08.NOV.18 | Posta Porteña 1967

Se aportan nuevas pruebas al juicio de apelación en Italia por el Plan Cóndor

Por EFE/la diaria

 

Roma, 7 nov. (EFE).- La Fiscalía y las partes encausadas en el juicio de apelación en Italia contra una veintena de militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos dentro del Plan Cóndor presentaron hoy nuevas pruebas y testigos.

Los fiscales de Roma Francesco Mollace y Tiziana Cugini pidieron que se incorpore el nuevo material a la causa no porque en el juicio en primer grado, concluido en enero de 2017, hubiera falta de pruebas, sino para que ello permita aumentar las condenas, informaron a Efe fuentes procesales.

El abogado que representa a Uruguay, Andrea Speranzoni, presentó los pruebas contra los militares que ha recabado en su viaje a ese país sudamericano, como nuevos documentos del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), encargado de la represión dentro de la Marina, durante el Plan Cóndor, la operación represiva impulsada por regímenes de América Latina entre las décadas de 1970 y 1980.

El letrado pidió, además, escuchar al exmilitante montonero Martin Gras, torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (ESMA), así como a una de las juezas que instruyó el caso Cóndor en Argentina y tres militares de la FUSNA que ya declararon en Uruguay.

Después la presidenta del Tribunal, Agatella Giuffrida, suspendió la audiencia, que se reanudará el próximo lunes con las peticiones de otras partes y, probablemente, con el anuncio de si acepta las nuevas pruebas.

El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua de ocho exmilitares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay y la absolución de la mayoría de imputados.

En el proceso solo se ha personado el militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 69 años, único de los imputados residente en Italia tras escapar de la Justicia de su país y que hoy no acudió al tribunal, mientras el resto no participa en las vistas y se encargan de su defensa abogados de oficio.

La lista de imputados ha ido menguando al morir algunos de ellos debido a su avanzada edad, los últimos el dictador de Bolivia Luis García Meza y del ex primer ministro de Perú Pedro Richter Prada.

Actualmente hay veinticinco acusados; uno de Bolivia (el exministro de Interior Luis Arce Gómez, de 80 años y detenido en La Paz), siete de Chile, tres de Perú y catorce de Uruguay.

Los chilenos son el antiguo jefe de la Inteligencia Pedro Octavio Espinoza, el exfuncionario Carlos Luco Astroza, el exsuboficial Orlando Moreno, el excoronel Hernán Jerónimo Ramírez, el exoficial de artillería Rafael Ahumada, el excapitán Manuel Abraham Vasque Chahuan y el exprefecto Daniel Aguirre Mora.

Los peruanos son el antiguo presidente Francisco Morales Bermúdez y los exmilitares Martín Martínez Garay y Germán Ruiz Figueroa.

Los uruguayos imputados son Troccoli, el excanciller Juan Carlos Blanco, el exteniente Ricardo Eliseo Chávez, el excoronel Pedro Mato Narbondo, el excapitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.

También el excapitán Luis Alfredo Maurente Mata, el exmilitar Ricardo José Medina, el excoronel Ernesto Ramos Pereira, el exgranadero José Felipe Sande Lima, el excoronel Gilberto Vázquez Bisio y los exmilitares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.

La Operación Cóndor, ideada por el general chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

 

Abogado de Uruguay presentó nuevas pruebas por el juicio del Plan Cóndor en Roma

 

7 de noviembre de 2018 |: Nadia Angelucci,, desde Italia en  la diaria

Se busca demostrar el rol operativo de la ESMA y el FUSNA, y el intercambio de información entre las armadas de Uruguay y Argentina.

“Las palabras justas y la verdad no están sujetas a la distancia de los océanos y del tiempo, y por eso estamos en Roma, pero es como si estuviéramos en Montevideo. Hablamos de crímenes imprescriptibles que involucran a ciudadanos italianos y llaman a un deber de verdad y justicia que debemos buscar con toda nuestra tenacidad”. Con esas palabras, Andrea Speranzoni, abogado de Uruguay en el juicio de segunda instancia del Plan Cóndor en Roma, comenzó su exposición, en el momento en que le tocó aportar su parte en la discusión sobre la apelación.

En la jornada ya se había asistido a un pedido de nulidad del juicio por parte de las defensas de los imputados –que fue rechazado por la Corte de Asís– y a la exposición de la sentencia de primer grado por parte de la jueza Agatella Giuffrida, que preside el colegio. La magistrada detalló que el Plan Cóndor “fue una realidad operativa en los años 70” y se trató de “una coordinación entre los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Perú” para reprimir la disidencia con “detenciones ilegales, clandestinas y torturas destinadas a obtener informaciones”, e informó que las condenas y las absoluciones del juicio en primer grado tuvieron como criterio la identificación de responsabilidades entre mandos y cuadros intermedios.

Luego de que la fiscal de primer grado, Tiziana Cugini, mencionara que la sentencia en primer grado falló en la reconstrucción de la responsabilidad penal de los imputados, Speranzoni analizó toda la nueva documentación que adjuntó a las actas en dos tramos: el 5 de octubre y el 6 de noviembre. Las nuevas pruebas buscan demostrar el rol operativo de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (Esma) y el cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay (Fusna) en 1977 y 1978; el intercambio de informaciones y operaciones entre la Armada uruguaya y la Armada argentina; la relación entre los imputados Jorge Néstor Tróccoli, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray y Alfredo Astiz, y la reconstrucción del traslado de Tróccoli de Montevideo a Buenos Aires.

En la documentación presentada hay un pedido de prórroga de visa para Tróccoli para todo 1979, que la Embajada de Uruguay envió al gobierno argentino y que fue encontrado por la investigadora italiana Francesca Lessa.

“Nuestra tarea en el juicio de apelación es la de mirar en profundidad quién hace qué cosa y en relación a quién, y analizar las cadenas de mando”, dijo Speranzoni. Según sostuvo, la apelación fue posible debido al “serio trabajo de investigación” que se pudo hacer “gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y a las organizaciones uruguayas por los derechos humanos que desde hace años luchan por verdad y justicia”.


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