El lunes 13 de mayo se reanudaron las audiencias de apelación en el Juicio Cóndor. Hubo dos momentos cruciales ese día. Por un lado, se volvió a incorporar al juicio al imputado chileno, Pedro Octavio Espinoza Bravo, el segundo en comando de la policía secreta chilena (DINA) después de Manuel Contreras. Por el otro, el abogado Andrea Speranzoni analizó en detalle las nuevas pruebas documentales, cuya anexión la Corte de Apelación había autorizado anteriormente, en diciembre de 2018
Tania Rocha Puchero News 22.05.2019
Después de meses de silencio, el imputado Espinoza Bravo finalmente respondió a las notificaciones enviadas por el tribunal y, en esta última audiencia, se pudo volver a sumar al juicio. En consecuencia, el Procurador General de la República, Francesco Mollace, pidió pena de cadena perpetua para él. Expresándose al respecto, el abogado del estado italiano, Luca Ventrella, afirmó de forma contundente que la absolución de Espinoza Bravo formaba parte de esas “absoluciones misteriosas y desconcertantes de la sentencia de primera instancia”. Ventrella resaltó el papel clavel y apical de Espinoza Bravo, como responsable de las operaciones en Villa Grimaldi, uno de los más crueles centros clandestinos de la DINA en Santiago, y su rol de comando dentro de las estructuras de la misma policía secreta chilena.
Acto seguido, Andrea Speranzoni, abogado de la República Oriental del Uruguay y de varios familiares de víctimas chilenas y uruguayas, empezó su intervención frente a los jueces. Habiendo logrado la incorporación de varios nuevos documentos de prueba en esta segunda etapa del juicio, el abogado se extendió por varias horas analizando en detalle la prueba recopilada durante su reciente viaje al Cono Sur. Speranzoni destacó que la distancia temporal y geográfica que separaba a los jueces de los delitos bajo su consideración, se podía superar gracias al esfuerzo por reconstruir los crímenes de lesa humanidad dentro de la misma sala del tribunal. En su largo relato, Speranzoni recordó el origen de la expresión “Nunca Más” en los años sucesivos a los delitos del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. En un recorrido que empezó desde Núremberg, llegando hasta los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia, pasando por Latinoamérica, el abogado recordó los conceptos de delitos de indiferencia, tomado de la jurisprudencia francesa, y de terrorismo de estado y plan sistemático, de la justicia argentina.
Con un abordaje cronológico, Speranzoni partió desde el golpe de Pinochet en Chile de septiembre de 1973, definiéndolo como un “nudo fundamental que llevó a los militares chilenos a generar una metodología criminal transnacional, con protocolos de acción entre las fuerzas conjuntas de la región”. Recordó en particular el caso de Juan José Montiglio Murúa, hijo de inmigrantes italianos, y miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) de Salvador Allende. Ese fatídico día del golpe, el 11 de septiembre de 1973, Juan nunca abandonó al presidente en La Moneda. Además, previendo lo que podía llegar a pasar, hasta se preocupó de destruir un archivo que contenía los datos de otros miembros del GAP y de asistentes de Allende, para protegerlos a ellos y a sus familias. En mayo de 2017, meses después de la sentencia de primera instancia, los familiares de Montiglio finalmente pudieron identificar algunos de sus restos después de más de 40 años desde su desaparición.
Pasando a los casos de Uruguay, Speranzoni subrayó la relevancia de las nuevas pruebas documentales que se habían podido incorporar al juicio. El abogado entregó una memoria escrita de más de 200 páginas a la Corte y, durante su exposición, resumió algunos de los puntos claves. En relación con el imputado uruguayo, Jorge Néstor Troccoli, acusado de 20 homicidios de militantes uruguayos en el exilio en Buenos Aires entre fines de 1977 y comienzo de 1978, el abogado reseñó algunos de los nuevos documentos de archivo, como también las fichas de los detenidos, “que no habían sido analizadas por la corte de primera instancia.” Con una lectura cruzada entre los varios elementos de prueba, nuevos y viejos, desde los legajos militares, las comunicaciones de la Embajada, hasta los documentos del recién hallado archivo de la Computadora los Fusileros Navales (FUSNA), el abogado remarcó como Troccoli había estado involucrado a todo nivel, desde la preparación y la planificación de los secuestros, hasta su participación directa en las olas de detenciones en Argentina. El abogado resaltó el desempeño de Troccoli como jefe de inteligencia S2 del FUSNA y posteriormente, desde fines de 1977 y por todo 1978, como oficial de enlace entre el FUSNA y la ESMA, actuando directamente en territorio argentino en las mismas fechas en que las víctimas fueron apresadas
De la misma forma, Speranzoni analizó el rol del coronel José Nino Gavazzo, quien en las últimas semanas ha ocupado los titulares de varios periódicos en Uruguay. De forma parecida, el abogado analizó el legajo militar del coronel para demostrar cómo él mismo era responsable de muchos asesinatos de exiliados uruguayos, secuestrados en Buenos Aires entre mayo y octubre de 1976, a raíz de su rol como jefe de operaciones del Sistema Cóndor en esas mismas fechas. Speranzoni también incluyó en su análisis a otros imputados uruguayos, tanto de la Armada como del Ejército, que también habían sido absueltos en primera instancia, demostrando que en realidad ellos también habían tenido un papel importante en los homicidios bajo imputación.
Los abogados Giancarlo Maniga y Nicola Brigida cerraron las intervenciones ese día. Por un lado Maniga se explayó sobre el caso del exiliado uruguayo, Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974, remarcando cómo Argentina se había convertido en una trampa cruel para él y su familia. Evocó cómo, ya antes de la fundación oficial de Cóndor a finales de 1975, existía una coordinación represiva entre los países de la región, donde figuras como el excomisario de la policía uruguaya, Hugo Campos Hermida, actuaban con absoluta impunidad en Argentina ya en 1974, persiguiendo y deteniendo a los refugiados ahí
Por último, Brígida en apenas pocos minutos generó paralelismos con algunos de los peores crímenes de la mafia, como el secuestro y asesinato del pequeño Giuseppe Di Matteo, un niño de 12 años a comienzo de los años 1990, recordando al tribunal que posee “todos los instrumentos necesarios para tumbar la sentencia de primera instancia y cumplir con los códigos y las reglas procesales”. Hablando directamente a los jueces populares, Brigida les recordó que “tienen una oportunidad única de hacer justicia.”
La próxima audiencia está agendada para el 21 de junio con las intervenciones de los últimos abogados de los familiares de las víctimas, mientras que el 28 se esperan los alegatos de la defensa. La Corte tiene previsto dictar su veredicto el 8 de julio
En junio se cumplen 20 años de la denuncia que dio inicio al juicio en Roma. Las nuevas pruebas que presentó Uruguay en la apelación, en vísperas de la Marcha del Silencio
Fabián Werner / Sudestada / 19/5/19 (fragmentos)
En junio se cumplirán 20 años de la presentación de la denuncia que dio origen a lo que hoy se conoce como “Juicio Cóndor” en las Cortes Penales de Roma. Fue por iniciativa de Luz Ibarburu que, ante la falta de respuesta en los países que participaron de la coordinación represiva, especialmente de Uruguay, se resolvió presentar en 1999 una demanda para que se investigara la desaparición de cinco víctimas uruguayas y una argentina, todas con ascendencia italiana.
Quienes se presentaron fueron las uruguayas Cristina Mihura, esposa de Bernardo Arnone; Marta Casal del Rey, esposa de Gerardo Gatti; María Luz Ibarburu, madre de Juan Pablo Recagno; María Bellizzi, madre de Andrés Bellizzi; Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi; y la argentina Claudia Allegrini, esposa de Lorenzo Viñas.
Luego, cuando la causa ya estaba en manos de la Corte romana el número de casos aumentó significativamente, incluyendo 33 casos de víctimas uruguayas, cinco argentinas y cuatro chilenas, cuya persecución y desaparición involucró a todos los países participantes de la coordinación criminal: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Las víctimas uruguayas son Daniel Álvaro Banfi Baranzano, Gerardo Gatti, Armando Bernardo Arnone Hernández, Juan Pablo Recagno Ibarburu, María Emilia Islas de Zaffaroni, Andrés Humberto Domingo Bellizzi Bellizzi, Julio César D’Elía Pallares, Yolanda Iris Casco de D’Elía, Ileana Sara María García Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, Raúl Gámbaro Núñez y Héctor Orlando Giordano Cortazzo.
Además, imputados únicamente a Troccoli, son los casos de Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena de Corchs, Alfredo Bosco Muñoz, Guillermo Sobrino Berardi, Gustavo Goycochea Camacho, Graciela Noemi Basualdo Noguera, María Antonia Castro Huerga, José Mario Martínez, Aida Sanz, Elsa Haydee Fernández, Atalivas Castillo, Miguel Ángel Rio Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Arce Viera, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos de Carneiro, María Asunción Artigas Nilo, Alfredo Moyano, y Célica Gómez Rosano.
Veinte años insumió la investigación liderada por el fiscal Giancarlo Capaldo hasta derivar en un proceso judicial que tendrá su dilucidación en apelación en los primeros días de julio. Está previsto que antes de la lectura de la sentencia, que se prevé para el 8 de ese mes, se produzca la presentación de los abogados de las demás víctimas que se presentaron como querellantes (el 21 de junio) y de los defensores de los acusados (28 de junio)
La presencia del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, en la última audiencia del juicio Cóndor en Roma es emblemática de una política del gobierno hacia el tema Derechos Humanos que es errática y reactiva al contexto político del momento, con la ausencia de una verdadera apuesta a encarar el tema del pasado reciente como una política de Estado.
¿Cómo explicar la participación de Toma en Roma el lunes 13 de mayo si no es en función del escándalo generado por la difusión de las actas del Tribunal de Honor contra José Nino Gavazzo y la cuestionable gestión del jerarca presidencial en el asunto?
Hubo otras audiencias en este juicio que fueron quizás aún más transcendentes pero no contaron con su presencia. Entre octubre y noviembre de 2018, el abogado del Estado uruguayo presentó formalmente a la Corte las nuevas pruebas recopiladas en Uruguay, y en diciembre de 2018, el Tribunal decidió admitir esos nuevos documentos como parte de la fase de apelación.
La versión de Presidencia fue que Toma “actuó intensamente en el hallazgo de las pruebas relevantes” y luego viajó a Roma para presentarla, cuando en realidad la mayor carga de trabajo investigativo del Estado uruguayo estuvo a cargo del abogado Andrea Speranzoni, quien además de representar al país patrocina las causas de varios familiares de detenidos desaparecidos.
Speranzoni viajó a Montevideo junto con su colega Alicia Mejía en el segundo semestre de 2018 y se encargó de recopilar, con la correspondiente autorización oficial, la documentación que se presentó en la Corte de Asís.
Según se pudo confirmar , Speranzoni escogió 13 documentos del total de la información recopilada en los archivos investigados en Uruguay y fue ese material el que se presentó en el mes de octubre ante los tribunales romanos.
Fue en una audiencia en el último mes de diciembre que la corte anunció su decisión de permitir la integración de nueva documentación probatoria. Según la legislación italiana, en una segunda instancia sólo se permite la incorporación de nuevas pruebas documentales o testimoniales si fueron encontradas después de dictarse la sentencia de primera instancia y si, a juicio del tribunal, aportan novedades al proceso en curso.
Por ese motivo, los magistrados resolvieron aceptar 12 de los 13 documentos aportados por Speranzoni y rechazar todas las propuestas de interrogar a nuevos testigos
En la audiencia de apelación del lunes 13 Speranzoni defendió la postura de Uruguay respecto a la necesidad de aportar nueva documentación probatoria y vinculó estos nuevos archivos a los datos que se habían incorporado al proceso durante la primera instancia respecto a la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas durante los años 70 y 80, conocida como plan u operativo Cóndor.
Según asistentes a la audiencia consultados , Speranzoni basó su exposición de más de dos horas en una memoria escrita, entregada al tribunal, que consta de más de 200 fojas. Durante su presentación el abogado del Estado uruguayo expuso la vinculación que existía entre las pruebas presentadas en primera instancia y las que fueron aportadas en la presente etapa de apelación.
En particular, Speranzoni explicó que tanto Gavazzo como el capitán Jorge Troccoli, así como los otros represores que fueron absueltos en la primera instancia, participaron directamente en todos los delitos de lesa humanidad que se investigan en la Corte.
En primera instancia fueron absueltos Jorge Tróccoli, José Ricardo Arab Fernández, José “Nino” Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.
También estaba acusado el ex dictador Gregorio Álvarez, quien falleció pocos días antes del fallo. El ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco fue el único condenado a cadena perpetua.
Speranzoni se basó en la nueva documentación aportada a la causa y en otra ya existente, como los legajos de los militares que no habían sido tenidos en cuenta por la corte de primera instancia, para demostrar que los mismos tenían una participación activa y oficial en la coordinación represiva.
En el caso de Troccoli, el abogado explicó que en su expediente consta el hecho de haber sido el jefe del S2 (Inteligencia) del cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) de la Armada y también como oficial de enlace con la marina argentina en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).
Según la nueva información, Speranzoni confirmó que Troccoli se encontraba en Argentina en la fecha en que se produjeron los secuestros de numerosos militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el MLN-Tupamaros y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), entre otros grupos.
Mientras tanto, en el caso de Gavazzo la cantidad de pruebas que se acumuló en su contra a lo largo de todo el proceso resultó “impactante”, según coincidieron asistentes a la audiencia consultados
Entre otros detalles, Speranzoni mostró la existencia de una anotación en el legajo personal de Gavazzo, de finales mayo de 1976, en la que el general Amaury Prantl, director del Servicio de Información de la Defensa (SID) consigna que viajaron juntos a Santiago de Chile a la segunda reunión de lo que denomina “Sistema Cóndor”. Según esa constancia, Gavazzo participó de dicho encuentro como “representante del área de Operaciones” del plan represivo regional.
Con este nuevo cúmulo de documentos Speranzoni apuntó a convencer al tribunal de modificar su postura de primera instancia y revertir en la apelación la absolución de todos los militares uruguayos, especialmente en los casos de Gavazzo y Troccoli.
Según estos documentos, resulta probado que Troccoli participó de los operativos de finales de 1977 y principios de 1978 contra los militantes del GAU y el MLN en Argentina, mientras que Gavazzo fue protagonista de la ofensiva contra el Partido por la Victoria del Pueblo en 1976. Los archivos permiten confirmar que ambos formaron parte del monitoreo previo, de la planificación y de la coordinación, y además participaron directamente en los operativos en Buenos Aires.
También se confirma oficialmente que Gavazzo fue partícipe del montaje alrededor del chalet “Susy”, en el que el Ejército simuló un operativo para “blanquear” la presencia de los militantes del PVP en el balneario Shangrilá.