1972, por los miembros de la DGII, bajo el mando de Víctor Castiglioni y Campos Hermida.
En mayo de 1970 se produjo en Montevideo una entrevista entre Sendic y uno de los hermanos Peredo. Los hermanos Guido y Roberto Peredo Leigue eran dos militantes comunistas bolivianos que, en 1963, se habían sumado al foco guerrillero formado por Jorge Massetti en la frontera entre Bolivia y la provincia argentina de Salta. En 1966, Guido y Roberto, más conocidos como Inti y Coco, respectivamente, se sumaron a las acciones lanzadas en Bolivia por el Ché Guevara, con el nombre de Guerrilla de Ñancahuazú, que acabaron siendo abatidas por el ejército boliviano. Quien viajó a Montevideo a entrevistarse con Sendic fue el hermano menor de Inti y Coco, Osvaldo Peredo Leigue, más conocido como Chato, y embarcado en ese momento en el lanzamiento de la que se llamará la Guerrilla de Teoponte. Las libras fueron enviadas vía Chile, pero no llegaron a su destino, ya que el contacto fue capturado en la frontera entre Chile y Bolivia y llevaba en el maletero de su auto la totalidad de las libras. Pese a ese contratiempo, en agosto de 1970. Chato Peredo envió una carta de agradecimiento al MLN, que éste difundió para que se conociera su voluntad internacionalista
Mayo de 1970 se invirtió en la preparación de la acción del Centro de Instrucción de la Marina (CIM) y que fue realizada por la Columna del Interior. Mansilla había reclutado tiempo antes a un marinero, Fernando Garín, que prestaba servicios en esa unidad y que jugó un papel fundamental antes y durante la realización del operativo. Con esta acción el MLN respondió a la conducta que la Marina, más concretamente el CIM, había tenido en el conflicto de UTE meses antes. No era, como se pretendió por parte del Ministerio del Interior, un ataque a las Fuerzas Armadas, que quería involucrarlas en la lucha antisubversiva, sino que era una acción de respuesta a los plantones y apaleamientos que los obreros en conflicto habían soportado. La Marina nunca dio a conocer el inventario completo de las armas, municiones y granadas que los tupamaros se llevaron del CIM en tres camiones de la propia Marina, pero era más que suficiente para provocar la conmoción creada, que superó con creces a la que el propio MLN tenía prevista. La policía desató entonces una serie de operativos a la búsqueda de las armas, sin éxito, pero detuvo a tres militantes, dos de ellos gravemente heridos y uno muerto, Hernán Pucurull, estando desarmado y que según el dictamen del forense, murió desangrado por falta de asistencia. Por parte de testigos se supo que los heridos lo fueron cuando salieron del rancho en que se encontraban, desarmados y con las manos en alto. Se tuvo conocimiento, además, de que el procedimiento lo realizó la Guardia Metropolitana. La Dirección decidió entonces que se tiroteara a miembros de ese cuerpo. A esa altura, la represalia estaba consolidada como línea de acción. Por parte de políticos y militares se pensó que el MLN con el armamento recién adquirido encararía una escalada en su accionar, y de forma simultánea se produjeron dos incidentes en los dos cuerpos militarizados de la Policía, que se negaron a salir a la calle, lo que cumplieron durante algunos días. Este hecho pasó inadvertido para el MLN, que había sido tomado por sorpresa por los acontecimientos
En ese momento se produce un hecho que indica bien a las claras el peso militar y político que se pensaba tenía el MLN. Un abogado de los insurrectos de la Guardia Republicana solicitó, por intermedio de los presos de Punta Carretas, un contacto entre la dirección del MLN y el grupo político que dirigía el ex presidente del consejo de Gobierno, Alberto Heber. Este contacto se aceptó, concurriendo por el MLN Víctor Mansilla y por el grupo de Heber los diputados Héctor Gutiérrez Ruiz y Alberto Gutiérrez Cirimello, quienes realizaron el siguiente planteo: el sector que ellos representan ve con simpatías la labor del MLN, a quien comparan con los contingentes armados de Aparicio Saravia; entendían conveniente mantener estrechos contactos para profundizar en el conocimiento mutuo que permitiera llegar en el futuro a acuerdos de fondo; a tales efectos solicitan una tregua de 45 días en los que ellos, con las fuerzas que contaban en los Cuerpos Policiales y en las Fuerzas Armadas promoverían el derrocamiento del gobierno de Pacheco Areco y cuando ello se diera, se conversaría con el MLN acerca de un plan de gobierno común, amnistía para los presos y la integración de algunos a nivel de gobierno
La Dirección, con mi única salvedad, recibió el planteo con gran entusiasmo y decidió aceptarlo pero con una tregua de veinte días. Para oponerme, argumenté que no creía en la honestidad de los hermanos Heber, que habían llevado desde el gobierno una línea netamente antisindical y estaban implicados en la quiebra del Banco Transatlántico, que la propuesta era nada más que un señuelo para conseguir una tregua que los prestigiaría políticamente y opiné que era una decisión demasiado importante para adoptarla sin consultar a los Comandos de Columna
Los argumentos de la otra parte, de manera fundamental los de Sendic, eran claramente oportunistas: el MLN no tenía previsto realizar ninguna acción en esos veinte días por lo que en realidad no concedía nada y por otro lado la negociación era secreta, con lo cual el MLN no arriesgaba nada negociando con los Heber. A los pocos días el diario El Debate, que pertenecía al grupo de los Heber violó el secreto de las negociaciones, anunciando la tregua. Pese a ello, la dirección mantuvo los contactos y contribuyó a financiar el diario, pero lo ocultó a los comandos, tal era el malestar por la ruptura del secreto. Demás está decir que el golpe no se produjo(continuará)
Ricardo Reilly Salaverri El País 20 septiembre 2018
Muchos creemos en el "hogar nacional". Un agradecimiento por la tierra de promisión legada por los próceres patrios, abrigo de generaciones de inmigrantes portadores de distintos credos, razas, culturas y conductas llamados a convivir pacíficamente, gracias a la democracia política, económica y el anhelo de bienestar social que implica. Otros partiendo de la envidia, la lucha de clases, el internacionalismo autoritario, creen en ideas "revolucionarias", que afirman el fin justifica los medios
Lo primero mira a las sociedades de mejor resultado humano del mundo y es lo que aún hoy —sumidos en una crisis moral sin precedentes y otra económica y social en caída libre— explica que nuestra república siga siendo respetada en el caótico continente latinoamericano
La segunda abraza todas las experiencias humanas más execrables. Unión Soviética, Muro de Berlín, acuerdo entre Hitler y Stalin, el paredón de la monarquía castrista, y abreviando, sostiene adhesión sin tapujos —integra el Foro de San Pablo— a la tiranía venezolana, de la que 2.300.000 emigrantes, que recorren en famélica caravana a pie América Latina, habla sola.
El fascismo "progre" ilustra diariamente con ejemplos. Cuando el ataque intencional contra las Fuerzas Armadas recrudece vale recordar que siendo presidente del Uruguay el "Pepe" Mujica se mostró ante la prensa internacional disfrazado en Caracas con el uniforme del corrupto y genocida ejército venezolano. Felonía de gala. Más cercanamente el presidente del Frente Amplio en rueda de prensa en La Habana, en reunión del Foro, se deshizo en loas a la monarquía carcelera del empobrecido pueblo de Cuba. Y, en concordancia, un connotado representante del Pit-Cnt, en uso de sus licencias gremiales permanentes (y pagas) estrechó las ensangrentadas manos de Nicolás Maduro llevándole —¡caradura!— el "saludo del pueblo uruguayo". Todos suman a la cáfila cleptómana de los grandes empresarios de obra pública de Brasil y Lula; y al contubernio de saqueadores "K" argentinos
En un reciente atraco contra una sede del Banco Itaú, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, llevada adelante por unas diez personas que portaban armas de guerra, en la que hubo una balacera sangrienta contra guardias de valores privados y transeúntes civiles, uno de los delincuentes herido, fue apresado. Su padre es un destituido en el pasado como oficial del ejército, que fue procesado por tupamaro. Salió con la amnistía a los terroristas en 1985. Goza de un suculento retiro por la recomposición de su carrera militar, sin haber aportado nunca un peso de montepío (Trendsmap-Top 100 Tweets, 17/09/018; El Telégrafo, 18/09/18)
El hecho ha generado comentarios probablemente infundados tales como: ¿la delincuencia terrorista sigue operando en democracia? El periodista Federico Leicht en un libro sobre Jorge Zabalza, registró su declaración respecto a que en 1994, en una asonada ante el Hospital Filtro para impedir la extradición a España de tres criminales de la ETA, la organización vasca les había pagado para que allí actuaran. Y, autor de otra obra objetiva, de cercana edición, "30 mitos de la historia reciente" (ed. De la Plaza, 2017), basándose en hechos comprobados, recuerda que "la barra de Mujica, la pesada del Movimiento de Participación Popular (MPP), siempre está metida en temas oscuros, jodidos, ilegales" (Búsqueda, 28/09/17).
¿Cabe la duda?
20 de septiembre de 2018 | la diaria |
Ayer de mañana, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad enviar todas las actuaciones de la investigadora de espionaje militar y policial en democracia a la Justicia, como establecía el proyecto de resolución que se había votado, también por unanimidad, en ese cuerpo a fines de agosto. No obstante, en el plenario el debate duró más de cinco horas y no faltaron las idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición.
El puntapié inicial de la jornada lo dio el diputado comunista Gerardo Núñez, quien fue el presidente de la comisión investigadora. Subrayó que la Cámara de Diputados hizo “muy bien” en haber votado la comisión investigadora, en 2016, ya que de ese modo ratificó la “conducta histórica” del Parlamento en defensa de la democracia. Luego hizo un repaso de los hechos de espionaje que considera más significativos, como del que fue objeto el proceso de recolección de firmas del “voto verde”, para derogar la ley de caducidad. Núñez agregó que, además de espiar a partidos políticos y sindicatos, la inteligencia militar y policial llegó a infiltrarse incluso en reuniones de padres en escuelas, detallando las discusiones y fotografiando a los participantes. "Esto habla de una permanente obsesión de los servicios de inteligencia, que investigaban absolutamente todo lo que ocurría en nuestro país”, dijo Núñez. Además, subrayó que el espionaje no era un accionar individual sino orgánico, dado que varios de los documentos del “archivo Berrutti” tienen, por ejemplo, el sello del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), lo que le da carácter de “planificación institucional”. Por último, Núñez descartó que la información de inteligencia fuera recolectada de fuentes abiertas –notas de prensa, por ejemplo–, ya que la mayoría se hizo por intermedio de “fuentes cerradas”.
En esa misma línea, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, remarcó la responsabilidad que tuvo el Estado, al "permitir y financiar el espionaje sistemático"; en particular, marcó que estas prácticas recayeron "con especial énfasis" sobre quienes llevaban adelante denuncias vinculadas a la violación de derechos humanos en dictadura. Para Puig, en ese sentido, se podría concluir que el espionaje en democracia es "hijo de la impunidad".
Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Gerardo Amarilla descartó que los actos de inteligencia ilegales fueran una “política de Estado”, aun en los primeros años de la recuperación democrática, “con toda la sinergia que tenían desde la época de la dictadura”. “Estas prácticas que se realizaban, y que tal vez hoy se realicen, escapan a la responsabilidad y voluntad de los gobernantes desde 1985 hasta la fecha”, dijo Amarilla, que subrayó que fueron investigados "todos y en todos los gobiernos". Para argumentar eso, el diputado señaló que en el archivo Berrutti hay fichas de 1991 en las que “casualmente” él mismo aparece investigado junto con otros “militantes jóvenes” del PN. Además, sostuvo que algunos de los “allanamientos clandestinos” que tuvieron a figuras políticas como objetivo fueron “bien cercanos en el tiempo”. Por ejemplo, en 2014, durante la campaña electoral, le robaron “la computadora y la tablet” a Raúl Sendic, en un acto “típico de inteligencia”.
Amarilla dijo que es necesario que el Estado tenga agencias de inteligencia que aseguren las “garantías del sistema democrático”, porque “sabemos que hay otros servicios de inteligencia que actúan en este territorio, algunos con intereses económicos y empresariales”. “El Estado uruguayo tiene que saberlo, pero debe ser como toda activad pública: reglada y ajustada a la Constitución y a la ley”, finalizó.
El diputado blanco Federico Casaretto criticó el manejo que hicieron del archivo Berrutti cuando fue encontrado, en 2006, quienes estaban a cargo del MDN, empezando por la propia ministra Azucena Berrutti. Recordó que junto con otros dirigentes de su partido fueron recibidos por la entonces ministra, ya que su mayor preocupación era que los archivos fueran desclasificados “con la mayor transparencia para todo el sistema político”. Sin embargo, Casaretto sostuvo que el proceso terminó siendo “muy turbio”, y recordó que una de las personas que desclasificaron los documentos fue Augusto Gregori Souto, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, “hombre de confianza de José Mujica” y “reconocido porque fue el que más tierra sacó para fugarse del penal de Punta Carretas”
En tanto, el diputado colorado Tabaré Viera se refirió al pacto del Club Naval y señaló que la salida de la dictadura no fue producto de una “derrota militar” de los dictadores, sino que “la derrota se fue produciendo a lo largo de los años, en eso que denominamos el cambio en paz, que fue un éxito”. Por lo tanto, “desarmar los aparatos de la dictadura costó mucho tiempo”, y luego de la apertura democrática “la dictadura estaba latente y siempre existía el riesgo de un fracaso y de una vuelta a esa dictadura”. Por último, dijo que en la apertura democrática no hubo “una política del gobierno” en torno al espionaje “y eso quedó claro en la investigación de la comisión”
El diputado blanco Pablo Abdala coincidió con Viera. Sostuvo que “este tema no puede analizarse ni separarse del propio proceso histórico”, y que es evidente que a partir de 1985 el país inició “una transición de un sistema a otro”. “Evidentemente, hay situaciones en las que no se pasa del blanco al negro. En la historia no se procede por tajos”, agregó.
En el ida y vuelta también hubo tiempo para chicanas. El colorado Ope Pasquet hizo referencia a las “tupabandas” y a la biografía de Eleuterio Fernández Huidobro que escribió la periodista María Urruzola para demostrar la necesidad de los servicios de inteligencia, porque para resolver esos casos no basta con “los policías de la seccional”. Luego, el frenteamplista Óscar Groba sacó un libro sobre el romano Espartaco. “Yo también acostumbro a leer literatura”, ironizó.