11.OCT.18 | Posta Porteña 1958

Justicia sin fronteras: el Cóndor en Italia

Por la diaria /Puchero

 

Desde el año 1999, las cortes penales de Roma están investigando los delitos del Plan Cóndor, cometidos a miles de kilómetros de distancia de la capital italiana hace más de 40 años en contra de militantes sociales y políticos de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. Este 8 de octubre se inicia una etapa clave en el juicio y te contamos de qué se trata

07.10.2018 por Tania Rocha -Puchero News

¿Qué tiene que ver la justicia italiana con esta red transnacional del terror que operó entre 1974 y 1981 y lleva el nombre del ave carroñera más grande de Sudamérica?

Esa fue la pregunta que le hice a María Bellizzi, madre de Andrés Humberto Bellizzi Bellizzi: un ciudadano ítalo-uruguayo desaparecido en Buenos Aires en abril de 1977.

“En Uruguay, estaba vigente [desde 1986] la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –conocida como ley de impunidad. Todas las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas por desaparición u otras violaciones de derechos humanos siempre venían archivadas. Toda esta situación nos motivó a buscar una nueva instancia en busca de verdad y justicia.”

La impunidad que dominaba en su Uruguay nativo fue lo que empujó a los familiares de Bellizzi a buscar justicia por parte de un tribunal extranjero. Y no estaban solos. En 1981, ya se había intentado presentar en Italia una querella por los desaparecidos de origen italiano, pero dicha iniciativa no había prosperado.

En los años 90, la impunidad avasallaba no solo Uruguay, sino también Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Familiares de víctimas, junto con activistas de derechos humanos, empezaron entonces a buscar justicia en el viejo continente.

El código penal italiano, según su artículo 8, permite perseguir delitos políticos cometidos en contra de ciudadanos italianos en el exterior. Esta legislación permitió realizar juicios históricos. En el 2000, la segunda corte penal de Roma condenó a siete militares argentinos –entre ellos los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros- por el secuestro y muerte de ocho ciudadanos italianos durante la última dictadura. Posteriormente, en el 2007, el mismo tribunal condenó en ausencia a cinco ex jerarcas de la ESMA a cadena perpetua -Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vañek- por el homicidio de tres ciudadanos italianos: Ángela María Aieta de Gullo, Juan Pegoraro y su hija Susana.

El juicio al Cóndor en el extranjero

Estos antecedentes de la justicia italiana, junto con la movilización a nivel internacional a raíz de a la detención del ex General Augusto Pinochet en Londres por violaciones de derechos humanos, fue lo que inspiró a los familiares uruguayos a presentar la denuncia en Italia.

En una entrevista, Jorge Ithurburu -un militante argentino de derechos humanos de la ONG 24 de Marzo residente en Italia hace muchos años- me contó cómo en la primavera de 1999, se armaron dos denuncias en paralelo, una por el Plan Cóndor y otra por la ESMA, y se presentaron a los pocos días de diferencia, el 9 y 15 de junio respectivamente.

La denuncia por Cóndor abarcaba al comienzo cinco casos de víctimas ítalo-uruguayas: Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Andrés Bellizzi Bellizzi, Daniel Banfi y Pablo Recagno -secuestrados y posteriormente asesinados y/o desaparecidos en el marco del Plan Cóndor en Buenos Aires entre 1974 y 1977. Y el caso de un ítalo-argentino: Lorenzo Ismael Viñas Gigli que fue desaparecido en la frontera entre Argentina y Brasil en 1980.

Para preparar esa querella original se creó una red transnacional que abarcaba a los familiares de las víctimas que vivían en Uruguay (Bellizzi, Gatti, Recagno), con el apoyo de la central sindical PIT-CNT local, mientras que en Italia vivían otros familiares, como Aurora Meloni y Cristina Mihura, viudas de Banfi y de Arnone, y contaban con el apoyo del abogado milanés Giancarlo Maniga, los sindicatos italianos, la iglesia valdense y la ONG 24 de Marzo.

Después de estos primeros seis casos, el juicio creció de forma exponencial con el paso del tiempo hasta abarcar un total de 42 víctimas: 5 argentinos, 4 chilenos, y 33 uruguayos.

En el banquillo de  acusados, 33 imputados: 2 bolivianos, 11 chilenos, 4 peruanos, y 16 uruguayos -todos juzgados en ausencia excepto el ex navío uruguayo Jorge Néstor Troccoli que reside en Italia. Las dos imputaciones principales eran “delito político en el exterior” y “homicidio.”

El juicio tenía tres tramos:

1.     relativo a ciudadanos ítalo-chilenos desaparecidos en Chile

2.     el expediente del Plan Cóndor

3.     un último trecho abarcando a 20 ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1977 y 1978 imputados exclusivamente a Troccoli.

Después de más de 60 audiencias llevadas a cabo entre febrero de 2015 y enero de 2017 en las que se recibió el testimonio de familiares, sobrevivientes, y peritos, el 17 de enero de 2017 la tercera corte penal de Roma dictó sentencia de primera instancia. La jueza Evelina Canale condenó 8 imputados a cadena perpetua: a los expresidentes Francisco Morales Bermúdez, de Perú, y Luis García Meza, de Bolivia, el boliviano Luis Arce Gómez, los peruanos Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el uruguayo Juan Carlos Blanco. Otros 19 acusados fueron absueltos.

El 12 de abril de 2018 empezó la segunda etapa del juicio, la apelación. Las primeras tres audiencias fueron puramente formales y limitadas a cuestiones vinculadas a la composición del tribunal. A partir del 8 de octubre se espera que se aborden cuestiones sustanciales como nuevas pruebas y testigos presentados por las partes. El objetivo de esta segunda fase es levantar las absoluciones de los 19 imputados

 

Plan Cóndor: el abogado del Estado uruguayo presentó nuevas pruebas

 

Los documentos probarían vínculos entre Tróccoli y Astiz y el involucramiento del FUSNA en el secuestro de la maestra Elena Quinteros

9 de octubre de 2018 | la diaria -Nadia Angelucci

"Lo de hoy es un momento procesal muy importante y no será el último. La nueva documentación que hemos presentado atestigua un esfuerzo hacia la verdad, y es muy importante que el trabajo hecho por las instituciones y la comunidad uruguaya llegue hoy a Roma en ese juicio”. Con esas palabras, el abogado Andrea Speranzoni, representante de Uruguay en la causa de apelación por el juicio en Italia sobre el Plan Cóndor (coordinación represiva de las últimas dictaduras del Cono Sur de América Latina, que implicó delitos de secuestro y desaparición forzada de personas), contestó a las preguntas al final de la audiencia de ayer.

El proceso comenzó en 1999, a partir de denuncias presentadas por 43 latinoamericanos; llegó a instancias de debate en febrero de 2015, y concluyó su fase de primera instancia el 17 de enero de 2017 con la absolución de la mayoría de los acusados (que eran 43, seis de los cuales fallecieron mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales) y ocho condenas a cadena perpetua. Entre los imputados hay 14 uruguayos: el ex canciller Juan Carlos Blanco, único condenado en aquella ocasión; el marino Jorge Néstor Tróccoli, quien reside en Italia y está libre tras huir en 2007 de la Justicia de Uruguay, y los también militares Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina, Ernesto Ramos Pereira, José Felipe Sande Lima, Gilberto Vázquez Bissio, Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.

La apelación se presentó en abril de este año, y todavía no ha ingresado a instancias de debate. El tribunal, integrado por Agatella Giuffrida como presidenta y Caterina Brindisi como jueza relatora, examinó algunos recursos presentados por las defensas de los acusados, con base en problemas formales en la comunicación del depósito de las actas. Por eso se decidió postergar el informe inicial y el comienzo de la discusión para la próxima audiencia, fijada para el 7 de noviembre a las 13.00. Casi sobre el final de la sesión, el tribunal informó a las partes que Speranzoni había presentado nuevos documentos el 5 de octubre, y las invitó a examinarlos antes de la próxima instancia.

El abogado del Estado uruguayo explicó  que se trata de 13 documentos, cada uno con “mucho material referido por un lado a las acciones de Tróccoli y Larcebeau como integrantes del Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay [FUSNA], “y por otro a las acusaciones contra Gavazzo y otras personas vinculadas con el Servicio de Información de Defensa uruguayo. “Parte de esa documentación tiene su origen en el archivo de la computadora de la oficina del servicio de inteligencia del FUSNA”, señaló Speranzoni, y destacó que “entre esos documentos hay un manuscrito que una grafóloga analizó y atribuyó a Tróccoli, en el que se refiere a Alfredo Astiz”, el ex capitán de fragata argentino que actuó en el marco del centro de reclusión clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada se infiltró en organizaciones defensoras de los derechos humanos y ha sido condenado por varios crímenes de lesa humanidad. En ese manuscrito, Tróccoli afirma que Astiz “lo conoce perfectamente” y queda claro que ese represor argentino, llamado “el ángel de la muerte”, estaba al tanto de las operaciones uruguayas en su país, y en particular de la última de gran escala, que se llevó a cabo en 1978.

Speranzoni mencionó también varias fichas de prisioneros desaparecidos que fueron encontradas en el FUSNA durante trabajos de investigación realizados en Montevideo, y un material del cual dijo que por el momento prefiere no entrar en detalles pero que, según aseguró, “relata expresamente el papel del FUSNA en el secuestro de la maestra Elena Quinteros”. El abogado adelantó que, con base en el contenido de la nueva documentación presentada, tiene la intención de pedir que sean interrogados cinco nuevos testigos acerca de circunstancias específicas relativas a las acusaciones contra Tróccoli y Larcebeau.

La abogada Alicia Mejía, representante en el juicio de las víctimas Aída Celia Sanz Fernández y Guillermo Manuel Sobrino Berardi, acompañó a Speranzoni en el trabajo de investigación que se llevó a cabo en Uruguay, y expresó su satisfacción por los resultados de esa labor. Según Mejía, la nueva documentación presentada es importante para “delinear de manera más clara y completa las responsabilidades de algunos de los imputados”. “Naturalmente, la evaluación de todo el material corresponde a la Corte. Nosotros, con humildad, hemos ofrecido elementos que permitirán verificar que la tesis de la Fiscalía tenía fundamento” y contribuirán a que “el fallo de primera instancia pueda cambiar en sentido favorable a la parte acusadora”, acotó.

Speranzoni quiso subrayar el apoyo y los aportes a la investigación que realizó junto con Mejía el equipo de historiadores del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y también de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.


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