Libro de Álvaro Diez de Medina
El episodio relativo al acercamiento de Heber, Gutiérrez Ruiz y Gutiérrez Cirimello a la dirección sediciosa fue seguido por el impulso que ganara, entre los miembros de la dirección tupamara que se hallaban presos en el Penal de Punta Carretas, el proyecto consistente en secuestrar a representantes de gobiernos extranjeros como forma de forzar a la administración Pacheco a canjearlos por sediciosos presos.
Los desafortunados contactos con los herreristas no fueron, ciertamente y como lo presenta el anónimo autor del “libro”, el componente formativo de ese plan: en su manuscrito, Amodio clara y sintéticamente señala que “de acuerdo a la información proporcionada por Gutiérrez Ruiz y Gutiérrez Chirimello (sic), el ejecutivo del MLN entendió que ese momento (el de lanzar el plan) había llegado”, cometiendo a los comandos de las columnas el diseño de la que Fernández Huidobro llamaría una “campaña a mediano plazo (...) apta para mantener en nuestro poder –por un tiempo medianamente prolongado– la cantidad de detenidos que el desarrollo del plan demandara” /230
El plan fue adecuadamente bautizado “Satán”, y había sido concebido en su inicio como una forma de presión sobre los tres poderes del Estado, a fin de obtener la liberación de un número limitado, pero calificado, de sediciosos presos
Como sistemáticamente ocurriera en la historia tupamara, sin embargo, la sedición puso en marcha un proceso sobre el que pronto perdió control, y aquel plan de presión sin término /231 y con un objetivo claro devino en una cadena de eventos librados a su ritmo: el número de sediciosos presos cuya liberación se exigía fue aumentando; /232 los sediciosos se fueron enfrascando en conversaciones directas e indirectas con actores políticos de injerencia incierta en el proceso de toma de decisiones; sobre la marcha de los sucesos se fueron planteando plazos perentorios que encerraban tanto al gobierno como a la misma sedición; /233 las idas y venidas en torno al desarrollo del plan muy probablemente llevaron a descuidar las medidas de seguridad, tal vez al punto de facilitar la dramática caída de la dirección tupamara en manos policiales el 7 de agosto de 1970
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El 30 de junio de 1970, Héctor Amodio es detenido, mientras circulaba por Avda. Gral. San Martín y El Iniciador en un Jeep Land Rover adquirido mediante documentación falsa. Su captura se vio de inmediato acompañada por el tendido de una “ratonera” en el apartamento que Amodio empleaba como local en el edificio “Aconcagua”, ubicado en la calle Almería 4794 unidad 101: poco después, caía también preso el otro sedicioso que allí residía, Alberto Cocco Pérez (a) Antonio, Eugenio o El Pandorga, camarógrafo del canal oficial de televisión, a quien la Policía incautara valiosa documentación. Por esos mismos momentos, una acción policial en el barrio de Cerrito de la Victoria, Bulevar Propios 4272 (hoy José Batlle y Ordóñez) permitió la captura de otros cuatro sediciosos, así como del armamento que guardaban en un “berretín”
Al vencimiento de la “tregua”, producido el 2 de julio, el MLN lanzó una ofensiva contra funcionarios policiales en distintos puntos de la capital, a resultas de la cual murió el custodio del subjefe de Policía de Montevideo y padre de una extensa familia, Armando Leses, cuatro agentes más cayeron heridos de consideración, así como también lo hiciera el sedicioso Nelson Peralta Larrosa (a) El Gordo Pablo, atacante de la custodia del presidente de la Comisión Interventora del Consejo de Enseñanza Secundaria, Prof. Armando Acosta y Lara (1920-1971): el delincuente fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, en el que se le salvó la vida
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El comienzo informal del llamado “Plan Satán”puede marcarse el 28 de julio, con el secuestro, por parte del MLN, del juez letrado de Instrucción en lo Penal de 1er Turno, Daniel Pereira Manelli.Si bien Pereira, nacido en Argentina, había sido “socialista en su juventud”, anota el manuscrito de Amodio, el MLN le atribuía actuar “con arbitrariedad y cometiendo además gruesos errores jurídicos (sic). Era además conocida su afición a llegar a acuerdos con delincuentes de alto vuelo, siempre y cuando éstos pagaran las sumas estipuladas” (pág. 35 del manuscrito). Según Amodio, el secuestro de Pereira procuraba establecer qué presiones habría ejercido el Poder Ejecutivo sobre el Judicial a fin de impedir la liberación de “procesados por causas menores”, establecer por qué el juez había “procesado por delitos exagerados (sic) a algunos militantes” y, lo que resulta más revelador, “advertir al Poder Judicial que el MLN seguía su actuación con suma atención”. Para Amodio, estos objetivos se habían cumplido, al exponer la acción subversiva la supuesta falsedad “acerca de la tan mentada independencia del Poder Judicial”, desenlace que a su juicio había sido de “gran impacto propagandístico”
El autor del “libro” nuevamente agrega su condimento a esta supuesta justificación, pero la reduce a términos sucintos: “teníamos”, dice al hablar de Pereira Manelli, “elementos probatorios sobre sucios abusos de su función judicial, como ser (interlineado: distintos) arreglos (interlineado: a) que llegaba con maleantes de alto vuelo para negociar penas menores o incluso su liberación” (Fontana, 124) /234
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El secuestro de Pereira Manelli sumió al país en un nuevo desconcierto. La sedición había emitido un comunicado publicado por la revista Al Rojo Vivo que, a su vez, resultó de inmediato clausurada por las autoridades, en el que hacía alarde del “juicio” de que era objeto el magistrado ante un “tribunal revolucionario”, así como de las supuestas confesiones del secuestrado en relación a sus alegadas “irregularidades judiciales”
Pero lo peor estaba por venir, y llegó en la jornada del 31 de julio, cuando la sedición formalmente diera comienzo a su “Plan Satán”. El puntapié del “plan” se dio en las 8:15 de la mañana, cuando una camioneta cerrara el paso del vehículo en el que viajaba, con su chofer, Dan A. Mitrione (1920-1970), jefe del programa USAIDOPS de la embajada de los Estados Unidos en Uruguay /235
Un grupo de sediciosos que viajaban en la camioneta redujeron al chofer y a Mitrione, hiriendo a este de un balazo en el pecho, pese a que iba desarmado y sin más escolta /236 Mientras Mitrione era secuestrado, otro operativo estaba en marcha en el barrio de Pocitos: el secuestro del agregado cultural y del segundo secretario de la embajada de los EEUU, Nathan Rosenfeld y Michael Gordon Jones, respectivamente, perpetrado mientras ambos se aprestaban a compartir el vehículo de camino a la sede de la legación diplomática. En este caso, los estadounidenses mostraron rápidos reflejos: mientras que Rosenfeld saltó enseguida del vehículo en movimiento, Gordon Jones, a quien los sediciosos habían atado y arrojado a la caja de la camioneta, logró también arrojarse de ella cuando el vehículo hiciera una parada, siendo de inmediato asistido por viandantes. Quien no tendría igual suerte sería el cónsul de Brasil en Montevideo, Aloysio Mares Dias Gomide (1929-2015), que fuera “extraído” de su domicilio en el barrio de Carrasco, calle Potosí 2027, frente a su esposa, Maria Aparecida Leal Penna Dias Gomide (1930) y de sus seis hijos, entre los cuales se hallaba el mayor de ellos y posteriormente también diplomático Aloysio Mares Dias Gomide Filho. La esposa de Dias Gomide había franqueado el paso a dos supuestos técnicos telefónicos llegados a fin de reparar la línea que acababa de caer en silencio, y estos habían sido seguidos por casi una decena de personas que se llevaron al cónsul envuelto en una frazada y en el baúl de su propio automóvil Mercedes Benz.
Mientras estos golpes eran perpetrados por equipos integrantes de las llamadas columnas 1 y 15, otro grupo procedía a asaltar la empresa textil Cuopar, alzándose con un botín considerable, estimado por la Policía en veinte mil dólares, mientras se daba a conocer un comunicado del MLN, informando que los secuestrados de la jornada serían ofrecidos en canje por un número aún indeterminado de sediciosos presos. Al caer el sol de ese día, Jorge Pacheco Areco enfrentaba el momento más oscuro de su gestión: era lo que la sedición procuraba.
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El secuestro de Mitrione, así como los fallidos secuestros de Gordon Jones y Rosenfeld seguían en su inspiración el del embajador estadounidense en Río de Janeiro, Charles Burke Elbrick (1908-1983). Retenido durante tres días en setiembre de 1969 por el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MR-8) de la Disidencia Comunista de Guanabara (DCG), y pese a que ya sabían dónde se hallaba prisionero el diplomático, las autoridades brasileñas habían pagado por su vida liberando a quince sediciosos, posteriormente expulsados de Brasil, al tiempo que permitieran la publicación de un manifiesto. Claramente, el MLN pretendía un similar desenlace en el caso de sus secuestrados. Nacido en Italia, Mitrione era un agente policial de Richmond (Indiana) que, en 1960, había obtenido una posición en la Oficina de Seguridad Pública (Office of Public Safety, OPS), agencia gubernamental estadounidense creada en 1957 con el propósito de brindar capacitación a fuerzas policiales de países considerados aliados. Como tal, las actividades de la OPS se desarrollaron, hasta su efectiva disolución en 1974, dentro de los programas de asistencia global de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Tras desempeñarse primero como instructor en Brasil entre 1960 y 1967, y en el mismo rol ya en la academia policial de Washington entre 1967 y 1969, Mitrione gestionó un más lucrativo destino internacional en 1969, cuando fuera enviado a la convulsionada Montevideo, ciudad en la que premonitoriamente su antecesor se había visto involucrado en lo que por entonces se vio como un fallido intento de secuestro. Padre de nueve hijos, Mitrione llevaba, por lo tanto, un poco más de un año en Montevideo cuando el MLN lo secuestrara, invocando su presunto papel como “agente de la CIA” y experto en refinadas torturas, cuyas técnicas trasmitiría a las fuerzas policiales uruguayas, tal como lo habría hecho en Belo Horizonte y Rio de Janeiro.
El retrato, hoy aceptado, de Mitrione como un inconmovible sádico dotado de infinitos recursos con los que atormentar a sus víctimas se funda, en último término, en el libro Pasaporte 11333: Ocho años con la CIA (La Habana, 1983), escrito por el cubano Manuel Hevia Cosculluela. A estar por esta obra, Hevia era un cubano educado en Watertown, Connecticut, y La Habana, al servicio de la CIA en Uruguay donde actuaba, en realidad, como doble agente del servicio del G2, o Servicio de Seguridad del Estado de Cuba: hacia 1969, ya no estaba, sin embargo, activo sino que vivía sus días como un recurso de la agencia residente en Maldonado, donde se dedicaba a la gastronomía. Desde esa posición es que afirma en su obra haber conocido a Mitrione quien, de creer su versión, de inmediato lo invitó a participar de supuestas sesiones de entrenamiento en torturas, practicadas incluso en vagabundos sin nexos familiares, a los que luego se asesinaba /237
La versión de Hevia plantea varias perplejidades.
¿Por qué se tomaría Mitrione el trabajo de arrastrar a un operador de la CIA en retiro al escenario de sus torturas, pese a que revistaban en distintas organizaciones? ¿Qué evidencia policial o documental prueba la supuesta muerte bajo torturas de vagabundos en ese año? ¿Qué explica que los supuestos programas de entrenamiento en interrogatorios y torturas de la OPS estuvieran a cargo de un instructor que no hablaba castellano? /238
Las fuentes secundarias que sustentan el retrato de Mitrione como un ser vesánico, dominado por el placer en torturar a sus víctimas, no lucen mejor: son en la mayor parte de los casos comunistas o pro-tupamaras /239 y distantes de Mitrione o de su trayectoria. Cuando no lo son, por otro lado, se expresan en todos los casos con vaguedad mecánica, como lo hace el periodista estadounidense A. J. Langguth (1933-2014) en su libro Hidden Terrors (Pantheon Books, New York, 1978), donde abundan los comentarios oídos de terceras personas, tanto como gruesos errores de un autor que obviamente no conoce América Latina y, en el caso de Mitrione, descansa completa e inocentemente en el libro de Hevia /240
En otros casos, simplemente pertenecen al campo de la ficción, como lo es el de Franco Solinas (1927-1982), guionista sardo de la película État de Siege (1972) del director Costa-Gavras (Constantino Gavras, 1933), quien se basó para su narración en las mismas y otras igualmente débiles fuentes secundarias, entre ellas el testimonio de un comunista dominicano que detallara excesos represivos de Mitrione en su país… pese a que Mitrione nunca pusiera pie en República Dominicana /241
Lo cierto es que no hay evidencia alguna que vincule a Mitrione con la CIA, /242 o con un supuesto programa de capacitación en refinadas torturas. No la hubo jamás en Brasil. No la hay en Uruguay. Y la cruda realidad que la historiografía tupamara esconde tras esta leyenda es que los apremios empleados sobre todo en la última etapa de la represión sediciosa en Uruguay fueron tan simples como brutales, antiguos y efectivos, al emplearse contra jóvenes aficionados a los que muchas veces se quebró mediante la mera amenaza de un maltrato /243
Como tantos episodios en la historia del movimiento sedicioso, el de Mitrione probablemente revele la desnorteada necesidad de un grupo tan debilitado en su basamento moral, como anémico en información y experiencia, por construir algo de racionalidad ética en lo que terminara por ser apenas un sórdido asesinato, perpetrado contra un hombre del que nada sabían, con el que a duras penas se habían podido comunicar, mientras se hallaba atado e inconsciente en el asiento trasero de un automóvil robado /244
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También en el caso de Aloysio Dias Gomide pesó, obviamente, el precedente del secuestro del embajador Elbrick en Rio do Janeiro: la liberación de los sediciosos brasileños constituía un buen desenlace, a ojos de los tupamaros, y auguraba, de alguna forma, la posibilidad de una importante presión diplomática por parte del gobierno brasileño sobre el de Uruguay. Los factores de hostilidad personal que se pondrían en marcha en el caso de Dias Gomide tenían, pues, que ver con su condición de representante diplomático del gobierno militar brasileño, encabezado desde 1969 por el Gral. Emilio Garrastazu Medici (1905- 1985) y activamente embarcado en una campaña represiva de la subversión marxista que hiciera que su mandato (1969-1974) se conociera como el de “los años de plomo”. Este hecho, y la información que indicaba que Dias Gomide era simpatizante del grupo integrista católico “Tradición, Familia y Propiedad” (TFP), fundado en 1960 por el abogado, periodista y catedrático Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), daba, a los ojos de los secuestradores de Dias Gomide, una supuesta cobertura argumental a sus actos, y así se lo harían presente en los interrogatorios a los que fuera sometido. Pero, a diferencia de Mitrione, Dias probó ser un rehén irritante y agresivo, a quien sus captores no lograron nunca involucrar en un diálogo que sacara el foco de la enormidad que entrañaba su secuestro. El acta del cuestionario a Dias Gomide que la sedición incomprensiblemente diera a publicidad es, nuevamente, muy aleccionadora /245
En otra exhibición del absurdo desplegado en el curso de las conversaciones con Mitrione, el interrogador pretende conocer la opinión de Dias Gomide en relación a declaraciones formuladas respecto a la práctica de la tortura por el ministro de Educación de Brasil, identificado en el texto como “Cnel. Yardo Espazadiño”, /246 la pertenencia del “comisario Fleuri” /247 a los llamados “escuadrones de la muerte”, las actividades de estos grupos, los fundamentos doctrinarios de TFP, los reclamos de la viuda de un opositor brasileño apaleado en Río, o las opiniones de Corrêa de Oliveira respecto al expresidente chileno Eduardo Frei Montalva. Dias Gomide, sin embargo, se mostrará firme: con presencia de ánimo, informó a sus jóvenes captores que enfrascarlo en cualquiera de estas discusiones era apenas explotar su persona con el fin de sacar un provecho político viciado por las condiciones de su detención, y él no se prestaría a ello /248
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Los días que transcurrieran entre el 31 de julio y el 10 de agosto de 1970 se encuentran entre los más significativos de la historia del país. Un sinfín de conciliábulos políticos, conversaciones privadas, intercambios telefónicos y cablegráficos, redadas policiales, allanamientos, detenciones, promesas, desconciertos y frustraciones tensaron a decenas de personas tanto en el Palacio Santos, como en Itamaraty y Foggy Bottom, poniendo a Uruguay en el centro de conflictos y presiones para los que ciertamente no se hallaba preparado.
Y esa era, naturalmente, parte central de la estrategia sediciosa implícita en el denominado “Plan Satán”. Los gobiernos de Brasil y EEUU estaban clara y oficialmente alineados con el uruguayo en un punto: no podría haber negociación con los sediciosos, so pena de legitimar la técnica del secuestro y tornar a todo diplomático en Uruguay y otras partes del mundo en blanco de grupos irregulares. Pero, a partir de este punto, la posición de Brasil y EEUU comenzaba a divergir de la uruguaya: Montevideo, planteaban discretamente ambas cancillerías, debía de todos modos abrir canales de comunicación con los secuestradores, así como analizar opciones alternativas para salvar la vida de los rehenes
El discurso público, por tanto, se matizaba en privado, sugiriendo al gobierno encabezado por Jorge Pacheco diferentes escenarios de “comunicación” que nunca llegaban a explicitarse: al fin y al cabo, tanto Brasil como los EEUU venían de facilitar la negociación que hiciera posible salvar la vida del embajador Elbrick. Pero, en el caso uruguayo, tanto los secuestradores como las cancillerías extranjeras habían encontrado un obstáculo inesperado: el presidente Jorge Pacheco Areco, a quien David Ronfeldt califica, exasperado, en su estudio sobre el caso Mitrione como “empecinado, autocrático y remoto (…) uno de los uruguayos vivos más empecinados” (sic). Cuando, el 2 de agosto, la sedición diera a conocer, a través de su llamado “comunicado #4”, que el estado de salud de los tres secuestrados era bueno, y que serían liberados en el caso de que el gobierno hiciera lo propio con todos los que denominaba “presos políticos” procesados o condenados, tal vez enviándolos a México, Perú o Argelia, la administración Pacheco respondió al día siguiente con un comunicado del Ministerio del Interior no dirigido a los captores, a quienes no concedía siquiera el beneficio de la comunicación, sino a la opinión pública.
La posición entonces formulada, y que sería reiterada por una declaración presidencial y de todo el gabinete pocos días después, era clara: el secuestro extorsivo era, además de un acto delictivo, una inaceptable forma de presión sobre los poderes públicos, por lo que para la administración no sería “ni legalmente posible, ni honorable, ni conducente a nada” negociar la suerte de los retenidos. La tinta de esta declaración no estaba seca, y ya los hilos de la presión comenzaban a tejerse, con sigilo, en torno al presidente. Las comunicaciones de la embajada de los EEUU a Foggy Bottom son, en este sentido, elocuentes: el embajador estadounidense Charles Adair refiere cómo la línea del presidente Pacheco era disputada, en privado, por su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Peirano Facio, quien podría haberse reunido discretamente con abogados de los sediciosos presos y habría sido quien había enviado al embajador a golpear la puerta del vicepresidente Alberto Abdala (1920-1986). Abdala, en tanto, saludó con entusiasmo su diálogo con el embajador.
Simpático e inquieto político colorado, el vicepresidente había sido representante nacional, senador, ministro del Interior e integrante del último Consejo Nacional de Gobierno, y a nadie ocultaba que se sentía llamado, por su trayectoria, a ocupar la primera magistratura, tal vez con mejores méritos, a sus ojos, que el propio Pacheco. De ahí que sus conversaciones con el embajador Adair transitaran por carriles infrecuentes: no solo intentó, sin éxito, tranquilizar al diplomático sobre la imposibilidad de que ninguno de los rehenes fuera asesinado (así, le aseguraba, se lo informaban sus contactos parlamentarios), sino que se permitió decirle que era la vida de Dias Gomide la que corría más riesgo en manos de los tupamaros (en base a una imaginada pertenencia de este a los “servicios de inteligencia” brasileños), en tanto él mismo representaba una “línea más blanda” y comprometida con la “reconciliación nacional” que la de Pacheco Areco, lo que le llevaba a calificar el comunicado del Ministerio del Interior del 3 de agosto como de un “error”
Estos insólitos comentarios, así como el que insinuaba que la molestia despertada en Peirano Facio por la posición de Pacheco había empujado al primero a considerar la posibilidad de renunciar a su cargo, llevaron al embajador a pensar, erróneamente, que la línea oficial en este caso era algo aún en proceso de definición En este punto, la administración Pacheco estaba siendo presionada, además, por el propio cuerpo diplomático acreditado en Uruguay, cuyo decano, el sacerdote franciscano y nuncio apostólico Agustín Sepinski, se tornara, a su vez, en involuntario vehículo de gestiones llevadas adelante por parte de organizaciones y sacerdotes cristianos locales manifiestamente simpatizantes de la subversión: la cancillería optó, en este frente, por extender garantías en torno a la seguridad de los diplomáticos, al tiempo que desestimaba todo intento de mediación, u otras rebuscadas ideas, como el propuesto canje de los secuestrados por agitadores detenidos en Bolivia, como el francés Régis Debray (1940) o el argentino Ciro Bustos (1932). El comportamiento de los otros poderes del Estado representaba, según lo habían previsto los autores del “Plan Satán”, otro desafío para el gobierno: “El canje es un hecho”, le habría murmurado en el curso de una visita al penal a Jorge Zabalza su padre, el senador nacionalista Pedro Zabalza Arrospide (1913-1996) /249
El 4 de agosto, la prensa recogía noticias respecto a proyectos de amnistía que habrían sido considerados por varios legisladores de la oposición nacionalista y de izquierda. Esta última, en tanto, comenzaba a agitar en los hemiciclos el retrato de Mitrione como un asesor policial, vinculado a apremios a los detenidos, en especial a través del representante nacional por la Unión Popular y operador político pro-tupamaro, Enrique Erro /250
El llamado “comunicado #5” de la sedición, en tanto, fue difundido en ocasión de la liberación del juez Pereira Manelli ese día, y estaba dirigido a quien, constitucionalmente, tenía mayor posibilidad de facilitar la liberación de los sediciosos presos: el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hamlet Reyes (1907-1992). Reyes, un magistrado conservador de fuerte ascendiente judicial, se apresuró a ratificar, sin embargo, la línea presidencial. Fue la sucesión de estos movimientos la que llevara al embajador Adair a pedir el 6 de agosto una nueva reunión con Pacheco Areco, esta vez en la residencia presidencial, y portando una carta dirigida al presidente uruguayo de parte del presidente de los EEUU, Richard M. Nixon (1913-1994)
El presidente recibió a Adair a las 10 de la noche, en la que sería una de sus reuniones más importantes de este período. Adair sabía bien qué venía a sugerir. El embajador uruguayo en Washington, Héctor Luisi (1919- 2013) ya había dejado en claro ante el Departamento de Estado que Pacheco creía jugar la suerte de su administración, y tal vez la de las mismas instituciones, en el manejo de esta crisis: su renuncia, o caída, en aquella hora podría implicar el acceso al gobierno de sectores, como el representado por Abdala, dispuestos a abrir paso a negociaciones políticas con la subversión, en directa confrontación con la posición de las Fuerzas Armadas del país. De hecho, Luisi había trasmitido su pensamiento en el sentido de que, a esta altura, no podría siquiera descartarse que un nuevo gobierno así formado pudiera dar ingreso al mismo a la sedición. Washington, en tanto, aspiraba a que Pacheco saliera de una posición que ni siquiera reconocía a los secuestradores personería para negociar: todos los comunicados de los tupamaros habían sido abandonados en locales comerciales, y dirigidos a periodistas. Pacheco Areco, narra el posterior informe del diplomático a su cancillería, leyó “varias veces, y en silencio” la forzosamente elaborada carta de Nixon, en la que lo que se requería de él debía inferirse, no tanto como leerse
A continuación, le comentó a Adair que, naturalmente, no veía en aquella misiva esfuerzo alguno por “ejercer presión” sobre el gobierno uruguayo. “¿Es este mensaje una comunicación personal y privada, dirigida a mí, o un texto que podemos hacer público?”, preguntó. Adair se mostró claramente sorprendido: no lo sabía. Tendría que preguntar a Washington. “Se lo pregunto”, siguió con calma Pacheco, “porque en manos de quienes buscan crear la impresión de que hay dificultades entre el gobierno del Uruguay y el de EEUU, algunas de las frases de la carta podrían ser mal interpretadas como que se ejerce presión sobre Uruguay para que haga lo que no es posible hacer bajo sus normas constitucionales”. “Le reitero”, terminó, en un tono más distendido, “que en ningún sentido veo este mensaje así, pero me preocuparía que se hiciera mal uso de él”. “Voy a aclarar el punto de inmediato”, Adair se limitó a responder al presidente
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El embajador Adair se llevó otras importantes impresiones de su reunión con Pacheco Areco. La primera era la de que el solicitado “canal de comunicación” ya estaba, en los hechos, abierto a juicio del presidente: la sedición había respondido negativamente, a través de sus comunicados, a la posición de su gobierno. La segunda era la de que el presidente estaba bien al tanto de las sigilosas gestiones que, sin su autorización, se llevaban adelante a todos los niveles y a fin de tender puentes con la subversión tupamara: no condonaría ninguna de ellas. La última tenía que ver con el dilema estadounidense en referencia a la diplomacia brasileña, dilema del que Pacheco era plenamente consciente: EEUU se veía forzado a, cuando menos, ejercer sobre Uruguay la misma influencia que había ejercido en Brasil y con relación al caso Elbrick. De lo contrario, Washington podría quedar expuesto a una reacción que afectara negativamente sus relaciones diplomáticas con Brasil. La diferencia entre ambos casos, según Pacheco, tenía que quedarle clara al embajador y a la administración Nixon: mientras en Brasil las Fuerzas Armadas hacían lo que querían, en Uruguay el presidente de la República estaba sujeto a normas constitucionales /251
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230 Pág. 35 del manuscrito; Fernández Huidobro, La tregua armada, Fascículo 1, 1997
231 Una carta capturada en la redada policial de la calle Almería, supuestamente escrita el 5 de agosto desde el Penal de Punta Carretas (y muy probablemente por Julio Marenales) con destino a Mariano (Raúl Sendic) específicamente refiere que “el tiempo corre a favor nuestro, pues cuanto más dura la ‘pulseada’, más propaganda nos hacen”
232 El autor de la carta a Mariano anota que “pueden haber (para más adelante) fórmulas de afloje muy buenas para nosotros; por ej., libertad de 100 y compromiso de la S. Corte de acelerar los trámites judiciales a los súper livianos que quedarían”
233 El mismo autor de la misiva insólitamente inquiere: “No interpretamos bien qué piensan ustedes para después del plazo de 10 días que mencionan”
234 “Absolutamente falso”, es el comentario que Julio Marenales dispensa en Mate amargo a este texto, en su esencia coincidente con lo que plantea Amodio en su manuscrito. “Destinado a ensuciar (sic) a Pereira Manelli, con quien el MLN tenía contradicciones y quejas por el manejo de nuestras ‘causas’ pero de ningún modo por sus arreglos con los maleantes. Sobre este Juez caían las presiones de los aparatos represivos y nuestra crítica radicaba en eso: que se dejaba presionar. A su vez los aparatos lo acusaban de no dejarse presionar…” Nótese la dimensión de este comentario: sale en supuesta defensa de la reputación del magistrado al que se secuestrara en su casa, ante su esposa, madre e hijos, a quien, sin embargo, acusa de trabajar en conjunto con los servicios de Policía que son sus auxiliares, para terminar reconociendo que esos mismos servicios lo criticaban. Es en base a ello que se lo mantiene encerrado en un baño, ubicado bajo un desagüe, “de reducidas dimensiones, al cual se podía acceder por una abertura pequeña (...) deplorable” (Comisario Alejandro Otero, en Pablo Brum, Patria para nadie, 2015), en tanto es interrogado encapuchado, por sus captores, así erigidos en “tribunal revolucionario”, hasta su liberación el 4 de agosto siguiente. Tras ello, el magistrado presentó renuncia a su cargo. El de Marenales es, por lo demás, un comentario mendaz, ya que, en ocasión de la captura de Pereira, el propio MLN divulgó un comunicado en el que le atribuyó “procesamientos ilegales”, complicidad y encubrimiento en casos de torturas, “complicidad con los crímenes y negociados de la oligarquía”, en supuesta connivencia con el fiscal Antonio Camaño Rosa, “quien también está siendo investigado por nuestro Movimiento” (Fernández Huidobro, La tregua armada, Fasc. 1, 1997)
235 Brum (Patria para nadie, pág. 190) pone en el escenario del crimen a Andrés Cultelli y la “experimentada” Olga Barrios Camacho (a) Beatriz o Bony, “personalmente” instruida por Amodio Pérez antes de su captura. Barrios integraba la llamada Columna 15, que sí tuviera a su cargo el operativo, en tanto Cultelli integraba la 1, que tuviera a su cargo el fallido secuestro de Gordon Jones, por lo que no pudieron actuar juntos. Quien sí participó de la acción fue Elida Baldomir Coelho, una de las fugadas de la cárcel de mujeres en marzo de 1970, también partícipe de los copamientos de Pando. Amodio, por lo demás, había caído detenido con anterioridad a que estas operaciones fueran diseñadas y puestas en marcha
236 La herida de Mitrione no fue en el hombro, según anota Brum en Patria para nadie, pág. 191, sino en la axila, con orificio de salida en el pecho. El MLN característicamente sostuvo que el disparo se había producido por accidente
237 Hevia habla de cuatro víctimas mortales de estos experimentos, sin que otras fuentes hayan comprobado este aserto. Se ha llegado, ya en planos de fantasía, a afirmar que Mitrione tenía a su disposición en un sótano especialmente acondicionado de una casa en el barrio de Malvín a “varios” de 150 prisioneros (la cifra corresponde al número de sediciosos presos) a los que se disponía a torturar cuando providencialmente fuera secuestrado
238 La narración de Hevia llegó, según analizaremos en más detalle, desde Cuba a Uruguay de boca del cronista “periférico” tupamaro Carlos Núñez (1941-2002), quien fuera secretario de redacción del epicentro periodístico del movimiento, el diario Época, entre 1962 y 1963
239 Clara Aldrighi: “El caso Mitrione: la intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973)”, Montevideo: Trilce, 2007, es el ejemplo paradigmático. Aldrighi Cavani es tenida por la historiadora oficial del MLN. Sus trabajos, sin embargo, pertenecen más bien a la hagiografía del grupo, y nunca logran distanciar a la autora de su condición de exintegrante del mismo, encargada de dar cobertura, junto con su esposo, Joaquín Lázaro Constanzo Ruiz (a) Raúl, al llamado “Complejo” sito en Avda. Lezica 5808, entre otros fines empleado como “cárcel del pueblo” y, por tanto, lugar de tormento del embajador del Reino Unido en Uruguay, Geoffrey Jackson. En El caso Mitrione…, Aldrighi reúne todas las acusaciones contra el policía de Indiana, fracasando empero en su intento por retratar con sólidos fundamentos al monstruo que justifique la terrible decisión de asesinarlo
240 Langguth viajó en 1979 a La Habana a fin de entrevistar a Hevia, pero nunca llegó a hacerlo: debió conformarse con una entrevista alternativa, mantenida con un elemento de la seguridad cubana, identificado como Joaquín Santana (quien le afirmara haber sido el editor del libro de Hevia), así como un anónimo amigo del doble agente (de quien, por lo demás, nadie ha sabido nada desde entonces). Langguth asevera haber viajado a Cuba intentando llegar a una conclusión razonada en torno a la inocencia o culpabilidad de Mitrione. Pero el único comentario que dedica a sus conclusiones nos deja atónitos: “en cada punto en el que Hevia y yo tratábamos el mismo incidente, nuestra información reunida independientemente coincidía en una narrativa extendida. Sus páginas finales respecto a su cándido diálogo con Mitrione me resultan verosímiles”. Eso es todo: la versión que nunca escuchara de boca del hombre al que nunca entrevistara le resultaba “verosímil”, probablemente tanto como le había resultado antes de tomarse el trabajo de visitar Cuba
241 El papel protagónico de la película sería interpretado por el actor franco-italiano Yves Montand (1921-1991), por entonces un notorio simpatizante del Partido Comunista francés que recién hacia mediados de la década de 1980 abjuraría de su filiación pro-comunista, volcándose al liberalismo. Clara Aldrighi (La intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973). El caso Mitrione, págs. 37 y 188), consigna el dato de que oficiaron de asesores de Costa Gavras durante la filmación en Santiago de Chile los exiliados Andrés Cultelli (partícipe de los secuestros de Mitrione y Fly), Walter Machado (partícipe del secuestro de Mitrione, en calidad de observador), y Enrique Joaquín Lucas López (partícipe del secuestro de Geoffrey Jackson)
242 En 2011, un cable de la embajada de los EEUU en Uruguay dirigido al Departamento de Estado y filtrado por Wikileaks, expresaba la molestia que había causado en esa legación el saber que un acuerdo que involucraba al gobierno uruguayo con la empresa estadounidense General Electric contara con la participación del “vil” o “infame” (“nefarious”) Henry Engler, a quien el texto sindica como “creíblemente implicado en el asesinato en 1970 del asesor en seguridad de la entonces USAID”. Hoy la memoria de Mitrione es conmemorada, en igual sentido, por una placa instalada en la sede de la escuela de policía de la Academia Nacional del FBI, en Quantico (Virginia) pese a lo cual la bibliografía pro-tupamara sigue insistiendo en ubicarla en la sede de la CIA, en Langley (Virginia)
243 La relación más precisa del caso Mitrione, The Mitrione Kidnapping in Uruguay, David Ronfeldt, Rand Corporation, 1987, contiene, adicionalmente, un análisis del interrogatorio al que fuera sometido Mitrione por parte de los elementos más violentos de la llamada Columna 15, como Candán Grajales, Wassen Alaniz y Armando Blanco Katras, y está basada en la publicación titulada Dialogue before death: Transcript from a tape-recording of an English-language conversation between Dan Mitrione and an unidentified Tupamaro. August 1970, Squirrel Publications, Washington D.C., 1975. Se trata de un documento de enorme patetismo, como lo expresa el retrato que nos trasmite de un obviamente exasperado, intelectualmente superficial y joven delincuente uruguayo de la década de 1970 intentando extraer información relativa a operaciones globales de la CIA de las que apenas tiene referencias periodísticas, así como de grandes empresas estadounidenses en Uruguay, o del gobierno de los EEUU en la guerra de Vietnam, de boca de un policía de Richmond (Indiana) que, al tiempo que le aclara no tener conexión alguna con la CIA, sí expresa conocer bien la operativa doméstica del FBI, agencia vinculada a sus actividades y entrenamiento profesional en los EEUU. Años después, un triunfal Eleuterio Fernández exhumaría, entre sus justificativos del crimen, la entrada referida a Mitrione en el libro cuyo título identifica como Who´s who in CIA (en realidad: Who´s who in the CIA), y que no es, como engañosamente lo sugiere su título e insinúa Fernández, un directorio de agentes de la organización, sino una pieza de propaganda editada en Berlín Oriental en 1969 por la Stasi, o servicio de inteligencia de Alemania del Este bajo supuesta autoría de Julius Mader (La tregua armada, Fasc. 2, 1997). Ni siquiera allí, empero, se logra vincular a Mitrione con la CIA, y la transcripción es una chapuza, limitada a sugerir sibilinamente, y en menosprecio de la inteligencia de su lector, lo que no puede probar: “MITRIONE, Dan A. B.; 4.8.1920 1942- 45 in US Navy; 1945-60 Police Captain; from (...) in AID OpA; Belo Horizonte, Rio de Janeiro (Security Office)”. Otras dos obras, comúnmente citadas como base de las acusaciones contra Mitrione son, en realidad, trabajos elaborados por notorios activistas estadounidenses contrarios a la CIA y, en general, a la política exterior de los EEUU, como William Blum (1933) y John Stockwell (1937), quienes recogen en sus libros, literalmente y sin otro análisis, la versión publicada por Langguth: Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, Revised Edition, Common Courage Press 2000 y The Praetorian Guard: The US Role In The New World Order South End Press, 1990, respectivamente
244 En un reportaje que le realizara en 1970 el periodista pro-tupamaro Ernesto González Bermejo (1932-1993), Mauricio Rosencof, identificado como Urbano, expresó que “la sentencia (sic) sobre Mitrione, antes que la dictáramos nosotros la dictó el gobierno y la embajada norteamericana… si el MLN no hubiera cumplido con su propia sentencia (sic) el método de los secuestros para obtener la liberación de prisioneros hubiera perdido eficacia”. Se trata de una argumentación recurrente en todo el discurso tupamaro: la carga moral de las decisiones adoptadas inevitablemente descansa en la acción de terceros, o en el error, o en el azar, cuando involucran un daño a la persona humana, y exigen de nosotros, en todos los casos, el evaluarlas a la luz de sus fundamentos invocados, sin prestar atención a sus consecuencias
245 Está transcripta en Alfonso Lessa, La revolución imposible. Los tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del siglo XX”, Ed. Fin de Siglo, Montevideo, 2002, pág. 157
246 Claramente, los sediciosos no sabían siquiera de quién estaban hablando: el entonces ministro de Educación (1969-1974), Cnel. Jarbas Passarinho (1920-2016) ya en estas fechas contaba con una carrera relevante en Brasil: partícipe del golpe de Estado de 1964, gobernador del estado de Pará, senador, ministro de Previsión Social, signatario del Acta Institucional Número 5 (AI-5), había declarado a la prensa que “decir que no existe tortura (en Brasil) sería faltar a la verdad. Ahora, decir que existe tortura como sistema de gobierno no es solamente faltar a la verdad. Es una ignominia. Decir que no existen torturas aún en los países que nos atacan también es mentira, porque dentro de determinadas prisiones existen torturas y violencias. Es la violencia policial que todos conocemos desde que leyéramos Los Miserables, de Víctor Hugo” (Elio Gaspari, A ditadura escancarada, Companhia das Letras, 2002, pág. 313). Al morir, en 2016, el exministro fue recordado por su compatriota de Acre, la ambientalista, ex senadora del PT, ministra y candidata presidencial Marina Silva, quien, tras puntualizar que Passarinho sería recordado por su “alineamiento con la dictadura militar”, también lo sería como autor del Plan Mobral (Movimiento Brasileño de Alfabetización) que le permitiera a ella misma alcanzar las posiciones que alcanzara, así como por su defensa de las comunidades indígenas, sus “cualidades intelectuales y habilidades políticas”
247 Sergio Fleury (1933-1979) era el temido delegado del Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) creado en 1924 y empleado, hasta su extinción en 1983, como órgano estatal de represión, por esta época anti-sediciosa. Artífice de la operación que culminaría con la muerte del ideólogo brasileño de la guerrilla marxista, Carlos Marighella (1911-1969), se hallaba por esta época involucrado en acusaciones que lo perseguirían el resto de su vida, en cuanto a su pertenencia a los “escuadrones de la muerte” que sistemáticamente secuestraban, torturaban y asesinaban a opositores al régimen militar
248 Casi arrimando la brasa a la pira en la que él mismo se consumiría, y en una temprana y precisa formulación de la llamada “teoría de los dos demonios”, el activista Rodolfo Wolf aseguraría, en relación a estos sucesos, que “la guerrilla es una forma de guerra; por lo tanto, los ajusticiamientos (sic) los veíamos dentro de ese marco (...) tratábamos a los secuestrados de modo humanitario, en el sentido que no se los torturaba (sic). Pero no les garantizábamos el derecho a un juicio imparcial, un abogado defensor y un juez”
249 En el reportaje que concede a Jorge L. Marius en Palabra de Amodio. La historia de los Tupamaros (pág. 210), Amodio sostiene que “entre octubre de 1970 y el mismo mes de 1971, el enlace entre Wilson (Ferreira) y el MLN-T fue el senador Zabalza”. El legislador, de acuerdo a Amodio, se entrevistaba con Alicia Rey en una oficina perteneciente al ex integrante del consejo editorial de Época y colaborador tupamaro Domingo Carlevaro Bottero. “Estaba muy preocupado porque el MLN-T valorara los esfuerzos realizados por él y su grupo para que se efectuara el canje”, comenta Amodio
250 En este punto y reveladoramente, tanto los comunicados de la sedición, como las expresiones de su vocero legislativo, todavía limitaban el tono de sus ataques a Mitrione al “asesoramiento en la represión o en acciones policiales”, a su condición de “espía infiltrado”, o a la entrega de armamento estadounidense a las fuerzas policiales (“comunicado #6). La leyenda del monstruo torturador no había nacido aún y fue, por tanto, de elaboración posterior a su secuestro. Recuérdese que en esta temprana etapa también se mencionaba la condición de “agente de inteligencia brasileña” de Dias Gomide
251 En 30 preguntas a un tupamaro (1968), Raúl Sendic había consistentemente escrito: “La posibilidad de una intervención extranjera, ¿puede ser motivo para posponer toda lucha armada en el Uruguay? Si así fuera, Cuba no habría hecho su revolución a 90 millas de los EEUU, ni habría guerrillas en Bolivia, país que limita con Brasil y Argentina, como nosotros. La intervención extranjera puede constituir un revés militar inmediato, pero un avance político (sic) que se traduciría en un avance militar (sic) con el tiempo. Imagínese la ciudad de Montevideo ocupada por tropas extranjeras, con su consiguiente agravio para el sentimiento nacional, molestias para la población, y frente a ello un grupo armado revolucionario con buenas bases dentro de la ciudad (...) podrá hacerse una idea cabal de lo que significa política y militarmente la tan temida intervención extranjera”. En la misma, insólita lógica, declara Amodio en un reportaje concedido al semanario Voces el 4 de setiembre de 2015: “En ese momento pensábamos que una invasión de brasileños nos iba a favorecer, porque iba a levantar el patriotismo de los uruguayos, y eso los iba a llevar a unirse a nosotros. Hasta ese grado estábamos obnubilados”. Y, en igual sentido, las llamadas “Actas Tupamaras” (1971) especifican que “la intervención extranjera parece ser el destino (sic) del Uruguay y de sus más auténticas luchas. Sucedió en el pasado, podría suceder en el futuro. El pueblo uruguayo contestará de acuerdo a sus tradiciones históricas. La guerra civil se transformará en guerra nacional y no estaremos solos, nos acompañarán los pueblos hermanos de América” (Cucaña Ediciones, Buenos Aires, 2003)