Los días que transcurrieron entre el 31 de julio y el 10 de agosto de 1970 se encuentran entre los más difíciles de la historia del Uruguay. Un sinfín de contactos políticos, conversaciones privadas, intercambios telefónicos y cablegráficos, redadas policiales, allanamientos, detenciones, promesas, desconciertos y frustraciones tensaron las relaciones entre el Palacio Santos con Itamaraty y el Departamento de Estado Norteamericano, poniendo a Uruguay en el centro de un conflicto para el que no se hallaba preparado.
Los gobiernos de Brasil y EE.UU. estaban oficialmente alineados con el uruguayo en un punto: no podría haber negociación con los secuestradores. Lo contrario era legitimar los secuestros y tornar a todo diplomático en Uruguay y otras partes del mundo en blanco de grupos sediciosos. Pero, a partir de ese acuerdo, la posición de Brasil y EE.UU. comenzaba a separarse de la uruguaya. Ambas cancillerías extranjeras planteaban discretamente que Uruguay debía, de todos modos, abrir canales de comunicación con los secuestradores, así como analizar opciones alternativas para salvar la vida de los rehenes.
El discurso público, por tanto, era distinto al que se manifestaba en privado, sugiriendo al gobierno de Pacheco diferentes escenarios de “comunicación” que nunca llegaron a explicitarse. Hay que tener en cuenta que tanto Brasil como los EE.UU. habían facilitado la negociación que hizo posible salvar la vida del embajador Elbrick.
Pero, tanto el MLN como las cancillerías extranjeras habían encontrado un obstáculo inesperado: el presidente Pacheco, quien pese a todas las presiones ejercidas sobre él se mostró inflexible en cuanto a la negociación. Cuando el 2 de agosto el MLN dio a conocer que el estado de salud de los secuestrados era bueno, y que serían liberados cuando el gobierno hiciera lo propio con todos los “presos políticos”, Pacheco respondió al día siguiente con un comunicado del Ministerio del Interior dirigido a la opinión pública. La posición formulada, que sería reiterada por una declaración presidencial y de todo el gabinete, era clara: el secuestro, además de un acto delictivo, era una inaceptable forma de presión sobre los poderes públicos, por lo que, para el gobierno, no sería “ni legalmente posible, ni honorable, ni conducente a nada” negociar la suerte de los retenidos.
Sin embargo, en torno a Pacheco existían varias presiones. Las comunicaciones de la embajada de los EE.UU. al Departamento de Estado son elocuentes: el embajador Charles Adair refirió cómo la línea de Pacheco era discutida, en privado, por su ministro de Relaciones Exteriores, Peirano Facio, quien se habría reunido con abogados de los presos y había enviado al embajador a entrevistarse con Alberto Abdala. Las conversaciones de Abdala con el embajador Adair fueron por carriles diferentes: no solo intentó tranquilizar al diplomático sobre la imposibilidad de que alguno de los rehenes fuera asesinado -así, le aseguraba, se lo informaban sus contactos parlamentarios-, sino que se permitió opinar que era la vida de Dias Gomide la que corría más riesgo en manos de los tupamaros.
En su entrevista él mismo se presentó como portador de una “línea más blanda” y comprometida con la “reconciliación nacional” que la de Pacheco, lo que le llevó a calificar el comunicado del Ministerio del Interior del 3 de agosto como de un “error”. Del mismo modo planteó que la molestia despertada en Peirano Facio por la posición de Pacheco había empujado al canciller a considerar la posibilidad de renunciar a su cargo. Estas entrevistas llevaron al embajador a pensar que la línea oficial era algo aún en proceso de definición
Pacheco estaba siendo presionado, además, por el propio cuerpo diplomático acreditado en Uruguay, cuyo decano, Agustín Sepinski, se convirtió en vehículo de gestiones llevadas adelante por parte de organizaciones y sacerdotes cristianos locales simpatizantes del MLN. El 4 de agosto la prensa recogía noticias respecto a proyectos de amnistía que habrían sido considerados por varios legisladores de la oposición nacionalista y de la izquierda. El 7 de agosto se secuestró a Claude Fly, experto agrícola norteamericano, por lo que pareció que se cumpliría el mensaje recibido de su padre por Jorge Zabalza: “el canje es un hecho”
Mientras en Punta Carretas festejábamos la inminente liberación y casi todos esperaban la caída del gobierno de Pacheco o al menos la renuncia del presidente, la policía llevaba adelante un procedimiento en la calle Almería 4630. Esta casa venía siendo vigilada desde días antes, merced a una llamada de un vecino al mismo Ministerio del Interior. Este vecino había llamado en repetidas ocasiones a Jefatura, para denunciar la presencia en esa casa de Edith Moraes, clandestina desde enero de 1967. La llamada fue considerada una de tantas y como tal no fue tenida en cuenta, hasta que el vecino resolvió llamar al Ministerio. Relató sus varias llamadas y desde el Ministerio llamaron a Inteligencia y Enlace, quienes resolvieron enviar a dos agentes a comprobar la denuncia. No solo identificaron a Edith, sino que comprobaron que allí vivía Candán Grajales, clandestino desde octubre de 1968. Ambos fueron seguidos en sus movimientos, lo que permitió llegar a varios locales en los días siguientes, posibilitando la detención de un número importante de militantes.
La tarde del 7 de agosto el Ejecutivo se reuniría en la casa de la calle Almería por primera vez, junto con representantes de los comandos de columna. Era lo que se llamaba un Ejecutivo ampliado, reunido sólo para momentos excepcionales, y ese lo era. El MLN estaba a punto de lograr la caída del Gobierno y con eso conseguir vaciar las cárceles y los cuarteles. Lo acordado era que Candán los esperaría en la esquina para conducirlos, pese a que Mansilla, Sendic y Martínez Platero conocían la casa, pero no las señales de alarma. Dentro del apartamento ya estaban detenidos Asdrúbal Pereira y Edith Moraes, quienes alcanzaron a colocar la señal de peligro, la que fue vista por Candán a las 13,45, aproximadamente. Candán decidió esperar al resto del Ejecutivo y alejarlos de la zona, ya que la reunión sería a las 14,00. Pero a los pocos minutos Candán fue reconocido y herido al intentar huir. En esos momentos llegaron en una camioneta Bidegain y Picardo, quienes oyeron disparos y al ver a un hombre joven con un arma en la mano le ofrecieron ayuda, creyéndolo un tupamaro, siendo detenidos los dos.
Pocos minutos después llegaron Sendic y Martínez Platero, quienes al ver la camioneta de Bidegain y Picardo rodeada por la policía, pensaron que si los dos estaban detenidos, podía producirse un rastrillo en la zona, y deciden ir al apartamento a dar el aviso, pese a desconocer las señales de alarma, siendo detenidos también. Cuando llegó Mansilla, viendo el despliegue policial, abandonó la zona, siendo el único miembro de la Dirección que logró huir. Al rato llegaron Alicia Rey y Graciela Jorge Pancera, quienes venían de entrevistarse con sus contactos, los que les habían transmitido el pedido de entrevistas de Ferreira Aldunate y Manuel Flores Mora. Ambas tenían, como contraseña para entrar al edificio, que efectuar una llamada telefónica, sistema que ya no se usaba pero que no les había sido comunicado. La policía había bloqueado el teléfono y Rey y Jorge, pensando en un desperfecto común, al no ver ningún movimiento sospechoso en el lugar -y además agotadas por el trajín de esos días- decidieron entrar al edificio siendo detenidas.
Así, sumando casualidades y errores cometidos por los tupamaros, la policía asestó un golpe durísimo al MLN y fortaleció la posición del gobierno. A la misma hora en que se producían las detenciones, Pacheco Areco estaba almorzando con sus allegados y asesores, reunión en la que luego se diría que estaba analizando su dimisión. A las 24.00 del viernes, Pacheco, visiblemente fortalecido, se dirigió a la población, anunciando su resolución de no aceptar el canje. Al día siguiente el Ejecutivo previsto para esas circunstancias -Mansilla, Blixen, Menéndez y Juan José Domínguez- emitió un comunicado concediendo al gobierno un plazo hasta el domingo a las 12.00. De no aceptarse, Mitrione sería ejecutado, cosa que se cumplió el domingo a las 21.00. Esta resolución se tomó interpretando la ambigua frase del comunicado anterior en el que se decía que de no aceptarse las condiciones del canje, “se haría justicia”.
Mansilla, que había mostrado su acuerdo en la ambigua redacción, pero que conocía que la eliminación del secuestrado no era el objetivo, aducirá luego en Punta Carretas que se sintió empujado por la opinión de sus tres compañeros del Ejecutivo. En su libro Ay de los vencidos!!!, Marx Menéndez relata cómo, al ser citado para discutir el tema de la ejecución, a priori, él consideró que era inevitable. En un reportaje que le realizó en 1970 el periodista Ernesto González Bermejo, Mauricio Rosencof, identificado como Urbano, expresó que “la sentencia sobre Mitrione, antes que la dictáramos nosotros la dictó el gobierno y la embajada norteamericana… si el MLN no hubiera cumplido con su propia sentencia el método de los secuestros para obtener la liberación de prisioneros hubiera perdido eficacia” (continuará)