Se fueron 8.000 productores y se perdieron 8: de hectáreas
Pablo Antúnez. El País rurales 18/12/2017 -
En los últimos 16 años, el atraso cambiario, la suba de los costos y la caída de la rentabilidad, provocaron la pérdida de 8.000 productores familiares y 8 millones de hectáreas dedicadas al agro. De esas tierras, el 61% fueron vendidas a Sociedades Anónimas, en su mayoría, extranjeras y el 39% a uruguayos
Por eso, la Asociación Rural del Uruguay salió a denunciar ese alto grado de extranjerización de la tierra, que incluso puede profundizarse, si se mantiene la baja rentabilidad del negocio agropecuario.
En el marco de la presentación del estudio: “La Producción en el Uruguay: sus problemas del presente y los retos que se avecinan”, realizado por la Dirección de Estudios Agro económicos de la ARU, el presidente Pablo Zerbino, alertó al gobierno sobre los perjuicios que está sufriendo el campo y pidió cambiar algunas señales, como el incremento del gasto público, la política cambiaria y aclaró que “el viento de cola se terminó”
El gremialista, acompañado de integrantes del Consejo Directivo de la ARU, recordó que el ingreso de capital a los países emergentes generó ese viento de cola y en base a eso, “el gobierno distribuyó bonanza a partir de planes sociales”, hecho que consideró “es bueno”, pero dijo que “también incrementó bastante el empleo público”. El estudio divulgado ayer, muestra que en 1997 había 258.262 empleados públicos y en 2016 se llegó a 306.260 personas. Desde diciembre de 2009 a diciembre de 2016, ingresaron al Estado 14 personas por día. “Ahora la bonanza se acabó y deshacer esas políticas es muy difícil y más en años pre electorales. Hay que aprender y grabarse en la Plaza Independencia que en las buenas hay que ahorrar para poder aguantar en las malas. Está grabado en la historia”, afirmó tajante Zerbino durante la presentación.
Afirmó que el actual sistema de ajustes de salarios, “con atraso cambiario, costos altos, pérdidas de competitividad, pérdida de parte de la rentabilidad y endeudamiento, no es sustentable”. Y según su visión, “a la vista está, los empleos se están perdiendo, los productores se están perdiendo y eso genera mucha preocupación. El atraso cambiario ya lo conocemos y no es un buen camino para el país”, aseguró.
La Asociación Rural del Uruguay afirma que el país está jugado a una buena temporada turística este verano, que dejará un volumen de dólares importante en la plaza y considera que “eso es bueno”, pero aclaró que “en cierta forma va a prolongar la agonía del sector productivo”.
Zerbino marcó algunas de lo que considera contradicciones. “No queremos la descentralización, pero está ocurriendo. No queremos que cierren más empresas pero están cerrando. No queremos más pérdidas de puestos de trabajo pero se están perdiendo. No queremos que nuestros hijos se vayan, pero se están yendo”.
El trabajo del DEA de la ARU mostró que se perdieron más de 36.000 empleos desde 2015 a 2017. Es el tercer año consecutivo que se pierden miles de puestos de trabajo y mostró que 2017, “es un año récord de presentaciones concursales (102 a noviembre de 2017)”.
Alerta. El trabajo técnico de la ARU, no pretende criticar, sino “alertar sobre situaciones preocupantes” y considera que “aún se está a tiempo de encontrar la manera, entre todos, de revertir la situación y salir adelante”, afirmó Zerbino.
Los productores reconocen que “el ajuste fiscal” no fue suficiente y se hizo vía inversión y tarifas públicas, según mostró el estudio presentado. “A septiembre de 2017, casi US$ 400 millones de dividendos volcados por UTE y casi US$ 100 millones por Ancap fueron para el sector público”. Según ARU, estas tarifas públicas comprometen la competitividad y mostró que “el sobrecosto de los combustibles representó unos US$ 400 millones”. Uruguay paga el gasoil más caro de la región: US$ 1,31 por litro, en Argentina vale US$ 1,14 por litro, en Brasil US$ 1,01 y en Chile US$ 1,31 por litro.
A su vez, en la presentación que estuvo a cargo de la Ec. Rocío Lapitz, acompañada por el Ing. Agr. José María Elorza, directivo responsable de la DEA, se mostró claramente que “la economía viene creciendo en base a consumo privado” y es “un consumo más lento.
Costos. El informe técnico presentado ayer, dejó claro que “los costos internos han ido en detrimento de la producción. Son cada vez más altos y son costos que hay que hacer frente año tras años. Con una zafra que tiene un margen reducido, hacer frente a esos costos, es muy difícil. Se precisan muchas hectáreas productivas para poder cubrir una canasta familiar, sin sacar lo que implicaría el pago de una renta de una hectárea productiva”, dijo la economista en su informe. “Eso hace que los pequeños productores sean los que van quedando por el camino y hay que irse a establecimientos más grandes para poder hacer inversiones”, aclaró.
El 75% de las exportaciones de Uruguay son de origen agropecuario y eso genera muchos puestos de trabajo
Crisis en el agro:
hay 8 mil productores familiares menos que hace 16 años
La Asociación Rural puso la lupa en difícil realidad que vive el sector
Por Hugo Ocampo EL Observador Diciembre 19, 2017
La extranjerización de la tierra ocurrida entre 2000 y 2016 "a producido la mayor desaparición de productores rurales de la historia en este país en un corto período. Ocho millones de hectáreas de tierra fueron vendidas y se perdieron más de 8 mil productores familiares, simplemente porque no soportan los altos costos de producción", aseguró el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino.
El dirigente remarcó este lunes durante la presentación de un documento elaborado por la gremial que el país ha perdido experiencia y trabajo, sobre todo por la baja rentabilidad del sector. Explicó que aumentó la concentración y la extranjerización de la tierra. El 50% de las hectáreas vendidas fue con destino a sociedades anónimas, en su mayoría extranjeras. Del resto, 39% ha sido vendido a uruguayos y 61% a empresarios extranjeros.
Zerbino dijo que la dirigencia de la ARU no quiere la desindustrialización ni el cierre de más empresas ni más pérdidas de puestos de trabajo. Quiere que no se vayan "nuestros hijos, como se están yendo: hay 600 mil uruguayos que están viviendo fuera del país".
Dijo también que en los últimos años se logró una recuperación importante del salario real, básicamente porque los ajustes salariales han estado siempre por encima de la inflación. Esto ha provocado un mayor consumo y bienestar en la población, lo que se ha dado por el conocido "viento de cola" o sea el ingreso de capital a los países emergentes, de los cuales Uruguay es uno de ellos.
El dirigente consideró que a partir de ahí el gobierno distribuyó bonanza a través de planes sociales, lo que "es bueno", pero también aumentando fuertemente el empleo público, lo que "ya es más discutible".Zerbino opinó que "la bonanza ya se acabó" y que "deshacer esas políticas es muy difícil y más en años preelectorales".
Con relación a los salarios, dijo que el actual sistema de ajustes, con atraso cambiario, costos altos, pérdida de competitividad, falta de rentabilidad y endeudamiento, no es sustentable. "A la vista está los empleos que se están perdiendo y los productores que están quedando por el camino. Es uno de los motivos fundamentales que genera preocupación", acotó.
Esto ya lo "hemos vivido, ya lo conocemos y no es un buen camino para el país. Hoy estamos también jugados a la temporada veraniega, esperando que el turismo vuelque nuevamente un volumen importante de dólares a la plaza, lo que es bienvenido, pero que también va a prolongar la agonía del sistema productivo".
Documento crítico
Por otra parte, la Dirección de Estudios Agroeconómicos de ARU presentó un estudio que resaltó la pérdida de 35% en el valor del dólar en los últimos 40 años, así como también la conclusión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la existencia de un atraso cambiario de 14% en el país.
El trabajo hizo también referencia a la caída de la inversión privada, que de una cifra superior a US$ 2.000 millones en 2014 bajó a menos de US$ 1.000 millones en 2016.
Precisamente, consultado por este tema, Zerbino sostuvo que la inversión directa cae, como también lo prevé la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y ello significa que se van a sembrar el año próximo una menor área de cultivos, por ejemplo.
La ganadería generó un margen económico muy ajustado en el último período
Los márgenes están muy ajustados y el panorama no es muy alentador al futuro. También se informó sobre la tendencia en los últimos años a exportar productos con escaso grado de industrialización, como en los rubros de arroz y leche, en función de los mayores costos internos.
El estudio presentado este lunes por la ARU incluyó diversas cifras, entre otras el impacto de la tarifas públicas, que significa un sobrecosto para el sector productivo uruguayo de US$ 400 millones, se espera poder analizarlo junto al presidente Tabaré Vázquez en la reunión que mantendrán las gremiales agropecuarias en febrero próximo. "En un mano a mano con el presidente esperamos discutir estos datos con el presidente, mostrándoles la preocupación del sector y sobre todo mostrar también el compromiso de salir adelante todos juntos", afirmó Zerbino.
Se trata de procurar que no haya más pérdidas de puestos de trabajo, que no sigan quedando productores por el camino y sobre todo que se siga manteniendo la característica de Uruguay como un país agropecuario.
Preocupación por el empleo
La economía ha seguido en fase de crecimiento y fue motor fundamental el consumo privado, pero el empleo no acompañó el dinamismo del PIB, destacó la economista Rocío Lapitz, de ARU. Dijo que en los tres últimos años se perdieron 36 mil empleos.
A su vez el trabajo que presentó en la ARU indicó que 2017 es un año récord de presentaciones concursales. Resaltó además el aumento de empleos públicos, de 14 personas por día desde 2009. Totalizan 306 mil hasta 2016.
Tras 10 años, las tarifas públicas suben más que la inflación
Búsqueda 14 Dic. 2017
Como se hizo habitual en los últimos años, en cada enero las tarifas de los servicios públicos serán incrementadas. Con cada ajuste vino, invariablemente, una discusión política y no faltaron quejas del sector empresarial.
La polémica actual se está dando tras un 2017 que cerrará — si no hay sorpresas este mes— con un aumento promedio del costo de los principales servicios públicos mayor que la inflación (suba en términos reales), según cálculos de Búsqueda. Es la primera vez que pasa desde 2006.
Para 2018, los aumentos nominales de tarifas — anunciados la semana pasada y con vigencia del próximo 1º de enero— serán inferiores a los aplicados a comienzos de 2017. Si la inflación se mantiene el próximo año en torno a los guarismos actuales o sube muy ligeramente — como se espera—, las tarifas públicas prácticamente se mantendrían en términos reales.
Sin embargo, la discusión parece ser exactamente igual que un año atrás: los Directorios de los entes plantean — en general— al Ministerio de Economía y Finanzas su expectativa de poder bajar las tarifas, pero las necesidades fiscales llevan al Poder Ejecutivo a ordenar un aumento que permita recaudar más. Desde la oposición y el empresariado se vuelve a escuchar: “Tarifazo”
Como 20 añoss atrás. Los precios de las tarifas públicas no siempre se revisaron solo a comienzos de cada año y en otros períodos los ajustes se hacían de forma bimestral, trimestralmente o semestral, con niveles de inflación mayores a los actuales.
En diciembre de 1996, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, Búsqueda informaba: “El gobierno evalúa disponer un aumento superior a la inflación prevista para las tarifas de UTE, OSE y Ancap el año próximo” ( N º 873). Ese titular podría aplicarse hoy para algunos de esos entes. El artículo reseñaba la disyuntiva de si pasar a subir los combustibles cada dos meses para el año siguiente, en vez de seguir haciéndolo de forma trimestral.
Según un índice elaborado, las tarifas bajaron en términos reales en el primer período de Sanguinetti (1985-1990): –7,6% comparando 1989 con 1984. Distinto fue el resultado al finalizar su segundo mandato, ya que en 1999 el índice subió 3,9% con relación a 1994.
En el gobierno de Luis Alberto Lacalle (19901995) la inflación anual llegó a un máximo de 81,5% en 1991. En esos años el aumento de las tarifas no acompañó el ritmo de incremento general de los precios al consumo y, por lo tanto, al final de 1995 los servicios públicos — en promedio— se abarataron 10,2% real respecto a 1989.
A lo largo de la administración de Jorge Batlle ( 2000-2005) el promedio de las tarifas aumentó en todos los años por sobre la inflación, tendencia que se cortó recién en 2007, ya con Tabaré Vázquez como presidente. A partir de entonces y por los siguientes 10 años, las tarifas públicas subieron menos que la inflación, siempre en promedio. Dentro de ese decenio; por entonces el enfoque de la discusión llegó a ser exactamente el inverso al actual. En 2012, por ejemplo, se planteaba la encrucijada entre seguir abaratando el costo real de los servicios públicos o atender un déficit fiscal que iba en aumento.
En 2017, si se asume que este mes habrá deflación ( como en años anteriores, por efecto de la rebaja que hace UTE a buenos clientes), dicha tendencia se cortará: las tarifas habrán aumentado en torno a 2,7% real al comparar con 2016.
Para ese cálculo, Búsqueda utilizó los índices de tarifas de agua corriente ( OSE), de electricidad (UTE), del servicio de telefonía fija (Antel) y de la provisión de gas incluidos en el Índice de Precios al Consumo oficial. Para los combustibles se tomaron datos que informa Ancap.
Al estimar la variación real para 2018 — descenso de apenas 0,1%— se tuvieron en cuenta, por un lado, los ajustes anunciados para cada uno de estos servicios y, por otro, la inflación proyectada por analistas económicos en la encuesta del Banco Central ( 6,94%)