por Andrés Núñez Leites / Revista Alternativas 30/11/18
La historia de nuestros países parece repetirse eternamente: enarbolar una bandera nacionalista, promover una mística independentista y vehiculizar los intereses económicos de algún país o empresa extranjera, en alianza con las elites dominantes locales. Al mismo tiempo. A esta fatalidad de la realidad poscolonial, se agrega el avance del proceso de globalización, con el cual los Estados van perdiendo soberanía frente a las empresas trasnacionales.
No se trata de un simple acto de corrupción, sino de algo más estructural: las empresas han logrado acoplarse al funcionamiento del Estado, del cual requieren la generación de un entorno seguro (económico, jurídico, de política ambiental y laboral) y al cual le vuelcan aportes vía impuestos, resultados de PBI y cierto "derrame" hacia los inversores locales en forma de servicios y provisión de materias primas. De ahí que se firmen contratos de inversión en los cuales el Estado se para como una agencia contratable por la empresa, y cede su soberanía. De ahí que la empresa pase a dictarle condiciones y evaluar los desempeños del Estado.
A continuación, extractos y brevísimos comentarios del contrato de inversión entre el Estado uruguayo y la empresa finlandesa UPM [1]:
1. Solo una parte arriesga
El Estado se compromete a realizar una enorme inversión pública, pero la empresa se reserva el derecho de no hacer su inversión o "decisión final de inversión" (DFI): "ROU reconoce y conviene en que es intención llevar a cabo el Proyecto ROU independientemente del Proyecto UPM."
2. Solo una parte tiene opciones de inversión
"El Proyecto de Planta de Celulosa involucra el diseño (...) construcción (...) de una planta de celulosa y, a elección de UPM, la siguiente infraestructura relacionada (...)"
3. Beneficios para Uruguay no son obligatorios
"ROU espera que los beneficios del Proyecto UPM podrían incluir los asuntos referidos en las Cláusulas 2.2. y 2.3. /beneficios económicos/. Dichos beneficios son únicamente indicativos y no constituyen obligación o compromiso alguno para que UPM y el Proyecto UPM alcance dichos beneficios o resultados."
4. ¿Salvaguarda jurídica o imagen pública?
En los juicios internacionales, el simple diálogo por inversiones se toma como inicio del proceso de contratación y habilita a la solicitud de retribuciones económicas en caso de no concretarse un negocio. Pero también es voluntad del gobierno que UPM reconozca que la instalación de una planta de celulosa no es una ficción sino un proceso real. En todo caso, otras disposiciones posteriores, implican el reconocimiento del gobierno de que la empresa puede abandonar el proyecto sin verse obligado a indemnizar."UPM reconoce su interés en llevar a cabo el Proyecto UPM y que ha tenido discusiones con ROU en los términos establecidos en este Contrato para facilitar la implementación de ciertos requisitos para la inversión de
UPM."
5. Aportes ínfimos para el Estado
En relación con sus ganancias, los aportes de UPM serán ridículos. UPM 1 (más chica que UPM2) ganó en el segundo trimestre de 2017 US$ 290,4 millones [2] UPM2 va a pagar US$ 2,3 millones por trimestre.
6. Congelamiento de la capacidad fiscal del Estado
Aún si la empresa genera ganancias más altas que las esperadas, lo cual podría permitirle al Estado una readecuación de la carga impositiva, Uruguay y UPM negociarán un "Acuerdo de Precios Anticipado (APA), instrumentado entre Forestal Oriental S.A. y/o UPM y cualquier otras de sus Afiliadas comparecientes en la solicitud y la DGI (...) Asimismo, ROU procurará que el plazo del APA sea por 3 (tres) ejercicios fiscales a partir del año siguiente a su firma."
7. Autorizaciones ambientales en plazos imposibles
El Estado se obliga a otorgar autorizaciones ambientales en plazos breves. Aún reforzando sustancialmente la capacidad técnica y operativa de su autoridad ambiental, esta obligación implica un grave riesgo de realizar evaluaciones incorrectas del posible impacto ambiental del proyecto de UPM.
A esto se agrega que, de acuerdo a la benigna legislación ambiental uruguaya, no es el Estado el que designa a las consultoras que hacen los análisis previos de impacto ambiental de los proyectos, sino la propia empresa interesada la que contrata a las consultoras, lo cual inevitablemente sesga los documentos en su favor. O sea: peritaje de parte interesada y con plazos insosteniblemente breves, configuran un posible
escenario de impunidad ambiental."ROU emitirá resolución (...) en caso que UPM resuelva solicitar la AAP /autorización ambiental previa/ para la Zona Franca (...) en forma independiente /a la AAP de la Planta de Celulosa/ (...) en un plazo no mayor a 3 (tres) meses..."
Otros plazos de autorización ambiental previa para el Estado:
2. Planta de celulosa, 12 meses
3. Proyecto ferroviario, 8 meses
4. Puerto, 12 meses
8. Contacto en DINAMA
Esto puede parecer mínimo, pero es crucial. Cuando se habla de un contacto o enlace entre partes que se asocian en un negocio conjunto, se rompe con la soberanía estatal, en la medida que es función del Estado fiscalizar, controlar, sancionar los incumplimientos de su normativa. Por otra parte, la designación de un funcionario estable para la función de "coordinación" con la empresa, es un augurio de segura cooptación."ROU designará un coordinador general dentro de la DINAMA como persona de contacto con UPM para los respectivos trámites de autorización."
9. Mejores tecnologías disponibles es un decir
UPM seguirá el estándar europeo de 2014 en cuanto a las BAT (mejores tecnologías disponibles) en relación con el medio ambiente. Sin embargo, ello no significa las tecnologías menos contaminantes, sino las menos contaminantes sin afectar las ganancias de la empresa.
10. El Estado no controla, negocia
Esto es significativo. Si UPM y las actividades asociadas a la cadena productiva forestal causan un impacto negativo en el medio ambiente, las soluciones no son sancionatorias ni correctivas, sino una negociación de partes con común acuerdo."/Las partes contratantes/ Conjuntamente definirán las medidas a implementar por parte de UPM, como respuesta a otros efectos ambientales significativos que se puedan provocar..."
11. Congelamiento del derecho ambiental
El siguiente fragmento significa que, por ejemplo, si hay avances científicos que permiten detectar que los procedimientos de UPM contaminan de un modo o en un grado inesperado, el Estado renuncia a su derecho a modificar la normativa ambiental, quedando atado a la norma europea de 2014."ROU se compromete a exigir los niveles de emisiones al ambiente en el rango de las mejores tecnologías disponibles de acuerdo con el documento BAT de IPPC (2014), dentro del marco de la normativa nacional."
12. Límite flexible a la emisión de fósforo
Una cláusula que a la vez que alude a una norma, la disuelve, en la medida que su aplicación pasa a ser condicionada por la EIA, producida por una consultora contratada por la empresa y analizada luego por la autoridad ambiental del Estado. Se permite a la empresa tirar fósforo a los niveles de la norma de la dictadura (Decreto 253/979: máx 5mg/l) "salvo que las conclusiones técnicas que resulten del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental" digan otra cosa.
13. El estado rinde cuentas periódicamente
En tanto se trata de la implementación de condiciones puestas por la empresa, ésta asume el papel fiscalizador, y el Estado el de parte contratada que debe obedecer. Es el inverso de la soberanía nacional."ROU informará mensualmente a UPM de la evolución de los plazos /del proyecto ferrocarrilero/ establecidos en los literales anteriores" ""ROU deberá proporcionarle a los Observadores Ferroviarios de UPM informes de progreso integrales que contengan toda la información relevante y actualizada relacionada con el Proyecto Ferroviario."
14. Hasta el flujo de tránsito de la capital del país se somete a los requerimientos de UPM
El proyecto ferroviario al servicio de UPM provocará una enorme distorsión en la circulación del tránsito y en el medio ambiente, entre otras cosas, por el ruido. Inicialmente, los gobiernos locales protestaron porque el tren, con varios carriles y las 24 horas, pasará por zonas densamente pobladas, para aprovechar la infraestructura portuaria de Montevideo. Luego las protestas se acallaron."Si las Obras de Viaducto sobre la Rambla no han sido completadas por ROU en la Fecha Programada de Finalización del Proyecto Ferroviario o en cualquier momento posterior a esta, ROU organizará el tráfico en el Área de Cruce de la Rambla (incluso, si es necesario, detener el tráfico) de la manera que sea necesaria para permitirles a los trenes transportando carga de UPM alcanzar el Proyecto Portuario sin interrupciones y tal como está programado y asegurar que no existan interrupciones en el uso de la Vía Férrea por parte de UPM y el Operador Ferroviario de UPM."
15. La política educativa del Estado se somete a la voluntad y al control de UPM
La estructura educativa de formación básica y técnica de nivel secundario y terciario del Estado uruguayo en Tacuarembó, Paso de los Toros y Durazno (UTU), se somete a una reforma para producir los técnicos que UPM requiere. Como en el caso del ferrocarril, UPM revisa, aprueba y controla los cambios. Sí: UPM debe aprobar el plan educativo." 3.6.4 Educación (a) Luego de la fecha de la DFI, ROU deberá organizar y financiar la mejora de las universidades técnicas (UTU), principalmente de Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó, para mejorar su capacidad de brindar instalaciones y recursos educativos con respecto a las disciplinas mecánicas, de instrumentación y eléctricas y, al hacerlo, deberá tener en cuenta y aplicar de buena fe las visiones de UPM con respecto a lo siguiente:
i. Las necesidades de su cadena de valores en relación con el proyecto de UPM.
ii. Cómo cree que la cooperación puede facilitarse de mejor manera entre dichas universidades y las universidades técnicas en Finlandia.(b) Luego de la fecha de la DFI, ROU deberá organizar y financiar programas para brindar apoyo a las personas de la región de influencia para mejorar su capacidad de completar los estudios educativos básicos.(c) Antes de la Fecha Límite de la Fase 2, ROU debe proporcionarle a UPM un plan que establezca cómo pretende cumplir con sus obligaciones con respecto
a:
i. Cláusula 3.6.4 (a) y ii. Cláusula 3.6.4 (b) "
16. UPM será fuente de Derecho Laboral
El resultado de las negociaciones entre UPM, la central sindical PIT-CNT y el MTSS (ministerio de trabajo), comprometerá al Estado para que se incorpore al Derecho Positivo Uruguayo."Incorporar al Derecho Positivo Uruguayo -bajo la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo-, las normas resultantes de los acuerdos
/entre UPM-PIT-CNT-MTSS/"
17. Operaciones forestales de UPM, protegidas
El Estado se obliga a darle rápidamente a UPM las autorizaciones ambientales previas a sus proyectos forestales: en 2 meses (categoría A) y en 6 meses (categoría B). Y hay más, ya está corriendo un plazo de 1 mes para que el Estado presente a UPM las condiciones de las explotaciones forestales en categoría B (más contaminantes)
18. Autorizaciones ambientales, un trámite
En el capítulo que busca proteger a las operaciones forestales de UPM, asegurando su realización. Se profundizan las condiciones que señalamos en el punto (7), en un grado descabellado. Estamos hablando de plantaciones de monocultivos ("desiertos verdes") que tienen un enorme impacto en los suelos y el agua:"MVOTMA/DINAMA se compromete a asegurar disponibilidad de personal técnico en la División de Impacto Ambiental de DINAMA para analizar sin demoras, aproximadamente 30 (treinta) proyectos por semestre que presentaría UPM o terceros asociados a su Programa de Fomento."
19. Para los contratistas de UPM, todo
La sociedad uruguaya será obligada a concentrar sus escasos recursos de obra pública en las localidades donde se alojen y trabajen los empleados de la empresa. A los puntos que menciona a cita a continuación, hay que sumarle el compromiso del Estado para brindar transporte e internet LTE: "ROU reconoce, manifiesta, garantiza y acepta que deberá proporcionar en el Sistema de localidades la disponibilidad del sistema de crédito con y sin subsidio para facilitar el acceso a la vivienda para las personas con ingresos permanentes, así como también proporcionar servicios públicos apropiados (incluso servicios de salud, educación pública y sistema de cuidados)." El Estado elabora un proyecto para mostrar cómo desarrollará lo recién mencionado, y lo presenta a UPM para su aprobación.
20. Instituciones de capacitación "cogobernadas", entre el ejecutivo y UPM
"Gobernanza" es el nombre clave para el vasallaje del Estado frente a las multinacionales. Así, todas las instituciones de capacitación e investigación que el Estado se obliga a crear con los aportes de UPM, tendrán "gobernanza público-privada": Centro Tecnológico Forestal Maderero, Centro Tecnológico en Bioeconomía, etc.
21. Otra vez: sólo una parte se arriesga
"Las Partes reconocen y acuerdan que la Decisión Final de Inversión de UPM sobre si procede o no con el Proyecto de Planta de Celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las Condiciones Necesarias hayan sido satisfechas y el Contrato Complementario haya sido suscrito."
22. Renuncia el Estado a su soberanía judicial
El Estado se pone al mismo nivel que la empresa y renuncia a su soberanía y al uso de sus tribunales judiciales. Si hay conflicto entre Uruguay y UPM: "la controversia se resolverá mediante arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)", sita en Washington, Estados Unidos. Y si el CIADI declina competencia, il n'y a pas de problème: se hará un "arbitraje regido bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Legislación de Comercio Internacional (UNCITRAL) y administrado por el Secretariado del CIADI. El lugar y sede de cualquier arbitraje regido por las Reglas de Arbitraje de
UNCITRAL será París, Francia."
[1] https://www.scribd.com/document/363792007/Contrato-de-inversion-entre
-UPM-y-El-gobierno-uruguayo#from_embed
[2] http://www.elpais.com.uy/informacion/aumentan-ganancias-upm-ano.html