Entrevistado en Rompkbzas, el doctor William Yohai explicó los detalles de su análisis sobre todas las variables económicas del proyecto. “Cuanto más se sabe de este negocio, más claro resulta que será ruinoso para el interés nacional”.26/9/18
El gobierno afirmó hace algunas semanas haber culminado la "segunda fase" de las negociaciones previstas en el acuerdo firmado con UPM para la eventual instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en el Uruguay.
Pero, cuando parecía que estaba todo dicho en torno al tema, las sorpresas continúan.
Un completo análisis de todas las variables económicas del acuerdo demostró algo muy llamativo: el 51% de la inversión total prevista para que la planta pueda hacerse realidad........ estará a cargo del Estado uruguayo.
Así se desprende de un trabajo realizado por el doctor William Yohai. Ex integrante de la Red de Economistas de Izquierda, está vinculado hoy al Movimiento Uruguay Sustentable. Esta es la opiníon de Yohai
El informe comienza puntualizando que contrato eléctrico le significa a UPM un subsidio por 1450 millones de dólares, dado que UTE se compromete a pagar 72,5 millones anuales por una energía que no va a necesitar. El ente utilizó en 2017 apenas el 4% de su capacidad de generación técnica.
La demanda de energía eléctrica entre 2000 y 2017 creció, punta a punta un 20%. Es esperable, por tanto, que para 2037 haya crecido otro tanto.
Faltan, entonces, bastantes años para que UTE realmente necesite nuevas fuentes de energía, apunta Yohai. Sin embargo, la eventual instalación de UPM2 puede adelantar ese proceso. La cláusula del contrato que obliga a ROU a garantizar un flujo mínimo del Río Negro provocará una caída de la capacidad generadora de las represas sobre el mismo. Según expresó el senador Luis Lacalle en llamado a sala de noviembre del año pasado los servicios técnicos de UTE cuantifican esa pérdida entre 45 y 160 millones de dólares anuales.
Lacalle afirmó también que el dragado del puerto de Montevideo costaría 30 millones de dólares. El viaducto sobre el acceso ferroviario al puerto, más el traslado del puerto pesquero a Capurro costarían otros 250 millones.
Según manifestaban un día sí y el otro también jerarcas oficiales el ferrocarril costaría 700 millones de dólares.
Basándose en el costo a valor actual más una tasa de interés del 4.5% del contrato eléctrico (943 millones), el viaducto y traslado del puerto pesquero y el ferrocarril, el doctor estimó que la inversión de Uruguay será de 1900 millones de dólares.
Si se agrega lo informado por Lacalle habría que agregar otros 45 a 160 millones por pérdida de generación de UTE y 30 millones anuales por el dragado.
Por otra parte, este mes se abrió el sobre de la única oferta en carrera para construir la obra ferroviaria. Los medios de prensa siguen informando que la obra tendrá un costo de 800 millones. Lo que no se aclara en forma suficiente es que ese sería el costo para la empresa contratista. Al Estado uruguayo la obra le costaría más de 2000 millones.
En efecto, como indicio valga el dato de que Diego Pini, representante de la empresa española ACCIONA que fue dejada fuera del proceso licitatorio, afirmó que su propuesta es 8.3% más barata que la del grupo ganador, liderado por SACEEM, y que ello representa unos 168 millones de dólares menos. Una sencilla regla de tres, dice Yohai, da que el costo para Uruguay sería de 2.024 millones.
A fin de hacer una cuenta lo más objetiva posible con la información disponible, Yohai descontó los pagos que, incluyendo el peso estimado de los trenes vacíos, UPM debería hacer a ROU por el uso de las vías a razón de 0,05 dólares por tonelada bruta kilómetro. Esta cifra, alrededor de 2545 millones de dólares, representa más que los 2.000 millones de euros que promete invertir UPM.
De acuerdo a estos datos Uruguay estaría invirtiendo un 51% del de los 4948 millones de dólares que, se calcula, constará la inversión total.
Si los precios actuales de la celulosa se mantuvieran, la planta UPM2 generaría ganancias anuales por alrededor de 1.000 millones de dólares. La recuperación de la inversión tendría lugar en algo más de 2 años. Todo un récord a nivel internacional.
Uruguay, dice Yohai, recibiría una cifra ínfima de impuestos. Trabajarían unas 2.500 personas durante 2 años. Quedarían unos 500 puestos de trabajo permanentes.
“En suma: cuanto más se sabe de este negocio más clara resulta su condición de ruinoso para el interés nacional. Entiendo que hasta que no se firme el contrato con el consorcio para la construcción del ferrocarril hay tiempo para revertir todo esto. Después, probablemente será demasiado tarde”, concluyó Yohai en su trabajo.
Solo para no agravar la contaminación existente en el río Negro, la planta de celulosa de UPM necesita que se le asegure un caudal mínimo de 65 metros cúbicos de agua por segundo
Víctor L. Bacchetta Sudestada 25/09/2018
El contrato entre el gobierno uruguayo y la multinacional UPM por la posible instalación de una nueva planta de celulosa contenía un texto de alcance indefinido. Era el compromiso de conceder los derechos de uso del agua que requiriera UPM y a establecer "un flujo mínimo en el río Negro aguas debajo de la represa del Rincón del Bonete (...) no estando obligada UPM a realizar ninguna compensación por dicho flujo mínimo (sic)"
Hasta ahora no se había definido cuál sería el volumen de ese flujo mínimo requerido para producir 2,1 millones de toneladas anuales de celulosa. Recién con la entrega a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requerido para la obtención de la Autorización Ambiental Previa del proyecto, se sabe que UPM plantea que le aseguren un flujo mínimo de 65 m3/s (metros cúbicos por segundo).
¿Cómo llegó UPM a esa cifra? La empresa debe justificar el impacto previsible de su instalación sabiendo que el río Negro está contaminado por encima de los niveles aceptables. "Siempre es difícil establecer un criterio de admisibilidad de un impacto para una actividad nueva cuando existe sobre un factor ambiental determinado una situación de contaminación precedente", expresa UPM en el estudio de impacto ambiental.
Y agrega que "cuando el pasivo ambiental presenta una escala de cuenca, como en este caso, la posibilidad de revertir la situación está fuera del alcance del proyecto". UPM se desliga así de su responsabilidad en la contaminación actual del río, una situación obviamente no generada por la planta sin construir. La empresa se plantea que solo puede "no incrementar y en lo posible reducir la situación actual (sic)"
Reconociendo su impacto, UPM se compromete a compensar al Uruguay con "apoyo técnico y financiero a los planes de Uruguay para mejorar la calidad de las aguas del río Negro". La empresa aportará 1,5 millones de dólares anuales durante 20 años y contribuirá al saneamiento de las localidades de Paso de los Toros y Pueblo Centenario, pero eso está lejos de compensar el impacto de la operación de la planta de celulosa
De acuerdo con el proyecto presentado a la DINAMA, la planta de UPM descargará en el río Negro 107 millones de litros por día de efluentes. Si bien la empresa afirma que los componentes químicos y orgánicos de esos efluentes estarán dentro de la norma vigente, el problema inmediato posterior es si el río tiene la capacidad para diluirlos y llevarlos a una relación que no incremente la contaminación ya existente
En la medida que ya tiene un alto nivel de contaminación, el río Negro no tiene la capacidad para diluir esos efluentes y se hace necesario un flujo adicional de agua que solo puede ser suministrado por el embalse del lago del Rincón del Bonete que quedaría aguas arriba de la planta. O sea que ese flujo mínimo es la condición para que el impacto de la planta no agrave la situación del río.
El caudal de 65 m3/s planteado por UPM es equivalente a 5.616 millones de litros de agua por día. Si se tiene en cuenta que la planta de celulosa descargaría en el río 107 millones de litros diarios de efluentes, esto significa que esos efluentes necesitan una dilución de más de 52,5 veces para no agravar la situación del río Negro. Esto modifica por completo el cálculo del consumo de agua de la planta
UPM alega que el consumo de agua sería la diferencia entre 136 millones de litros que toma y 107 millones de litros que devuelve diariamente al río, o sea, unos 29 millones de litros. Pero la descarga no es agua sino efluentes que necesitan 5.616 millones de litros de agua para ser diluidos. Entonces el volumen de agua sin el cual la planta no podría funcionar es de 5.752 (5.616+136) millones de litros diarios
Resulta muy difícil de imaginar lo que representa ese volumen de agua. Para dar una idea, si consideramos el consumo diario por persona de 130 litros de agua, que es la medida estándar aceptada por la OSE, tenemos que el requerimiento de la planta de UPM equivale al consumo doméstico de 44 millones de personas.
En resumidas cuentas, aunque UPM cumpla sus compromisos y se le proporcione ese flujo mínimo, seguirá pendiente el plan para resolver la contaminación del río Negro. Ni siquiera es válida la afirmación de la empresa de que no agravará la situación del río porque la planta de celulosa consolida un modelo productivo que está en el origen de la degradación ambiental de los suelos y las aguas del país.
Las perspectivas para el río Negro
En la última semana, el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros crearon un Comité ministerial de Coordinación Ejecutiva para hacerse cargo de la primera etapa de un plan de recuperación ambiental de la cuenca del río, llamada Iniciativa para el Río Negro, integrado por los ministerios de Medio Ambiente (MVOTMA), Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) e Industria, Energía y Minería (MIEM)
Esta Iniciativa fue asociada inmediatamente a los compromisos asumidos por el gobierno en el acuerdo firmado con UPM. No obstante, un grupo interministerial con la misma integración y similares objetivos había sido creado por el Poder Ejecutivo hace siete años. Además de la falta de memoria, el hecho puso en evidencia la ineficacia de los organismos a cargo de la gestión de los recursos hídricos del país.
El 24 de enero de 2011, el entonces presidente José Mujica y los ministros Graciela Muslera (Ambiente), Fernando Lorenzo (Economía), Luis Rosadilla (Defensa), Roberto Kreimerman (Industria y Energía) y Tabaré Aguerre (Ganadería, Agricultura y Pesca), crearon el Grupo de Coordinación Interministerial (GCI) de la Cuenca Estratégica del Río Negro, con delegados de los ministerios de Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria, o sea, los mismos que integran el comité recién creado.
Los cometidos del GCI de 2011 eran rediseñar criterios y disponer mecanismos para "establecer políticas generales para una gestión equitativa, eficiente y sustentable de los recursos hídricos" y formular las bases para "la conformación de la Comisión de Cuenca del Río Negro". Palabra más, palabra menos, son cometidos similares a los del ahora denominado Comité de Coordinación Ejecutiva (CCE)
Desde 2009 comenzaron a ser constituidos los organismos de gestión de las cuencas hídricas establecidos en la reforma del Artículo 47 de la Constitución aprobada en el plebiscito nacional de 2004. El primero fue el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, integrado con igual representación por gobierno, usuarios y sociedad civil, que estaría a cargo del plan nacional de gestión de recursos hídricos
El 22 de marzo de 2012 se constituyó el Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del río Uruguay, en cuyo territorio se cuentan al río Negro y sus afluentes. En la tercera sesión del Consejo, en setiembre de 2013, fueron aprobadas la Comisión de Cuenca del Río Tacuarembó y la del Sistema Acuífero Guaraní. En la quinta sesión, en octubre de 2014, se aprobó la Comisión de Cuenca del río Yí
Sin embargo, la creación de esos organismos no ha permitido hasta hoy la concreción de un plan para la gestión del río Negro cuya contaminación está documentada por la DINAMA en registros que se vienen haciendo desde 2009. Los estudios de la DINAMA no se han limitado a medir los indicadores, sino que también han realizado un diagnóstico y una evaluación de las causas de la contaminación.
"El río Negro tiene una situación buena en casi todos los parámetros, salvo en los nutrientes (fósforo y nitrógeno)", explicó recientemente en una comisión parlamentaria el director de la DINAMA, Alejandro Nario. "El origen es la concentración de actividades agrícolas y el uso de los paquetes tecnológicos en la producción agrícola", afirmó el viceministro del MVOTMA, Jorge Rucks, durante esa misma ocasión (1)
Las fuentes puntuales de contaminación del río Negro se encuentran perfectamente definidas, provienen de unos pocos establecimientos industriales y las aguas de uso doméstico de las poblaciones situadas en sus orillas. La conclusión lógica es que la calidad de las aguas del río está comprometida principalmente por los fertilizantes y plaguicidas utilizados en la forestación y las actividades agrícolas.
El MGAP actúa como un superministerio que hace prevalecer sus políticas productivas por encima de las políticas ambientales. El peso del MGAP influyó para quitarle poder vinculante a las comisiones de cuenca en la Política Nacional de Aguas. Inicialmente, el Plan Nacional de Aguas no incluyó la Ley de Riego y otros programas del MGAP. Al final los incorporó, pero dejó la ejecución a cargo de ese ministerio.
En este proceso, las comisiones de cuenca y acuíferos creadas a partir de la reforma constitucional del agua no cumplen sus objetivos e incluso son abandonadas por las organizaciones sociales que las integran. La gestión ambiental del Río Negro tiene similares carencias, por eso la anunciada Iniciativa parece un simple gesto formal, recreado por la necesidad de justificar la nueva planta de UPM.
(1) Intervenciones de Alejandro Nario y Jorge Rucks en la sesión de la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados realizada el 13 de junio de 2018.
7 Sep. 2018| Por: Hemisferio Izquierdo
En octubre de 2017 se aprobó la “Ley de Riego con Destino Agrario” (N°19553). La misma modifica una ley más antigua, vigente desde 1997 y que tiene como antecedente anterior el Código de Aguas de 1980. La actual ley, última gestión de Aguerre como responsable del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, parte del supuesto de que el agua que escurre y no se embalsa no tiene utilidad, que se duplicará la productividad en algunos rubros agropecuarios, que todos ganarán con esto y que los impactos ambientales son mitigables o minimizables. Además, en sus intervenciones en defensa de las modificaciones al riego, queda en evidencia su compromiso a rajatabla con el modelo de los agronegocios vigente (en particular para soja y maíz)
A pesar de que la nueva ley trata sobre algo tan vital como el agua, la misma no prevé la participación ciudadana en “las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos” previstos en el Art 47 de la Constitución votado en el Plebiscito del 2004. Esta es una de las razones por las que desde diciembre del año pasado, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) lanzó una campaña de recolección de firmas para su derogación, contando con el apoyo de varias organizaciones sociales.
Desde Hemisferio Izquierdo, entendemos fundamental poder informarse para decidir y además, consideramos pertinente acompañar con la firma y la recolección de firmas a la campaña por el agua basándonos en cuatro tesis para discutir la “ley de riego”:
1. Mercantiliza el agua, privatiza la gestión
El principal impacto de la ley es que establece un mercado de aguas al crear el “operador del sistema de riego”: una figura económica privada, de origen nacional o extranjero, que será la gestora del recurso agua. No solo controla los ríos y arroyos, sino que también implica en los hechos una privatización, tanto de la construcción de los embalses, como de la distribución y la comercialización del agua.
Además, el “operador” será “la persona física o jurídica encargada [...] del cobro del precio de los servicios correspondientes a los usuarios”, dando espacio a la especulación en un bien tan elemental como el agua. Incluso, faculta a que el agua que no se use para regar pueda usarse para la generación de energía hidroeléctrica, a comercializar a nivel mayorista.
2. Privatizan ganancias, socializan costos
El artículo 14 de la nueva ley de riego incorpora la posibilidad de que las obras hidráulicas para riego se realicen vía Participación Público-Privada (PPP), lo cual otorga garantías a los inversores en detrimento de mayores costos para el Estado. De hecho, se modificó la ya controvertida ley de “PPP” para habilitar la inversión en riego.
Además, el art 15 permite que las empresas inversoras puedan descontar el pago de impuestos de inversiones en otro rubro mediante la Ley de Promoción de Inversiones. Al habilitar la inversión de empresas no agropecuarias, puede llevar a que una cadena de supermercados, un estudio jurídico o hasta un banco puedan invertir en riego y descontar impuestos en sus actividades principales. No solo se favorece con la inversión un nuevo negocio, sino que se verán beneficiados en su negocio original con descuento de impuestos. De esta forma, el riego pasa de ser una necesidad para la producción agropecuaria a convertirse en un negocio en sí mismo, que puede estar desvinculado de los productores: el agua pasa de ser un bien vital y productivo, a ser un medio para capturar rentas
3. Profundiza la concentración de la riqueza
Al fomentar un negocio en manos de privados, la nueva Ley no garantiza el acceso al agua para todos los productores agropecuarios, en especial para los familiares. Por esto accederán al agua solo los que puedan pagarla: esto profundiza la concentración de los recursos productivos, que en nuestro país es altísima. Según el Censo de 2011, mientras los productores familiares -siendo 25.000-, controlan sólo el 15% de la tierra productiva, las 4.167 empresas con más de 1000 hectáreas controlan el 61,4%. Y entre estas, los 40 grupos empresariales más grandes controlan el 11,7%. Así las cosas, el riego lejos de cortarle el chorro a los privilegiados de siempre, los benefician.
4. Genera alta incertidumbre ambiental
Existe evidencia de que el problema de la contaminación difusa de nuestros ríos se ha agudizado y los nuevos embalses ciertamente no lo van a solucionar. La tendencia del negocio del agua, al aumentar la escala de los embalses lleva consigo un aumento de los riesgos de accidentes, procesos de eutrofización, emisiones de gases de efecto invernadero y modificación en los ciclos reproductivos de peces y otros seres vivos. Así lo han alertado numerosos investigadores, expertos en las problemáticas ambientales, en una carta pública. La actual propuesta tiene como supuesto de base una confianza desmedida en las soluciones técnicas y en los débiles mecanismos de control vigentes en la actualidad.
Si se aplicase el principio de precaución, debería evitarse llevar adelante aquellos emprendimientos cuyo impacto no puede conocerse a priori según el nivel de desarrollo actual de la investigación científica. A su vez, la ley no prevé la reserva de fuente de agua para consumo humano. No establece especificaciones sobre el modo de evitar los impactos negativos en la dinámica de la hidráulica de las cuencas. Y, por si fuera poco, con el Decreto 115/018 promulgado recientemente, se pone una “mordaza” a la investigación y difusión sobre el estado de situación de las aguas en nuestro país. ¿Ud. no desconfiaría?
A ello se suma que el control en nuestras aguas y las prácticas asociadas a las mismas admiten el escepticismo o la incredulidad. Solo para ejemplificar, en 2011 se modificaron las exigencias para considerar el agua apta para consumo humano por parte de la OSE, volviendo la normativa más laxa. Y, en el 2016, ante el aumento de costos en la potabilización de la cuenca del Santa Lucía, el Poder Ejecutivo optó por utilizar 18 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética (financiado por la UTE) y, además, aumentar el cargo fijo a la Tarifa de la OSE. Por tanto, el aumento en la contaminación de la cuenca llevado a cabo por los emprendimientos agropecuarios en la zona vinculada a la cuenca, lo terminamos pagando los usuarios: pagando las familias trabajadoras por la contaminación realizada por los empresarios del campo. ¿Qué nos garantiza que con la ley de Riego será todo distinto?
En definitiva, los defensores de la ley nos proponen un falso antagonismo: “Riego sí/ Riego no”. Pero el problema no es el riego, que es una práctica casi tan milenaria como la agricultura. Sino cómo se riega, en qué escala, a servicio de quiénes y qué tanto contempla las generaciones venideras. O sea, ¿quién cosecha los beneficios de regar?
Con ánimos de contribuir a la respuesta de dicha pregunta, elaboramos este material con académicos y militantes sociales, sumando un pequeño aporte para que el agua sea patrimonio de todos y se respete lo que votamos en el 2004. Por ello convocamos a firmar y juntar firmas para derogar la Ley de Riego.
La Ley de Riego es inconstitucional, privatiza, mercantiliza y contamina el agua y excluye a la población. Esta Ley le da la espalda a la gente y favorece a los grandes capitales, en especial multinacionales…
La ley de riego es la ley de privatización del agua. El agua es un derecho, no una mercancía
Dónde firmar
Puestos fijos de recolección de firmas en el interior del país
Canelones:
ADEOM Canelones – Tomas Berreta 211 (Canelones).
AUTE Filial Las Piedras – Rivera 557, frente al Liceo Manuel Rosé (Las Piedras).
Brasil Solar 118, esq. Paraguay (Pando). 096 181 268. Siempre en la mañana, a veces de tarde.
Casa Amarilla – Yamandú y Abarore (Salinas Norte). Lunes a viernes, de 10 a 18 hs.
Cerrajería Atlántida
Feria de Canelones.
Feria de Lomas de Solymar. Domingos.
Feria de Pinamar. Domingos.
Feria de Salinas. Jueves.
Jorge Ferrari – Dubil, esq. Tales, frente al Club Neptunia (Neptunia). 092400940.
La Madriguera Libros – Av. Rivera 480 (Santa Lucía).
Luis (Colinas de Solymar). 099 422 798. Contactate y el compañero va a tu domicilio.
Mujeres en Alerta Ciudad de la Costa – Plaza 8 de Marzo, Becú y Giannattasio (Lagomar). Sábados de 10 a 15 hs.
NS Electricidad – Frente al Shopping Costa Urbana (Lagomar). Lunes a sábado, en horario de trabajo.
Oficina comercial de OSE Santa Lucía – Artigas, esq. F. Lacueva (Santa Lucía).
OSE Atlántida – Roger Balet y Calle 9 (Atlántida).
Puesto Izquierda en Marcha – Feria de Lomas de Solymar. Domingos.
Puesto Izquierda en Marcha – Feria de Salinas. Jueves.
Colonia:
AEBU Colonia – Rivera 184 (Colonia del Sacramento)
Analía Martínez – Vivienda sobre la calle Tacuarembó en barrio El Molino (Tarariras). 099775527
Belén Long – Diego Lamas y Tránsito Pesado (Juan Lacaze). 098329820.
FeNaPES Colonia – Av. Artigas 270 (Colonia del Sacramento)
Jorge Palma – Sarandí, esq. Treinta y Tres (Carmelo). 098220509
Lavalleja:
ADEOM Lavalleja -Intendente Héctor Leis 964 (Minas).
AEBU Minas – Sarandí 581 (Minas).
Bar “del Chacho” – Brígido Silveira 656 (MInas)
Elsa Senra – Calle 12, manzana 8, solar 2, km 29 ruta 1 nueva, Penino (Ciudad del Plata). 094791315.
FANCAP Minas.
Feria de Avenida Artigas (Minas). Domingos.
Oficina Comercial de OSE Minas – Roosevelt 525 (Minas)
Maldonado:
CURE – Tacuarembó, entre Av. Artigas y Aparicio Saravia (Maldonado).
Feria de Maldonado. Sábados.
Feria orgánica (Maldonado). Domingos.
Plaza de Maldonado. Miércoles, 15 hs.
Rincón 673 (Maldonado).
Sede de la UP – 18 de Julio, pasando Dr. Edye (Maldonado).
Veterinaria del Mar – Bergalli 970 (Maldonado)
Rivera:
Asociación de Maestros de Rivera – Uruguay 681 (Rivera). Lunes, martes y viernes, 17 a 19 hs.
Centro Universitario de Rivera -Ituzaingó 667 (Rivera). Lunes a viernes, 9 a 18 hs
Rocha:
AFUTU (Castillos) – UTU de Castillos.
Almacén “El torcido” – Barrio Parque (La Paloma).
Camping del PIT-CNT (La Paloma).
Centauro, esq. Aucario (La Paloma). 092 372 924.
Centro Comercial e Industrial Rocha (Rocha).
FeNaPES (Chuy).
FeNaPES (Lascano).
FeNaPES (Velázquez).
Feria vecinal (Rocha). Domingos.
Giovanna Viera (Chuy). 095 798 457.
Miguel Sosa (Lascano y Velázquez). 099 781 875.
Nicolás Sosa (Castillos). 095 002 703.
SUNCA (Rocha)
Tacuarembó:
Puesto artesanal de Laura – junto a la Alcaldía de San Gregorio (San Gregorio).
Radio La Kandela – Líber Seregni 181 (Tacuarembó). Lunes a viernes, desde 14 hs
Paysandú:
Domicilio de la familia Fagúndez Barrán, miembros del colectivo de vecinos de Guichón por los bienes naturales – Felicia Frostte 225 (Guichón).
Feria La Heroica (Paysandú). Domingos.
San José:
Agustín Leguizamón (San José de Mayo). 098 481 997.
Dardo Petre (Libertad). 094 020 539.
Daniel López (Ciudad del Plata). 094 643 811.
Herrera y Figueroa (San José de Mayo). Domingos.
Julio Echevere (Ecilda Paullier). 095 071 643.
Peatonal de San José de Mayo. Lunes a viernes, 9 a 12 hs y sábados al mediodía.
Richard Sosa (Kiyú). 099 830 852.
Stella (Rafael Perazza). 099 211 829
Artigas:
Plaza de los Feriantes (Artigas).
UTAA (Bella Unión)
Salto:
Av. Gobernador de Viana, esq. Rivera (Salto). Sábados, 16 a 18 hs.
Correo Público – Artigas, esq. Sarandí (Salto).
Feria de Plaza de los Deportes – 19 de Abril, esq. Bilbao (Salto). 9 a 12 hs.
Oficinas de OSE – Piedras, esq. Varela (Salto).
Oficinas de UTE – Rivera, esq. Colón (Salto).
Sede de la Universidad de la República – Rivera, esq. Misiones (Salto)
Florida:
Local de FFOSE (Florida)
Organización “El quilombo” (Florida).
Durazno:
Beatriz Faccio (Durazno). 098 782 852.
Local de la OSE (Durazno).
Local de la UP (Durazno)
Río Negro:
Local de la OSE (Fray Bentos).
Treinta y Tres:
Carl Ralph (Treinta y Tres). 098 583 862.
En cada departamento: Plenario Intersindical Puestos fijos de recolección de firmas en Montevideo:
ADEMU Mdeo – Maldonado 1170.
ADEOM Mdeo:–Canelones 1330. 29020797. 10 a 19 hs.
-Explanada de la IMM, 18 de Julio, esq. Ejido. Lunes a viernes, 10 a 17 hs.
-Zum Felde, esq. Pitágoras. Sábados, 10 a 14 hs, y domingos, 11 a 15 hs.
ADES Mdeo – Maldonado 1193 (primer piso). Lunes a viernes, 10 a 22 hs.
ADUR – Emilio Frugoni 1415.
AFCASMU – Av. Garibaldi 2819.
AFFUR – Canelones 2033.
AFPU – Fernández Crespo 2163. Lunes a viernes, 9 a 17 hs.
AFUTU – Magallanes 1161.
AODAMTOP – Magallanes 1741.
AOEC – Joaquín Suárez 2872. 10 a 17.
APMU – Av. Italia 2478.
Ateneo del Cerro – Grecia y Perú.
AUTE – Agraciada 2643. Lunes a viernes, 9 a 17 hs.
CAIF Los Caramelos – Yaguarón 1750. Lunes a viernes, 8:30 a 16:30 hs.
Charo – Pedro Celestino Bauzá 4312, casi Carlos María Ramírez. Cel.: 098 977 359.
CECEA / Servicios de Apuntes – Fac. de Ciencias Económicas y Administración.
CECSo – Fac. de Ciencias Sociales: Constituyente 1502.
CEHCE – Fac. de Humanidades: Magallanes y Uruguay.
CEIPA – IPA: Avda. Libertador y Nicaragua.
CEUP – Fac. de Psicología: Tristán Narvaja 1674. Lunes a viernes, 9:30 a 20:30 hs.
CoJuPe – Jackson 1409, entre Guayabos y José E. Rodó. 11 a 18 hs. Tel.: 2403 6559.
Corriente Psico en Facultad de Psicología – Tristán Narvaja y Av. Uruguay. Lunes, 15:30 hs.
Domicilio en Curva de Maroñas – J. J. Rousseau 4618. Contactate y el compañero va a tu domicilio: 098 773 209.
FANCAP – Agraciada 2522.
FeNaPES – Maldonado 1193 (segundo piso).
Feria de La Teja – Puesto en Plaza Lafone. Sábados, 9 hs hasta que termina la feria.
Feria de Tristán Narvaja. Domingos.
FEUU – Arenal Grande 1422. Lunes a viernes, 10 a 18 hs.
FFOSE – Daniel Fernández Crespo 2256.
FUECYS -Río Negro 1210. Lunes a viernes, 10 a 18 hs.
Grecia 3517. Lunes a viernes, 10 a 18 hs. 2313 0243.
Hall del Hospital de Clínicas.
Librería Babilonia – Tristán Narvaja, esq. Mercedes.
Local central del PT – Agraciada 2347. Lunes, miércoles y viernes, 10 a 13 hs.
Local central del PVP – 567 – Maldonado 1000. A partir de las 14 hs.
Local central de la UP – Vázquez 1463.
Mayo 68 en Facultad de Derecho – Eduardo Acevedo, esq. 18 de Julio. Miércoles, 10 hs.
OSE – Constituyente y Carlos Roxlo.
PIT-CNT – Jackson 1283.
Puesto de libros CASMU 2 (Inés) – 8 de Octubre y Abreu. Lunes, martes, jueves y viernes.
Radio Centenario CX 36 1250 AM – Av. 18 de Julio 1357.
Redes-Amigos de la Tierra Uruguay:
-Ecotienda. Lunes a viernes, 10 a 19 hs y sábados, 10 a 13 hs.-Maldonado 1390.
SAG – Durazno 972.
STIQ – Capurro 928-930. Lunes a viernes, 12 a 17 hs.
SUINAU – Agraciada 3161.
UFC – Av. del Libertador 1444.